José Sánchez y José Barcelona
El nuevo Estatuto de Autonomía andaluz.
Los resultados del referéndum

(Página Abierta, 180, abril de 2007)

             Los resultados del referéndum de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía del 18 de febrero pasado son lo suficientemente contundentes como para no dejar mucho margen de especulación en su lectura.
             En primer lugar, aparece como principal problema la escasa participación, el 36,28% del electorado. De un censo de 6.045.560 electores sólo han votado 2.193.497, lo que representa el índice de participación más bajo de Andalucía y de España, con la excepción del referéndum gallego del 21 de diciembre de 1980, que sólo obtuvo el 28,27%. En  segundo lugar, de los que han ejercido su derecho al voto la inmensa mayoría lo ha hecho de forma positiva, un 87,45% (1.899.860) frente a un 9,48% (206.001) de votos negativos. Lo uno y lo otro era previsible, aunque nadie esperaba que la abstención fuera tan alta.
             Casi todos los comentaristas y análisis de los resultados coinciden en valoraciones parecidas. La gran abstención está repartida entre el electorado de todos los partidos políticos, puesto que ninguno de ellos la propugnaba (1), aunque parece haberse encontrado una mayor relación directa entre el apoyo al PP y el aumento de la abstención. Así ha ocurrido en buena parte de las circunscripciones electorales con fuerte peso del voto al PP y en las seis capitales de provincia gobernadas por el PP, en las que la abstención ha superado tanto la media de sus provincias como la media andaluza (2), y lo mismo parece ocurrir con los municipios mayores de 50.000 habitantes (3).
             Sin embargo, esto serviría para explicar sólo una parte: el desconcierto y la frialdad de los votantes del PP no explican por sí solos la crecida abstención. Es evidente que el electorado de izquierda no se ha movilizado suficientemente si lo comparamos, por ejemplo, con los resultados de las últimas elecciones autonómicas, en las que votaron al PSOE y a IU un total de 2.597.575 personas (4).
             Con respecto al voto negativo, el Partido Andalucista ha festejado como una victoria los resultados del referéndum “apropiándose” en su totalidad del no, pues con sólo un 6% (5) de votos obtenidos en las últimas elecciones autonómicas habría sido capaz de movilizar a más de un 9% en esta ocasión. Dejando aparte esta interpretación surrealista, existe coincidencia en que en el no hay votos de todas las tendencias políticas (6): andalucistas, sectores de la izquierda y de la derecha, aunque el porcentaje de voto negativo, nuevamente, es mayor en las circunscripciones electorales con mayoría del PP.

