José Sánchez y J. Federico Barcelona
La encrucijada de IU en Andalucía
(Página Abierta, 222, septiembre -octubre de 2012)

El resultado de las últimas elecciones autonómicas en Andalucía deparó sorpresas en todas direcciones, como es bien conocido. Hacia la derecha, donde el PP daba prácticamente por ganada la importante y añorada “plaza andaluza”, con lo que hubiera alcanzado un poder institucional desorbitado dado el peso territorial, demográfico y sociopolítico de Andalucía en España. Y hacia la izquierda política, sindical y social, en donde crecía el desánimo y la impotencia, tras la holgada mayoría absoluta del PP en las elecciones generales y las durísimas medidas económicas que enseguida puso en marcha su Gobierno y las que anunciaba para el futuro.

Las elecciones andaluzas se producían en un momento en el que la credibilidad de la izquierda política y sindical más representativa acusaba el lastre de su impopularidad1y, además, estaba desplazada del éxito de las movilizaciones del 15-M, impulsadas y organizadas al margen de casi toda ella. En este cuadro, Izquierda Unida de Andalucía quedaba situada en un espacio intermedio, contaminada en cierta medida por el descrédito de los partidos, los políticos y, en algunos casos, por su labor institucional, y diferenciada de ellos por proximidad a otros sectores y a otros discursos1.

Los recortes y medidas socioeconómicas del Gobierno de Mariano Rajoy, movilizaron a buena parte de la sociedad de izquierda, lo que tuvo expresión en las manifestaciones impulsadas, principalmente, por los sindicatos mayoritarios, y en los resultados electorales de Andalucía, que duplicaron la representatividad institucional de IU en el parlamento andaluz, castigaron relativamente al PSOE-A, y abrieron la posibilidad de frenar el avance del PP mediante algún tipo de pacto entre IU-LV-CA y el PSOE-A2.

La dirección de IU de Andalucía, en manos del PCA de Diego Valderas, expresó claramente desde el principio que no permitiría un gobierno del PP en Andalucía (como ocurrió en Extremadura), comprendiendo y conectando con el muy mayoritario sentir de sus afiliados y sus votantes. En este punto, se abrían varias posibilidades para concretar un acuerdo que garantizara para la izquierda el Gobierno de la Junta de Andalucía3, e Izquierda Unida escogió la postura más comprometida y más consistente, y seguramente no la más cómoda ni fácil (como trataremos de explicar): participar en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

La entrada de IU en el gobierno de Andalucía4, ha sido una decisión refrendada mayoritariamente (80%) por sus afiliados en base a un programa de gobierno (“Acuerdo por Andalucía”) que marcará lo que será la línea de actuación de IU durante los 4 años siguientes. A pesar de ello esta posición no está exenta de interrogantes, provocados, por un lado, por la gravedad de la crisis económica y las políticas impuestas desde Madrid y Bruselas que dejan poco margen para políticas de izquierda, y por otro lado, desde el propio seno de la coalición por parte de aquellos que piensan que no se tenía que haber entrado en el gobierno y que el PSOE no es el mejor acompañante para  una política de izquierda. Posiblemente, estos dos elementos se van a ir reforzando en un sentido directamente proporcional, es decir, a medida que los márgenes de actuación del gobierno de Andalucía sean menores probablemente aumenten las divisiones y malestares dentro de IU.

Aunque la reticencias y voces contrarias a la política oficial de IU se han producido desde el mismo momento de la convocatoria de las elecciones autonómicas y no han parado a lo largo de estos meses de gobierno (primero  manifestándose contra la entrada de IU en el gobierno, después con la no votación a Griñán como Presidente), sin duda el momento de mayor tensión, hasta ahora, se ha vivido con la aprobación por el parlamento del Plan de Ajuste, donde tres de los 12  parlamentarios de IU no siguieron la posición oficial de la coalición, votando dos en contra y ausentándose un tercero en el momento de la votación. Este malestar en la coalición ha estado liderado por Juan Manuel Sánchez Gordillo, al que se han sumado algunas otras voces del PCA.

Este hecho (las reacciones a la  aprobación del Plan de Ajuste), ha obligado al grupo parlamentario (en una comunicación del 17/05/12) y a la dirección de IU (“Carta a la militancia” del 22/06/12, de Diego Valderas) a explicar y defender su posición.

En ambos escritos se justifica lo hecho en torno a los mismos argumentos:

  • El Plan de Ajuste de 2700 millones del Presupuesto de 2012 es impuesto por el gobierno de Rajoy a Andalucía que quiere desmantelar la educación y la sanidad, privatizándolas, y asfixiar a Andalucía5
  • El Gobierno Andaluz, a diferencia de otras CCAA, aplica este ajuste sin despidos en la administración pública y manteniendo los servicios públicos especialmente educación y sanidad. En concreto se opta por aplicar este ajuste a costa, entre otras, de las partidas de inversiones y sobre todo de los salarios de los empleados públicos con la que se pretende ahorrar una partida de 770 millones… Esto último es lo que más protestas ha provocado. Al malestar interno de la coalición se han sumado también los sindicatos y sectores del funcionariado que igualmente se han opuesto a la aplicación y aprobación del Plan de Ajuste y que ven como los empleados públicos han ido reduciendo sus salarios en cerca de un 21% desde el inicio de la crisis.

IU hace suyo la aplicación de este ajuste diciendo que hay unas líneas rojas que no se han traspasado y de las que IU es su garante, así la reducción de los 770 millones (IU ha conseguido dejarlo en 740) que se aplicará a los funcionarios (reducción de salarios), se defiende a cambio de que no se despida a empleados públicos (si no se hiciera de esta manera obligaría al despido de 24.000 personas), mantener la calidad en los servicios públicos y no reducir prestaciones sanitarias. Además esta reducción salarial será progresiva no tocando a los mileuristas.
IU reconoce que el ajuste implica sacrificios injustos para los funcionarios pero “Ante dos injusticias hemos optado por la menos lesiva y con un carácter temporal y reversible”6.
Algunos dirigentes destacados de IU7defienden que esa “solidaridad” que se pide a los funcionarios va a posibilitar que sigan trabajando los interinos8en la enseñanza, que tampoco se aumenta la ratio escolar y no se despiden empleados de los servicios públicos a diferencia de lo que ocurre en otras CCAA. 

- El plan de ajuste se completa con otras medidas para aumentar los ingresos (medidas de carácter fiscal) y medidas de austeridad y eficiencia. Así, la administración periférica de la Junta se ha reducido, los delegados provinciales han pasado de los 97 de la anterior legislatura a los 49 actuales, con un ahorro estimado de 2,7 millones de euros. Los altos cargos de la administración se han bajado el sueldo un 7,5% y desde el 2010 un 27,3%9. Disminución de cargos, de coches oficiales, etc10
También se utiliza como argumento la singularidad de lo que se está haciendo en Andalucía frente a otras CCAA, para defender que estas particularidades se deben a la presencia de IU en el gobierno11.
Además IU tomará iniciativas de carácter legislativo, jurídico (recursos de inconstitucionalidad contra las medidas de Rajoy) y presión ciudadana en la calle para frenar el intento de acabar con el estado de bienestar.

La carta de Diego Valderas a la militancia de IU, además de reiterar todo lo anterior, defiende lo que se está haciendo apoyándose en el documento aprobado por sus bases para la entrada de IU en el gobierno, “Pacto de gobierno por Andalucía”, y enumera alguna de las medidas puestas en marcha en los 46 días que van de gobierno, entre ellas “el plan de choque por el empleo”, y pone especial énfasis en las creación de la comisión de investigación de los ERES, que está presidida por IU12. El coordinador de IU también lanza en esta carta un órdago a la hora de defender la posición de IU frente al Plan de Ajuste, pues la otra alternativa que había que era votar NO, haciendo caer al gobierno de Izquierda y provocando la convocatoria de nuevas elecciones andaluzas, lo que nos llevaría a un escenario de desestabilización y favorable a las posiciones del PP.

Sin embargo, desde el gobierno de Rajoy no dejan de anunciarse nuevas medidas de ajuste y reducción del gasto que trastocan las medidas  tomadas por el gobierno andaluz. Esto ha ocurrido con la decisión del gobierno central de quitar la paga extra de navidad a los funcionarios, lo que ha obligado a Junta a dar marcha atrás en sus medidas de reducción salarial para no castigar dos veces a los empleados públicos andaluces. O con la nueva medida acordada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de limitar el endeudamiento para el 2013, con una reducción de 2.700 millones menos respecto a 2012 (-1,9%), medida que ha encendido todas las alarmas tanto en el PSOE como en IU, porque supondría trastocar los presupuestos de 2013 y haría inviable mantener lo que hasta ahora se defiende como las líneas rojas que no se pueden traspasar. Las declaraciones de los líderes del PSOE y de IU, así lo ponen de manifiesto. Por parte del PSOE, en palabras de Griñán, diciendo que eso obligaría al cierre 2.000 colegios, 19 hospitales y al despido de 60.000 empleados públicos13, y por parte de IU, anunciando que los nuevos recortes impuestos harían inviable su “Pacto de Gobierno”, y su intención de defender la convocatoria de un referéndum al pueblo andaluz en el caso que Andalucía se vea obligada a pedir el rescate al gobierno central, porque implica una limitación de la autonomía que fija el Estatuto.

Estas nuevas medidas de Rajoy venían a  coincidir con los primeros  100 días de gobierno, y aunque en las declaraciones se hacía una valoración positiva tanto por el PSOE (“el catenaccio andaluz”), como por IU, que resaltaba los 300 millones destinados al plan de choque y fomento del empleo agrario que va permitir la creación de 11.000 puestos de trabajo, se ponían también el acento en los nuevos ataques que estaba sufriendo Andalucía por parte de Rajoy.

Contando con estas circunstancias, todo parece indicar que la situación para IU se va a ir complicando enormemente, pues va ser difícil combinar las responsabilidades de gestión en el gobierno con una realidad adversa y de “alarma social”. Su posición en el Gobierno andaluz va ser cada vez más incómoda, reflejo de ello es el caudal de declaraciones que viene haciendo Valderas. Así, en una carta publicada en El País del 03/08/12 titulada “Sin política no hay país”, se rebelaba contra el pensamiento totalitario que dice “no hay dinero y por tanto no hay política”, y por tanto tampoco mandato representativo ni hay por qué cumplir los programas electorales, y en la que abogaba por una rebelión democrática de los ciudadanos. O la última coincidiendo con los 100 días de gobierno en las que decía como consecuencia de la limitación en el techo de endeudamiento andaluz para el 2013: “cada día se hace más imposible orientar los compromisos” (Pacto de gobierno)14. A ello hay que sumar las acciones sorpresa protagonizadas este verano por el SAT, liderado por Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, con una gran repercusión mediática aunque no exenta de polémica; acciones que han obligado a IU a hacer declaraciones prudentes y, como se suele decir en el argot popular, “a nadar y guardar la ropa”, y que también van a agudizar las tensiones internas que vienen acompañando a IU desde su  entrada en el gobierno.

Probablemente, para contrarrestar el protagonismo de Sánchez Gordillo y retomar la iniciativa, IU ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta clave del programa electoral andaluz y del gobierno de la Junta, crear un Banco de Tierra, y Diego Valderas, Vicepresidente andaluz, ha fijado un decálogo de exigencias al PSOE para el nuevo curso político, que incluye medidas como: la renta básica, el banco de tierra, normas sobre desahucios, presupuestos solidario para los problemas de liquidez de servicios básicos (escuelas infantiles, comedores, aula matinal), ley de transparencia, etc., medidas que justificarían la presencia de IU en el gobierno y que tienen como objetivo clave reducir la pobreza y el paro. Algunas de estas medidas se han empezado a concretar con la creación de un Banco de Alimentos controlado por la Administración, la creación desde a Consejería de Fomento, en manos de IU, de una red de oficinas para evitar desahucios15o la propuesta de poner en marcha un Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea), el antiguo PER con carácter especial y con fondos extraordinarios16.    

Está por ver con qué margen de autonomía cuenta el gobierno andaluz y cómo se usa. Pero si como todo parece indicar los márgenes que dejan Madrid/Bruselas se van estrechando, especialmente si la Junta de Andalucía se ve obligada a pedir el rescate a Madrid, hasta el punto que las decisiones que se tomen en Andalucía sean  irrelevantes  y la capacidad de autogobierno se reduzca se manera fundamental, entonces será muy complicado17demostrar que es viable gestionar la crisis de otra manera a como lo está haciendo la derecha (es decir, priorizando la defensa y mantenimiento del estado del bienestar, del Estatuto de Autonomía, en definitiva, aplicando el “Acuerdo por Andalucía”) y la dirección de IU se verá abocada a lidiar con graves dilemas, pues seguramente le resultará muy difícil seguir defendiendo sus actuaciones y compromisos en el gobierno, alentar un discurso de protestas en las calles y acallar a los sectores dentro de IU que vienen defendiendo no estar implicados en el gobierno. Todo ello podría provocar importantes consecuencias en IU a medio plazo y frustrar de nuevo sus expectativas electorales. Aunque IU se aferra a su compromiso de estabilidad y sostenibilidad para con el gobierno de la Junta, tampoco puede dejar de tener en cuenta los problemas señalados. Las declaraciones de Diego Valderas, insistiendo en proponer la posibilidad de convocar un referéndum, cabría interpretarlas como una salida a la encrucijada en que está atrapada IU, en la que ningún camino parece llevar a buen puerto.

Más allá de lo que ocurra con IU, los dilemas planteados cabe trasladarlos al conjunto de la sociedad y particularmente a los sectores más activos de la izquierda. Si las esperanzas y expectativas generadas tras las elecciones andaluzas en amplios sectores sociales se ven frustradas, las consecuencias no serán positivas para el conjunto de la izquierda, y probablemente las tendencias que crezcan sean bastante inquietantes y desoladoras.      

NOTAS
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1 Por ejemplo, vía ATACC, organización de la que es miembro destacado Alberto Garzón, diputado de IU por Málaga en el Congreso de los Diputados. O por el peso relativamente importante dentro de IU de sectores autodenominados de izquierda revolucionaria, anticapitalista o antisistema, representados en la CUT y el SAT de Sánchez Gordillo y Diego Cañamero; con representatividad muy limitada en el conjunto de Andalucía, pero significativa en la provincia de Sevilla, en la que Juan Manuel Sánchez Gordillo encabezó la lista de IU al parlamento andaluz.

2 Composición del parlamento andaluz: PP, 50 escaños; PSOE-A, 47 escaños; IU-LV-CA, 12 escaños.

3 Apoyar puntualmente un Gobierno del PSOE-A en minoría, concretar un pacto de legislatura con el PSOE-A pero sin participar en el Gobierno y, finalmente, participar en el Gobierno con el PSOE-A.

4 IU cuenta con la Vicepresidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía (Diego Valderas) y con tres de las once Consejerías: Administración Local y Relaciones Institucionales, con Diego Valderas; Fomento y Vivienda, con Elena Cortés; y Turismo y Comercio, con Rafael Rodríguez.

5 Comunicación del grupo parlamentario de IU: “¿Cómo hay que interpretar que del ahorro que promete el Gobierno de Rajoy a Bruselas –22.891 mill €-, la mitad -11.000 mill €- correspondan a sanidad y educación? Quieren el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales en favor del sector privado. Solo propician más despidos de sanitarios y profesores”.

6 Según el propio documento del grupo parlamentario de IU:
En nuestra Comunidad existen unas líneas rojas, unos perfiles, que son destacables:

  • Medidas de austeridad: empezando por el Gobierno, reduciendo altos cargos, bajando sus retribuciones, reduciendo flota de vehículos o gastos de protocolo, etc.
  • Medidas de eficiencia: en la gestión del gasto, como las plataformas centralizadas de compras o la subasta de medicamentos son un ejemplo. ¿Por qué el PP ve mal el ahorro a través de la subasta de medicamentos y prefiere despedir sanitarios? Arenas debe explicar esto a los andaluces.
  • No se sube la ratio en educación y no se prescinde (elimina, recorta) ninguna prestación sanitaria o educativa, elemento fundamental para IULV-CA.
  • No hay ningún despido de ningún empleado/a público. Condición sine qua non de IU más la afectación mínima a la estructura salarial básica.
  • Aumento de los ingresos: compartimos esta decisión en general. Llevar al máximo los tramos en IRPF y el impuesto sobre el patrimonio es necesario y aceptable, tocamos las rentas superiores a 60.000 y 120.000 euros.
  • Homogeneización del sector público con la Admón. Gral. Junta Andalucía, que presentaba diferencias escandalosas en algunos casos.

7 Carta de 16/05/12 de Pedro Vaquero, diputado andaluz por Granada de IU, y destacado dirigente del PCA y de IU.

8 En la carta de DiegoValderas defiende que IU ha conseguido que la reducción salario/jornadas sea del 10% y no del 15% como estaba previsto.

9 Carta de Diego Valderas a la militancia de IU.

10 Según el propio documento del grupo parlamentario de IU: ¿Qué otras medidas se pueden adoptar? Hay que explorar todo, teniendo acceso de manera transparente a la realidad económica-financiera de la Junta de Andalucía. El GP IULV-CA entiende que podrían girar en torno a:

  • Eficiencia: revisar y reducir conciertos con empresas privadas y otras entidades en sanidad y educación fundamentalmente, así como la reducción y/o eliminación de asesoramientos externos.
  • Austeridad: revisión de la utilización del patrimonio inmobiliario. No se trata solo de la venta de patrimonio para generar ingresos como plantea el Plan, también hay que valorar la reducción de alquileres, que cuenta con una consignación en los PJA 2012 de más de 90 millones de euros.
  • Ejemplaridad: el Gobierno y los altos cargos deben ser los primeros en este sacrificio, por lo que se pueden estudiar más medidas de ahorro en este ámbito.
  • Sector público: continuar con los esfuerzos de racionalidad y eficiencia en dicho sector para que, cada vez más, sea ejemplo de austeridad.
  • Fiscalidad: estudiar nuevas figuras tributarias que se puedan poner en marcha en Andalucía. Fiscalidad ecológica, impuesto a las grandes superficies comerciales, etc.

11Es cierto que Andalucía presenta un perfil diferente a los planes de otras Comunidades. Los planes presentados por Gobiernos de derechas, como por ejemplo el de Artur Mas en Cataluña, tienen como centro de sus recortes económico-sociales el despido de empleados públicos y la privatización de servicios esenciales. O en palabras de Diego Valderas: “Podríamos no aplicar unas medias que permiten no despedir a trabajadores públicos, ni cerrar servicios y que evita privatizaciones dando paso a lo propuesto por los Gobiernos Autonómicos del Partido Popular que animan a no aplicar el ajuste de 747 millones en materia de personal lo que provocaría el despido de 24.000 trabajadores de la función pública andaluza. La Comunidad de Madrid despedirá a 6472 trabajadores públicos. Castilla la Mancha cerrará 64 colegios rurales. El Gobierno de Aragón retirará 15.000 tarjetas sanitarias a personas residentes en la Comunidad por encontrarse en situación irregular”.

12 Como recoge la carta de Valderas a la militancia: “Es la primera vez en 17 años que hay una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía. El PSOE se negó hasta en 10 ocasiones a constituir una comisión para investigar el uso fraudulento de fondos públicos. Sólo gracias a Izquierda Unida se investigará este asunto “buscando la verdad”, bajo las premisas expresadas por el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro: “Caiga quien caiga” con la comparecencia de “sea quien sea” y “esté o no esté en el actual Gobierno”. Esas serán las bases de trabajo de una comisión de investigación, que presidirá IU que hará su labor “sin vetos, pero sin caer en cacerías políticas”.
13 El País, 02/08/12

14 El País, 12/08/12

15 El País, 03/09/12 y 07/09/12
16 El País, 28/08/12

17 Los sindicatos CCOO y UGT, piden a Griñán que deje de ser sumiso y leal con Rajoy, y advierten del vacío de competencias autonómicas que se avecina. El País, 07/09/12.