Julio Loras
Guerra civil y revolución en Fortanete, 1936-1938

            El origen de este trabajo de aficionado está en mi curiosidad por las cosas de mi abuelo paterno, que fue alcalde de Fortanete por el Frente Popular y miembro del PSOE, tendencia largocaballerista, en los años treinta, lo que pagó con la cárcel y con la expulsión del Cuerpo de Maestros. Cuando se abrió al público el archivo municipal del pueblo, me puse a buscar en el mismo. En esa búsqueda, topé con algunos documentos relacionados con la Colectividad. Mi reacción fue buscar más y me di cuenta que la información encontrada hacía posible un trabajito que acercara a las generaciones jóvenes una historia que se nos había hurtado. El silencio se empezó a romper ante mí hace unos pocos veranos, cuando una asociación cultural bajoaragonesa proyectó en el salón social un video con testimonios de “la guerra”. Las asistentes de más edad, de izquierdas y de derechas, hablaron por primera vez en voz alta, en el coloquio y al salir del acto, de esa guerra. Fue entonces cuando empecé a obtener información directa que no pensaba dar al público. Más tarde, en una tertulia matutina en el café de Bernardo, compuesta por unos pocos abuelos, escuché, sin preguntar nada, cosas de “la guerra” y de la represión al final de la misma. Absorbía la información con avidez, pero sin pensar en publicarla. Hasta que empecé a “hurgar” en el Archivo Histórico Municipal y decidí empezar este trabajo con la intención de que la juventud acceda a ese episodio, sin el cual no se puede entender plenamente la España actual, no para revivir odios y rencores, sino para aprender algunas lecciones de él. No seré yo quien diga cuáles son esas lecciones. Cada uno y cada una las extraerá según su capacidad, sus inclinaciones ideológicas y su personalidad.
            Obviamente, lo que viene a continuación no es un trabajo de historiador, ni siquiera de historiador aficionado, cosa que no soy, ni un trabajo “objetivo”, pero espero que quien lo lea pueda distinguir fácilmente los hechos de las conjeturas y éstas de las interpretaciones. También estoy seguro de que mis simpatías aparecen con claridad. Sólo espero que esas simpatías no me hayan impedido del todo juzgar con cierta imparcialidad. En cualquier caso, abrigo la esperanza de que otras personas corrijan, modifiquen o contradigan, con información mejor o menos sesgada que la mía, lo que a continuación expongo.
            En cuanto a las fuentes orales, no las identifico, por motivos que cualquiera en el pueblo puede entender y porque no sabían más que vagamente, cuando respondían a mis preguntas, lo que yo pretendía hacer. Si alguien tiene un interés verdadero en hacer algún trabajo que no sea mero chismorreo, gustosamente, previo permiso de mis informantes, le pondré en contacto con ellos, si aún viven, cosa que deseo que hagan por muchos años aún. Sólo diré que una mitad de ellos eran de izquierdas y la otra de derechas, igual que su composición por sexos es al cincuenta por ciento.

EL CONTEXTO

            Algunos historiadores y algunos intelectuales, desde la distancia que dan el tiempo y el sosiego político de nuestros días, achacan a la exaltación y a la intransigencia de la época la responsabilidad de lo que pasó en 1936. Inútil será negar tales exaltación e intransigencia, que indudablemente existieron, pero a mi entender deben explicarse yendo más allá de la naturaleza psicológica de las gentes españolas de la época, pues no parece razonable, a la luz de los conocimientos científicos, pensar que esa naturaleza haya cambiado en sólo 70 años. Y creo que las explicaciones deben buscarse en los terrenos social y político de aquellos años.
            La República fue acogida por la mayoría de la gente, en especial las clases populares, con gran entusiasmo. Incluso las masas cenetistas, abstencionistas por principio, votaron a las candidaturas republicanas en aquellas elecciones municipales del 12 de Abril de 1931 y creían que les auguraba un período de crecimiento sostenido de sus organizaciones y de grandes conquistas laborales gracias a la nueva libertad adquirida.
            La República se encontró con graves y difíciles problemas que había dejado la Monarquía. Los principales fueron el agrario, el obrero, el religioso, el de la enseñanza, el militar y los de las Vascongadas y Cataluña.

La cuestión agraria

            En el campo, el problema más agudo era la distribución de la tierra. El latifundio en el sur y el minifundio en el noroeste eran plagas endémicas, con negativas consecuencias para la economía del país (descapitalización, freno a la productividad, limitación del mercado interno) y para la sociedad (diez millones de campesinos sin tierra, mientras diez mil familias poseían la mitad de la misma, ruina de muchos pequeños propietarios y arrendatarios en las zonas interiores).
            Los repetidos levantamientos de los braceros andaluces y extremeños hicieron del latifundio la bestia negra de los políticos republicanos, con el riesgo de preterir la protesta sorda de los pequeños campesinos del centro, cuyo descontento capitalizó a su tiempo la derecha.
            La priorización del problema latifundista se debió, además de aquella amenaza revolucionaria, a ser los latifundistas el apoyo político y social principal de la Monarquía. De modo que se intentó emprender una reforma agraria que desactivara los dos peligros simétricos. Pero fue una reforma extremadamente tímida en su concepción (sólo se expropiaría a los Grandes de España indemnizándolos cumplidamente y las grandes propiedades que no rindiesen buenos beneficios,), con una financiación inadecuada (en lo que influyó la crisis económica que entonces llegó a España), con una aprobación tardía (1932), premiosa  en los plazos que preveía (los mismos políticos republicanos consideraban que necesitaba una generación para completarse) y más premiosa aún en su ejecución (en 1934, cuando el Gobierno Lerroux la paralizó, no se habían asentado ni 20.000 familias). Lo que no fue óbice para que la derecha la combatiera a muerte.
            La incidencia de la mala coyuntura económica, con el aumento del paro agrícola, llevó al hambre y a la desesperación a decenas de miles de campesinos sin tierra. Unido ello a la extremadamente dura reacción de los grandes propietarios, que se negaban en banda a acatar las resoluciones de los Jurados Mixtos rurales (“comed República”, les decían a los braceros), a las grandes expectativas  que la República había despertado en esos campesinos sin tierra y a la extremada timidez de la reforma provocaron una situación prerrevolucionaria en Extremadura y Andalucía, con ocupaciones de fincas y alzamientos invariablemente reprimidos con extremada dureza por la Guardia Civil y la nueva Guardia de Asalto.

La cuestión obrera

            En los años 30, los trabajadores no tenían ningún tipo de seguridad, ni frente a la vejez, ni frente a la enfermedad, ni frente al paro, cosas que ya tenían en otros países europeos, y el salario, cuando tenían trabajo, apenas les permitía sobrevivir. La crisis económica internacional incidió agravando esta situación. La actuación de los políticos republicanos demostró bastante poca inteligencia frente a la crisis. No pusieron el acento en la inversión pública, ni aumentaron el papel del Estado en la economía, a diferencia de lo que estaban haciendo, por aquellos años, con éxito y desde diferentes perspectivas políticas, varios gobiernos europeos y el estadounidense. Había una verdadera obsesión por reducir el déficit, sacrificando los planes de obras públicas, frenando la reforma agraria y la de la enseñanza. Los republicanos no se plantearon ninguna reforma fiscal que incrementara los recursos del Estado al tiempo que distribuyera más justamente las cargas terminando con el predominio abrumador de los indirectos.
            El paro, en consecuencia, se agravó sobremanera, sin que se creara un seguro de paro que no fuese la mera beneficencia.
            Conviene aquí comentar la actuación del ministerio de Largo Caballero. Mucha gente en el PSOE, y el propio ministro, valoró luego como fracaso esta gestión, pero su ministerio de trabajo fue el único que hizo algo por las clases trabajadoras, lo que se reflejó en una cierta mejora del nivel de vida de los trabajadores ocupados y en la obtención de derechos laborales y sindicales hasta entonces negados, aunque el mérito no corresponde solamente al ministro y su equipo, sino también al apoyo o al empuje dado por las movilizaciones sindicales de los primeros meses. Lo que intentó Largo Caballero fue institucionalizar mecanismos de conciliación social, legales y organizativos, y extender o crear algunos seguros sociales básicos que, aunque a todas luces insuficientes, paliaron algo la difícil situación de las clases trabajadoras. Pero la forma de regular la conflictividad laboral, rígida y contraria a la tradición de acción directa (lucha y negociación sin intermediarios) de la CNT y favorecedora de la UGT, que tenía ya una trayectoria en este tipo de mediación bajo la dictadura primorriverista, llevó a que la CNT radicalizara los conflictos laborales echando pulsos, muchas veces ganados, tanto a la UGT como al Gobierno.