             Las causas de la abstención

 
             Sin embargo, en lo que menos coincidencia hay es en explicar por qué ha habido tanta abstención, a qué se debe, sus causas. El PSOE ha usado un símil futbolístico, «Este partido estaba ganado», para explicar por qué la gente no ha ido a votar, ya que el Estatuto gozaba «del consenso básico entre las grandes formaciones políticas» y se sabía que no peligraba el (7). Según el PP, se confirma una idea que vienen planteando desde hace tiempo: “no existía demanda social para la reforma” del Estatuto, sino que ésta es un capricho de Zapatero, aprovechando así para atacar al presidente del Gobierno. Izquierda Unida reparte las culpas entre ambos partidos: acusa al PSOE por no agotar los plazos para la celebración y por la falta de información, y al PP por su campaña ambivalente; y plantea, como alternativa al distanciamiento de la población de la política, avanzar hacia una democracia participativa. Para el Partido Andalucista, la reforma del Estatuto se ha hecho de espaldas a la ciudadanía y ha suscitado serias dudas en buena parte del pueblo andaluz.
             Probablemente haya un poco de todo; sin embargo, cada una de estas razones es insuficiente por sí sola (8). Así, la explicación que da el Partido Socialista se compagina mal con las ideas que lanzaron durante la campaña: «Es muy importante que haya una alta participación porque con ella nos jugamos el peso de Andalucía en Madrid, el prestigio de Andalucía en España», llegando a usar comparaciones con el referéndum del 28-F para simbolizar lo importante que era esta consulta.
             Con respecto a la falta de información, dando por sentado que siempre se puede hacer más, y a pesar de que los estudios basados en encuestas realizadas posteriormente al referéndum la sitúan como la razón fundamental de la alta abstención (9), es un argumento que requiere de ciertas matizaciones.
             Durante más de dos años se ha producido un debate mediático que en algunas ocasiones ha alcanzado un nivel fuerte de enfrentamiento entre los partidos políticos. Con bastante frecuencia, en prensa, radio y televisión andaluzas han intervenido periodistas y columnistas a favor o en contra; un buen número de artistas e intelectuales han expresado su opinión favorable; en tres ocasiones se distribuyó, con varios periódicos, los proyectos del Estatuto; se celebraron consultas y actos con sindicatos, empresarios, el Defensor del Pueblo Andaluz y ONG; se gastaron durante la campaña más de 10 millones de euros (más de lo que se gastó en la campaña catalana). Además, la relación entre estar informado e ir a votar no parece ser una relación ni necesaria ni suficiente; del hecho de estar informado se pueden derivar varios comportamientos electorales, y no siempre en el hecho de votar lo único que cuenta es estar informado, sino que también actúan otros elementos, como los relacionados con el contexto (esto parece que fue decisivo en la movilización de una parte importante de electores en las elecciones generales de marzo de 2004, que dieron el triunfo al PSOE). 
             Diferentes indicadores venían confirmando que el debate sobre la reforma del Estatuto no llegaba a la población, que apenas incidía en la sociedad y que no formaba parte de sus preocupaciones ni era considerado como un tema importante. 
             Razones aducidas por los partidos impulsores del nuevo Estatuto, como la dificultad de abstenerse del proceso de reforma de estatutos de autonomía emprendido a nivel estatal, o la necesaria renovación y actualización después de más de 25 años desde el anterior Estatuto y los grandes cambios acaecidos, no han motivado a la sociedad andaluza.
             Tampoco las evidentes bondades del nuevo Estatuto, referidas sobre todo a terrenos relacionados con los derechos sociales, las políticas públicas, la igualdad de mujeres y hombres, o el medio ambiente, han servido de catalizador para movilizar al electorado (10).
             Es difícil explicar esta desconexión entre la ciudadanía y sus políticos (11). Más allá de constatar ciertas preocupaciones, como el muy limitado alcance de la participación de las grandes mayorías sociales en asuntos públicos, quizás sea un buen ejercicio preguntarse por cómo se ha desarrollado todo el proceso de reforma del Estatuto y cómo se han dado los debates a la hora de buscar más explicaciones. En el proceso, en los enfoques ideológicos y actitudes de la mayoría de partidos, organizaciones y personas que han intervenido con sus posturas a lo largo del mismo, se encuentran, a nuestro juicio, los aspectos más criticables.

             El recurso al “agravio comparativo”

