José Yoldi
Las entretelas de la corrupción
(Conversación con Página Abierta)
(Página Abierta, 225, marzo-abril de 2013).

Comienza la conversación planteándose los problemas que tienen los medios de comunicación en el desarrollo de la información pública, de cómo, por ejemplo, inician fuerte esa labor para luego irse, a veces, apagando. Para ello se trae a colación el caso Bárcenas y su relación con el PP. Y de paso, surge la pregunta sobre la existencia o no de presiones o líneas rojas que marcan límites fuertes a la investigación e información.  

De un modo sumario, José Yoldi plantea una razón básica: «Todo eso tiene que ver con la cuenta de resultados». Crematísticos se entiende.

Y para explicitarlo más pone un ejemplo: cómo fue tratada en El País la información sobre el indulto del consejero-delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz Abad, llevado a cabo por el Gobierno de Zapatero en sus últimos días de mandato, a finales de noviembre de 2011 (1). Una noticia que merecía ser destacada es publicada «a dos columnas por abajo en la última página de economía». «¿Y esto a qué se debe?», se pregunta Yoldi para contestar enseguida. Resulta que el Banco de Santander está sentado en el Consejo de Administración con Cebrián porque la deuda que tenía El País con este banco fue convertida en acciones de este medio. Algo similar a lo que sucede con las noticias sobre La Caixa, ahora CaixaBank. También su presidente, Isidre Fainé, forma parte de ese Consejo de Administración.

Otro ejemplo que expone “nuestro” periodista es el de El Corte Inglés. Según él, ningún periódico publica siquiera una carta que critique a esta empresa. La razón, en su opinión, es que El Corte Inglés dedica el 1% de su facturación a pagar publicidad en los medios: un volumen muy importante. Él calcula que este ingreso publicitario, en muchos medios –no en El País, que ya tiene otras fuentes publicitarias–, es más del 50% de su presupuesto anual.

En el manejo con marcha atrás de la información –explica Yoldi– hay que considerar otras dos cuestiones. Una, cómo se ve en el tiempo esa información. Primero, puede tomarse la decisión de destapar una noticia de interés que llega inesperadamente –de la que se prevé una pugna en los medios– al no atreverse a obviarla. Y luego, pedir disculpas a quien has molestado, y con quien hay interés en llevarse bien en ese momento; y dejar que pase el tiempo. 

La otra, está relacionada con un mal endémico: «El periodismo de investigación es carísimo, porque tienes que tener a alguien dedicado al tema, que a veces no saca toda la información que quiere. Porque la información, no viene de los árboles». Eso, nos cuenta, le pasó a él en su investigación sobre los viajes de Dívar.

La entrevista da un giro y trata de adentrarse en la falta de sensibilidad en los medios y en la población sobre la moralidad de los políticos; en concreto, ante las evidentes manifestaciones de mentiras con que nos obsequian cada dos por tres. Y se pone como ejemplo la diferente respuesta sobre ello que se da, por ejemplo, en EE UU y en nuestro país.
Sobre esta cuestión, lo primero que advierte Yoldi es que en el plano ético ni los estadounidenses son tan buenos ni nosotros somos tan malos. «Lo que pasa es que los valores son distintos». Y así explica la diferencia.

En Estados Unidos, la mentira se considera un acto grave. Mentir al Gran Jurado es penado con la cárcel. Puedes acogerte a la quinta enmienda y no declarar; de esa manera no podrán incriminarte por mentir. Aquí también sucedería, pero solo en el juicio oral. Si tú mientes al juez de instrucción, no pasa nada. Eso se considera lo normal, forma parte de su defensa, se piensa públicamente. Así lo constata Yoldi: «No conozco ni un solo caso, y llevo treinta y no sé cuantos años en esto de los tribunales, en el que le hayan condenado a alguien por haber mentido».

«Aquí tenemos una conciencia bastante laxa para todo», añade. Es algo, entiende él, que explica hechos como el de que vuelvan a sacar mayoría absoluta dirigentes de los que es más que reconocido que han recibido regalos –trajes, por ejemplo– que solo pueden responder a favores mantenidos. 

Nos interesamos entonces por el papel de la justicia en el combate contra la corrupción y en concreto ante los casos que se están viviendo en estos momentos; particularmente, en la labor de la fiscalía. Y para abordar esto ponemos sobre la mesa la inquietud social de que la justicia no es eficaz para combatir la corrupción (2) y de que no se avanzará en la investigación ni en la depuración de responsabilidades.

Lo primero que nos recuerda Yoldi es que al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno; es, por tanto, un apéndice del poder ejecutivo. Y la fiscalía es una carrera jerárquica. «Resulta que si el fiscal que lleva el caso Bárcenas decide hacer algo que no le gusta al señor fiscal general del Estado, que a su vez puede que no le guste al señor presidente del Gobierno, que es el que ha puesto ahí al fiscal general del Estado, puede ocurrir que este señor fiscal vaya a dirigir las causas sobre seguridad vial en Valladolid, o Soria, o Teruel». En una palabra, que se trunque su esperado –por él– ascenso progresivo hasta el Tribunal Supremo.