La cuestión educativa

            En 1931, había en España un 32,4 por ciento de analfabetos (analfabetos 24,8 %, analfabetas 39,4 %), un millón y medio de niños sin escolarizar y sólo 32.680 escuelas primarias (de las 60.000 que se estimaban necesarias para atender a todos los niños), había pocos maestros, con formación deficiente y con pésimas condiciones de trabajo y sueldo (“Pasar más hambre que un maestro de escuela” era un dicho popular) y la enseñanza secundaria estaba reservada a quienes se la pudieran pagar y controlada por las órdenes religiosas.
            El ministerio de Instrucción Pública del primer bienio hizo una gran labor para cambiar esta situación. La reforma pretendía garantizar una enseñanza elemental suficiente, gratuita y obligatoria para todos los niños de entre 6 y 12 años, sustentada por el Estado y otras instituciones públicas convenientemente dotadas de medios, permitiendo la enseñanza privada, pero siempre con carácter secundario. Una enseñanza no confesional que fomentaba el aprendizaje activo y creador, inserta en el medio social circundante. Se promovió la coeducación y se disolvieron las barreras entre la enseñanza primaria, la secundaria y la universitaria. Se creó un Cuerpo de Magisterio con una situación económicamente digna y profesionalmente con formación equivalente para todos los niveles.
            El equipo de Marcelino Domingo empezó a aplicar medidas en este sentido desde las primeras semanas. Pero también en esta cuestión hubo fallos notorios: las dificultades presupuestaria impidieron cumplir plenamente los planes de construcción de nuevas escuelas (no obstante, el ministerio de Marcelino domingo construyó más escuelas en dos años que el franquismo en veinte).
            Hay que decir que las medidas de Marcelino Domingo contaron con el apoyo entusiasta de la Asociación Nacional de Magisterio y de la FETE-UGT, las principales organizaciones de maestros.

La cuestión religiosa

            Tradicionalmente, la Iglesia había jugado un papel fundamental en la conservación del orden social existente, basado en la explotación y la opresión de la mayoría a favor de una pequeña minoría privilegiada. Unida fuertemente a la Monarquía, concepto expresado en el término Alianza del Trono y del Altar, y a los círculos aristocráticos, sólo durante el siglo XIX había tenido la Iglesia que renunciar al sistema absolutista y a sus privilegios feudales, readaptándose al capitalismo incipiente. Sin abandonar su papel activo de mantenedora de la autoridad oligárquica en el mundo rural, había empezado, en los años 30, a cumplir un importante papel como apoyo ideológico de las clases capitalistas urbanas. Educando a las élites a través de la enseñanza, inspirando a sus partidos y a la prensa a través de organizaciones como la Acción Católica y empresas como la Editorial Católica, difundiendo una cultura de masas retrógrada mediante movimientos seglares dirigidos a las clases medias, propulsando intentos más o menos exitosos de sindicalismo corporativo basado en el paternalismo social contra las centrales UGT y CNT, el clericalismo de la Iglesia se adaptaba a los nuevos tiempos, para mejor jugar su papel tradicional.
            Era tarea ineludible de la República, para modernizar España y alinearla con el resto de Europa occidental y por su misma viabilidad, realizar la separación entre la Iglesia y el Estado y recortar los poderes de la institución. La nueva constitución consagró la laicidad del Estado, estableció la prohibición de que las instituciones públicas auxiliaran a una u otra confesión, sometió las congregaciones religiosas a una ley especial, extinguió el presupuesto de culto y clero, disolvió las órdenes religiosas con voto de obediencia a una autoridad distinta del Estado (esto, naturalmente, iba por los jesuitas) y prohibió el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas.
            Todos los historiadores solventes coinciden en que la reforma era imprescindible. Pero Azaña, como se suele decir, “metió la pata hasta la corva” por anticlericalismo visceral. Empezando con su famosa frase sobre la España que había dejado de ser católica (cosa que reconocían ya el 1 de noviembre de 1931 los padres Vilaplana y Carrera en un informe dirigido a la secretaría de Estado vaticana), pasando por la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas y terminando en la disolución de la Compañía de Jesús, esas medidas se convirtieron en provocaciones a los creyentes católicos, hábilmente utilizadas como munición de gran calibre por la jerarquía católica en su campaña permanente contra el régimen republicano, al mismo tiempo que así los republicanos de izquierda se enajenaron el apoyo del centro-derecha republicano.
            La Iglesia siguió dos estrategias distintas. Por una parte, la encabezada por el cardenal primado Pedro Segura, emprendida por grandes sectores del clero y por algunos círculos monárquicos, la negativa a cualquier colaboración con el nuevo régimen, promoviendo el boicot y la conspiración con la vista puesta en un derrocamiento violento. Por otra, otro sector, inspirado directamente por el Vaticano, prefería adaptarse para lograr la reconquista de lo perdido por medios legales.
            Hay que señalar la orfandad política e institucional en que había quedado la derecha española. Los sectores derechistas tenían pocas bases de operaciones mejores que la Iglesia, que era la menos desgastada y la que contaba con mayores apoyos en sectores de opinión de todas las instituciones del viejo régimen. La ACNP se convirtió en el principal centro organizador de la derecha, vertebrando un partido católico de masas que se llamó primero Acción Nacional, luego Acción Popular y que fue la columna vertebral de la CEDA. Las orientaciones del Vaticano iban claramente en la línea posibilista y daban las instrucciones para que el peso del clero y de las organizaciones apostólicas se volcara en apoyar a ese partido confesional.
            Sólo faltaron sucesos como algunas quemas de conventos e iglesias en Madrid, Andalucía y Valencia tras movilizaciones en respuesta a provocaciones de círculos monárquicos. Nunca se supo quiénes habían sido los incendiarios ni quienes los instigaron. Pero no es esto lo que importa, sino la munición que proporcionaron al clericalismo.

La cuestión militar

            La República se encontró con un Ejército técnicamente muy mal preparado para la defensa exterior, políticamente intervensionista, con una afición desmedida a golpes y pronunciamientos llevada a la práctica con mucha frecuencia desde mediados del siglo XIX y con una gran parte de los cuadros superiores e intermedios seriamente afectada por una ideología militarista que se había ido gestando en los anteriores cuarenta años y de un monarquismo acérrimo (si no habían movido un dedo para evitar la caída de la Monarquía, era por su conciencia del desprestigio del régimen y por su desmoralización en la experiencia de la dictadura primorriverista) y con una inflación de mandos descomunal.
            Los republicanos sensatos no podían menos que emprender una reforma a fondo de aquel Ejército, para garantizar su acatamiento al nuevo régimen, para desactivar su militarismo e intervensionismo, para racionalizar el presupuesto y para tener un ejército adecuado a las necesidades defensivas del país.
            Azaña fue el cerebro de esa reforma. Exigió a generales, jefes y oficiales juramento de adhesión a la República, debiendo abandonar la profesión militar, aunque se les mantenía el sueldo íntegro, quienes no lo prestasen. Ofreció esas mismas condiciones (mantenimiento íntegro del sueldo) a todos los militares que abandonasen el Ejército, amortizando sus plazas al no cubrir las vacantes resultantes. Esta medida fue un gran éxito en cuanto a eliminar la inflación de mandos (en un mes, el número de generales, jefes y oficiales se redujo a la mitad), pero fue un fracaso en cuanto al saneamiento político de la institución. Se fueron algunos militares monárquicos y reaccionarios, los más fanáticos, pero no los verdaderamente peligrosos por su inteligencia y su constancia en el empeño de subversión de la República y que desde sus privilegiadas posiciones realizaron una labor metódica contra el nuevo régimen.
            También fue obra de Azaña la supresión de organismos y funciones que significaban una clara injerencia de los militares en la vida civil: funciones judiciales, Consejo Supremo de Justicia Militar, gobernadores militares...
            Una de sus medidas más positivas fue la promoción de suboficiales a la oficialidad. Se permitió a los suboficiales ascender a oficiales mediante algunos exámenes, eliminando las discriminaciones legales entre oficiales de carrera y los provenientes de la escala de suboficiales. Todo ello redondeado con la creación de centros especiales para la formación de esos nuevos oficiales, elevando su nivel técnico y cultural.
            También se suprimió la Academia General de Zaragoza, creada por la dictadura, escuela de las ideas militares más retrógradas. Franco, que era su director, siempre tuvo esa espina clavada, pese a que, con su proverbial cuquería, nunca se quejó.
            Pero se mantuvo el papel del Ejército en la custodia del orden público, orden público que fue una obsesión enfermiza de los políticos republicanos, que convertían conflictos sociales y laborales que hoy se solventan con negociaciones en problemas de orden público. La represión siguió siendo la ocupación principal de los militares. No sólo la Guardia Civil y la nueva Guardia de Asalto, sino también los militares propiamente dichos intervenían cada vez, y fueron muchísimas, que se declaraban los estados de alarma y de sitio y se aplicaban las diversas leyes de excepción. Esa represión, además, se daba la inmensa mayor parte de las veces contra protestas obreras y campesinas (incluso contra simples conflictos laborales) y, casi invariablemente, comportó muertes.

