José Sánchez
Crisis e inmigración: certezas e interrogantes
(Página Abierta, nº 214, mayo-junio 2011)

            Los años de crisis económica no han supuesto rupturas importantes con algunas de las características de la inmigración en nuestro país (por ejemplo, tasas de permisos permanentes, alumnos escolarizados, reagrupación familiar, nacimientos, nupcias y naturalizaciones [1]) que ya se estaban desarrollando antes de la crisis. (En cambio, sí ha supuesto una ruptura en la entrada de inmigrantes si comparamos el periodo 2000-2007 –una media de 500.000 por año– con los años sucesivos, y particularmente con el 2009, donde la caída es muy brusca). En definitiva, los nuevos vecinos abordan la crisis mayoritariamente sin romper con su proyecto de arraigo; sobresale cada vez más el perfil familiar frente al exclusivamente laboral. Así nos lo sugieren algunas estadísticas referidas tanto al empleo como a las cifras de residentes.

            La crisis está alterando la estructura de edades del empleo inmigrante, de forma que gana posiciones la franja de los de 35 y más años y las pierden la de los que tienen entre 16 y 34 años. Son los grupos más jóvenes con menor arraigo los que más han retrocedido: cerca del 85% del empleo perdido se ha dado en esa franja de jóvenes. Por el contrario, hay un protagonismo creciente de los nuevos inmigrantes de 35 a 64 años. Junto a estas diferencias por edades está también el de su marcada diferencia por sexos: se ha reducido el número de hombres (40.000 menos en los tres trimestres de 2010) y ha aumentado el de las mujeres en más de 44.000 en el mismo periodo  (2).

            Por otra parte, hasta el 31 de octubre de 2010, han aumentado los permisos permanentes y disminuido las renovaciones temporales (ver cuadro). Así, en los últimos doce meses, se ha incrementado en casi medio millón el número de autorizaciones de larga duración en vigor hasta situarse en 1.591.528 (el 63,3% del total).

            Tampoco ha dejado de aumentar el número de hogares extranjeros. En 2008 representaban el 10,7% del total de hogares, casi dos millones de hogares extranjeros, de ellos el 62% son hogares de no comunitarios. Aumenta también el régimen de tenencia de vivienda: el incremento de la tasa de propiedad experimentado entre 2004-2008 por los hogares procedentes del resto del mundo, compuesto en su gran mayoría por el colectivo de origen latinoamericano y algunos países del continente africano, pasó del 16,4% al 31,6%.

            Otro de los rasgos que la crisis no ha alterado sino que ha consolidado e incluso aumentado es el carácter estructural, necesario y no coyuntural de la inmigración. Así, la tasa de actividad de los inmigrantes apenas ha variado en estos años de crisis (3); es más, debido a la contracción demográfica de los nativos españoles, el peso de la inmigración en el total de activos siguió aumentando, y pasó de suponer el 15,6% al 17,6% entre el tercer trimestre de 2007 y el de 2010. Y lo mismo ocurre con los datos de empleo de los inmigrantes, que pasan del 16,7% del cuarto trimestre de 2007 al 17,2% en el tercer trimestre de 2010.

            A pesar de que uno de los elementos más distintivos de este periodo de crisis ha sido el frenazo a la entrada de inmigrantes en edad activa –de los 400.000 de 2008, de 95.000 en 2009 y de 28.000 para los tres primeros trimestre de 2010–, sin embargo, lo acaecido en estos años no ha alterado el peso de la creciente importancia de la población activa inmigrante en el total. Lo que se explica por la reducción de cierta intensidad de los nativos.

            La evolución del empleo inmigrante es parecida a la nativa pero con dos diferencias. La primera muestra cómo la contracción de la ocupación es de menor intensidad: la pérdida acumulada desde el inicio de la crisis es para los inmigrantes un 5,4%, frente a la del empleo nativo, situada en un 10,5%. La segunda diferencia es que la destrucción de empleo en el caso de los inmigrantes se produce fundamentalmente entre 2008 y 2009, mientras que en el 2010 se observa un aumento del empleo.

            Además, la mayoría de los inmigrantes que pierden su empleo siguen cotizando a la Seguridad Social como perceptores de prestaciones por desempleo (4).
Del mismo modo, hay continuidad en la complementariedad laboral: la crisis no está provocando sustitución de trabajadores españoles por trabajadores extranjeros. En casi todas las ocupaciones en las que los españoles pierden empleos, también los pierden los extranjeros (5).

