Juan M. Brito Díaz
Más allá de la reforma electoral:
ciudadanía y política

Nuevamente, reaparece el debate sobre nuestro sistema electoral canario, debido a que el PSC-PSOE ha presentado una proposición de Ley en el Parlamento de Canarias, que será discutida en el próximo mes de octubre. La propuesta del PSC-PSOE plantea una rebaja de los topes electorales insulares al 5% y la desaparición del tope autonómico del 30%. Esta proposición renuncia definitivamente a la introducción de una circunscripción autonómica y a la introducción de cambios profundos que hagan verdaderamente representativo al Parlamento de Canarias. Para quienes defendemos una idea de Canarias unida y solidaria la propuesta es claramente insatisfactoria, ya que nos condena a seguir planteando la política canaria en términos estrictamente insulares. La propuesta conecta con la vieja idea de los insularismos periféricos más insolidarios, de ahí que no sea extraño que haya creado dudas en herreños y palmeros de CC, y da alas al insularismo en todas sus versiones, ya que los representantes seguirán respondiendo sólo ante sus votantes de la isla, y defendiendo una política que les suponga mantenerse en el poder atendiendo sólo a las demandas de esos votantes.

Es indudable que el actual modelo es injusto y poco representativo de la pluralidad existente en el seno de la sociedad canaria, que su reforma es necesaria, y que esta que se propone es claramente insuficiente, una evidente cortina de humo, que se basa en la conocida táctica partidista de cambiar algo para no cambiar nada. Con esta propuesta, los resultados de representación en el Parlamento de Canarias sólo garantizarían la entrada de NC, y puede que del PIL, si nos guiamos por los resultados de las últimas elecciones. Es decir, que volveríamos a tener en el Parlamento de Canarias a las mismas opciones que han venido participando de la alternancia política en las dos últimas décadas.

Quienes abogamos por una profundización democrática de Canarias, no podemos renunciar a la introducción de cambios profundos en el sistema electoral, con la creación de una circunscripción autonómica como eje sobre el que se articule. Y sin embargo, un cambio en el sistema electoral es un cambio insuficiente, porque el hecho realmente preocupante en Canarias es que asistimos a un creciente empobrecimiento de la dinámica política de los últimos años, que ha hecho que ésta se haya convertido en un verdadero obstáculo para la solución de los problemas de las Islas, más que en la solución. Y esto es básicamente porque en Canarias, al menos, en las últimas dos décadas se ha ido imponiendo una política meramente instrumental, de mirada corta, esencialmente vinculada a conseguir rédito electoral, a la eficacia política entendida como aquella que favorece la permanencia en el poder institucional, es decir, vinculada a unos intereses políticos particulares, que poco o nada tienen que ver con los intereses de la mayoría de la ciudadanía. Todo ello, ha empobrecido la dinámica política canaria, vacía de debates de contenido e interés. La misma cuestión electoral o la reforma del estatuto de autonomía son prueba de ello. No se dan auténticas deliberaciones y argumentaciones, sino un repetitivo cruce de descalificaciones y declaraciones espectaculares que nada tienen que ver con un debate a fondo sobre las necesidades y los retos de la sociedad canaria. Todo ello indudablemente empobrece la política e imposibilita grandes acuerdos de base democrática. El otro aspecto, que no podemos obviar y que ha contribuido a convertir la dinámica política actual en un verdadero obstáculo para dar solución a las necesidades reales de Canarias, es la vinculación creciente entre política y negocio. Los grandes partidos políticos canarios que tienen representación en ayuntamientos, cabildos y parlamento autonómico han mantenido en los últimos años una estrecha y creciente vinculación con los intereses económicos insulares. La asociación entre los grandes partidos con representación institucional importante y los grandes empresarios insulares han conformado un stablishment canario que comparte intereses y se retroalimenta. En nuestras Islas, el “interés general” está relacionado con grandes megaproyectos de infraestructuras, como los actuales proyectos de trenes de Tenerife y Gran Canaria, del Puerto de Granadilla, del Monumento de la Montaña Tindaya, de la Planta de Gas en Arinaga… Megaproyectos que bordean la legalidad -cuando no se la saltan abiertamente-, favorecen a los intereses de una minoría empresarial canaria, especuladora e insolidaria en su mayoría, y ningunea a los colectivos ciudadanos y ecologistas, aunque estos consigan el apoyo de miles de ciudadanos en sucesivas manifestaciones. Pero el ejemplo más evidente de esta estrecha vinculación lo encontramos en el silencio cómplice que los partidos con representación mayoritaria en las instituciones canarias hacen con respecto a la Reserva de Inversiones de Canarias. ¿Cómo se entiende si no que ninguno de esos partidos ponga en cuestión el actual sistema de la RIC, insolidario disparate fiscal, que está suponiendo el mayor atraco a los intereses generales de Canarias?

