Ioseba Eceolaza

Proyecto de Ley sobre víctimas de la Guerra
Civil y el franquismo.
Treinta años después

Entrevista realizada por Manuel Llusia
(Página Abierta, 186, noviembre de 2007)


            El pasado 16 de octubre se publicaba el acuerdo de la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de Ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
            El informe de la ponencia fue aprobado en la Comisión constitucional con los apoyos de los grupos parlamentarios salvo, por razones muy distintas, ERC y PP. A última hora se añadió al texto presentado, y ya consensuado por esa mayoría de fuerzas parlamentarias, una enmienda que ampliaba la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes en primer lugar de quienes hubiesen sido originariamente españoles, es decir, de emigrantes y exiliados.
            Así pasaba este proyecto de ley al pleno del Congreso para que fuese debatido el 31 de octubre. Y con toda seguridad aprobado, lo que ya habrá sucedido cuando haya salido a la calle este número de la revista.
            El acuerdo logrado, que no da plena satisfacción por unas razones y otras a las fuerzas políticas que apoyan este proyecto de ley, ha sido recibido entre las diversas asociaciones y grupos sociales que venían reclamando una ley de la “memoria histórica” de forma muy diversa, que va de su aceptación como un paso importante, aunque insuficiente, al rechazo por no cumplir con los principios y actuaciones de derecho y justicia que internacionalmente, en su opinión, se vienen manteniendo sobre situaciones y hechos históricos similares. Entremedias queda la opinión de quienes valoran el texto –en algunos artículos de la ley presentada– como ambiguo, y sujeto, pues, a interpretaciones prácticas muy diferentes
            Ciertamente, podemos constatar que los cambios entre el proyecto inicial, que analizábamos en nuestras páginas en un informe de hace un año (1), y el definitivamente propuesto, son en cierto modo sustanciales. Para mejor valorar lo que decimos, ahora publicamos aquí, junto a la mayor parte del proyecto de ley en el que se han introducido cambios, dos opiniones: la de Ioseba Eceolaza, de Nafarroa Bai y miembro de una asociación de víctimas, y la de Amnistía Internacional.
            Ioseba Eceolaza es miembro de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. Como miembro de Batzarre, es también concejal del Ayuntamiento de Zizur y diputado foral de Nafarroa Bai. Ha participado en la elaboración de enmiendas al proyecto de ley inicial y en el proceso de discusión con la ponencia socialista para la aceptación de esas iniciativas de cambio propuestas. Por eso le preguntamos de entrada las razones del apoyo de Nafarroa Bai al texto definitivo presentado por la ponencia de la Comisión constitucional.
            En la primera versión de la Ley, Nafarroa Bai presentó 36 enmiendas que se resumen básicamente en tres capítulos. En primer lugar el que tiene que ver con la descripción de la tragedia de la Guerra Civil y el reconocimiento de las víctimas. En segundo lugar, el referido a la anulación de los juicios o, por lo menos, la desligitimación de todo el sistema judicial y legal que justificaba toda esa vulneración de los derechos humanos. Y en tercer lugar, el que comprende las medidas que hicieran mejorar el papel de la Administración pública en las exhumaciones.
            En las conversaciones que se han mantenido con el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, algunos de estos cambios se han integrado en la nueva versión, y desde luego nosotros nos damos por satisfechos. Ahora bien...

– ¿Cuáles son los cambios que consideráis positivos y qué aspectos del proyecto os producen cierta insatisfacción?


             Es una cuestión de grados. Por ejemplo, como nosotros pedíamos, se plantea ya una condena explícita del golpe franquista; pero esa condena se incluye en la exposición de motivos. Nosotros planteamos que debería incluirse en el articulado, como parte del reconocimiento formal. La democracia española, el sistema democrático en general, tiene que deslegitimar, para siempre e institucionalmente, la dictadura. Y para eso hay que darle el mayor rango posible.
            En ese sentido, nosotros planteamos que debe haber una descripción más explícita, aunque sea somera, y mucho más generosa de toda la tragedia sufrida por estos familiares. En este aspecto, por ejemplo, se ha mejorado un poquito, pero no lo suficiente.
            Por otro lado, en su momento señalamos que, en ese reconocimiento general de las víctimas, tenían que desaparecer los plazos que se estipulaban y la Comisión planteada que habría de decidir si era viable o no ese reconocimiento. Y eso se ha admitido.
            También planteábamos que se reconociera la ilegitimidad de los juicios, y eso se ha hecho.
            En lo concreto, que es en lo que más vamos a seguir trabajando, y que nos parece lo más sustancial de la Ley, nos satisface, en parte, el articulado que tiene que ver con las exhumaciones y localizaciones, pero vamos a seguir planteando la necesidad de mejoras, por ejemplo, en la localización...

–¿Con una mayor intervención de la Administración?


