Nacionalismo y Constitución
(El Correo, 7 de diciembre de 2003) 

Al cumplirse el 25 aniversario de la Constitución española de 1978, el nacionalismo vasco en su conjunto se encuentra más alejado de ella que nunca, hasta el punto de pretender no ya su reforma, sino su abolición en una parte sustancial de llevarse a cabo el plan de Ibarretxe.

Con la sola excepción de Euskadiko Ezkerra, que la aprobó en 1988 a los diez años de vigencia, ningún partido nacionalista vasco ha aprobado una Constitución española a lo largo del último siglo. Se trata de una diferencia significativa con el catalanismo, cuyos principales partidos aprobaron los sucesivos textos constitucionales. Así, la Lliga de Cambó aceptó y gobernó con la Constitución monárquica de 1876, la Esquerra de Macià y Companys hizo lo mismo con la Constitución republicana de 1931, y Convergència de Pujol votó a favor de la actual Constitución, aunque luego no haya tenido ministros en el Gobierno español.

Por tanto, el anticonstitucionalismo es un rasgo característico de la historia del nacionalismo vasco, cuyo origen se halla en su padre fundador. Es bien conocido que Sabino Arana procedía del mundo carlista (enemigo acérrimo de toda constitución) y, aun abandonándolo en su juventud, conservó una mentalidad tradicionalista en lo político e integrista en lo religioso, que se situaba en los antípodas de la cultura política del liberalismo constitucional predominante en su época. Al definirse en su prensa 'anti-liberal y anti-español', su rechazo de la Constitución de 1876 era doble: por ser liberal y por ser española. Además, su interpretación historicista de los Fueros, como esencia de la supuesta independencia milenaria del pueblo vasco, los consideraba incompatibles con la unidad constitucional de la Monarquía española, a diferencia de los fueristas decimonónicos, cuya divisa era 'Fueros y Constitución'.

Por eso, tras su muerte en 1903, el PNV, profundamente aranista, nunca se planteó aprobar la Constitución de Cánovas del Castillo (su enemigo político por la abolición foral de 1876 y la clausura del primer batzoki en 1895), si bien su sector moderado apoyó con interés la vía hacia la autonomía de Euskadi, yendo a remolque de la Lliga catalana en el bienio 1917-1919, pero su demanda de un Estatuto vasco fracasó por completo en la Restauración.

En 1931, tras la caída de la monarquía y la instauración de la República, a la que el PNV no contribuyó por su ausencia del Pacto de San Sebastián, el nacionalismo vasco apostó decididamente por la autonomía, pero cometió el error de aliarse con una fuerza tan antidemocrática como el carlismo y aprobar con él el Estatuto de Estella, clerical y antirrepublicano, el cual naufragó nada más arribar a las Cortes de 1931 por su flagrante anticonstitucionalidad. En ellas el PNV contaba con seis diputados, integrantes con los carlistas y católicos independientes de la minoría vasco-navarra, cuyo representante en la comisión parlamentaria que elaboró el proyecto de Constitución fue el dirigente jelkide Jesús María Leizaola.

En el debate constitucional resultaron fallidos todos los intentos de dichos diputados por salvaguardar el Estatuto de Estella, taponado al aprobarse que la República era un 'Estado integral', que no federal, y la organización nacional, que establecía la autonomía regional no como regla general sino como excepción, sobre todo para resolver el problema catalán, entonces mucho más importante que el vasco. Pese a ello, los diputados nacionalistas y carlistas continuaron en las Cortes, de las que se retiraron al regularse las medidas laicas y anticlericales, demostrando así que les importaba más la cuestión religiosa que la autonómica.

