José Ignacio Lacasta-Zabalza

No invocarás la Constitución en vano

            Miguel Sanz ha intentado establecer una alianza entre lo que él llama constitucionalistas. Palabra e idea que no está en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, y que los profesionales del derecho usamos en nuestra torcida jerga para designar a los especialistas en Derecho constitucional. Como Sanz no se refiere a los estudiosos de tal materia jurídica, habrá que indagar para saber a qué alude con tal término. Que, por su uso tanto entre el PP como en la UPN, parece describir a los partidarios –organizaciones y personas- de la Constitución española de 1978.

            Y, sin embargo, uno encuentra que los cargos de la UPN no son precisamente unos políticos y políticas amantes del cumplimiento de las reglas y principios constitucionales. El artículo dieciséis, en su párrafo tercero, del texto constitucional, dice bien claro que: ninguna confesión tendrá carácter estatal. El Tribunal Constitucional lo ha interpretado, además, con el recordatorio de la obligación estatal de abstenerse de concurrir con las expresiones públicas, símbolos o manifestaciones de carácter religioso. Deber que alcanza a todos los poderes públicos, inclusive a los colegios de ese carácter, tal y como lo ha sentenciado el juez de Valladolid que ha ordenado retirar los crucifijos de una institución escolar.

            Esa es la norma constitucional o capa normativa de la que nuestras autoridades navarras han hecho un feo sayo. La presidencia del gobierno navarro en los actos religiosos de San Francisco Javier, la presencia de Yolanda Barcina en todas las procesiones como alcaldesa o en las cofradías de la semana santa de Iruña, nos demuestran que los principales cargos de la UPN viven en la morada premoderna del régimen nacionalcatólico franquista y todavía no saben lo que es la democracia constitucional. Ni que laico, exactamente lo laico, quiere decir precisamente aconfesional (y si lo dudan que lean simplemente el Diccionario).

            No es precisamente un modelo constitucional la conducta de estos cargos públicos con los fusilados republicanos y antifranquistas de Navarra. Ni con el respeto a su memoria en calidad de inocentes indefensos y asesinados, ni con la búsqueda de los cadáveres todavía sin enterrar debidamente; con infracción manifiesta del artículo nueve de la Constitución que, en su apartado segundo, obliga a los poderes públicos del Estado español a remover los obstáculos que impidan o dificulten el pleno ejercicio de la libertad e igualdad de personas y grupos (como los de los discriminados familiares de las víctimas del franquismo).

Y si el mismo artículo nueve en su primer apartado dice que los poderes públicos están sujetos a la Constitución, el actual Gobierno navarro y la Alcaldía de Pamplona entienden que eso no va con ellos ni por el obligatorio carácter aconfesional de las instituciones públicas ni por el reconocimiento de las víctimas del franquismo porque, para ellos, y en contra del principio de la dignidad de toda persona recogido por el artículo diez del mismo texto constitucional, solamente existen las víctimas de ETA.

            Tampoco hacen mucho caso del imperio de la ley cuando las mujeres en Navarra no pueden hacer efectivo el derecho legal a abortar. Ni del Tribunal Constitucional que, con respecto a los insumisos, nos recordó a toda la ciudadanía que no se han de relativizar los deberes y mandatos de la ley positiva. Que hay que cumplirla, aunque fuera todo tan injusto como lo fue con los insumisos. Unos poderes públicos navarros desobedientes y ajenos, pues, a la legislación y jurisprudencia sobre el derecho de las mujeres a abortar. ¿Qué querrá significar entonces constitucionalista si lo que hacen nuestros cargos de UPN consiste en soslayar la Constitución? Muy sencillo: ese término se refiere a que no cabe en Navarra el nacionalismo vasco ni el vasquismo; pensamiento excluyente que nada tiene que ver con el pluralismo político concebido, desde su artículo primero, como uno de los valores superiores del orden constitucional español.

            Ya está: la Constitución de Sanz y Barcina es un mapa donde únicamente tiene cabida el nacionalismo español y donde se excluye -vade retro- todo lo que suene a Euskal Herria y similares. Una idea ajena a la famosa Disposición Transitoria Cuarta del texto de 1978, que por lo menos reconoce el posible costado vasco de Navarra. Así que, para estos constitucionalistas de la UPN, la defensa de lo constitucional no es la de una máxima norma que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de todas las personas, sino una actividad cartográfica española donde no hay sitio para más nacionalismo que el suyo propio.

            Claro que en el lado abertzale tampoco están mejor las cosas. Todavía hay gente que establece la siguiente ecuación: Constitución=Estado=España, donde todo lo español es negativo de nacimiento y el antiespañolismo parece ser la religión dominante en esos medios. Con notoria y aberrante confusión, pues de seguir esa liturgia al pie de la letra –y los hay que la siguen- el españolísimo y asesinado Federico García Lorca vendría a ser lo mismo –por español- que sus asesinos seguidores de Franco. Y es que en esta vida hay más cosas que las naciones y los territorios, haciéndose forzoso distinguir entre izquierda y derecha, monárquicos y republicanos, demócratas y fascistas, intelectuales universales como Federico y franquistas enemigos de la cultura, tanto en el plano político como en el social.

            La Constitución de 1978 tiene defectos, algunos de cierta dimensión, como el papel del Ejército en tanto que guardián del territorio (tal y como lo ha criticado recientemente Uxue Barkos). Columna vertebral soldadesca y peninsular que ya estaba en la Ley Orgánica del Estado franquista de donde procede la idea. Pero habrá que reconocer que, al mismo tiempo, ese texto constitucional ha abolido la pena de muerte y, finalmente, hasta en el ámbito militar. Entre nosotros, desdichadamente y para que no miremos nada ni a nadie por encima del hombro, así como para que sepamos que siempre es más importante un ser humano que la misma tierra o cualquier mapa, la atroz y cerril voluntad de ETA puede acabar con las honradas y vascas vidas del obrero Isaías Carrasco o la del empresario
Inaxio Uría.