La evolución de la República

            La reforma agraria fue tan tímida en su concepción, tan lenta en su aplicación y tan boicoteada por la derecha que, en las condiciones críticas en que se encontraban los diez millones de campesinos sin tierra, no satisfizo ni siquiera sus aspiraciones más modestas. Esos campesinos no podían esperar. Y muchos no esperaron, espoleados además por el boicot de las patronales agrarias a las medidas paliativas de Largo Caballero, lanzándose a las ocupaciones de fincas y a las revueltas.
            En las ciudades, las clases trabajadoras, especialmente las de tendencia cenetista, espoleadas por el paro y la intransigencia patronal, se lanzaron a grandes movimientos huelguísticos, que seguían a los del verano del 31, éstos como resultado de las libertades recién estrenadas. Esos conflictos se envenenaron por la intransigencia patronal y el favorecimiento objetivo a la UGT respecto a la CNT que supusieron las leyes referentes a los conflictos laborales.
            Por su parte, aprovechando la agitación de la derecha y de la patronal en la discusión de la ley de la reforma agraria, círculos monárquicos y militares de derecha autoritaria prepararon la sanjurjada, golpe que fracasó, en agosto de 1932. Sanjurjo fue juzgado y condenado a muerte, concediéndosele inmediatamente el indulto. El Gobierno Lerroux, en 1933, lo amnistió y el general se fue a Portugal, donde siguió conspirando
            Ya se ha visto como la obsesión de los republicanos por el orden público convirtió todos los conflictos en problemas de orden público, inspirando leyes de excepción, además de los estados de alarma y de sitio previstos en la Constitución, profusamente aplicadas, con el agravante de la autonomía concedida a las fuerzas del orden, que “resolvían” a tiros conflictos que hoy nos parecen banales. Estas leyes se aplicaron muchas veces a las izquierdas obreras y muy pocas a los derechistas.
            Todo lo dicho hizo que el entusiasmo inicial de las capas trabajadoras por la República cayera muy pronto en picado y que la CNT pasara de una táctica de crecimiento y consolidación organizativa a otra de enfrentamiento, declarando huelgas e insurrecciones locales en las que invariablemente solía haber muertos, muertes que, dentro del movimiento libertario, favorecían las posiciones más duras, en una espiral de auténtica “crispación” (aquello sí que era “crispación” y no lo que ahora se denomina así).
            En las elecciones de noviembre del 33, la derecha, representada principalmente por la CEDA de Gil Robles, obtuvo una holgada mayoría de los escaños. Algunos republicanos lo achacaron al reconocimiento del derecho a votar para las mujeres, que, decían esos republicanos, influidas por los curas, habrían votado a la derecha. Quienes han estudiado el caso coinciden en que las mujeres no votaron significativamente de manera distinta a los hombres y que la causa de la derrota de las izquierdas estuvo en la abstención, promovida por los libertarios y seguida por muchos trabajadores y trabajadoras decepcionados con la República.
            El presidente de la República encargó la formación del Gobierno a Lerroux, jefe del Partido Radical, puesto que Gil Robles, político de gran inteligencia, no quería crearse problemas serios antes de tiempo. Así, se formó un gobierno radical con apoyo parlamentario de la CEDA que, dirigido en realidad por ésta, emprendió la tarea de desmantelar la obra de los republicanos de izquierda y socialistas. Para sofocar la reacción popular contra sus medidas (la izquierda estaba muy en minoría en las Cortes, pero seguía teniendo gran fuerza social), tuvo que intensificar la represión, de modo que la normalidad constitucional estuvo vigente muy pocos días a lo largo del llamado Bienio Negro. Las intervenciones policiales y militares en las huelgas y actividades sindicales fueron constantes. Detenciones masivas e indiscriminadas de opositores en muchos pueblos andaluces y extremeños, deportaciones de campesino, clausuras de locales sindicales y Casas del Pueblo, duras sentencias de cárcel, destituciones de ediles de izquierda... eran lo habitual.
            Esta ofensiva derechista se dio en un tiempo marcado en Europa por la llegada al poder de fascismos y dictaduras de derechas, en bastantes casos por vía parlamentaria (Mussolini, Hitler, Dollfus, Salazar...). Marcó especialmente a las izquierdas obreras el caso de Austria, donde la dictadura fascista se implantó a pesar de la resistencia armada de la potente milicia del Partido Socialista austriaco. Hay que tener esto en cuenta para entender la insurrección de Asturias.
            El modelo italiano y el alemán ejercían mucho influjo sobre la derecha española, especialmente sobre la CEDA. Su prensa proponía copiar la legislación laboral y social de Hitler, los campos de concentración para parados y vagabundos... la CEDA elaboraba ficheros de trabajadores. Gil Robles hablaba públicamente de “aplastar” a los socialistas yendo más allá del Parlamento si era necesario, abogaba por abolir el derecho de huelga... Las Juventudes de Acción Popular organizaban concentraciones masivas en cuyos discursos abundaban los acentos ultranacionalistas e imperiales, mientras sus miembros aclamaban a Gil Robles al grito de “Jefe, Jefe, Jefe”.
            Así las cosas, Gil Robles, en otoño de 1934, creyó llegado el momento de que la CEDA entrara en el Gobierno, exigiendo tres ministerios a Lerroux y a Alcalá Zamora. El 4 de Octubre se formó el Gobierno radical-cedista. Y el día 5 empezó la reacción de las fuerzas obreras, temerosas de que aquello fuese el punto irreversible en la fascistización del Estado.
            La reacción consistió en una huelga general con brotes insurreccionales dispersos que se mantuvo tres o cuatro días, una sublevación institucional en Cataluña apoyada por los “escamots” de Dencàs –un dirigente filofascista de la Esquerra- y por la pequeña Alianza Obrera y en la Comuna Asturiana, como la llamaron las izquierdas obreras, que se mantuvo más de diez días. Esta actividad buscaba la toma del poder para evitar el fascismo. Pero fue mal preparada, excepto en Asturias, y falta del apoyo general de la CNT, nuevamente excepto en Asturias, debido esto, en general, al predominio en la CNT de los sectores más resentidos con la UGT y, en Cataluña, al enfrentamiento entre la CNT y la Generalitat por su política social antiobrera.
            En Asturias, los insurrectos fueron capaces de conseguir una rendición honrosa, que negociaron con los militares. La represión de la insurrección asturiana corrió a cargo del general Franco y mientras que la insurrección provocó menos de 30 muertos, los militares fusilaron a más de doscientos insurrectos e hirieron y torturaron a otros muchos.
            Como consecuencia del fracaso de este movimiento, decenas de miles de presos se añadieron a los muchos que ya había, centenares de locales sindicales y Casas del Pueblo fueron cerrados, muchos ediles fueron destituidos y detenidos, el gobierno de la Generalitat en pleno fue a parar a la cárcel... La derrota fue, aparentemente, aplastante, pero no tanto, en realidad. En primer lugar, porque la insurrección asturiana obligó, por precaución, a la CEDA a ir con más tiento, permitiendo con ello que el movimiento obrero recompusiera fuerzas y se preparase para lo que vendría después. En segundo lugar, la insurrección de Asturias probó que la unidad superadora de diferencias ideológicas y organizativas tradicionales había permitido abordar de manera competente tareas como la organización de los combates militares, los servicios de retaguardia, la fabricación de armas y municiones, el mantenimiento del orden... Cosas que sirvieron de algo después del 19 de Julio.
            1935 fue un año de repliegue de las fuerzas obreras y de debates entre las distintas tendencias y dentro de las mismas en torno a la unidad, con prácticas cada vez más unitarias contra la represión y por la amnistía. Las Alianzas Obreras, organismos unitarios de las fuerzas obreras, se van extendiendo, entrando en algunas  de aquellas en las que antes no estaba la CNT, se crean Comités de Ayuda a los Presos. En la primavera de ese año se van gestando las conversaciones entre republicanos de izquierda y socialistas prietistas para recuperar la unidad de 1931. Prieto propone una alianza basada en un programa como el del 14 de abril con un tinte algo más social. Los republicanos tendían a reducir las bases de esa alianza a la amnistía y al restablecimiento pleno de las libertades. El PCE, partido muy pequeño por entonces, pero muy activo y de  militancia muy disciplinada, ahora que la Komintern había pasado de considerar a los socialistas contrarrevolucionarios y ala izquierda del fascismo a una táctica de alianza con los anteriormente llamados “socialtraidores” y con todas las fuerzas no fascistas representativas de las clases medias, proponía una alianza de ese tipo, con un programa estructurado en cuatro ejes: reforma agraria con confiscación de las grandes propiedades y entrega a campesinos pobres y braceros, derecho de autodeterminación para Cataluña y el País Vasco, mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores con respeto de sus derechos sindicales y laborales y amplias libertades democráticas, llamando a socialistas y republicanos de izquierda a unirse en una Concentración Popular Antifascista.
            En noviembre, Azaña hizo una propuesta formal de alianza electoral. Largo Caballero y sus seguidores, escarmentados de la experiencia de colaboración anterior con los republicanos, se resistieron bastante, de modo que fue decisiva para su aceptación la intervención de la Komintern, a la cual los largocaballeristas, convertidos en revolucionarios de nuevo cuño, respetaban mucho. Entonces empezaron las conversaciones decisivas, en las que el PSOE llevaba la representación del PCE, del POUM, de las Juventudes Socialistas, del Partido Sindicalista y de la UGT. El 15 de Enero se llegó a un acuerdo firme, consiguiendo los republicanos el recorte de buena parte del programa propuesto por las organizaciones obreras (nacionalización de la tierra y de la banca, control obrero de las industrias, seguro de paro...).
            Esta alianza, bautizada Frente Popular, no era vista del mismo modo por todas las fuerzas que la formaban. Mientras el PCE y los prietistas la veían como una alianza con un programa de gobierno a largo plazo, los republicanos la consideraban un instrumento para que la República volviera a estar en manos de los “verdaderos” republicanos, los largocaballeristas la veían como un medio para desalojar a los filofascistas del poder y los poumistas como una simple alianza electoral que permitiera liberar a los presos políticos (había más de 30.000, a esas alturas) y permitir que las masas trabajadoras se reorganizasen y pasaran a la ofensiva. Incluso los socialistas que podían considerarla una alianza de gobierno, escarmentados por la colaboración del primer bienio, no querían formar parte, llegado el caso, de ese gobierno.
            Y esta alianza ganó las elecciones de febrero, en parte porque la CNT, esta vez, acuciada por el gran número de presos cenetistas, puso sordina a su posición abstencionista. Que la liberación de los presos era una aspiración profundamente arraigada lo muestra el hecho de que, la misma noche en que se conocían los resultados electorales, se iniciaran en muchas ciudades nutridas marchas desde los barrios populares hasta las cárceles para pedir esa liberación inmediata, cosa que consiguieron en muchos casos.
            Tampoco las derechas se entretenían con legalismos. Gil Robles intentó un golpe de Estado, de acuerdo con Franco, Goded, Fanjul y otros militares. Llamó al jefe de gobierno para convencerlo de declarar el estado de guerra, y Franco hizo lo mismo. Portela Valladares rehusó y entonces el general Goded intentó sublevar el cuartel de la Montaña, fracasando por la resistencia de la oficialidad. Entretanto, Franco sondeó al director general de la Guardia Civil, que tampoco se decidió, y luego intentó que los jefes militares de varias provincias declarasen el estado de guerra, lo que sucedió en Zaragoza, quedando el intento aislado. Al parecer, muchos militares que conspiraban desde la sanjurjada pensaban que un resultado electoral no era “justificación” suficiente delante de la opinión pública y era mejor esperar a que las situación se deteriorara para aparecer como “salvadores de la patria”.
            Como en 1931, al triunfo del Frente Popular las organizaciones obreras se aprestaron a la tarea de recuperar derechos y conseguir mejoras en las condiciones de vida y de trabajo. Las huelgas aumentaron espectacularmente, los braceros forzaban la reforma agraria por la vía rápida de los hechos.
            El Gobierno sin participación socialista era débil y vacilante, tanto por su ambigua política hacia las organizaciones de los trabajadores como frente a la creciente amenaza fascista y golpista que cada vez se iba concretando más, hasta el punto que todas las organizaciones obreras procuraban entrenarse y armarse para hacerle frente.
            El impulso unitario siguió desarrollándose entre las organizaciones de trabajadores, aunque de manera desigual entre sus dirigentes. El PSOE estaba profundamente dividido. Los prietistas querían repetir, mejorándola, la experiencia de 1931, creyendo necesario acabar con los movimientos huelguísticos, evitar experimentos de “contrapoder” y disolver las milicias de las juventudes .Los largocaballeristas aspiraban a la hegemonía en el movimiento sindical desde sus fuertes posiciones en la UGT, desarrollando dinámicas unitarias con comunistas y sectores anarcosindicalistas, en busca de crear un poder obrero ante el cual hubiera de ceder el Gobierno conciliador de la Izquierda Republicana, aunque, por el peligro fascista creciente, limitaban el hostigamiento tratando, mientras tanto, de no comprometer las fuerzas obreras en una colaboración gubernamental que podía perjudicar la unidad obrera.
            La CNT se recuperaba de la represión que se había cebado especialmente en ella, reorganizando sus filas, readmitiendo los sindicatos treintistas, desarrollando la agitación huelguística con sus tradicionales métodos de acción directa. Presionados los dirigentes por sectores importantes de la afiliación y por algunas confederaciones regionales, como la asturiana, no se negaban en principio a la unidad, aunque ponían como condición que tuviese objetivos puramente revolucionarios. No presentaba ninguna estrategia concreta para alcanzar sus objetivos revolucionarios, aunque sí que definió en un congreso su idea de la organización del comunismo libertario.

