Juan Manuel Brito
Aulas de acogida para jóvenes inmigrantes.
¿Una medida para la integración?

(Página Abierta, 196, octubre de 2008)

            En Canarias hay en la actualidad en torno a 26.000 estudiantes inmigrantes, procedentes de 135 países, inscritos en los distintos niveles de enseñanza no universitaria. Aunque la variedad es enorme, Colombia, Venezuela, Reino Unido, Argentina, Alemania, Marruecos y Ecuador son los países que aportan más jóvenes a los colegios e institutos canarios. Canarias ha sido, con diferencia, una de las zonas donde más ha crecido el porcentaje de estudiantes por influencia de la inmigración. En apenas 7 u 8 años, la población estudiantil se ha triplicado en Canarias, pasando de los 7.000 estudiantes en 1999 a los aproximadamente 26.000 del curso 2006-2007. Por zonas de procedencia, la mayoría llega de Latinoamérica (en torno al 57%), seguidos de los europeos (en torno al 22%) y africanos (en torno al 11%).
            Que el fenómeno migratorio está suponiendo transformaciones importantes en el conjunto de la sociedad canaria, y en el sistema educativo en particular, es un hecho indiscutible. Además, las consecuencias afectan prácticamente a la escuela pública, donde se concentra la inmensa mayoría de estudiantes inmigrantes, que acoge aproximadamente a 24.000 jóvenes estudiantes de origen extranjero, y en mucha menor medida a la escuela privada, que sólo acoge a menos de 4.000 estudiantes de origen extranjero.
            Los problemas a los que se enfrenta la escuela pública, en relación con la incorporación progresiva de jóvenes inmigrantes, son de diferente índole, debido a la variedad de situaciones y circunstancias que rodean a los jóvenes inmigrantes en nuestra sociedad. Diversidad que se expresa en el conocimiento de la lengua (un 57% conoce la lengua, al proceder de países de habla hispana); la edad de llegada e inicio de escolarización que, aunque mayoritariamente se concentra en la educación primaria y la ESO, está bastante distribuida en los diferentes ciclos; la trayectoria y el nivel educativo previo a la incorporación al sistema educativo español; y también, otros factores relativos a las condiciones sociales y familiares de los jóvenes inmigrantes escolarizados.
            Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, parece evidente que es necesario impulsar esfuerzos de atención específica a lo largo de los procesos de acogida y escolarización del alumnado inmigrante recién llegado. Sin embargo, las declaraciones del viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, en las que se muestra a favor de copiar la iniciativa catalana de segregar a los alumnos inmigrantes, sin entrar a definirla y concretarla, no sabemos en qué medida aporta algo a las soluciones de la variedad de problemas a los que nos enfrentamos; y su indefinición y sus declaraciones no hacen sino ahondar en la idea desafortunada que asocia casi en exclusiva los problemas de la escuela canaria a la incorporación de jóvenes inmigrantes, tan extendida popularmente, incluso entre gente progresista.

