José Manuel Naredo
Hay que orientar un cambio político hacia una  segunda "transición" a  la democracia
(Entrevista realizada por Mikel Aranburu).
(Galde, 3, Uda 2013).

Mikel Aranburu. El hilo conductor de la entrevista podría ser el siguiente: pedirte primero opinión sobre la crisis económica, sobre cómo ha mudado en crisis política y hasta inducido a hablar de crisis sistémica, para posteriormente incidir sobre tu visión de las perspectivas de cambio, si lo puede haber. Así que te ruego que empieces precisando cual es tu opinión sobre la naturaleza de la crisis y matizando el alcance de la misma.

J.M.N. Desde hace tiempo he venido apuntando que la creciente desregulación y el trepidante ritmo de expansión de los activos financieros observado durante el último cuarto de siglo a escala planetaria, estaba abocado a culminar en un desenlace crítico de grandes proporciones. El hecho de que los activos financieros planetarios vinieran expandiéndose durante largo tiempo a tasas que doblaban las del crecimiento del comercio mundial o de los agregados de renta o producto nacional, evidenciaba la insostenibildad o inviabilidad económica a largo plazo del proceso. Sobre todo cuando esta inflación de activos financieros presionó también al alza a los precios inmobiliarios, generando una burbuja inmobiliario-financiera de gran porte. Con la novedad de que la titulización de hipotecas aceleró el proceso expansivo, uniendo por primera vez muy peligrosamente los mercados financieros con los inmobiliarios. Al aumento del consumo y el endeudamiento asociados al «efecto riqueza», derivado de la revalorización de activos, se unieron los mayores ingresos y recaudaciones tributarias asociados al boom especulativo para alimentar en nuestro país un aquelarre de obras públicas sobredimensionadas y de megaproyectos de cartón piedra promovidos por determinados grupos empresariales como pretexto para lucrarse a manos llenas en alguna de sus fases de desarrollo. Megaproyectos e infraestructuras que, en distintos estados de desarrollo, adornan nuestra geografía como testigos mudos de ese desafuero.

Como es sabido, la cadena de expansión y revalorización de activos y pasivos que se apoyaban mutuamente en la economía global se acabó rompiendo por un eslabón débil, el de las hipotecas subprime estadounidenses, llevando la sospecha sobre un sin número de productos financieros similares o asociados a ellas y sobre la solvencia de las entidades gestoras y propietarias, evidenciando la podredumbre fruto de la cultura especulativa imperante.

Estas reflexiones las plasmabas ya hace años en tus escritos.

J.M.N. Efectivamente, como síntesis de la naturaleza de la crisis, te sugiero transcribir la siguiente poesía que hice como «resumen ejecutivo» del artículo que saqué en el último número de la desaparecida revista Archipiélago1:

¿Y en Europa, es más grave la crisis?

J.M.N. La espiral depresiva desencadenada se agravó en Europa por la crisis del euro, unida al objetivo impuesto por Alemania favorable a la banca acreedora centroeuropea, de forzar las políticas de ajuste de los países deficitarios —los llamados PIGS— hasta conseguir que todos ellos equilibren de su balanza exterior corriente. El objetivo de equilibrar el enorme déficit exterior corriente de la economía española —que había llegado a superar el 10% del PIB— y de rebajar su abultado endeudamiento privado devolviendo parte de la deuda, ha forzado un ajuste de proporciones dantescas.

Paradójicamente, el euro no entró en crisis por desequilibrios comerciales de la zona con el resto del mundo, sino por desavenencias internas. Aunque la eurozona en su conjunto mantenía unos intercambios con el exterior saneados, los conflictos, la falta de cohesión y la grave polarizaron internas acabaron sembrando dudas sobre el futuro de la moneda. En las antípodas de esta situación se encuentra EEUU, que respalda el dólar con todo su poder político y militar como moneda de reserva que sigue atrayendo el ahorro del mundo, sin preocuparse de rebajar a sus enormes déficits comerciales y presupuestarios y su monstruoso endeudamiento público y exterior- ni menos aún, de exigir que lo equilibren todos y cada uno de sus estados- en una huída hacia delante que hace que el principal comprador de la abultada deuda pública emitida sea el propio banco central -la Reserva Federal- al revés de lo que ocurre en la zona euro.