Del golpe frustrado a la guerra civil

            Que se preparaba seriamente un golpe militar era obvio para todo el mundo. El Gobierno del Frente Popular tenía buena información sobre la conspiración, hay muchos testimonios de que así era, pero escondió la cabeza debajo del ala, de lo cual dan fe esos mismos testimonios
            En fin, el 18 de Julio, al mando del general Franco, que se había desplazado desde las Canarias en un avión privado inglés que Michael Alpert, historiador de esa nacionalidad, duda que el gobierno británico no supiese para qué se había alquilado, se alzó el ejército de África. El 19 estaba previsto el golpe en la Península.
            Pero aquí las cosas no les salieron bien a los golpistas. El Gobierno tuvo una actuación verdaderamente lastimosa. Ante el alzamiento de prácticamente todo el Ejército, exceptuando minorías que muy encomiablemente cumplieron con su deber y permanecieron leales, la única solución, no habiendo atajado la cosa cuando era tiempo, era armar al pueblo, que lo pedía insistentemente, especialmente las masas obreras. Azaña intentó negociar con los sublevados, encargando a Martínez Barrio hablar por teléfono con el general Mola y ofrecerle una transacción, pero el general cortó la comunicación. Azaña no dio ninguna instrucción a los gobernadores, y podía haberlo hecho, porque las líneas telefónicas no estaban cortadas, por lo que dependió de las personalidades de éstos o de su mayor o menor capacidad de soportar la presión popular el que dieran o facilitaran armas a la gente o que no lo hicieran.
            Hay historiadores que dicen que el mapa político-militar que resultó del 19 de Julio se explica bien por la presencia o la ausencia de militares fieles a la República. Puede ser, pero también es cierto que coincide milimétricamente con la división entre las zonas donde el pueblo fue armado o se le facilitó que se armase y aquéllas en que no se pudo armar. Fue principalmente el pueblo el que hizo fracasar el golpe como tal golpe, enfrentándose a los militares allí donde pudo armarse. Donde no pudo, la huelga general fue sofocada sangrientamente. Así se convirtió en guerra civil lo que los sublevados habían querido que fuese un golpe de Estado rápido.