 
             Durante todo el proceso ha estado presente, como principal elemento dinamizador y catalizador del debate político-social, el recurso al “agravio comparativo” con otros territorios, pero especialmente con Cataluña. Esta actitud ha propiciado que no se enfoque el debate sobre la reforma como, a nuestro juicio, hubiera sido deseable y apropiado: haciendo un balance crítico de los años de vigencia de la autonomía andaluza y de su autogobierno, para detectar dónde están los avances, las deficiencias y los retos para el futuro. Por el contrario, ha primado una actitud más autocomplaciente que reflexiva (12): se han valorado de manera excesiva los logros, que no dejan de ser numerosos e importantes, pero se ha puesto poco acento en los problemas que seguimos teniendo (por ejemplo, los relacionados con el modelo de desarrollo económico [13]; el paro; el atraso en los niveles de renta/persona; los índices de marginación y pobreza [14], la corrupción urbanística…), y desde la izquierda se han escuchado pocas opiniones críticas con las responsabilidades de la Junta de Andalucía.
             En este nuevo contexto, aparece una manifestación del agravio que ya no es como la que se daba en los años setenta y ochenta (basada en el atraso y la discriminación), sino que pone más el acento en vigilar, en “no ser menos que…”, en estar más pendientes de las pretensiones de los “otros” antes que de las necesidades y problemas propios. Su uso como arma política se ha dirigido contra otras comunidades y entre los propios partidos, y ha sido alimentado por los grupos políticos presentes en el Parlamento andaluz y por prestigiosas personalidades de la vida pública andaluza. Se ha querido hacer del agravio comparativo un elemento de identidad y de cohesión social (15). Sin embargo, a la luz de los resultados electorales, parece evidente que la baza del agravio comparativo no ha desempeñado el papel movilizador que esperaban los políticos, lo cual debería hacerles reflexionar.
             Por otra parte, los enfoques adoptados por la clase política andaluza han dejado mucho que desear, mimetizando y polarizando posiciones con las que la ciudadanía andaluza no se identifica, ya sea imitando posiciones “nacionalistas” al modo catalanista, favoreciendo tendencias centrífugas (IU, PSOE, PA), o, en el extremo contrario, acusando de “romper España” (PP). Esto se ha dado en terrenos simbólicos (la identidad de Andalucía) y en otros más materiales como la financiación y las competencias. De esta manera, los debates no se han abordado teniendo en cuenta la tensión y el equilibrio necesarios entre las partes y el conjunto, entre lo propio y lo común; la falta de preocupación sobre el interés común (estatal, español) nos parece un planteamiento problemático y una manera criticable de hacer política.
             El resultado de ello ha sido, en el terreno político-simbólico, el recurso a una retórica enrevesada, artificiosa, unilateral y esencialista (16), recogida en el preámbulo del Estatuto, para definir la identidad andaluza y para justificar el uso del término realidad nacional, de manera similar al Estatuto catalán.
             En algunos aspectos de la financiación y de las competencias, ha primado la opción de obtener ventajas o “asegurarme lo mío en exclusiva”, sin estar presente suficientemente el interés por el conjunto (España). Así, por ejemplo, en la financiación se ha introducido la inversión del Estado en función del porcentaje de población que representamos en el conjunto del país como elementos más ventajosos para Andalucía (17), y se ha mantenido la polémica exigencia de la deuda histórica. Y en las competencias se han planteado algunas reivindicaciones exageradas e inapropiadas en materias como el flamenco (18) o el agua, en la que hemos asistido a una lucha absurda de todos contra todos entre las comunidades autónomas. Estas reclamaciones de más competencias se basan en un principio no cuestionado: la idea del autogobierno como sinónimo de más calidad democrática y mayor incremento de bienestar social, cuando sabemos que esto no es necesariamente así; hay suficientes ejemplos históricos lejanos y cercanos. Para medir la calidad democrática y mejoras sociales, es imprescindible referirse a los contenidos de las políticas concretas, a los datos socioeconómicos, a la participación de la sociedad, a su grado de iniciativa social, a su autonomía.    