            Aparte de lo ya señalado sobre actividad y empleo, también hay diferencias en el desempleo. La principal razón de aumento del desempleo entre los inmigrantes es el aumento de los activos (un 78,1% del total), mientras que entre los nativos es la destrucción de la ocupación.

            Las tendencias de fondo, pues, de la participación de la inmigración en el mercado de trabajo no solo no se han alterado con la recesión, sino que han continuado reforzándose.

            Tras estos años de crisis, hay evidencias suficientes para creer que el modelo migratorio español ha quedado establecido en lo que son sus rasgos fundamentales. Los rasgos estructurales, de procedencia (rumanos, marroquíes, ecuatorianos y colombianos como principales nacionalidades que suman el 40%), arraigo y concentración geográfica,  ya han fraguado (6).

            Un factor importante a tener en cuenta es que la intensidad y extensión de la crisis nos sitúa en una perspectiva de una larga y lenta recuperación del empleo. Las consecuencias sobre la población inmigrante serán el aumento de la irregularidad sobrevenida y la probabilidad de quiebra de los procesos de integración. El empleo como elemento indispensable de integración no funciona, a fecha de hoy, y pasará algún tiempo hasta que lo pueda hacer. La irregularidad será ahora provocada más por causas internas que externas.
El perfil de la inmigración en España es, en sus aspectos generales, favorable para su integración, y más especialmente dado su carácter familiar, fundamento social del arraigo (7). Por ello es necesario insistir en las claves de futuro, que pasan por la mejora ocupacional de los adultos, asociada a mejores expectativas de vida, el éxito educativo de los menores y el reconocimiento de derechos políticos (8).

            La situación del mercado laboral (ver recuadro) previa a la crisis reflejaba una distribución segmentada de los trabajadores inmigrantes por la estructura ocupacional, una posición dual, subalterna, posición que podía ser aceptada por los propios inmigrantes (primera generación) durante un tiempo. Entonces lo que generaba preocupación era la lentitud del progreso ocupacional, sus límites. Ahora, con la crisis, este proceso puede hacerse todavía más duradero y alargarse más allá de la primera generación, con lo cual el ascenso en la escala ocupacional no solo se frenaría sino que estaríamos retrocediendo, y la señal que se emite a las generaciones siguientes es la de la exclusión permanente (9). Por otra parte, la dificultad de trasladar su capital humano y educativo al mercado de trabajo español es grave y duradera.

            La inmigración vuelve a la agricultura (10) y al servicio doméstico. Se altera así la situación de antes de la crisis que hacía de estos sectores la puerta de entrada al mercado laboral español, pero donde la permanencia era limitada, para pasar a otras actividades. Las ramas de mayor crecimiento son, fundamentalmente, la agricultura (11), donde el empleo inmigrante ha crecido un 53,3%; el sector de empleadas de hogar, un 34,7%, seguidas del establecimiento de venta de bebidas y el comercio al por menor. Estos cuatros sectores representan más de uno de cada tres empleos inmigrantes, mientras que antes de la crisis era uno de cada cuatro (12).

            Examinemos a continuación cómo puede afectar la crisis al proceso de inserción residencial y de habitabilidad. Hasta ahora no se habían planteado graves problemas de hacinamiento ni de segregación. Se estaba lejos, pues, de un hacinamiento generalizado entre los inmigrantes. Esta situación está cambiando. Los servicios de Cáritas observan un aumento de los índices de hacinamiento a consecuencia del creciente desempleo. El subarriendo a familias está mucho más extendido y es frecuente el cambio de domicilio en gran parte del territorio. La dificultad en el pago de la vivienda (hipoteca o alquiler) es el problema más extendido e intenso (13). Ello puede suponer un retroceso en las pautas residenciales que se venían experimentando, dando lugar a otras más problemáticas, con consecuencias para la convivencia vecinal.

            Sin lugar a dudas, esta situación repercutirá sobre los menores en la medida en que, como se insiste en diversos estudios, son las condiciones sociales y económicas de la familia del alumno la causa principal de fracaso escolar.

            Una de las actuaciones prioritarias durante la crisis debería ser evitar la recaída en la irregularidad, limitar al máximo la “producción institucional” de irregulares (14). Aunque probablemente una parte de los que se han ido pertenece a este grupo de población (el retorno voluntario y forzado, considerados conjuntamente, apenas supone un 1% del total de población inmigrante). Eso, a pesar de que las políticas de retorno voluntario establecidas a partir del año 2008, y que culminan en 2010 con dos convocatorias de subvenciones, que suman más de 10 millones de euros, para que entidades privadas promuevan y faciliten con fondos públicos el retorno de inmigrantes regularizados y no regularizados (15). En el caso de los que se quedan, los apoyos familiares y sociales son muy raquíticos y las posibilidades de prestaciones sociales también.