Una revolución en Aragón

            El 19 de Julio, vencido el alzamiento en Cataluña y en Valencia y triunfante en las capitales aragonesas, se formaron en esas dos regiones, por parte de los partidos y sindicatos obreros, cada uno por su cuenta casi en todos los casos, columnas milicianas que marcharon a la reconquista de Aragón (además de grupos de las cuencas mineras de Teruel que se dirigieron a la capital de la provincia). La mayoría eran cenetistas, pero también las había socialistas, comunistas, del PCE, del POUM y mixtas. Las columnas avanzaron rápidamente y llegaron muy cerca de las capitales, pero no fueron capaces de tomarlas. Sus integrantes no carecían de valor ni de entusiasmo, pero eran indisciplinados y propensos a las espantadas, por no tener formación militar, excepto una minoría fogueada en enfrentamientos e insurrecciones locales (Durruti era un miembro de esa minoría), pero esos enfrentamientos eran caricaturas de la guerra. La mayoría de los mandos eran civiles y los pocos militares profesionales que había en ellas eran vistos con total desconfianza y sus órdenes, frecuentemente discutidas en medio del combate, sólo eran obedecidas gracias a la intervención de milicianos con ascendencia sobre sus compañeros.
            Tal como eran al principio, las columnas debían cambiar. Otra cosa discutida es si la única posibilidad de solución era transformarlas en unidades militares tradicionales, pero esto nos desvía del tema. Y el tema es que el paso de las columnas por nuestras comarcas orientales propició en ellas una revolución social, ya que las estructuras del Estado habían quedado muy mal paradas por su pasividad ante el golpe. Esta revolución tiene una palabra mítica (gloriosa para unos, nefasta para otros, pero mítica en cualquier caso): colectivización. Y un símbolo, las colectividades.
            Éstas eran, en Aragón y en otros lugares, pero tuvieron mayor auge en Aragón, grupos de campesinos de un pueblo que, con las tierras que tenían algunos de ellos y con las que se incautaban a sus dueños huidos, o fascistas, o simplemente que no podían trabajarlas con sólo la fuerza de trabajo de sus familias, practicaban lo que se llamaba comunismo libertario, que no era otra cosa que la propiedad común, la ayuda mutua, la igualdad radical, la toma colectiva de decisiones, la ausencia de jerarquías y la abolición del dinero. Los campesinos que no se adherían a la colectividad, llamados “individuales”, podían seguir explotando su tierra con la condición de no emplear trabajo asalariado. Para velar por los asuntos de toda la población, colectivista e individualista, se nombraba un comité en una asamblea que teóricamente lo podía destituir en cualquier momento.
            Estos comités eran algo distinto de los que se formaron de urgencia para hacer frente a los golpistas. Ambas clases de comités fueron disueltos al crearse los Consejos Municipales.
            Las experiencias fueron muy variadas, tanto en cuanto a la afiliación a la colectividad (masiva en algunos pueblos, reducida en otros), como en cuanto a su eficacia económica (hubo tanto casos de mejora de los rendimientos, sobre todo en los pueblos grandes, como de descenso de la productividad, como de estancamiento de la misma), como en su origen (implantadas directamente por las columnas, nacidas espontáneamente en los primeros días, surgidas al amparo del Consejo de Aragón...), como por lo que se refiere a las afiliaciones de los colectivistas (exclusivamente cenetistas la mayoría, cenetistas y ugetistas conjuntamente una minoría significativa, muy pocas exclusivamente ugetistas), como con relación a la retribución de sus miembros (predominó el jornal familiar, pero hubo algunas con jornales individuales y unas pocas con jornales distintos para mujeres y hombres o según el trabajo que se hiciese).
            Con el frente estabilizado, el 6 de Octubre del 36 la CNT celebró en Bujaraloz un congreso regional extraordinario con asistencia de representantes de las columnas confederales. Allí se acordó la creación del Consejo Regional de Defensa de Aragón o Consejo de Aragón para que se hiciese cargo “de todo el desenvolvimiento político, económico y social de Aragón”, con los siguientes departamentos: Justicia,   Obras Públicas, Industria y Comercio, Agricultura, Información y Propaganda, Transportes y Comunicaciones, Orden Público, Higiene y Salud, Instrucción Pública y Economía y Abastos, más una Secretaría General y una Presidencia. Desde el primer momento, la intención de la CNT era que se integraran en el Consejo representantes del Frente Popular, lo que se obtuvo el 21 de Diciembre, quedando el Consejo de Aragón integrado por seis consejeros de la CNT, dos de Izquierda Republicana, dos de la UGT, dos del PCE, un Secretario General diputado del Frente Popular y siendo su presidente el cenetista Joaquín Ascaso. Con la creación del Consejo se quería poner orden en la retaguardia (un orden que no era el del antiguo régimen, ni tampoco, como se vio más adelante, el que pretendían el PCE y los republicanos), orden en la economía y en la sociedad (una medida importante fue la creación de los Tribunales Populares, muchas veces asesorados por profesionales del Derecho y con unas normas de actuación más o menos uniformes) para canalizar el esfuerzo social y económico hacia la guerra y para dar un marco legal a las colectividades y a los comités que habían surgido como hongos.
            Pese a la inquina de los comunistas y de los republicanos españoles hacia la revolución libertaria, el Consejo funcionó con pocos problemas hasta su disolución. Formado provisionalmente sólo con consejeros cenetistas, Joaquín Ascaso y otros miembros del organismo emprendieron gestiones en Barcelona y en Madrid para que fuese reconocido por el Gobierno. Por fin, el 24 de diciembre fue reconocido por el Gobierno como su autoridad en Aragón, con lo que la primera vez que Aragón ha tenido autonomía no ha sido con el régimen actual, sino entonces, y no de la mano de los regionalistas, sino de los anarquistas. El Gobierno nombró su delegado a Ascaso, cargo que, pese a no desear (porque le ataba las manos), aceptó y compaginó con el de presidente del Consejo.
            En estos primeros meses de guerra, los pueblos habían quedado en situación política inestable, con poderes locales muchas veces en competencia: ayuntamientos sin concejales de derechas, destituidos o dimisionarios, y ayuntamientos de derechas sustituidos por gestoras frente a comités locales formados al calor de los primeros días y, sobre todo, al paso de las columnas.. El consejo abordó esta situación en febrero del 37, declarando disueltos los comités y creando los consejos municipales, compuestos proporcionalmente, según un cómputo que tenía en cuenta las afiliaciones anterior y posterior al 19 de julio, por las agrupaciones de izquierdas. La autoridad local quedaba conferida a esos consejos. En 358 pueblos, componían los consejos municipales 1183 consejeros de la CNT, 618 de la UGT, 269 de Izquierda Republicana, 55 del PSOE, 49 de Unión republicana y 19 del PCE. Hay que decir que, según dice Ascaso, al constituirse los consejos “Algunos disgustos y sinsabores  me proporcionaron los sindicatos, grupos y hombres de mi propia organización”, aferrados a los comités revolucionarios.
            En Aragón, nos dice el presidente del Consejo, “nos opusimos terminantemente desde el principio” a las normas aplicadas en el resto de España a las industrias, “desechando la creación de consejos y comités de empresa. Intuíamos que éstos significaban el vivero de una burguesía”. Los cenetistas aragoneses pretendían que los beneficios de la producción, luego de atendidos los gastos de sostenimiento, pasaran íntegros al Consejo para que éste redistribuyera la riqueza a comarcas y municipios.
            En Febrero de 1937 se celebró en Caspe, sede del Consejo, el Primer Congreso de colectividades de Aragón, con 500 delegados representando a 80.000 colectivistas. En él se acordó la creación de la Federación Regional de Colectividades y el reglamento de la misma, un reglamento interesante desde el punto de vista económico (granjas de experimentación, obtención de semillas mejoradas, creación de escuelas técnicas) y organizativo (se promovían las federaciones comarcales y se daban criterios para la colaboración de las colectividades locales entre sí y con el conjunto).
            Comparando Aragón con Cataluña y Valencia, la economía aragonesa tuvo una evolución mejor que la de esas otras dos regiones, sobre todo en cuanto se relaciona con la vida de la gente del común: a diferencia de las otras dos,  en la región aragonesa los precios se mantuvieron estables, la producción aumentó ligeramente y no hubo apenas acaparamientos ni escaseces.
            Excepto los largocaballeristas y sectores de la UGT, todo el mundo en el Frente Popular era enemigo de lo que hacían los cenetistas. Especial inquina les tenían los dirigentes de Izquierda Republicana y el PCE, que ponía todo su tesón, que era mucho, en aplicar la táctica frentepopulista de la Komintern. Por ello, propietarios pequeños y medianos y gentes de orden (incluidos muchos policías y militares) fueron engrosando sus filas. Al mismo tiempo, el PCE, con su firmeza y su disciplina y gracias a su esfuerzo por organizar un Ejército regular, más pronto que tarde llegó a controlar muchos resortes militares. Cuando hubo acumulado suficientes fuerzas, pudieron decidirse los jefes republicanos a presentar batalla a la CNT. El punto de inflexión fue  la caída del Gobierno Largo Caballero y el asalto de unidades de la Guardia de Asalto venidas de Valencia y de militantes comunistas a la Telefónica de Barcelona, ocupada desde el 19 de Julio por la CNT, aduciendo que desde ella la CNT controlaba las comunicaciones del Gobierno y de la Generalitat. Los cenetistas respondieron, aunque sus dirigentes hicieron por la radio llamamientos a cesar los combates. Así, desorientados, los cenetistas inciaron su caída. A partir de estos “fets de Maig”, todo fueron pasos atrás para la CNT, aunque su potente organización evitó que le pasara lo mismo que al POUM, que fue disuelto y sus dirigentes juzgados por traición o asesinados.
            En Agosto de 1937, los republicanos se vieron con fuerzas para someter a la CNT aragonesa. Azaña ordenó la disolución del Consejo, previa llegada a Aragón de la división de Líster, que la realizó manu militari. Esta división y otra, también comunista, disolvieron la mayoría de las colectividades, aunque algo después, en vista del bajón económico y moral que ello supuso, permitieron la reconstitución de algunas. Los consejos municipales de mayoría cenetista, que eran los más, fueron destituidos y sus consejeros sustituidos por otros republicanos, aunque esto no sucedió tan rápidamente como la disolución del Consejo, ni de una vez, sino pueblo a pueblo, con justificaciones distintas en cada uno y en varias semanas, Policía de Guerra mediante.

FORTANETE 1936-1938: LA COLECTIVIDAD DE
CAMPESINOS EL EJEMPLO
           
            Fortanete es un pequeño pueblo de la Tierra Alta turolense, situado en la Sierra de Gúdar, aunque ahora, con la comarcalización de Aragón, está integrado en la comarca del Maestrazgo. Se halla a 1.300 metros de altitud, a 80 kilómetros de Teruel y a unos 40 de Villafranca del Cid (Castellón). En el siglo XIX tuvo una protoindustria textil importante y en las guerras carlistas fue liberal. Con la desamortización, prácticamente todo su término pasó a manos privadas, tanto las propiedades eclesiásticas como las comunales y las municipales. En los años treinta del siglo pasado tenía entre 1300 y 1500 habitantes.

Estructura de la propiedad

            Según la lista cobratoria de la contribución rústica de 1933, había entonces en Fortanete 465 propietarios de tierra, residiendo en el término 401. Traduciendo aproximadamente a hectáreas de tierra la riqueza imponible, podemos clasificarlos así:
            En la cima, poseyendo el 26 % de la tierra, un 1,7 % de propietarios, de los cuales tres eran absentistas.
            Un segundo estrato, heterogéneo por agrupar a campesinos medios de economía holgada, campesinos ricos y pequeños hacendados, lo constituían un 16 %, con cuatro absentistas, formado por propietarios de  entre 50 y 350 hectáreas.
            El estrato medio lo constituían un 6,5 % de los propietarios, poseyendo cada uno entre 25 y 50 hectáreas.
            Entre 10 y 25 hectáreas cada uno poseían un 11,9 % de campesinos que debían de necesitar algún complemento, como la recogida de leña y de setas con fines de venta para satisfacer las necesidades de la familia.
            Y el estrato inferior lo formaban 294 “propietarios” con menos de 10 hectáreas cada uno, un 64,6 % del total, de los cuales una cincuentena había emigrado en busca de mejores oportunidades. Este estrato tenía que complementar la explotación de la tierra familiar, además de con la recogida de leña, setas e inebriza, con jornales más o menos continuados, en faenas agrícolas de temporada, en trabajos forestales (había unos 60 o 70 peladores) o, las mujeres, en la treintena o cuarentena de telares (en su mayoría a domicilio) de un par de fabricantes de fajas y cintas. Los más afortunados eran pastores trashumantes (unos veinte) con hatajos de su propiedad o trabajaban (unos veinticinco) en la fábrica de cajas de madera del pueblo.
            Además de estas cuatrocientas familias, había en Fortanete entre 40 y 50 familias sin tierra, repartidas de la siguiente manera: 34 familias masoveras que trabajaban las masías pagando la parte o un rento fijo a los propietarios y el resto eran jornaleros y cuatro familias de “pobres de misericordia” que vivían de la mendicidad.
            También había cinco comercios, tres o cuatro tabernas, un café, un café fonda, una posada, un molino y dos herrerías, cuyos propietarios lo eran a la vez de algo de tierra, así como un sastre, un trillero y dos albañiles que trabajaban por su cuenta.