Todo lo que he venido exponiendo no es sino un intento de argumentar que es necesario ir más allá de la reforma del sistema electoral. La idea de avanzar en la cuestión canaria poniendo en primer plano la construcción de una sociedad participativa y plural, de una sociedad de ciudadanos activos, es una idea de horizonte, que tiene traducción en cuestiones prácticas concretas que nos permitan impulsar mecanismos de participación y control de la política por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, básicamente se trataría de conseguir una fórmula que permitiese blindar las Iniciativas Legislativas Populares, vinculándolas a la posibilidad de promover consultas ciudadanas sobre aquellos aspectos que nos afecten directamente.

La defensa de este tipo de mecanismos va en la línea de introducir cambios que permitan que sea el conjunto de la ciudadanía canaria la que asuma la tutela de sus propios problemas, retos y oportunidades. Sin victimismo, sin dependencias y sin partitocracia. La actuación de los partidos políticos en todos estos años ha sido una muestra evidente de las limitaciones y las perversiones que permite el actual marco político canario, en relación a la participación de la ciudadanía, así como de la enorme distancia que hay entre la política institucional y la ciudadanía canaria. Ambas cuestiones evidencian la configuración de una forma de “autoritarismo” que erosiona la calidad democrática y deslegitima a las instituciones y a los propios partidos políticos. Por eso, para generar un proyecto común de base auténticamente democrática, necesitamos una sociedad autónoma, crítica, plural, unida, cargada  de valores solidarios que superen la dictadura de la insularidad, rompa la empobrecida dinámica política actual, exigiendo transparencia y responsabilidad a una clase política canaria demasiado distanciada del conjunto de la sociedad.

La participación política electoral no es la única forma de participación política, ni tan siquiera la prioritaria o más importante. Es más, como la dinámica política actual se ha convertido en un obstáculo para dar solución a los grandes problemas de Canarias, se impone la necesidad de sacar la política del ámbito institucional y de unos partidos políticos que adolecen de graves deficiencias democráticas. En el seno de la sociedad canaria se están poniendo en marcha desde hace bastante tiempo algunas formas de participación política institucionalizadas y no-institucionalizadas, aunque ciertamente son escasas y de poca solidez. La puesta en marcha de estos mecanismos que venimos defendiendo podrían suponer un mayor protagonismo y un fortalecimiento de esas experiencias, ya que los partidos políticos y las instituciones se verían obligados a informar y consultar a la ciudadanía en aquellos temas referidos a su ámbito de preocupación y ocupación. La efectividad de estos mecanismos abriría el camino de la conciencia colectiva, la responsabilidad y la implicación activa. Aunque no siempre fuese así, se abriría también la puerta a la conformación de voluntades y opiniones no mediatizadas por el poder. Para las izquierdas canarias, tan necesitadas de nuevas ideas y experiencias alternativas, supondría una posibilidad de actuación unitaria y de poner en marcha una auténtica nueva forma de acción política, que no se viese distorsionada por las dinámicas utilitaristas y cortoplacistas del ámbito político institucional.

Por todo esto la reforma del sistema electoral canario, con la introducción de una circunscripción única canaria muy potente es importante en la medida que haría que el parlamento autonómico fuese más representativo y pluralista, pero esta reforma sería sólo una parte, y no la más importante, para avanzar en la cuestión canaria desde una perspectiva democrática. En las sociedades avanzadas del siglo XXI, y Canarias lo es, por si alguien lo dudaba, el marco de la democracia representativa empieza a quedarse estrecho, abriéndose paso concepciones que apuntan hacia modelos de democracia deliberativa y participativa. Es posible en el actual contexto legal poner en marcha reformas democratizadoras que vayan en esta dirección, que favorezcan la construcción de una sociedad más horizontal, unida, pluralista y democrática, en la que sea la ciudadanía canaria la que, desde un lugar principal, vaya decidiendo su propio futuro.

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Juan M. Brito Díaz es historiador y miembro de acciónenred-Canarias.