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(1) PSOE, PP e IU pedían el y el PA defendía el no.
(2) Aunque esto también ha ocurrido en Sevilla y Córdoba, gobernadas por el PSOE e IU respectivamente.
(3) El País-Andalucía de 26 de febrero de 2007, “Desmovilización conformista”, de Juan Montabes y Ángel Cazorla. Una encuesta posterior afirma que se abstuvieron el 65% de los simpatizantes del PP y el 35% de los del PSOE (El País, 3 de febrero de 2007).
(4) Al PSOE el 50,27% (2.260.545) y a IU un 7,51% (337.030).
(5) El PA obtuvo entonces 276.674 votos.
(6) Según una encuesta posterior al referéndum, el 44,74% de los votos negativos proceden de las filas de votantes del  PP, y  el 21,05% de las del PSOE (El País, 3 de marzo de 2007).
(7) Aunque, según la encuesta citada de El País del 3 de febrero de 2007, esto no sería así, ya que sólo el 4,4% dice que no fue a votar porque estaba muy claro el resultado.
(8) La primera de las razones abstencionistas, según Juan Montaves y Ángel Cazorla, del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, puede obedecer a una causa estructural, expresada en el progresivo aumento de los sentimientos negativos hacia la política entre sectores más numeroso de la población y especialmente entre la gente joven (El País, 26 de febrero de 2007).
(9) Ésta aparece como la razón principal: un 41% de los encuestados apuntó como razón fundamental para no ir a votar la falta de información (El País, 3 de febrero de 2007). Y en una encuesta hecha tras el referéndum, el 40,5% cree que la causa de la baja participación es la falta de información (El País,  27 de febrero). Según el último Barómetro del  Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, en el mes de noviembre de 2006, el 48% de los andaluces no sabían que se iba a celebrar un referéndum para aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía, mientras el 47% sí lo sabían. En el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía del verano 2006 se recoge que tres de cada cuatro andaluces desconocen  el nuevo texto.
(10) Tomado en su conjunto, en Acción Alternativa valoramos el contenido del nuevo Estatuto, y aunque, como ocurre con cualquier texto de este tipo, sea difícil estar de acuerdo al 100% con su contenido, no hemos visto razones fundamentales o de verdadero peso que justificaran el votar no en el referéndum: a nuestro juicio, sobresalen más los aspectos positivos asociados a su contenido que los negativos o las ausencias. Por todo ello, aconsejábamos en esta ocasión pronunciarnos colectivamente a favor del voto en el referéndum. Aunque este apoyo no estaba exento de críticas a su contenido (por la permanencia y no cuestionamiento de la potestad exclusiva del Estado sobre las bases militares norteamericanas de Rota y de Morón; y por otras cuestiones relativas a la cooperación y la solidaridad, y a asuntos sociales y exclusión). En cualquier caso, será su aplicación, desarrollo y concreción lo que permita emitir un juicio en el futuro. 
(11) En una encuesta posterior al 18 de febrero, el 33,9% de los encuestados indican que la alta abstención se debe al desinterés de los ciudadanos por la reforma (El País, 28 de febrero de 2007).
(12) «… hemos pasado del subdesarrollo económico y cultural a un panorama similar al de las sociedades más avanzadas [del mundo]…» «El grado de desarrollo económico, social y cultural de Andalucía ha sido posible gracias al Estatuto de Autonomía» (Preámbulo).
(13) El crecimiento de Andalucía se sigue basando en la construcción y el turismo. Seguimos teniendo pendiente la asignatura de la industrialización y el desarrollo en sectores punteros. Nuestra agricultura intensiva es muy problemática. La desaparición de los fondos estructurales de la UE, de la que Andalucía ha recibido en estos 20 años unos 11.000 millones de euros, provocará sin duda problemas. Andalucía, junto a Extremadura, sigue siendo la región más pobre del Estado, con un 76% del PIB de la media de la UE (El País, 29 de diciembre de 2006). Andalucía perderá unos 400.000 millones de pesetas en el periodo 2007-2013 (El País, 20 de septiembre de 2005).
(14) Se siguen  manteniendo las diferencias entre comunidades autónomas ricas y pobres. Al comparar 1986 y 2004, el PIB por habitante ha crecido 1,28%. Entre 1986 y 2004, el PIB se situó en el 77,1% de la media nacional en 2004 (El País, 7 de enero de 2006). Los datos de la pobreza en Andalucía son importantes: así, para la APDHA, el 3,55% de la población andaluza vive en condiciones de extrema pobreza (El País, 10 de diciembre de 2005); y para Juan Torres, el 31% serían pobres, pues tienen menos del 60% de la media del ingreso disponible nacional, lo que se conoce como pobreza relativa (El País, 7 de diciembre de 2005).
(15) Qué significado tienen, más allá de lo obvio, si no estas palabras del preámbulo del Estatuto: «[Andalucía] no puede consentir que esas diferencias sirvan como excusas para alcanzar determinados privilegios (…) Andalucía respeta la diversidad pero no permitirá la desigualdad…».
(16) Valgan como ejemplo estas tres referencias del Preámbulo: «[Andalucía] pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas»; «La interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida se ha expresado a lo largo del tiempo…y se manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto, único entre las culturas del mundo…»; «El Manifiesto andalucista de Córdoba describió a Andalucía como realidad nacional en 1919, cuyo espíritu los andaluces encauzaron plenamente a través del proceso de autogobierno recogido en nuestra Carta Magna».
(17) Disposición adicional segunda y tercera. Esta última sirve para contraponerla a Cataluña, que se asegura la inversión del Estado en función de su aportación al PIB estatal, lo que le es más beneficioso en el caso catalán. 
(18) En el artículo 68 se puede leer textualmente: «Corresponde asimismo a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz».