Josu Ugarte Gastaminza
¿Es posible educar para la paz en el País Vasco?
(Hika, 198zka. 2008ko apirila)
En diciembre de 2007 se aprobó en Consejo de gobierno el denominado Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (2008-2011) después de un largo y farragoso proceso de redacción del documento final. Los avatares de la discusión política, cuando la ha habido, han sido igual de tormentosos que los de otros planes relacionados con nuestro sistema educativo, léase el nuevo currículo vasco o la reforma de los modelos lingüísticos. En la génesis y el debate sobre el plan de educación para la paz se aprecia la enorme dificultad que tiene nuestro gobierno para alcanzar el consenso necesario en asuntos que lo requieren, por lo delicados y sensibles que son políticamente. Ni socialistas ni populares, cuyos concejales y parlamentarios son diana de ETA, ni las asociaciones de víctimas aprueban el plan. Con toda seguridad, nace seriamente herido.
Hay que convenir que la educación para la paz en el País Vasco no es tarea fácil. Es una educación que tiene que abrirse a los problemas del mundo, pues una sólida formación y educación sentimental sobre la geopolítica de los conflictos, la pobreza o el analfabetismo, la persistencia del esclavismo o la explotación laboral y sexual de niños y mujeres, es absolutamente necesaria para llegar a ser conscientes de nuestra situación de privilegio y de la cuota de responsabilidad de nuestro modelo social y económico en la generación y mantenimiento de esas situaciones. Es, además y en estos momentos de modo especial, una educación que debe afrontar decididamente algo tan ‘nuestro’ y específico como lo es la violencia terrorista y la cultura de la violencia tan estrechamente asociada a ella y tan cómodamente instalada entre nosotros; es una educación que exige hacer presentes a las víctimas y que la convierte en una tarea difícil, pero ineludible. En palabras de Xabier Etxeberria «[…] impulsar la presencia sistemática y planificada de las víctimas del terrorismo en los procesos de educación para la paz es una tarea pedagógicamente delicada, pero imprescindible. Las dificultades reales no deben inhibir las iniciativas al respecto, como desgraciadamente está sucediendo, sino estimularnos a todos los responsables de los procesos educativos, cada uno en su nivel y a la vez coordinadamente, para hacer de ellas un reto y una oportunidad».1
CÓMO SE HA GESTADO EL PLAN
Siendo como es el primer plan vasco de educación para la paz tras cerca de treinta años de gobiernos democráticos en un contexto asfixiante de violencia terrorista, su elaboración ha sido desordenada y el debate parcial e insuficiente. Ni la opinión pública ha sido informada convenientemente, ni la comunidad educativa ha participado activamente, ni las organizaciones cívicas han intervenido críticamente, salvo contadas excepciones, ni los partidos de la oposición no nacionalista han aplicado todas sus capacidades. Sí se han revelado algunas tímidas reyertas internas en el Gobierno vasco y, como decía anteriormente, algunos análisis críticos de unas pocas organizaciones sociales.
El papel estelar lo ha ejercido la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia en esa inadecuada división del trabajo político entre departamentos y direcciones de departamentos de un gobierno con dificultades para coordinarse y consensuar los asuntos importantes. En mi opinión, la propuesta inicial habría sido seguramente mejor y habría salido más fortalecida si la Comisión Interdepartamental de Educación en Derechos Humanos y por la Paz del Gobierno vasco hubiese confeccionado, discutido internamente y avalado el documento del plan para su posterior discusión y búsqueda de consenso con el conjunto de las fuerzas políticas en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, y con las asociaciones de víctimas y las organizaciones de paz y derechos humanos. Sin embargo, el protagonismo se lo ha llevado la Dirección de Derechos Humanos y no la Comisión Interdepartamental constituida en 2006 e integrada por siete direcciones de otros tantos departamentos, entre ellas la Dirección de Innovación Educativa, la de Derechos Humanos y la de Víctimas.
Pues bien, el documento inicial, de febrero del año pasado, parecía, y era, un documento de urgencia, pobre y confuso conceptualmente, genérico y desigual. Tenía cuarenta páginas. Después de muchas idas y venidas, de debates mal llevados en un remedo de proceso participativo con las organizaciones cívicas agrupadas en el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, de un debate inexistente con asociaciones de víctimas y organizaciones relacionadas con las víctimas,2 y del tortuoso debate político en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco con los partidos de la oposición que a día de hoy no han aprobado el plan, se ha llegado en sucesivas versiones al documento definitivo de más de doscientas páginas, de diciembre de 2007. En su momento consideré que el documento había crecido como si «[…] la suma de palabras y más palabras condujese de forma ineluctable a una mayor calidad de la propuesta».3 Desde luego, para aquellos que analizamos las sucesivas versiones del plan, fue una auténtica locura. Sin embargo, hay que conceder que el documento final mejoró un poco en los aspectos conceptuales aunque siguió siendo pobre, generalista y desigual, autocomplaciente en la visión de la acción gubernamental anterior, acumulativo y desordenado en la exposición de las acciones futuras de las administraciones públicas, empalagosamente correcto en el enfoque de las relaciones gobierno-sociedad civil. Además, se fundamentó en un diagnóstico de la educación para la paz en el País Vasco que se realizó tarde y mal, cuando este tipo de documentos deben ser sólidos y previos a la confección de cualquier plan.
SOBRE LAS FORMAS DE ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Cuando las instituciones públicas inician procesos de definición de sus políticas se suelen esforzar un poco más. Al menos así lo suelen hacer en ocasiones en materia de infraestructuras, políticas industriales o de empleo. En todo caso, reconociendo mi ingenuidad, sueño con que sigan alguna de estas pautas: «[…] elaboran buenos diagnósticos previos, establecen objetivos, estrategias y modelos de gestión, y avanzan las grandes líneas programáticas de intervención de las diferentes instituciones concernidas o los criterios para la participación de las organizaciones sociales. Para ello cuentan con políticos experimentados y técnicos competentes y, si lo necesitasen, acceden a personas u organizaciones expertas. Son capaces, en definitiva, de elaborar documentos acabados, bien fundamentados. Naturalmente, establecen los necesarios espacios para la participación ciudadana. Pero nunca confunden el papel que les corresponde como institución y el que corresponde a la sociedad civil. Todo lo contrario de lo que ha hecho nuestro Gobierno […]».4
Así decía uno de los documentos iniciales del plan: «Se trata de un borrador que precisa de una fase de contraste que se extenderá hasta finales de septiembre de 2007 y que, por tanto, no incluye contenidos definitivos. Serán las aportaciones y críticas de los agentes políticos y sociales las que deberán ir decantando, corrigiendo, ampliando y enriqueciendo el documento».5 Hay que reconocer que una vez leído este párrafo, incluso varias veces, cualquier lector no avisado lo interpretaría como un buen ejemplo de política democrática. Pues bien, esta particular forma de elaboración participativa del plan vasco expresa las dificultades de la acción política de nuestro gobierno en materia de educación para la paz y los derechos humanos. Quizás, cuando no se tienen las ideas claras, cuando se tiene un cierto temor a la dificultad de la tarea o se comprenden mal las obligaciones institucionales, se ‘delega’ –formalmente y con las cartas marcadas– la responsabilidad en una sociedad civil, a veces débil, otras inexperta y en ocasiones dependiente. Además, creo que la Dirección de Derechos Humanos tampoco ha acertado en la definición y realización del proceso participativo para la elaboración del plan porque, entre otras razones, ha sido incapaz de presentar un buen documento marco y porque la metodología del proceso participativo ha sido errada en la selección de los agentes, y en los contenidos y las formas de conducción de los debates. Todo ello, entendiendo que los procesos de participación social en la definición de las políticas públicas son muy complejos, sobre todo en el tema que nos ocupa.
LAS CONDICIONES DE POSIBILIDAD DE UNA EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL PAÍS VASCO
Más allá de las vicisitudes del plan de educación para la paz, me gustaría terminar señalando algunos aspectos referidos a otros protagonistas de lo político en general tenidos muy poco en cuenta y, sin embargo, importantes. Me refiero a las organizaciones sociales cuyas preocupaciones y acciones se relacionan con la educación en valores, en general, y más en particular con la educación para la paz y los derechos humanos.
Las organizaciones sociales en un sistema democrático avanzado actúan como escuelas de democracia, como ámbitos de socialización, de identificación de problemas y/o riesgos, como representación de grupos discriminados o representación de intereses discriminados de grupo, como contrapoder mediante el desarrollo de la capacidad de análisis crítico de las políticas y de las acciones de las administraciones públicas, como elaboradoras de alternativas… En este sentido, tienen un papel en la educación para la paz en nuestra comunidad. «[…] las organizaciones cívicas se dejan interpretar como unas escuelas de democracia de indudable pero relativo valor para la construcción de culturas de paz en sociedades que cuentan con sociedades civiles consolidadas y bien amalgamadas, si bien en cualquiera de los casos de menor alcance y profundidad que aquellas verdaderas escuelas de paso obligatorio y universal que son la familia y la institución educativa reglada y formal».6 Naturalmente excluyo de entre ellas a aquellas organizaciones de la sociedad civil que por su agenda y prácticas alejadas de los ideales normativos de la civilidad podemos considerar inciviles, a saber, las organizaciones relacionadas con el nacionalismo radical vasco en nuestro entorno próximo.
A mi entender, las organizaciones cívicas vascas deben cumplir un papel educativo entre sus miembros, colaboradores y simpatizantes, pueden dar ejemplo con su discurso y su acción colectiva al conjunto de la sociedad, pueden, también, aportar reflexiones críticas y propuestas para la mejora de las políticas públicas sobre paz y derechos humanos. Sin embargo, aprecio severas carencias al menos en lo relativo a las capacidades críticas y de elaboración de propuestas alternativas al poder establecido e importantes concomitancias con este último. Así lo señala un estudio de Martín Alonso, «La definición de la situación contenida en el discurso [del lehendakari Juan José Ibarretxe, de 28 de septiembre de 2007], exponente del espectro político que sostiene al Gobierno, es compartida por sectores amplios de los movimientos sociales. [En el estudio] se plantea la hipótesis de que, en tanto en cuanto existe una gramática profunda común al continuo nacionalista –y algunos segmentos formalmente no nacionalistas– en su vertiente política y social, y que este complejo político-social es hegemónico en cuanto a influencia en el espacio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la violencia política contará con una reserva de legitimidad que le permitirá sobrevivir pese a su carácter inhumano y anacrónico».7
Con esta convicción, señalo sin querer agotarlos algunos ejercicios para la reflexión en, y entre, las organizaciones cívicas para alimentar crítica y positivamente el plan de educación para la paz en cuestiones como éstas:
•Separar radicalmente la resolución del problema de la violencia terrorista de la resolución del conflicto de identidades de carácter político. «La sociedad vasca vive lastrada por la violencia y la falta de normalización política desde hace varias décadas»,8 hemos leído, asombrados, en uno de los borradores del plan de educación para la paz.
•Comprender el efecto devastador de la cultura política del nacionalismo radical y su grado de influencia en la acción política cotidiana. Otra frase del mismo borrador del plan de educación para la paz, «Si bien el apoyo social al terrorismo es hoy en día muy reducido socialmente […]»,9 ignorando que el apoyo social al terrorismo de ETA, sea el que fuese, permite y hace posible todavía la existencia de esta organización.
•Debilitar las bases del relativismo cultural y filosófico y de su correlato educativo, la neutralidad del educador.10 Así, quizás, sea menos ‘abrupto’ presentar los testimonios directos de las víctimas en las aulas.