Es evidente que la UE podría haber imitado modestamente el ejemplo tan extremadamente deficitario y deudor de EEUU, jugado a mantener el euro como moneda de reserva aprovechando el comercio saneado del conjunto de la eurozona y sin preocuparse tanto de equilibrar el déficit exterior de todos y cada uno de los países. Sin embargo, al primar los intereses acreedores de la banca centroeuropea,  se impuso la ortodoxia cerril que originó la grave polarización social y territorial y la crisis del euro de todos conocidas. Esta ortodoxia supuso un cambio brusco de reglas del juego decretada sin previo aviso. Pues además de haberse relajado la disciplina establecida en el tratado de Maastricht, esta se refería solo a los agregados formales del cuadro macroeconómico de los países, que soslayan las prácticas especulativas que funcionan al margen del mismo. Se albergaron, así, en la zona a paraísos fiscales, como Luexembugo, y se trató de limitar la deuda pública, pero no la privada, mucho más voluminosa, a la vez que se liberó la circulación de capitales y la compra de inmuebles. Esta permisividad es la que posibilitó que la banca centroeuropea siguiera financiando hasta el final a la banca y la burbuja inmobiliaria españolas. Pues, una vez devorado el ahorro interno, la banca española se endeudó frente al exterior para seguir prestando a promotores y a compradores el dinero que ahora se le reclama forzando su bancarrota y, por ende, la «sequía de créditos», las operaciones de salvamento.

¿Y qué tiene de peculiar la crisis en España?

J.M.N. A diferencia de Alemania, España no se vio afectada por el affaire de las hipotecas subprime estadounidenses y de otros activos financieros tóxicos que contaminaban los mercados internacionales. Porque España no era un país ahorrador que compraba esos productos, como Alemania, sino que era un país que demandaba financiación para seguir alimentando su enorme burbuja especulativa. La banca española no compró las hipotecas subpirme estadounidenses porque vendía las suyas propias, que acabaron también explotando. Así, aunque a principios de la crisis internacional la economía española parecía poco afectada y Zapatero cantaba ingenuamente victoria, la crisis acabó irrumpiendo con fuerza a medida que se desplomaba ese andamio inmobiliario-financiero que había venido manteniendo la burbuja especulativa y animando el pulso de la coyuntura económica. España ha sufrido las consecuencias del pinchazo de su enorme burbuja inmobiliaria que, tras succionar el ahorro interno, la banca se siguió financiando con dinero foráneo cuya devolución ahora se le reclama. Pues, como todo movimiento especulativo, la burbuja inmobiliaria ha sido un juego de suma cero, en el que las plusvalías realizadas por ciertas personas o entidades, han de acabarlas pagando otras. Y con la creación del llamado «banco malo», que se hará cargo de los descartes inmobiliarios de las entidades financieras e inmobiliarias lastradas por la crisis, tocará a su fin un forcejeo de valoraciones que se ha venido manteniendo hasta el momento para encubrir las minusvalías que erosionaban el activo de las empresas bancarias e inmobiliarias. Suena la hora de la verdad en la que las valoraciones y acuerdos adoptados cerrarán algunas de las indeterminaciones pendientes sobre quiénes acabarán pagando el festín de plusvalías inmobiliarias que ha vivido la economía española durante un largo decenio.

Tras tanto favorecer en la eurozona la libre circulación de capitales privados y el negocio de los prestamistas, sorprende que cuando al final del auge, la economía española había multiplicado enormemente su deuda privada exigible frente al exterior y elevado su déficit exterior corriente, se le exigiera de pronto revertir la situación con una premura que rayaba en el absurdo. Mi amigo Juan Serna , en un artículo aparecido en la prensa extremeña, considera que esta deuda es, hoy por hoy, impagable y recuerda que, cuando se incendió un negocio de su familia y el seguro a penas sufragó una pequeña parte de los daños, los acreedores conscientes de la situación aceptaron de buen grado una quita del 60%. La diferencia, le dije yo, estriba en que en ese caso se reconoció unánimemente la evidencia del incendio accidental y de la escasa indemnización, pero en el caso de la economía española no se ha reconocido todavía la naturaleza de la catástrofe, ni esclarecido responsabilidades.

