Juan Pablo Fusi

«El País Vasco está en la interinidad, sin un gobierno fuerte y sin alternativa de oposición»
Juan Pablo Fusi cree que «la transición no se entiende sin la memoria del fracaso de la República» y defiende una reforma consensuada del Estatuto que culmine en una «consulta legal»

Historiador de prestigio y agudo analista de la España contemporánea, el donostiarra Juan Pablo Fusi no oculta su preocupación por la «falta de verdadero modelo» que percibe en el debate territorial impulsado por el Gobierno de Zapatero. En el País Vasco intuye una «situación de interinidad, sin liderazgos ni en el Gobierno ni en la oposición».

- Como historiador ha argumentado el final de España como problema. Sin embargo, el debate sobre el modelo territorial suscita determinadas inquietudes. ¿Comparte el temor?
Permítame, primero, una puntualización. Cuando he dicho que España es un país normal, lo que hacía era reaccionar contra visiones abusivamente excepcionalistas de España: España como fracaso; España, país dramático. Y contra la obsesión del 98 con la esencia, el ser y el alma de España. Mi generación cree que España fue y es un país con problemas económicos, sociales, territoriales, no que España como tal sea un problema. Pero yendo a su pregunta: lo preocupante no es que se debata sobre la organización territorial del Estado -con ser un problema complejo y muy delicado, que exige grandes dosis de sabiduría histórica y política- sino que se haga de forma improvisada y precipitada, sin responder a un mandato del electorado, y peor aún, que el gobierno carezca, o eso parece, de verdadero modelo territorial. El Gobierno va a remolque del proceso, a caballo de lo que se plantea desde Cataluña, Valencia, Andalucía, Galicia, no al frente del mismo.

- Pero las reformas de los estatutos, en el fondo ¿no responden a una evolución natural del sistema autonómico, que en lugar de romper el Estado lo coloca en una dinámica de reformas y de pactos con los nacionalismos periféricos que lo afianza?
Lo único que puedo decirle al respecto es que la estabilidad institucional, y más si hablamos de organización territorial, es esencial para la estabilidad de la política, de forma que los gobiernos puedan hacer desde el Estado lo que les demanda la sociedad.

- ¿Cree realmente que la sociedad española vive el debate sobre el modelo territorial con la virulencia con la que a veces se proyecta en los medios de comunicación?
Evidentemente no y ése, la politización de la prensa, es un grave problema español. España se ha quedado sorprendida de la serenidad con que Inglaterra ha reaccionado ante el terrorismo islámico. Pues bien, eso tiene que ver y muchísimo con la mesura de los medios de comunicación ingleses, con la no proyección por los mismos de imágenes dramáticas, con la adjetivación cuidadosa de titulares y comentarios de prensa, radio y televisión, y con la objetividad, neutralidad moral y ausencia de melodramatismo en la información, que definen a los grandes medios de comunicación británicos. Nuestros medios de comunicación, mejor ciertos medios de comunicación de Madrid, son una mezcla de crónica negra de sucesos y de prensa del corazón, con manipulación ideológica. La prensa nacional, que es uno de los grandes poderes de nuestra sociedad, es en España parte principal de la política, y lo ha sido casi siempre.

- Una de las críticas que se hacen al Gobierno de Zapatero es que está hipotecado por su alianza con ERC y por el arbitraje de Maragall. ¿Comparte usted este reproche? ¿Cree que Cataluña tiene derecho a reivindicar en su nuevo Estatuto los derechos históricos?
Guste o no, esté uno de acuerdo con ello o no, es más que evidente que el gobierno Zapatero es totalmente dependiente del equilibrio de poder en Cataluña, equilibrio basado a su vez sobre todo en el binomio Maragall-ERC, que ha resultado ser un binomio imprevisible, inestable, arbitrario y explosivo. Pienso que, tal como están a esta hora formuladas, muchas de las nuevas propuestas estatutarias catalanas son inconstitucionales. Afirmo, además, y en esto me muevo con mayor seguridad, que la idea de derechos históricos es totalmente ajena a toda la tradición política catalana, de Almirall y Prat de la Riba a Macià y Companys y a Tarradellas y Pujol. Porque el nacionalismo catalán fue siempre una fuerza modernizadora y los derechos históricos resuenan a Antiguo Régimen, a tradición foral, y precisamente por esto, por su trasfondo de foralidad, son muy importantes para Álava, Vizcaya, Gipuzkoa y Navarra, y lo digo así porque los titulares de los derechos históricos vascos son las antiguas provincias, no la comunidad autónoma; en Navarra, coinciden obviamente comunidad foral, viejo reino y antigua provincia. Por último, conviene no insistir en esa idea de que conflictos como el catalán o como el vasco tienen 100, 150 años. Eso transmite una imagen de insatisfacción y confrontación permanente. Lo más determinante que se ha producido en Cataluña y en el País Vasco desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, incluidas las dictaduras de Primo de Rivera y Franco, ha sido los espectaculares procesos de industrialización, desarrollo económico, despertar cultural, crecimiento urbano y demográfico y bienestar social que en ellos se han registrado.

- ¿Este debate territorial debe culminar la transición española o, por el contrario, puede quebrar su espíritu?
En mi opinión, la transición española terminó hace tiempo: primero, con la Constitución, enseguida con la victoria socialista de 1982, pues consagró la alternancia en el poder; y tercero, con la entrada de España en Europa en 1986. Pero, evidentemente, cabe la posibilidad, nunca la certidumbre, porque historia y política son siempre imprevisibles, de que el nuevo debate territorial pudiese romper el consenso entre los grandes partidos nacionales sobre el modelo de Estado, tal como quedó configurado en la Constitución de 1978, espléndida por cierto.

-¿Tuvo la transición demasiada amnesia hacia el pasado? Se habla de reabrir una causa general contra la represión franquista y se siguen exhumando fosas comunes por parte de quienes reivindican no perder la memoria histórica. ¿Está usted de acuerdo con esta revisión? ¿La retirada de la estatua de Franco en Madrid responde a una actitud deliberada del Gobierno?
Primero, sobre amnesia y memoria: hasta 1985 se habían publicado en torno a 18.000 títulos sobre la guerra española y entre 1995 y 2000, se publicaron otros 2000 trabajos sobre ella, de todo tipo. La guerra y Franco son verdaderas industrias para la edición española. La guerra, en efecto, dejó una huella indeleble en la conciencia de los españoles; la transición no se explica sin la memoria del fracaso de la República y de sus consecuencias: la guerra y la terrible dictadura de Franco. Cosa distinta es que se quiera reparar a víctimas de la guerra que murieron y fueron enterradas en circunstancias que resultan inadmisibles a su dignidad y los derechos de sus familiares. A mí eso que se ha llamado «la arqueología de lo macabro» no me gusta. Pero que no me guste no quiere decir que niegue el derecho de víctimas y familiares a una reparación histórica justa. Lo de la estatua de Franco fue evidentemente un gesto para la galería de un Gobierno que llegó al poder de forma inesperada y sin verdadero proyecto de gobierno. Pero no pasó nada: Franco es historia.

- ¿Cómo ve la situación del País Vasco? ¿Hay motivos para el optimismo de cara al futuro?
Veo al País Vasco en una situación de interinidad. El actual Gobierno Ibarretxe, tras el rechazo del plan del lehendakari y el varapalo electoral que éste sufrió en abril, y por su debilidad parlamentaria, no puede ser más que un simple y decepcionante gobierno de gestión. Carece de autoridad y fuerza para ser otra cosa. Hay por un lado crisis del modelo gubernamental; pero hay también ausencia de alternativa en la oposición, por las profundas diferencias que existen entre las estrategias del PSE y PP. Sin un gobierno fuerte, esto es, un gobierno con liderazgo y autoridad moral, respaldo parlamentario y proyectos económicos y sociales claros, precisos e ilusionantes, es difícil que la política vasca pueda galvanizar a la sociedad vasca y acometer soluciones definitivas a sus problemas.

- ¿Qué salida ve a la reclamación nacionalista del derecho de decisión y consulta? Usted llegó a decir que una consulta sin consenso previo quebraría la convivencia vasca.
Las elecciones son siempre tomas de decisión. Pregúntenselo a los que pierden las elecciones. Y son formas de consulta. Son plebiscitos cuatrienales, cosa que conviene no olvidar: siempre se puede consultar a un electorado a través de las elecciones. De hecho, a través de éstas decidimos nuestros gobiernos, nuestros ayuntamientos, las políticas fiscales y presupuestarias que queremos y las que no queremos; decidimos sobre los hechos fundamentales que configuran la vida colectiva en nuestros territorios. Entiendo, con todo, que no habría problema para que un Estatuto vasco reformado, que encajara en la Constitución (fuese sometido a consulta, legal, del País Vasco). Pienso que competencias que planteaba el plan Ibarretxe como la ordenación judicial vasca y la representación de Euskadi en la Unión Europea son, o pueden serlo, constitucionales, y que tuviera el apoyo indiscutiblemente mayoritario del Parlamento Vasco, esto es, de los dos tercios de la Cámara, fuese sometido a consulta, legal, del País Vasco.

- Usted se ha mostrado muy crítico con el plan Ibarretxe y con la estrategia del nacionalismo que consideraba un error. ¿Se repetirá la situación?
No puedo saber si el nacionalismo repetirá o no los errores del pasado. Supongo que los líderes nacionalistas habrán comprendido que el plan Ibarretxe era un factor de división de la sociedad vasca y que, según las encuestas, la sociedad vasca quería un nuevo Estatuto, pero un Estatuto de consenso y no una imposición del nacionalismo. El plan era, además, flagrantemente etnicista y anexionista. No sé si la gente es consciente de que Álava, Vizcaya y Gipuzkoa no tienen, no tenemos, derecho alguno a ingerirse en los destinos de Navarra, Lapurdi, Zuberoa y Baja Navarra; que un ciudadano de la Rioja alavesa, o de Elgoibar, o de Balmaseda, no es quién para reconocer, o dejar de reconocer, los derechos de los ciudadanos de Biarritz y Bayona sobre su identidad y nacionalidad y sobre su vinculación o no a éste o aquél marco territorial. Soberanía compartida, pues, es una forma más moderada, cosa en sí misma apreciable, del mismo soberanismo de siempre. Pienso, y lo he dicho muchas veces, que el actual País Vasco tiene a su disposición todos los instrumentos para la construcción de Euskadi como lo que realmente es: una sociedad compleja, integrada por nacionalistas y no nacionalistas. Y que la solución a nuestra convivencia y a nuestra construcción como comunidad vasca democrática y libre, está en el equilibrio y el entendimiento entre nacionalismo y no nacionalismo, en el establecimiento de una relación especial con Navarra y en el desarrollo natural de la cooperación económica transfronteriza.

- ¿Se siente optimista respecto a la evolución del problema del terrorismo? ¿Qué opina de la estrategia de Zapatero a este respecto y de la influencia que puede tener el proceso de paz de Irlanda del Norte?
Hay muchas razones que hacen pensar como posible el fin del terrorismo. De Irlanda me interesa señalar que el acuerdo de paz no ha sido sino una forma inteligente de decorar la derrota del IRA. Todo lo que el IRA ha conseguido desde 1969 es 3000 muertos, que Irlanda renuncie a Irlanda del Norte, que el sector más radical del unionismo se haya hecho con el poder en el Ulster, y que el Sinn Fein haya desplazado al nacionalismo moderado entre la población católica de aquella región.