            Si, con un papel más activo de la Administración. Hay algunos cambios sustanciales que desde luego nos hacen plantearnos el voto favorable. Por ejemplo, se plantea que el Gobierno, en colaboración con las otras administraciones públicas, elaborará un protocolo de actuación científica y un plan de exhumación. Eso es novedoso. En la anterior versión de la Ley sólo se contemplaba que la Administración lo que iba a hacer era sufragar parte de los gastos, subvencionarlos, e intentar hacer un mapa de localización.
            Consideramos que es un buen paso, pero se debe ir más allá. Hay que entender que las Asociaciones de Familiares de Fusilados, cuando localizamos y exhumamos a una persona desaparecida, no estamos  resolviendo sólo un problema particular de esa familia, sino que estamos intentando también hacer frente a un problema colectivo del conjunto de la sociedad. Es decir, que, como he comentado antes, la democracia de hoy no puede asumir que haya todavía más de 30.000 personas desparecidas. La sociedad de hoy, la sociedad de los derechos humanos, la sociedad de los valores democráticos no puede asumir este tipo de cosas.
            En ese sentido, y en coherencia con lo que acabo de decir, si se ha de  resolver o hacer frente a un problema colectivo, la Administración pública se tiene que pringar más y tomar un papel mucho más activo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, firmando convenios de colaboración con los agentes privados y públicos para que la localización de los fusilados se haga a través de becarios, a través de planes de estudio de las universidades..., es decir, hay muchos métodos –yo concreto algunos– para darle un carácter científico y facilitar todo el trabajo.
            Porque el principal trabajo con el que nos encontramos no es la exhumación en sí misma. La exhumación no requiere de un esfuerzo grande, lo que requiere un trabajo considerable es la localización, es decir, todo el proceso que va desde la solicitud del familiar hasta que nosotros entrevistamos y cotejamos todos los datos, investigamos en los archivos y, efectivamente, llegamos al terreno. Todo ese proceso de investigación lo podría hacer la Administración pública porque tiene medios. Y eso es lo que pedimos.

– Por cierto, ¿cómo va el Parque de la Memoria? (2).


            El parque está terminado. Nos quedan sólo 60.000 euros, y lo inauguramos el próximo mes de abril. Todo está ya terminado, y sólo nos falta una escultura. Están ya las fuentes, y la gente está ya paseando por él.

– Desde algunas asociaciones y ONG se ha resaltado críticamente la diferencia que existe entre la  declaración de ilegitimidad que se ha hecho, de la que debería hacerse: de ilegalidad del régimen franquista. ¿Tienes alguna opinión al respecto?


            Yo creo que lo que hace la Ley es bastante importante. Sería, desde luego, muchísimo mejor que se planteara una mayor concreción en la desautorización de todos y cada uno de los juicios de una forma individual. Pero hay que tener en cuenta también los problemas técnicos y judiciales que eso conlleva. Ahora bien, yo creo que, literalmente, lo que propone la Ley es considerable. La Ley, en su artículo 3 [véase más delante el texto concreto], declara la ilegitimidad de tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos de la Guerra Civil y de la Dictadura, de sus juicios y condenas. Y también de la legislación especial, a tenor de lo señalado en la disposición derogatoria con la que finaliza la ley. Para mí es suficiente.
            Yo entiendo que un familiar, efectivamente, quiera resarcir a nivel individual la cuestión, pero respecto a lo pasado, es decir, respecto a la Ley anterior, es un gran salto.

– Otra cuestión criticada, por ejemplo, por Amnistía Internacional es el hecho de que las víctimas de crímenes y torturas, ejecución extrajudicial o desaparición forzada quedan al margen de las indemnizaciones y de las limitadas vías para obtener justicia. ¿Estarías de acuerdo con eso?

            La casuística es muy grande. Por ejemplo, una de las enmiendas que planteaba Nafarroa Bai en relación con los supuestos para la concesión de indemnizaciones era, por un lado, que se fijase como mínimo haber sufrido un año de prisión y no los tres que señala la Ley para recibir la ayuda; y por otro, que se ampliase hasta el año 1981 –en el proyecto de entonces y de ahora, el periodo considerado finaliza en 1977– la posibilidad de indemnizaciones para aquellos casos no incluidos en otras leyes de víctimas del terrorismo. Ambas propuestas ampliarían el abanico de reconocimientos. No obstante, yo creo que la casuística que agrupa y que intenta definir la Ley es muy amplia.
            En esas 36 enmiendas que he mencionado tratábamos de que  ampliaran los campos de reconocimientos de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Por ejemplo, a los maestros despojados de su cargo, a los maquis y guerrilleros, a los homosexuales..., a todos los colectivos que han sufrido represión, como a la gente torturada, a la que se refiere Amnistía Internacional.
            Esta Ley lo que hace es reconocer como víctimas también a los esclavos del franquismo, a las Brigadas Internacionales...; y ahora amplía ese reconocimiento al cuerpo de carabineros, a los maquis y guerrilleros y a los miembros de la Unión Militar Democrática. Luego, la casuística concreta de un caso singular se tendría que concretar en una reglamentación posterior de la Ley que afine todo este tipo de supuestos y, desde luego, que responda a toda la casuística represiva que normativizó el propio franquismo y que no ha sido atendida. Nafarroa Bai confía en que después de esta Ley se normativice todo lo que tiene que ver con el reconocimiento económico y político a estas personas.