Pero, de todas formas, insiste en que hay fiscales, que hay mucha gente que, efectivamente, quiere que esto se investigue. Y pone como ejemplo el malestar que ocasiona el hecho de que a la infanta no la hayan llamado a declarar como imputada. Partiendo de ello, lanza una pregunta: ¿Cómo, entonces, pueden defenderse y llevar responsablemente a cabo su labor?

La respuesta la encontramos en el peso que pueda tener una opinión pública conocedora de los hechos juzgables. Y aquí entra en el detalle de cómo se difunde la información, que se supone secreta, desde las propias instancias judiciales. Cómo, por ejemplo, pueden ir goteando uno y otro dato y cómo, fruto de la presión de la opinión pública, se fuerza y pone más en marcha la investigación judicial. Ese es el camino recorrido por el caso Nóos, según nos detalla.  

Y en este relato se detiene para esclarecer de qué manera debe tratarse la supuesta ignorancia familiar ante esos hechos imputados, como es el caso de la infanta. El Consejo General del Poder Judicial da unos cursos para jueces donde explica cómo hay que obrar en los casos de blanqueo de dinero y de corrupción. Y en ellos se expresa que hay que penar lo que se considere “ignorancia inexcusable” (3).

Estando en estas, nos preguntamos, inocentemente, si hay motivos para imputar al Rey por el delito de amparar las conductas delictivas de su yerno. Y Yoldi nos recuerda algo ya sabido pero que conviene remarcar. El Rey es “inimputable”. Lo dice la Constitución [art. 56.3]. El Rey no es responsable de nada, porque lo dice la Constitución. De sus actos el responsable es el presidente del Gobierno [art. 64]. «Así que la Constitución –remata Yoldi– es contradictoria en sus propios términos. Dice: “Todos somos iguales ante la ley”. Y debería decir: todos somos iguales ante la ley menos el Rey, que es inimputable».

Nos interesa hablar sobre los “corruptores”, porque, como muy bien se sabe y el propio Código Penal lo contempla, detrás de un cargo político o institucional corrupto, o que se ha corrompido, hay seguramente un corruptor. En el caso Gürtel han sido señalados, de un modo claro, algunos con esas veinte empresas tapaderas. Pero, junto a ellos, aparecen también grandes empresas, de la misma manera que en los papeles de Bárcenas; grandes constructoras como Sacyr, OHL, etc., de las que se suponen que han obtenido adjudicaciones de obras gracias a los correspondientes “sobres”, en pago del cohecho.

De modo sucinto, este experto investigador nos lo aclara: «Igual resulta que el propietario del periódico, de la radio, de la emisora de televisión se sienta en el Consejo de Administración con el de Sacyr-Vallehermoso o Martinsa, por ejemplo. Con lo cual, entre amigos ya se sabe… Hay una frase muy bonita de Javier Zaragoza, el fiscal de la Audiencia Nacional, que decía así: “Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera”. Pues eso».

«Esto igual no tiene tanto que ver en el asunto publicitario, pero sí con el amiguismo que en este país siempre ha sido una referencia espectacular», concluye.

Estos hechos en los que están implicados miembros de partidos políticos nos llevan a hablar del control de sus cuentas, y de su financiación. Sacamos para ello a colación el Tribunal de Cuentas, al que ya nos referimos en otros y textos de estas mismas páginas centrales.

Yoldi responde contundente: habría que dinamitarlo. Tiempo atrás él lo describió como el “camposanto de los dinosaurios”. Es la gerontocracia más absoluta, dice ahora, y no controlan nada. «Cada vez que tienen que estudiar algo de algún partido político, van dos consejeros, uno nombrado por el PSOE y otro nombrado por el PP. ¿Qué puede salir de ahí?».

Seguimos hablando de la corrupción y de cómo se contagia. Para Yoldi la corrupción en la sociedad se puede representar con una campana de Gauss: el 15%, por ejemplo, de la gente es bien corrupta, y en el resto hay mucha que no lo es y otra parte que está encantada con las pequeñas corruptelas que le toca. «El problema lo encontramos en que los grandes corruptos corrompen a los demás, aunque no sea del todo, sino solo un poco». Para explicarlo mejor nos cuenta de modo prolijo los gastos en viajes –“fantásticos” viajes, enfatiza– que él descubrió en su investigación del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, con Dívar a la cabeza; los especiales por todo el mundo –con séquito y parejas incluidos– y los diarios de la semana “caribeña”.  

Volvemos los pasos y regresamos a la inquietud de que la imputación de esta corrupción destapada se quede en nada; que los pactos, con promesas de indulto, por ejemplo, prevalezcan.