El prolongado empeño de hacer pagar a los más débiles los platos rotos de la crisis, agravando con continuos recortes la fase depresiva de la economía española, va unido a un pacto de silencio sobre el origen y las responsabilidades de la catástrofe. Para negociar eventuales quitas de las deudas de la economía española, habría que reconocer las responsabilidades del marco institucional y del comportamiento de los políticos gobernantes y de las instancias reguladoras, tanto españolas como europeas, que impulsaron las inversiones especulativas y al latrocinio de los megaproyectos origen de la catástrofe. La UE aportó desregulación inmobiliario-financiera y los prestamistas que brindaron la gasolina financiera que siguió alimentando hasta el final el incendio especulativo autóctono, presidido por la cultura del pelotazo y los megaproyectos bien engrasados con comisiones y sobres a políticos conseguidores, como ahora evidencia el caso Bárcenas, entre otros.

La búsqueda de soluciones social y económicamente razonables necesita ir de la mano del reconocimiento de responsabilidades compartidas y de propósitos de  enmienda. Pues no resulta plausible que una UE que no reconoce sus responsabilidades en la catástrofe, vaya a perdonar deudas a un país que sigue  a piñón fijo cifrando su futuro en megaproyectos como Eurovegas o en hacer de Madrid sede de la olimpiadas, aunque esto último no lo han conseguido, para que algunos sigan sacando tajada (recordemos que del anterior fiasco olímpico de Madrid sacó tajada hasta el propio Urdangarín, veremos lo que «florece» ahora).

Y ¿cómo ves que la crisis económica se ha ido convirtiendo en crisis social y política?

J.M.N.: Creo que el caso de España ofrece una caricatura ejemplar de los males del despotismo democrático y la economía adquisitiva que aquejan a la actual civilización. Ahora, cuando se dilucida quién ha de acabar pagando la crisis, está quedando claro que los gobiernos se han venido comportando básicamente como administradores al servicio de lobbies y corporaciones privadas, no como representantes de la mayoría. Con la sonada estafa de las «participaciones preferentes» de Bankia, con las agresiones sociales de los despidos y los desahucios, de los recortes sociales y salariales, del saqueo de las privatizaciones, los megaproyectos y los repartos de «sobres» y prebendas entre la clase política gobernante, se ha erosionado tanto la credibilidad del Estado, de sus instituciones y de la «clase política», que se ha llegado a cuestionar por primera vez de forma amplia la legitimidad del sistema. Lo cual denota un cambio de fase o de era política en nuestro país, desde la llamada «transición política»: ya no se trata de cambiar este o aquel partido o político gobernante por otro, sino el sistema que sostiene el actual neocaciquismo democrático.

¿Tiene esto que ver con la corrupción que aflora en los tribunales? ¿Son casos aislados o se trata de un mal intrínseco del actual sistema político?

J.M.N. Creo que los casos de corrupción que han llegado a los tribunales, más que excepciones, son la punta del iceberg de males mucho más extendidos, heredados de la simbiosis entre capitalismo y medio siglo de despotismo franquista,… y de una transición política que excluyó a los críticos del sistema, para reacomodar, bajo nueva cobertura democrática, las elites del poder que siguen tomando las grandes decisiones y haciendo los grandes negocios de espaldas a la mayoría. Las mismas administraciones públicas siguen estando parasitadas por los intereses empresariales o partidistas que mandan en cada sector,…o en cada municipio, haciendo que trabajen a favor de éstos de forma normal y que la corrupción prospere la mayoría de las veces con cobertura legal.

En el urbanismo se entronizó al «agente urbanizador» para que, en connivencia con los políticos locales, utilizara a sus anchas la trampa de las recalificaciones de suelo. Así, operaciones y megaproyectos urbanos que durante el franquismo nos parecían escandalosos, se multiplicaron después revestidos de impunidad legal y de buen hacer político y empresarial… Se generó así un caldo de cultivo que dio nuevas alas  al «mal político del caciquismo», «cuya finalidad -decía Macías Picavea en su libro clásico El problema nacional, Madrid, 1899- se encierra en dos inferiores aspiraciones: dominar, no gobernar; expoliar, no administrar”. Iluminar este oscuro caldo de cultivo tan propicio a la corrupción es el primer paso para erradicarla. Pero también toca revisar las componendas elitistas que rubricaron la metamorfosis del franquismo en coronada democracia, estableciendo ese caldo de cultivo tan propicio a la corrupción que hizo que alcanzara a los partidos gobernantes y hasta la propia familia real. Pues hay que advertir que la pérdida de legitimidad del Estado como representante de la ciudadanía, no ha invalidado, sino reafirmado la necesidad de un proceso constituyente que establezca un nuevo marco institucional que favorezca el saneamiento político, con buenas prácticas que ayuden a desplazar el poder y el control de la toma de decisiones desde la trastienda de los partidos políticos hacia la ciudadanía.

¿La necesaria e hipotética reconversión económica ha de ir entonces de la mano del saneamiento político? ¿Cuáles son las perspectivas de cambio?

J.M.N. Efectivamente. Resulta fundamental reconocer lo descarriadas que han estado las inversiones realizadas durante el denominado «auge» y que los copiosos recursos financieros utilizados se han dilapidado en buena medida en inversiones inmobiliarias e infraestructuras que se revelan hoy sobredimensionadas, infrautilizadas e, incluso, abandonadas y en eventos y megaproyectos estériles, con los que se forraron algunos. El absurdo de que España disponga del doble de aeropuertos públicos que Alemania y muchos más privados, algunos sin aviones y la mayoría con pérdidas y que esta sobredimensión ocurra también con los puertos, las autopistas y las líneas de AVE, solo se explica por la mecánica perversa de los megaproyectos, que no promueven infraestructuras porque de verdad hagan falta, sino para dar negocio al lobby de las grandes empresas constructoras. Por otra parte están los excesos inmobiliarios, y para dar cuenta de ellos remito al trabajo fotográfico y cartográfico de Julia Schulz-Domburg, que presenta en su libro Ruinas Modernas (2012) un panorama sobrecogedor al mostrar la plaga de operaciones y megaproyectos inmobiliarios abandonados que salpican la geografía del país como muestra del despilfarro acometido, animado por tanto político sobrecogedor.

La generalidad de las ruinas modernas presentadas en el libro van unidas a la ruina de las empresas inmobiliarias que las promovieron y de las cajas de ahorro que las financiaron, mientras que la mayoría de los propietarios de los terrenos pusieron ya a buen recaudo los beneficios obtenidos. Nos enfrentamos al hecho de que, mientras ciertas elites político-empresariales sacaron buena tajada en beneficios, comisiones, plusvalías, etc., ahora  es el conjunto de la población el que tiene que pagar los platos rotos de ese despilfarro. Tomar plena conciencia de ello es fundamental para conseguir que la ciudadanía exija nuevos filtros que impidan a la economía española persistir en esta vía de despilfarro interesado para algunos y de penuria para la mayoría. Esta toma de conciencia generalizada es condición necesaria para potenciar la movilización social y orientar un cambio político en España hacia lo que pudiéramos llamar una «segunda transición» a la democracia. La evidencia de que la primera «transición» nos trajo el actual caciquismo democrático que ha hundido al país, coronado por los escándalos, pide a gritos una nueva «transición» hacia una democracia más participativa. Para lo cual se reafirma, como ya he indicado, la necesidad de un proceso constituyente que establezca un nuevo marco institucional que propicie el saneamiento político y la participación ciudadana.

Todo un reto de reflexión y empoderamiento de los sectores sociales críticos con la actual situación.

J.M.N. Efectivamente, hasta aquí he venido centrándome en una posible -y deseable para la mayoría- transición política española hacia una democracia más participativa, una economía más responsable y una sociedad más amable y solidaria, lo que pese a sus dificultades tiene poco de revolucionario. Ideas sobre el aquí y ahora de la crisis socio-político-económica española. Y ello no tanto porque estime que haya que aplazar otras reflexiones y reivindicaciones más radicales, como porque creo que si ni si quiera conseguimos superar el burdo caciquismo actual, difícilmente podremos acometer otros cambios más profundos relacionados con la actual crisis sistémica o de civilización. En mi libro Economía, poder y política. Crisis y cambio de paradigma (2013), abordo estos temas.

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1 “Ideología económica, crisis y deterioro social”, Archipiélago, nº 83-84, dic. 2008, pp.21-32.