•Deslegitimar social y políticamente el terrorismo. Lo dice muy acertadamente el nacionalista Josu Jon Imaz: «Hay momentos en la historia en los que los movimientos políticos tienen que establecer sus prioridades. Desde mi punto de vista, hoy, en esta coyuntura histórica, la principal tarea del nacionalismo institucional es la deslegitimación política y social de ETA y su movimiento totalitario».11
•Abordar con todas sus consecuencias la perspectiva de las víctimas. Sin ellas no podremos afrontar el relato cabal de nuestra historia reciente ni construir una sólida cultura de paz.
Son ejercicios para la reflexión. Nos espera una larga y ardua tarea a las organizaciones cívicas y a nuestros representantes políticos para rediseñar un plan de educación para la paz acorde con el «[…] principal reto y conflicto del País Vasco, la superación de la violencia terrorista y del sistema de creencias, discursos y prácticas asociado».12 Entretanto, podemos y debemos ir tejiendo un sólido compromiso cívico por la educación para la paz y los derechos humanos en necesario diálogo con las instituciones que representan a toda la ciudadanía vasca.
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NOTAS
1. Xabier Etxeberria, «Presencia de las víctimas en la educación para la paz» (El Correo, 30/01/05).
2. El único debate público conocido, y no propiciado por la Dirección de Derechos Humanos, fue el de la «Mesa redonda sobre el ‘Plan Vasco de Acción en materia de Educación en Derechos Humanos y por la Paz’», del 22 de noviembre de 2007, dentro de las jornadas que con el título, «La promoción de los valores democráticos en la educación», organizó la Fundación Fernando Buesa. En él participaron Jon Landa, de la Dirección de Derechos Humanos, Txema Urkijo, de la Dirección de Víctimas del Terrorismo, Jesús Altuna, de Covite, Itziar Aspuru, de Gesto por la Paz, y Josu Ugarte, de Bakeaz.
3. Josu Ugarte, «Educar para la paz en el País Vasco» (El Correo, 21/01/08).
4. Idem.
5. «Plan Vasco de Acción en materia de Educación en Derechos Humanos y por la Paz (2008-2009) (Documento borrador 1.0, de junio de 2007)».
6. Jesús Casquete, «Las organizaciones cívicas y la educación para la paz» (Escuela de paz, 9, Bilbao, Bakeaz, 2005). Para otros aspectos de teoría general de los movimientos sociales: Jesús Casquete, «Movimientos sociales y democracia» (Cuadernos Bakeaz, 55, Bilbao, Bakeaz, 2003); y Política, cultura y movimientos sociales (Serie General, 3, Bilbao, Bakeaz, 1998). Pueden consultarse en http://www.escueladepaz.org.
7. Martín Alonso, «¿Sifones o vasos comunicantes? La problemática empresa de negar legitimidad a la violencia desde la aserción del ‘conflicto’ vasco» (Cuadernos Bakeaz, 80, Bilbao, Bakeaz, 2007). Puede consultarse en http://www.escueladepaz.org.
Dada la contundencia de la hipótesis enunciada en el párrafo que he seleccionado, invito al lector a que sopese los sólidos argumentos del estudio de Martín Alonso para probarla.
8. Véase la nota 5.
9. Idem.
10. Véase Xabier Etxeberria, «La educación ante la violencia en el País Vasco» (Cuadernos Bakeaz, 31, Bilbao, Bakeaz, 1999). Puede consultarse en http://www.escueladepaz.org. En este estudio, entre otras cosas, se explica qué se debe entender por neutralidad del educador y cuáles deben ser sus límites en campos como el de la violencia.
11. Josu Jon Imaz, «La llave de Rodolfo» (El Correo, 01/05/08).
12. Véase la nota 3.
Josu Ugarte Gastaminza es director de Bakeaz (opinion@bakeaz.org).