Los argumentos para justificar la propuesta

            Los argumentos que se esgrimen para impulsar este tipo de iniciativas sólo toman en cuenta las supuestas dificultades que los jóvenes inmigrantes tienen para cumplir los objetivos curriculares. Básicamente, se argumenta, por el desconocimiento de la lengua española y de otros conocimientos básicos, lo que les sitúa sensiblemente por debajo de la media e impide el “normal” desarrollo de las asignaturas. Se dejan de lado, sin embargo, otros argumentos y otras prioridades que debería introducir la escuela pública a la hora de dar respuesta a la incorporación de jóvenes inmigrantes a nuestra sociedad: ¿Hasta qué punto hay una participación del alumnado de origen extranjero en las dinámicas propias del centro?¿En qué medida se relacionan con los alumnos autóctonos?¿Se realiza esa relación en plano de igualdad, favoreciendo la superación de prejuicios y estereotipos mutuos?¿En qué medida participan los padres y madres inmigrantes?¿Se ponen en marcha mecanismos de información que atiendan a la diversidad de situaciones sociales de los padres y madres inmigrantes?
Pero es que, además, los argumentos que se esgrimen para impulsar esta medida no tienen en cuenta la diversidad de situaciones que existen. Por ejemplo, cuando se habla de las dificultades de la lengua se estaría haciendo referencia a un determinado porcentaje, y no a todos de igual manera; cuando se hace referencia a las dificultades de nivel, se hace tabla rasa, cuando es sabida la diversidad de sistemas educativos existentes en los países de origen.
            Además, la propuesta se presenta como novedosa. Por poco que cualquiera explore sobre este asunto, encontrará gran cantidad de experiencias y reflexiones diversas en este sentido. En el ámbito europeo, por ejemplo, existe una variedad de experiencias en países de larga tradición migratoria como Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Holanda o Alemania. Cada una aporta reflexiones y conclusiones diversas, sin que sea la segregación de estudiantes extranjeros la medida de mayor éxito precisamente. En Canadá, país de larga experiencia en la gestión de la diversidad cultural como consecuencia de la inmigración, después de promover clases de acogida, se cuestiona desde hace años la conveniencia de que las clases de acogida cerradas sean el principal mecanismo de integración, y llegan incluso a cuestionarse la utilidad para aprender el idioma.
            Son muchas las investigaciones de especialistas internacionales que ponen en cuestión esta propuesta, ya que las aulas de acogida acaban suponiendo la segregación (total o parcial) del alumnado inmigrante de las dinámicas escolares regulares, al tiempo que demuestran que son los sistemas menos segregadores y con apoyos lingüísticos mejor definidos los que consiguen reducir las desigualdades académicas entre autóctonos y extranjeros. Es indudable que ciertas medidas “compensatorias” de carácter específico basadas en reforzar ciertos aprendizajes pueden ser necesarias cuando, al fin y al cabo, están en juego las oportunidades reales de promoción educativa del alumnado inmigrante; pero las medidas deberían responder a necesidades concretas bien diagnosticadas, y que sean difícilmente abordables en el contexto del aula ordinaria, haciendo frente a la diversidad de situaciones que realmente se dan.

La escuela como mecanismo de integración

            Tanto las experiencias de otros países de larga tradición en la gestión de la diversidad cultural en la escuela, como la gran cantidad de estudios de especialistas al respecto van, mayoritariamente, en la línea contraria a la propuesta generalista de promover espacios segregados, básicamente por las consecuencias negativas que tiene para el conjunto, y porque no resuelve los problemas concretos que supuestamente lo justifican. Incluso poniendo en marcha espacios de carácter transitorio, abiertos y flexibles para alumnos inmigrantes en los centros de enseñanza, éstos no se encuentran a salvo de que se conviertan en espacios de segregación.
Más allá de esos espacios se necesitaría una mayor vinculación del alumnado recién llegado con las dinámicas socioeducativas del centro educativo; el establecimiento de interlocutores estables con las familias; la asunción por parte del conjunto docente de una “problemática” compartida; una expresión en los materiales didácticos, etc. Esto, indudablemente, exige un cambio en la política de la Consejería de Educación (y otras instituciones implicadas), pero también un cambio en las implicaciones del profesorado ordinario.
            La cuestión nos exige ver más allá del currículo. La dimensión del fenómeno migratorio y sus consecuencias en el ámbito de la escuela pública hacen que este tipo de cuestiones no puedan ser abordadas como un problema más de determinados centros sobre el que aplicar medidas concretas. Sin duda, la llegada de nuevos escolares genera dificultades, de expresiones diversas, pero esas dificultades deben ser consideradas en términos más complejos y globales, y sobre todo no se deben centrar sólo en estos “nuevos escolares”. Las medidas de acogida y de integración en la escuela, y no sólo, no deben centrarse exclusivamente en los jóvenes inmigrantes, sino que deben dirigirse al conjunto de la comunidad educativa, con medidas que impliquen activamente al conjunto de la sociedad.
            Por último, es especialmente criticable la concentración artificial de jóvenes inmigrantes en unos cuantos centros escolares, y es políticamente urgente evitarla. No es comprensible que, en un mismo barrio, determinadas escuelas públicas acojan a la práctica totalidad de jóvenes inmigrantes, mientras que éstos, prácticamente, no tienen presencia en las aulas de la escuela concertada del mismo barrio. Es necesario poner en marcha políticas coordinadas entre los ayuntamientos y la Consejería de Educación, de tal forma que se aborden todas estas cuestiones de manera integral.
            El reto es conseguir que la escuela pública sea el principal mecanismo de integración. Lo que realmente nos debería preocupar es en qué medida nuestra escuela pública canaria es una institución que admite, acepta, incluye, reconoce, promueve, promociona, impulsa, alienta y anima la construcción de una sociedad intercultural, una sociedad incluyente, más justa y democrática.

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Juan Manuel Brito es miembro de Acción en Red de Canarias, que impulsa la OIDE (Oficina de Información y Denuncia para personas inmigrantes).