Al encontrarse fuera del Parlamento, los diputados del PNV no votaron la Constitución de 1931, pero en seguida aceptaron el cauce autonómico abierto por ella y colaboraron en la redacción de un nuevo Estatuto, ya republicano, que fue plebiscitado por el pueblo vasco en 1933 y aprobado por las Cortes en 1936. De esta forma el PNV acabó marchando por la senda propuesta desde 1931 por ANV, pequeño partido extraparlamentario: el Estatuto vendría de la mano de las izquierdas republicano-socialistas, con las cuales el nacionalismo vasco se alió en la Guerra Civil para lograr la anhelada autonomía, su objetivo prioritario.

Tal evolución política contribuyó a la democratización del PNV, que fue obra fundamental de la generación de 1936, encabezada por el lehendakari Aguirre y el ministro Irujo. Estos destacados líderes se desvincularon de la Constitución de 1931 y de la República española en el exilio durante la II Guerra Mundial, pero retornaron a ellas al término de la contienda en 1945, volviendo a integrarse plenamente en la política española, al percatarse de que sin ésta era imposible resolver la cuestión vasca.

Tras el final de la Dictadura de Franco, el PNV tuvo muy en cuenta sus errores de 1930-1931 para no repetirlos y participó en los organismos de la oposición democrática que negociaron la reforma política con el presidente Suárez. Rechazando el frente abertzale con el nacionalismo radical y adoptando el frente autonómico con el socialismo vasco en las elecciones generales de 1977, el PNV optó de nuevo por su habitual pragmatismo reformista, muy distante de las posiciones rupturistas.

En la ponencia parlamentaria que redactó el anteproyecto de Constitución, no contó con ningún diputado, si bien el catalanista Miquel Roca defendió inicialmente en ella los planteamientos del PNV. En las Cortes de 1977-1978, su minoría, cuyo portavoz era Xabier Arzalluz, votó en contra del derecho de autodeterminación y propugnó su tradicional doble vía autonómica y foral (Pacto con la Corona). Éste era inviable, pero la Constitución, por vez primera en la historia contemporánea, amparó «los derechos históricos de los territorios forales» y derogó las leyes abolitorias de los Fueros, meta tradicional del PNV desde su manifiesto de 1906. A pesar de ello, y tras arduas negociaciones sobre la disposición adicional foral, el PNV, alegando que no reconocía la soberanía originaria del pueblo vasco, decidió abstenerse en las Cortes y en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, en el cual la izquierda abertzale votó en contra. Según reconoció años después el propio Arzalluz, el PNV no tuvo voluntad política de aprobarla porque nunca ha aceptado ni aceptará una Constitución española. Sin embargo, la opinión de algunos dirigentes históricos, como Irujo y Leizaola, era favorable a votarla.

Al igual que en la República, la no aprobación de la Constitución por el PNV no fue obstáculo para que apoyase con entusiasmo el Estatuto de Gernika, aun siendo hijo de la Carta Magna. Se dio la paradoja de que la citada disposición adicional fue utilizada por el PNV para incorporar al Estatuto de 1979 una «novísima foralidad», que permitió dotarle de un ámbito competencial superior al Estatuto catalán. A ello coadyuvó también el llamado 'argumento carlista': el PNV consiguió una amplia autonomía para Euskadi argumentando que así contribuiría a la desaparición del terrorismo de ETA, entonces más cruento que nunca. Esto no ha sucedido después de casi un cuarto de siglo y, sin embargo, el PNV vuelve a esgrimir el mismo argumento: con su salto cualitativo del autonomismo al soberanismo, ETA podría desaparecer.

La radicalización del PNV ha supuesto el retorno a su doctrina fundacional, el aranismo, ratificado por sus máximos dirigentes al declararse 'sabinianos' con motivo del reciente centenario de Sabino Arana. Manifestación de ello es su rechazo no sólo de la Constitución española, sino también del Estatuto vasco. Cuando el lehendakari Ibarretxe afirma que «los Fueros siguen siendo nuestra verdadera constitución», está asumiendo la visión mítica de Arana sobre la historia vasca. Pero hay que recordar que el aranismo implica tanto el antiespañolismo como una concepción política tradicionalista opuesta al constitucionalismo liberal.