El marco político

            Este marco económico y social, menos polarizado que el del Bajo Aragón, pero indudablemente muy polarizado, coincidió desde febrero de 1936 con un  marco político dominado por la izquierda desde el triunfo del Frente Popular. El Ayuntamiento estaba formado por cuatro o cinco concejales del Frente Popular y tres o dos de las derechas. Las personas que recuerdan algo de esos años afirman que en el pueblo había gente de Izquierda Republicana, del PSOE y de la UGT. Los primeros tenían el Centro en el café fonda de la tía Emilia, que hoy es la casa de mi familia y donde hay en en el suelo de cemento de la entrada  tres bandas en las que se ven, muy desvaídos, los colores de la bandera tricolor, mientras que los otros lo tenían en el local de la UGT, donde hoy se está construyendo el centro de día para las personas mayores. Una de esas personas afirma que no había gente de la CNT y de la FAI, lo que resulta algo difícil de creer a la luz de hechos posteriores al 19 de Julio, como la constitución de un comité compuesto por miembros del Frente Popular y la CNT, la constitución posterior de un Consejo Municipal monocolor integrado por cenetistas, los excesos tolerados de cinco o seis cenetistas (esta tolerancia por parte de la gente de izquierdas ajena a la CNT no se entiende, si se sabe, por testimonios de las mismas personas, que las pocas armas que había, dos pistolas y alguna escopeta de caza, no las monopolizaba la CNT, ni siquiera las izquierdas, puesto que las requisas de armas fueron muy ingenuas, con el resultado de que la mayoría no fueron requisadas) o el hecho de que desde mayo del 37 la Cooperativa, dirigida por la Colectividad y el sindicato libertario, restringiera las ventas a los “individuales”, sin que el acuerdo de incautación de la misma tomado por el segundo Consejo Municipal se cumpliese. Todo esto da a entender que la CNT tenía un cierto arraigo previo al 19 de Julio, potenciado después por la llegada de los milicianos de Valencia, pero no creado por ellos.

Y llegó el 19 de Julio

            Triunfante el golpe militar en las capitales aragonesas y en la parte occidental de la región, mineros de las cuencas de Teruel se dirigieron a la capital de la provincia para sofocar el alzamiento. A diferencia de otros pueblos, donde los guardias civiles se alzaron y fueron asediados en los cuarteles y desarmados por las sindicales, en los cuarteles dependientes de la comandancia de Cantavieja, el teniente comandante de la zona, obligado por un sargento a punta de pistola, dio la orden de marchar hacia el frente y unirse a las fuerzas populares. Algunos de estos guardias que, acabada la guerra, se reincorporaron al cuerpo fueron represaliados, aunque suavemente para lo que le sucedió a mucha otra gente. Así, el cuartel de Fortanete, que entonces estaba en casa el Abadejo, propiedad de una sociedad mercantil que lo alquilaba al instituto armado, quedó disponible para otros usos.
            La primera semana de  agosto llegaron al pueblo los milicianos de la columna Torres-Benedito, organizada en Valencia por el exteniente Benedito, con gran peso en la Junta de Guerra del Comité Ejecutivo Popular que se hizo cargo de las cosas  en esa ciudad tras hacer abortar el golpe, y por el cenetista Torres, de la misma ciudad. Su composición política era de cenetistas y valencianistas, con una minoría de poumistas.
Sería entonces cuando se constituyó el Comité de Fortanete, seguramente a iniciativa de los milicianos y, seguramente también, compuesto, a imagen de los de Valencia y Castellón, por miembros del Frente Popular y de la CNT. Al parecer, este comité nunca sustituyó al ayuntamiento, del que fueron depurados los concejales de derechas o se auto excluyeron ellos mismos en vista de la que caía. Según uno de mis informantes, el Comité “eran los que mandaban entonces”. Otro, más mayor, dice que la relación entre el Comité y el ayuntamiento era como la que al acabar la guerra tenían la Falange y el ayuntamiento. Si no había acuerdo entre ellos, se hacía lo que quería el Comité. Fuesen como fuesen las cosas, el Comité emprendió campañas de petición de dinero y de comida para el frente que no fueron demasiado bien atendidas. Cuentan que sólo una familia de las más pobres entregó el poco dinero que tenía. También he sabido del caso de un pastor que, al serle preguntado por qué no entregaba alguna oveja (vieja, en cualquier caso) para el frente, respondió a los del Comité que cuando quisieran podían ir a ver su hatajo y coger las ovejas y corderos que mejor les pareciesen. Nunca fueron. Respecto a las requisas de comida, las únicas efectivas que se recuerdan son las realizadas por cuatro o cinco desaprensivos que hicieron varias por su cuenta y en beneficio propio.
            Más serio fue el caso de unas pocas personas de quienes se presumía que tenían mucho dinero y que se negaron a entregarlo. Un piquete encargado por el Comité se las llevó al cementerio y les mandó cavarse las fosas. Una de estas personas, tras cavar unos pocos centímetros, dijo que ya tenía bastante y que ya lo podían asesinar. Nadie fue fusilado, e ignoro si por fin entregaron el dinero.
            Las requisas de armas fueron igual de ineficaces. La mayor parte de las escopetas fueron ocultadas y los requisadores no las encontraron. El resultado fue que casi todos los que tenían armas antes del 19 de Julio las siguieron teniendo después.
            Más eficaz fue el Comité en las incautaciones de propiedades. Hay constancia documental de la incautación, aparte del edificio del cuartel, de 45 haciendas, la mayoría masías, y de los telares de los dos fabricantes de fajas y cintas. Los motivos aducidos son en dos casos la afiliación fascista de los dueños y en el resto, “el no poderlas trabajar” éstos. Se entendía, por esto último, que sus dueños no podían trabajar la hacienda sin emplear jornales o darla a explotar a masoveros.

La represión

            La gente de derechas habla mucho de las muertes que hicieron “los rojos” en Fortanete y recuerda las decenas de nombres que había pintados hasta hace poco en el atrio de la iglesia bajo el rótulo “Caídos por Dios y por España”. He intentado investigar esto interrogando a gentes de derechas que vivieron en aquellos años. Al principio, corroboraban esa afirmación. Pero cuando he ido concretando las preguntas, pidiendo detalles, he encontrado un cuadro muy distinto que, me apresuro a aclarar, puede no reflejar lo que ocurrió en otros pueblos. Helo aquí.
            Hasta que llegó la columna Torres-Benedito, lo que hubo fue un desconcierto total, nadie sabía qué hacer. Cuando llegaron los milicianos, se presentaron al alcalde y le pidieron información sobre los fascistas del pueblo, naturalmente, como habían hecho en otos sitios, para asesinarlos y asesinar con ellos, sin pretenderlo, a muchos otros por rencillas y deudas entre vecinos. La respuesta del alcalde fue que “aquí no hay fascistas” (aunque, naturalmente, había unos cuantos), con la que los milicianos, tal vez porque tenían prisa para llegar a Teruel, se dieron por satisfechos y nadie fue asesinado en ese momento.
            Constituido el Comité, decidió asesinar al cura (una persona odiada por las izquierdas y, por su comportamiento personal nada ejemplar, poco querida por las derechas), o tal vez lo decidió asesinar una asamblea, puesto que el cura sabía cuándo lo irían a buscar. Este hombre fue a casa del alcalde y le suplicó que lo salvara. El alcalde lo tranquilizó comprometiéndose a acompañarlo fuera del término, garantizándole la vida hasta allí. Hecha parte del camino, les salió al encuentro una patrulla mandada por el Comité. Hubo una fuerte discusión entre la patrulla y el alcalde y amenazas de aquélla al mismo. Pero el alcalde era persona muy respetada por todo el mundo y se salió con la suya, de modo que el cura no fue asesinado y al acabar la guerra volvió al pueblo. Éste fue el único caso en que se decidió asesinar a alguien, sin que se llevara la decisión a la práctica. En el resto de la guerra, aparte del simulacro de fusilamiento de que he hablado, no se asesinó a nadie hasta la retirada del Ejército republicano. Los soldados en retirada se comportaron bestialmente, siendo ellos los que asesinaron a todos aquellos “caídos por Dios y por España” del atrio de la iglesia, menos a unos pocos que murieron en combate. Una persona me ha contado el caso de dos hombres que estaban en una masada de Zoticos. Uno era un cenetista de Barcelona algo pariente de esa persona y el otro un pobre diablo. Los soldados, que se llevaban a los hombres, se los llevaron y se dice que los torearon en otra masada. Nadie sabe cómo acabaron.
            Es decir, que los asesinatos no fueron cometidos en ningún caso por “los rojos” del pueblo cuando lo dominaban, sino por los soldados republicanos cuando se retiraban.
            El otro caso de represión grave es el simulacro de fusilamiento de que he hablado. Se trató, a mi entender y creo que al de cualquiera con algo de humanidad, de una salvajada –tortura, si hay que hablar claro-, además de injustificable moralmente, injustificada en la práctica, ya que mejor y más eficaz habría sido que las patrullas del Comité hiciesen medianamente ben sus registros.
            En cuanto a otras formas de represión, menos duras, según mis informantes sólo hubo una persona encarcelada, con bastantes estancias cortas en el calabozo. Era un borracho que cuando bebía solía pegar a su mujer, para evitar lo cual se le encarcelaba cuando se emborrachaba, cosa que también le hacían las autoridades antes del 19 de Julio. Nadie más pisó la cárcel.
            Lo que sí  que hubo fueron presiones de la CNT y de la Colectividad para que los “individuales” se uniesen a ésta, restringiéndoles, desde mayo del 37,  la venta por parte de la Cooperativa cuando ya no la dirigía el  Comité y habían pasado a hacerlo directamente la CNT y la Colectividad.