            Según Cáritas, los irregulares sobrevenidos son ya 100.000. Lenta, pero inexorablemente, la irregularidad vuelve a crecer en el tiempo de crisis. Se estima que en esa situación había 483.492 personas en 2010 (16).

            En este sentido, los datos aportados por Cáritas y Cruz Roja en diversos informes no son positivos. No deja de aumentar el número de extranjeros atendidos por estas entidades, hasta situarse en más de la mitad de las personas a las que prestan atención los servicios de acogida y asistencia de Cáritas (el 37% en situación de irregularidad) y el 37% en el caso de la Cruz Roja. Es preocupante la dejación de responsabilidad por parte de los servicios sociales públicos: alrededor de la mitad de las personas acogidas en Cáritas son derivadas desde estos servicios sociales (17).

            Por su parte, la Cruz Roja, en su “Informe anual sobre la vulnerabilidad social 2008-2009”, en el que se analiza la situación del conjunto de personas participantes en sus programas de intervención social, recoge un apartado específico del perfil de las personas inmigrantes atendidas. Según el estudio, a estos programas acuden más hombres (53,7%) que mujeres, con una media de edad entre 25 y 30 años (tanto en hombres como en mujeres). En el caso de las mujeres que acudieron a esos programas, un 90,6% tiene un hijo o más, y de él, un 27,5% tiene tres o más hijos.

            A los malos tiempos económicos se unen también los sociales y políticos que recorren Europa y España, donde la gestión de la inmigración se enfrenta a grandes dificultades. Al riesgo de exclusión económica y social provocado por la crisis económica se unen los discursos políticos populistas y xenófobos, como las acusaciones de “incivilidad” de los inmigrantes (18) o la propuesta de “contrato de integración”, que tratan de legitimar determinadas actuaciones: impedir el empadronamiento (19), controles policiales, denunciados por Cáritas, a las puertas de sus centros, redadas policiales denunciadas por APDH, y los nuevos tiempos sociales, en los que las opiniones y actitudes de la sociedad con respecto a la inmigración están cambiando.

            También se aprecian cambios en el discurso funcionalista sobre la inmigración (utilidad económica), que ha sido sustituido por otro basado más en la desconfianza, en agravios comparativos (20), y este último se desliza hacia otro en el que aparece la preocupación por la competencia en el empleo, que puede propiciar un discurso de preferencia nacional en el mercado de trabajo.

            Desde luego, la perspectiva de un cambio de Gobierno en España para 2012 nos situaría en una mayor sintonía con los peores vientos que recorren Europa.

            De todas formas, a pesar de los pronósticos, las “costuras” no han estallado, lo que dice bastante de la capacidad de acogida de la sociedad española, que está siendo mayor que la de otras instancias. La cohesión social entre 2007 y 2009 ha aguantado bien y no se han producido graves fracturas sociales, aunque es obvio que la situación socioeconómica ha empeorado. No obstante, algunos grupos han resistido mejor que otros (21).

            Sin embargo, es probable que en el futuro acabe apareciendo la competencia con los autóctonos en los empleos no cualificados (o al menos, la sensación de competencia), a lo que se sumará el empeoramiento de las prestaciones sociales, de los servicios públicos y de la habitabilidad en la ciudad.

            Por ello se debe consolidar un discurso sobre la necesidad del arraigo de los inmigrantes en la sociedad nativa, discurso que integre la diversidad, la interculturalidad, pero donde no conviene olvidar que la lucha por la igualdad de trato social y contra la discriminación va a tener una importancia fundamental. La exclusión es un proceso que se transmite generacionalmente y la educación es la mejor herramienta para romper esa herencia.

            Y, por otro lado, hay que insistir en la importancia de la coordinación competencial entre las Administraciones públicas, en la cooperación (no en la asimetría) en las actuaciones de las diferentes comunidades autónomas y el Gobierno central para armonizar las políticas de acogida, donde se produce una mayor variedad de enfoques, pues lo que hace una Administración acaba afectando también a otras Administraciones y territorios.

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(1) España es uno de los países donde es más difícil acceder a la nacionalización, según el informe MIPEX, publicado en Bruselas por el British Council y el Migration Policy Group, febrero de 2011.
(2) Aja, E., Arango, J., Oliver, A. (eds.), Inmigración y crisis económicas, Barcelona, Cidob, 2010,  pp.130 y ss.
(3) Entre el 77,31% de 2008 y el 76,2% de 2010,  según el INE para el cuarto trimestre.
(4) En noviembre de 2010 había 441.658; en 2009, 454.656, y  283.711 en 2008. Estos datos suponen que siempre más del 70% de los parados registrados están cobrando el desempleo.
(5) Pajares, M.: Inmigración y mercado de trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010, p. 91.
(6) Aja, E., Arango, J., Oliver, A. (eds.), óp. cit., pp. 162 y ss.
(7) El apoyo de las redes familiares –que han jugado un papel fundamental en la acogida del grueso de la inmigración “económica” procedente de América Latina (Perú, Bolivia y Ecuador) y África (Marruecos), aunque colombianos, argentinos y africanos subsaharianos se apoyaron también de manera significativa en redes de amistad, probablemente porque contaban con menos familiares en España– es probable también que se corte y se reduzca a la familia nuclear. (Ver el estudio del Colectivo IOE, Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: El Mercado de Trabajo y las Redes Sociales de los Inmigrantes, 2010).
(8) Para la importancia de los derechos políticos, y en particular sobre el derecho al voto, ver artículo de María Gascón “La población inmigrada y las elecciones del 22 de mayo”, publicado en la web Pensamiento Crítico, 20 de abril de 2011.
(9) Izquierdo, A., Modelos de inmigración y los riesgos de exclusión, Fundación Foessa, 2008,  p. 53.
(10) Aunque también parece estar ocurriendo con los españoles, al menos con la fresa y la recolección de la aceituna. Ver información aparecida en El País los días 4/4/11 y 16/4/11 respectivamente.
(11) Esta mayor prevalencia del sector hogar y del sector agrario, lo que nos revela es que estos dos sectores son sectores refugio, tanto para el empleo efectivo como para garantizar la cotización necesaria al renovar las autorizaciones de trabajo en el caso de los no comunitarios. (Informe publicado por la UGT Situación de los trabajadores extranjeros, 2011).
(12) García, I, Troncoso, D., en Aja, E., Arango, J., Oliver, A. (eds.), óp. cit., pp. 210 y ss.
(13) La tasa de morosidad de los nacionales es de 0,21%, frente al 0,20% de los inmigrantes en datos referidos a hipoteca. Hay que tener en cuenta también que las personas inmigrantes suponen ya un tercio de los inquilinos en España según datos de Banesto. (EAE Business Shool, Las condiciones de vida de la población inmigrante en España, 2010).
(14) En este sentido, el artículo 71.2.f del nuevo Reglamento de Extranjería contempla nuevos supuestos de renovación de autorización de residencia y trabajo.
(15) Informe de UGT antes citado.
(16) Informe La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas, informe de 2010, publicado el 17/3/2011.
(17) Las principales demandas atendidas por Cáritas son las de alimentación, vivienda y empleo, y las derivadas de las particularidades de esta crisis (falta de liquidez por el excesivo endeudamiento, agotamiento de las prestaciones y debilidad de los recursos sociales). (Informe Consecuencias de la crisis económica sobre los servicios de atención a la pobreza: un análisis desde Cáritas, publicado en ARI, 22/12/2010).
(18) Artículo Ley extranjería, comportamiento incívico y xenofobia, publicado en REICAC en enero de 2011. En el naciente debate sobre la civilidad o incivilidad, dos son, hasta ahora, las peticiones implícitas planteadas, por ejemplo, por algunos consistorios catalanes: las “actitudes incívicas” de los inmigrantes acarrearían no poder acceder al permiso de residencia por arraigo ni poder reagrupar a sus familias.
(19) En el informe de Cáritas Empadronamiento de extranjeros y cohesión social, publicado en noviembre de 2010, se alerta sobre las dificultades que se ponen en la actualidad para el empadronamiento.
(20) No parece que sea la competencia por los puestos de trabajo lo que genere problemas. Como indica el estudio de Cea y Valles 2009, es la percepción sobre las ayudas y servicios públicos lo que está aminorando la capacidad receptiva de la población española. En 2008, han aumentado los entrevistados que piensan que los inmigrantes reciben más ayuda y protección por parte de los servicios públicos que los españoles.
(21) Ver informe de Laparra, M., El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España 2007-2009,  Fundación FOESSA, 2010.