Él no ve probable del indulto. De entrada advierte que para poder prometer un indulto hay que estar en el Gobierno hasta después de que termine el proceso de Bárcenas, que, calcula, durará más de cuatro años. «Una cosa es la voluntad y otra que eso sea realizable. Sin duda, les gustaría garantizar que aquí no va a pasar nada y ya está. Pero no pueden».

El problema para nuestro interlocutor está en otro lado: en los cambios proyectados desde el Ministerio de Justicia sobre el control del poder judicial y en sus consecuencias. Gallardón pretende tener en sus manos esa estructura, poder decidir quién va a estar aquí y allá y, particularmente, en el Tribunal Supremo en los próximos tiempos.

Esta reforma legislativa, más allá de anular importantes derechos, puede servir para modificar decisiones judiciales que a la derecha, dominante en la carrera judicial, no le gusten. No cabe la menor duda, afirma Yoldi, de que hay jueces interesados en que la corrupción sea perseguida y penada. «Pero es que las decisiones que puedan adoptar, por ejemplo, los jueces de instrucción van a ser revisadas por la Audiencia o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o el Tribunal Supremo».

(1) Alfredo Sáenz, en este momento número dos del Banco Santander, con unos emolumentos anuales de 13 millones de euros, fue juzgado y condenado por una denuncia falsa a sabiendas, caso que se remonta a 1994. Siendo presidente de Banesto presentó una denuncia contra cuatro empresarios catalanes. El juez Pascual Estevill admitió a trámite la denuncia de Banesto y mandó a prisión a los cuatro industriales, lo que derivó finalmente en la condena del juez por prevaricación y detención ilegal en 1996. Pasados los años, el Tribunal Supremo confirmaba la pena de tres meses de arresto y la inhabilitación para gestionar entidades financieras, condena pendiente de ejecutar en todo ese tiempo y que gracias a este indulto se quedó solo en una multa de 6.000 euros, para así poder seguir estando en la cúspide del poder financiero.
(2) Hay encuestas que recogen que un 95% de ciudadanos así lo creen.
(3) Y de hecho, ha habido una sentencia hace ya un par de años en Málaga en la que a la esposa de uno de los condenados por similares delitos se le condenó a dos años de cárcel, alegando que no podía dejar de estar al tanto ni de beneficiarse de ello.
                     
De otras corrupciones

Emilio Hellín fue condenado a 43 años de cárcel por el asesinato de una joven estudiante en 1980. Y ahora se ha destapado que llevaba tiempo colaborando con las fuerzas de seguridad del Estado y llevando a cabo cursos de formación para agentes de la Ertzaintza, oculto bajo el nombre de Luis Enrique Helling.

«Lo peor de esta historia es que a este tipo lo ha descubierto la policía, la propia policía ha sido la que le ha echado a los pies de los caballos». La razón, según Yoldi, ha sido porque este individuo, que se dedicaba entre otras cosas a hacer dictámenes periciales, en uno de ellos puso a parir a la policía.

Algo parecido sucedió con la caída de Luis Roldán. Miembro del PSOE, hizo una fulgurante carrera política. En 1986, el segundo Gobierno de Felipe González le nombró director de la Guardia Civil. Implicado en un caso importante de corrupción tuvo que dimitir en 1993. Años más tarde fue condenado por malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa a 31 años de cárcel, de los que cumplió, como interno, diez.

Yoldi nos cuenta cómo por una venganza se desveló en qué estaba metido Roldán.

«Garzón estaba investigando a la UCIFA (unidad antidroga de la Guardia Civil) y pidió registrar sus dependencias. Y Roldán no se opuso. En el curso de esa investigación, Roldán dejó caer a un tal Pintado, que era el segundo jefe de la UCIFA, el que realmente mandaba». Y los de esa unidad antidroga tan especial propiciaron la caída de Roldán.

Para mejor entender esto, Yoldi se detiene a explicar cómo funcionaban entonces algunos miembros de la UCIFA, un cuerpo absolutamente opaco y duro. Sobre ello recuerda un reportaje de Jesús Duva sobre una de sus “actuaciones”. «Un familiar de un miembro de la UCIFA tenía un piso alquilado a una persona en Pamplona. Cuando en un momento dado quiso echarlo, se encontró con que esa persona no quería dejar el piso. Entonces, los de la UCIFA entraron en la casa, y en la cisterna del baño le metieron cocaína, heroína y no me acuerdo qué más. Y acto seguido fueron al juez y le dijeron que tenían un chivatazo de que este tipo era un camello. Entraron en el piso, registraron, encontraron lo que ellos mismos habían puesto y se lo llevaron detenido. Dos años y cuatro meses de cárcel le cayeron a un individuo que no había hecho otra cosa que alquilar un piso». Más tarde el propio Yoldi pudo confirmar esta información en el juicio sobre ello. 

«Sobre este tipo de cosas estamos al cabo de la calle», sentencia José Yoldi.