La Colectividad de Campesinos de Fortanete El Ejemplo

            En octubre del 36 se constituyó el Consejo de Defensa de Aragón por decisión del pleno regional de sindicatos de la CNT celebrado en Bujaraloz, constituido, el Consejo, provisionalmente por consejeros de la CNT, mientras negociaba para que se incorporasen al mismo las organizaciones del Frente Popular. Creo que fue eso lo que alentó la iniciativa de los cenetistas fortanetinos para formar la Colectividad, a diferencia de lo ocurrido en otros sitios, donde las colectividades se formaron por iniciativa directa de las columnas confederales (pudo ser éste el caso de Mirambel, donde, habiendo unos 750 habitantes, había más de 600 colectivistas y donde, ignoro en qué momento, hubo un levantamiento contra la colectividad), que las promovían por motivos ideológicos tanto como militares (abastecimiento de las columnas) o fueron impulsadas desde el principio por los libertarios locales. El Consejo de Aragón legalizaba las colectividades y les daba apoyo en pie de igualdad con los campesinos “individuales”.
            Así, creo que la Colectividad de Fortanete empezó a formarse en octubre, con las aportaciones de los colectivistas y con las propiedades incautadas de que he hablado antes, además de los cerdos y las vacas incautados. Las incautaciones de cerdos se hicieron con muy poco rigor, puesto que, por un lado, se incautaron cerdos a familias que no tenían más que uno y, por otro, algún propietario incautado fue a recuperar su animal y nadie se lo impidió. En cuanto a las vacas, deduzco de lo que me dicen los informantes que se le incautaron a un comerciante. También tenía la Colectividad, por lo menos, uno o dos hatajos de ovejas y otras ovejas en una masada, no sé si porque sus masoveros se hicieron colectivistas o porque se les incautaron (aquí señalo que la economía de los masoveros era desigual, habiéndolos más y menos acomodados).
            Hasta el Año Nuevo del 37,la Colectividad debió de funcionar de manera informal. Ese día, el Sindicato Único de Oficios Varios CNT de Fortanete presentó unos estatutos a la Asamblea de la Colectividad, que fueron aprobados por la misma. En el preámbulo de esos estatutos hay pocas concesiones a la ideología y a la retórica, sólo la expresión “no la ha parido él” refiriéndose a la tierra, expresión que a esas alturas parece que había hecho fortuna en el pueblo..Se habla  de la prioridad de los intereses colectivos sobre los individuales sin pararse a matizar como se esperaría de gentes libertarias que valoran mucho al individuo. Da la impresión de que se trata más de un colectivismo tradicional que de un colectivismo libertario. Pero queda parcialmente compensado por el resto de los estatutos. Otros aspectos importantes del preámbulo son el acento en la igualdad, explicada muy rudimentariamente (no es justo, se dice, que uno gane veinte pesetas y otro se muera de hambre, sin insistir en la desigualdad de la propiedad), y en la seguridad , ante la enfermedad, la vejez y los caprichos del clima, seguridad aportada por el apoyo mutuo. Nada se dice de comunismo libertario, nada de acabar con las jerarquías, nada de abolir el Estado, nada, en fin, de la Acracia. No señalo esto como defectos que encontrarían personas anarquistas doctrinarias, sino como virtudes: quien redactó los estatutos sabía bien qué era lo que le interesaba a la gente y recogía sus aspiraciones más sentidas.
            Según los estatutos, las decisiones importantes correspondían a la Asamblea de colectivistas, donde tenían voto todos ellos (los adultos, se supone) y a la cual debían someterse todos los asuntos de viajes, gastos e ingresos (estos dos, con el correspondiente presupuesto), sanciones y admisión de nuevos miembros. El funcionamiento diario correspondía a un Consejo Administrativo de seis miembros nombrados por la Asamblea, que los podía cambiar. La Junta Directiva del sindicato debía llevar libros de administración y publicar cada mes el estado de ingresos y gastos y cada semestre un balance general. Una comisión revisora de cinco miembros, renovable cada tres meses, debía revisar esas cuentas.
            La organización técnica recaía en el sindicato, que “organizará la producción y el consumo a base de secciones (agricultura, madera, distribución, etc.)”, teniendo cada sección a su frente tres personas que se reunían cuando lo consideraban necesario y organizaban el trabajo de acuerdo con los miembros de la sección, responsabilizándose de la ejecución de los acuerdos de la misma. Estas presidencias de sección debían llevar libros de actas y administrativos, asistiendo a sus reuniones el presidente y el secretario de la directiva del sindicato o las dos personas en quienes ellos delegaran, dando el visto bueno a sus acuerdos. Esto, en teoría, sería una forma de garantizar que las secciones funcionaran armónicamente entre sí y de acuerdo con los fines de la Colectividad.
            En los asuntos de trámite, la responsabilidad correspondía al Comité, lo mismo que, en esta caso conjuntamente con la Junta Directiva sindical, en los de urgencia, aunque estos últimos debían llevarse a la Asamblea tan pronto como fuera posible.
Los problemas entre colectivistas, secciones, etc. debían ser vistos por una presidencia de tres miembros, que presentarían en cada caso una ponencia al sindicato, al Comité o a la sección correspondiente, que intentarían resolver, primero, por unanimidad; si esto no era posible, por mayoría; y en última instancia, deshaciendo los empates el voto de calidad del presidente, haciéndose constar las votaciones acta.
            Se nombraba por la Asamblea un Comité que “asuma las responsabilidades del Consejo Local (el ayuntamiento, J.L.), por ser zona de guerra, junto con la Directiva del Sindicato”. Este Comité tenía siete miembros, igual que el ayuntamiento, y debía velar “por el cumplimiento de lo que afecta a la colectividad y a los vecinos que sin pertenecer a ella, se hagan acreedores al respeto mutuo”.
            Los bienes de la Colectividad eran: los del común (muy escasos en Fortanete), los incautados a “facciosos” (engrosados con los incautados a “los ricos”) y los aportados por los colectivistas. Estos últimos sólo se les devolverían en caso de disolución, quedando quienes se saliesen de la Colectividad sin sus antiguos bienes. En caso de disolución, el 25 por ciento del excedente se destinaría a las víctimas del fascismo.
            La Colectividad debía hacerse cargo de los ancianos desvalidos. El dinero desaparecía entre sus miembros, pasando a poder del tesorero del sindicato, a disposición de su Junta Directiva. Este tesorero sólo podía entregarlo por orden de la Junta Directiva en pleno, con el visto bueno de su presidente y la firma del secretario, y contra recibo. Este dinero se usaba en las compras de la Colectividad y en los viajes de sus miembros.
            Los colectivistas recibían un jornal familiar igual para todos y con complementos por hijos, jornal que se abonaba en vales que se ponían en una libreta. Los ahorros que pudiese hacer cada colectivista pasaban a poder de la Colectividad, prohibiéndose la venta entre colectivistas y particulares. La sanción más grave para los colectivistas era la expulsión, que comportaba la pérdida de lo aportado. Las conductas sancionables eran atentar contra los bienes de la Colectividad, las sustracciones o daños a los mismos y las murmuraciones y críticas fuera de las juntas o asambleas, que se suponía que estaban para decir las cosas claras. Las dos primeras conductas, si eran cometidas por “individuales”, se denunciaban al Comité y al sindicato, que planteaban los casos a la Asamblea para que decidiera las sanciones a aplicar.
            También aparece en los estatutos el monopolio por la Colectividad del comercio con otras poblaciones.
            Finalmente, se creaba una “Cooperativa Única” para abastecer a colectivistas e “individuales”, debiendo estos últimos pagar al contado, bien en metálico, bien en especie. Esta Cooperativa, que se instaló el  cuartel abandonado por los guardias y puso una tienda donde la ermita del Buen Suceso, y que ya debía de funcionar un par de meses antes, estaba regida por un Consejo Administrativo de cinco miembros, tenía una comisión de compras y cuatro o cinco trabajadoras y trabajadores, entre dependientas, almacenistas y contable. La responsabilidad del Consejo Administrativo era compartida con la Junta Directiva de la CNT. La función de la comisión de compras era hacer y presentar proyectos de compras que el Consejo comunicaba al Comité y al Sindicato para su aprobación.
            Hasta aquí, los estatutos. Se ve en ellos una expresión de los deseos de la gente pobre de aquellos días, tan lejos de cumplirse en aquella época en España y por ende en Fortanete. Se ve también un interés por una democracia radical y por evitar que en esa democracia los intereses de grupos o individuos perjudiquen el interés general. Así interpreto los controles del Comité y de la Junta Directiva, aunque reconozco que también se pueden interpretar como controles políticos en el peor sentido de la palabra.
Pasemos ahora a lo poco que sabemos de lo que fue en la realidad. Para empezar, un dato que me tiene algo perplejo. Según consta por las actas del congreso que creó la Federación Regional de Colectividades, al que acudieron dos delegados de Fortanete, la Colectividad El Ejemplo tenía 250 miembros. En esa misma reunión, los delegados de Cantavieja participaron en nombre de 150 colectivistas, los de la Cañada de 350 y los de Villarluengo de 1300. la disparidad entre Fortanete y Cantavieja, por un lado, y Villarluengo, por otro, es muy grande. Que La Cañada, siendo bastante más pequeña que Fortanete, tuviera 100 colectivistas más acentúa esta disparidad. Desde luego, el caso de Villarluengo, con casi todo el pueblo colectivista, dado que de antemano hay pocas razones para pensar que la relación de fuerzas entre las izquierdas locales fuera significativamente diferente de la de Fortanete, hace pensar que fue un caso de colectivización promovida directamente por los milicianos. Cantavieja, con población algo mayor que Fortanete, pero con más de doscientas familias masoveras y más peso de la derecha, parece lógico que tuviera menos colectivistas que Fortanete. Pero que Fortanete tuviera sólo 250 me resulta un poco difícil de creer. Por varias razones.
Primero está la magnitud de las incautaciones. Un mínimo de 45 haciendas, que incluye buena parte de las masadas, una treintena o cuarentena de telares, una quincena de vacas y como un centenar de cerdos (el otro centenar fue aportado por los colectivistas), teniendo el cuenta que los colectivistas no empleaban trabajo asalariado ni aparceros, se me antoja demasiado para que lo trabajaran sólo 250 personas. Salvo, y me parece una posibilidad dudosa, que la propiedad de esas haciendas recayese en el Consejo Municipal y éste pagase jornales y cobrase rentos. Esta posibilidad no casa con los estatutos de la Colectividad.
            En segundo lugar, no cuadra con la relación de fuerzas que se desprende del hecho de que hubiese cuatro o cinco aprovechados afiliados a la CNT, de tiempo atrás o recientes, que camparon por un tiempo a sus anchas. Si la CNT no dominaba el Comité y la situación, estos pescadores en río revuelto lo habrían tenido más difícil, porque las otras izquierdas les habrían parado los pies. Y si dominaba la CNT, parece lógico suponer que habría habido algunos colectivistas más. Ni de lejos como en Villarluengo, pero sí una cantidad significativamente mayor. Esta impresión resulta reforzada cuando se sabe que en un congreso de las Juventudes Libertarias celebrado en Valencia después de la disolución del Consejo de Aragón, se censaron 140 jóvenes libertarios y libertarias de Fortanete, cuando ya había pasado su momento y debían de haber perdido bastante afiliación.
            Se me ocurren dos hipótesis, que sólo podrían comprobarse en Salamanca o en Ámsterdam, donde está el archivo histórico de la CNT. La primera es que los delegados de Fortanete, a diferencia de los de Villarluengo o la Cañada, en vez de contar individuos colectivistas contaran familias. En esta hipótesis, las personas miembros de la Colectividad serían entre  700 y 800. Esta cifra, a su vez, me parece demasiado grande a la luz del testimonio de los informantes, que dicen que la Colectividad tenía “pocos” miembros (un “pocos” muy indefinido, que igual puede ser 50 que 400), aunque satisfaría a los marxistas de manual, porque casa bien con el número de campesinos pobres que había en el pueblo.
            La hipótesis que me parece razonable, si descartamos en su literalidad la cifra de 250, consiste en suponer que los delegados de Fortanete habían contado mayores de edad (mayores de 21 años), no incluyendo en el censo a los jóvenes libertarios y libertarias. Esta suposición elevaría el número de colectivistas a entre 350 y 400, sin incluir a los niños, con los cuales se elevaría a entre 400 y 500. una minoría de  los 1300 habitantes del pueblo, pero una minoría grande y capaz de decidir la marcha del pueblo y el atender lo incautado.
            Aunque pueda parecer anecdótico, tengo que decir que dos familias de “pobres de misericordia” se incorporaron a la Colectividad y los cabezas de las otras dos figuran en una lista de los que no lo hicieron. En esa lista, que hacía constar la tendencia política de las personas que no se apuntaron y las propiedades que tenían, de esos “pobres de misericordia” se dice que lo eran en su manera de pensar, lo que, conociendo la manera de entender la solidaridad de los cenetistas, que no era la caridad cristiana, sino el apoyo a quienes luchaban de una u otra manera contra su situación con dignidad, es muy significativo.
            De la vida diaria de la Colectividad poco he podido averiguar. Sólo que una de las dos carnicerías pasó por voluntad del carnicero a la misma, de modo que, en cuanto a la distribución, tenía dos almacenes (la iglesia y el cuartel), dos tiendas (el cuartel y la ermita) y una carnicería. Además de la granja de cerdos y la vaquería, tenía una herrería, machos y carros que llevaban productos hacia otras localidades, principalmente Castellón y Valencia. La vaquería estaba en la fábrica de Bartolo, quemada antes de la guerra y reconstruida por la Colectividad (ésta puso maderas de la iglesia en el alero). Recuerda un informante que había un abuelo que se encargaba de los chicos cuando no iban a la escuela y los organizaba para espedregar bancales. Tres o cuatro mujeres jóvenes atendían a las tiendas de la Cooperativa, además de un hombre que llevaba las cuentas.
            De los documentos he deducido que uno o dos pastores se hicieron colectivistas, ya que hay registro de un par de salvoconductos para llevar a extremo las ovejas de la Colectividad. De los documentos y porque un informante recuerda que había uno o dos pastores “rojos”, siendo los demás de derechas. De modo que la Colectividad tendría por lo menos 150 o 200 ovejas.
            Parece que prácticamente todos los peladores fueron colectivistas, porque la Colectividad mandó bastantes carros (y un camión) de madera a Villarreal y a Castellón y hay constancia de una entrada de 9000 pesetas de la sección de la madera y porque, según un informante, “todos los peladores eran rojos”.
            Todos los gastos de los viajes en nombre de la Colectividad se anotaban, con mucho detalle, en los libros. Como casos curiosos, hay la anotación de una caja de cervezas que se regaló a unos milicianos a los que se visitó y 8 pesetas para “gastos particulares”. Esta última es la única anotación poco detallada que he visto. En el mismo libro se reflejan unas compras para la Cooperativa en Castellón, las 9000 pesetas de la madera y una relación de existencias de tocino que me ha intrigado. Se trata de una lista de 117 personas con las existencias que tiene cada una, que vendrán a sumar 3 ó 4000 kg. ¿Eran esas 117 personas colectivistas que guardaban el tocino en sus casas, a falta de un lugar apropiado para almacenarlo? ¿O eran “individuales” a quienes se controlaba para requisarles el tocino si hacía falta? Me inclino por lo segundo, puesto que, del mismo modo que se había encontrado acomodo a 200 cerdos, podían almacenarse todos esos kg de tocino en el local de la Cooperativa o, aunque difícilmente, por las condiciones del edificio, en la iglesia.
            Como decían los estatutos, todos los intercambios con el exterior eran realizados a través de la Colectividad. Así, supongo que los cinco comerciantes, que antes hacían sus compras a través de un viajante de Castellón o, uno de ellos, directamente él mismo, se verían obligados a pasar por la Colectividad en papel de intermediario. Es lógico pensar que ésta se quedaba con una fracción del montante de las compraventas por sus servicios, que también prestaba a la fábrica de cajas.
            Siguiendo con el comercio, por el libro de registro de salvoconductos que va del 1-3-37 al 7-1-38 nos enteramos de 40 envíos de carros y uno de un camión cargados de madera para Villarreal y Castellón, además de uno de huevos, otro de patatas, un intercambio con Miravete, una compra de género en Valencia, otra de comestibles en Castellón y otra compra de género en Villafranca. Lo que revela que la mayor parte de los intercambios económicos de la Colectividad, como siempre ha pasado en Fortanete, fueron con la provincia de Castellón.
            El Ejemplo siguió existiendo después de la disolución del Consejo de Aragón y de muchas colectividades, aguantando casi hasta el final de la guerra, más concretamente hasta abril del 38.