– No sé si responde a esa posibilidad, pero sólo para algunos casos, la disposición adicional cuarta referida al reconocimiento de indemnizaciones extraordinarias


            Yo creo que la voluntad en este caso del Gobierno que se observa en parte de la Ley es la de intentar cerrar todos los flecos para incluir a todos los sectores y casuísticas de la represión franquista. Y, efectivamente, como tú dices, aquí hay una serie de disposiciones que intentan cerrar al máximo eso. Yo creo que a partir de la aprobación de la Ley habrá que establecer un cronograma y una reglamentación para llevar a cabo en lo concreto esta Ley, y es en esa reglamentación y en ese cronograma donde tenemos que trabajar para que todos los sectores que sufrieron la represión se vean más o menos apoyados tanto en lo económico como en lo político.
            Además, hay una disposición adicional tercera, que a mí me parece muy interesante, que dice que «se establecerá un marco institucional que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática». Y todo eso conlleva un cambio político y un cambio cultural considerables.

– ¿Cuál sería la mayor crítica que le harías a la Ley?


            La mayor crítica que yo le hago a la Ley, siendo consciente de que la vamos a apoyar, es que todavía le falta realmente tener una convicción considerable en favor de la sensibilidad hacia estas víctimas en lo que tiene que ver con el aspecto más duro de la memoria y de la negación del duelo a estas familias y, por lo tanto, de la represión del franquismo, que es la exhumación. Si no resolvemos bien el asunto de las desapariciones, continuaremos con el problema y con las críticas.
            Es necesario cerrar las heridas que aún siguen abiertas. Y esas víctimas actualizan su sufrimiento permanente durante estos 30 años porque no se aborda de una vez la recuperación de los restos, y no porque tengan afán de venganza. Porque ésa es la parte más dura de lo que supone la represión franquista, la negación del duelo, el no poder recuperar el “cuerpo” de la víctima...
            Yo considero que tenemos una etapa por hacer: tenemos que liberarnos de las cadenas de un pasado al que no le hemos hecho frente durante todo este tiempo, y que merece, por lo tanto, una crítica por nuestra parte y por parte de las administraciones públicas, y que nos impide andar con pies de plomo sobre el camino del progreso. Este acto de justicia pendiente es reparador y es un elemento sanador del conjunto del tejido social.
            Nosotros construimos una memoria histórica humanitaria. Creo que desde la solidaridad hacia las víctimas, desde las enseñanzas de esos episodios, y deseando que nunca más sufra nadie aquellos horrores; y, desde luego, criticando los episodios violentos que, lamentablemente, tuvieron lugar en el bando republicano. Sin caer en la equidistancia, porque sabemos que la magnitud de la represión franquista es incomparable, no sólo por el número de fusilamientos, sino sobre todo porque la represión del bando franquista fue una represión sistematizada y porque la represión posterior del régimen franquista fue de una gran crueldad inhumana.
            Frente a la ofensa continuada de un sistema franquista, la ley de la “Memoria Histórica” tiene que atreverse a hablar claro de lo que ocurrió y cerrar al máximo todo este tipo de cosas. Por ejemplo, y es una cuestión muy secundaria pero que sí facilita o que justifica el discurso del agravio, el que todavía hoy, en el Valle de los Caídos, pagado con el erario público, estén enterrados Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, algo incompatible con los objetivos del establecimiento de una ley como la que comentamos. Y eso, por ejemplo, no se aborda. No se aborda que esos dos cuerpos tienen que ser retirados por sus familiares. Ese tipo de cosas, para los familiares de las víctimas, son duras.

– Una de las reivindicaciones a las que nos se ha dado respuesta, en el parecer de algunos colectivos, es a la reclamación del conocimiento de la verdad al hablar de juicios y tribunales, el no poder sacar a la luz a los responsables de esa represión excepcional. Sobre todo porque con la ley se cierra esa posibilidad.


            Sí, el tema es complejo; este asunto en particular es el más complejo de todos para resolverlo de una manera satisfactoria. Entonces lo que yo voy a hacer es una declaración de principios, es decir, no sabría cómo resolverlo, a mí me satisface cómo está hecho, pero entiendo que haya familiares que se quejen. Hay que combinar una necesaria prudencia, después de setenta años. No abrir heridas. No es el objetivo de los familiares, pero se podría producir. Es necesario, sin duda, actuar con cierta altura, con cierta prudencia, con la necesaria petición de verdad y reparación. Yo creo que no es tanto que la verdad sea la que separa a la sociedad, sino que lo que la divide es el diferente tratamiento de las víctimas.
            Combinar verdad con cierta prudencia es lo que ayudaría a resolverlo. Ahora, esto, como te digo, es difícil concretarlo en algo.

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(1) Ver el número 175 de PÁGINA ABIERTA (noviembre de 2006).
(2) El Parque de la Memoria se ha creado en Sartaguda –localidad en la que fueron asesinadas 84 personas durante la Guerra Civil–, en recuerdo de los más de 3.000 muertos en Navarra entre 1936 y 1939. Ha sido promovido por la Asociación Pueblo de las Viudas, con la colaboración de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. Su costo asciende a 80 millones de las antiguas pesetas.