El transcurso de la guerra en Fortanete

            En los primeros días  de agosto del 36, unos veinticinco hombres se fueron de milicianos al frente, diciendo un informante que a la columna Largo Caballero, lo que me resulta raro, porque no he encontrado ninguna noticia de tal columna, aunque sí de un batallón de ese nombre integrado en una columna del Centro. Lo notable es que con ellos se apuntó también la maestra de las niñas, doña Jesusa. ¡El valor que tuvo, más que por arriesgarse en los combates, por la mala fama, de “puta” para arriba, que era previsible que adquiriese entre las derechas y poco buena entre las izquierdas! Desde luego, no era una maestra convencional. Cuando tomó posesión de su plaza, inmediatamente puso en práctica lo que ninguna maestra había hecho antes ni ninguna hizo después hasta los años 70, suprimiendo las “Labores”, que ocupaban todas las tardes de las niñas, para dar exactamente las mismas asignaturas y con el mismo horario que los niños.
            La coeducación llegó por la fuerza de los acontecimientos, y también a causa de doña Jesusa. Al irse de miliciana, el Ayuntamiento y el Comité, por sustituirla y por darle oportunidad de ganarse el sustento a una señorita forastera a la que la guerra había cogido allí, le ofrecieron a ésta el puesto de maestra de las niñas, pero duró pocos días porque, al parecer, “no daba treslau”. De modo que se escolarizó a las niñas con los niños, a cargo de don Marcos, un maestro “muy rojo” pero amigo de una familia de derechas y que se volcaba en un niño de los que hoy se diría que tienen necesidades educativas especiales, hijo de una familia de derechas. Con ciento cincuenta o doscientos niños y niñas de todas las edades, apretujados en una sala con mobiliario insuficiente e inadecuado, don Marcos hizo todo lo que pudo, que, a pesar de ser muy buen maestro, debió de ser muy poco. Que era buen maestro lo atestiguan sus antiguos alumnos. Lo que más recuerdan son los paseos-lección de los jueves por la tarde, casi siempre a alguna masada, y sobre todo, los de izquierdas (ya que las familias de derechas no dejaron ir a sus hijos), la excursión a Valencia. De esa excursión, más importante aún que la oportunidad que tuvieron unos niños de pueblo de los años 30 de conocer una gran ciudad de la costa, fue la manera en que se pagó: entre otras muchas cosas, los niños fabricaron lejía que vendían por las casas e hicieron “comedias”. Me parece mucho más “moderno” y pedagógico esto que las rifas y las loterías que se hacen ahorra por no hablar de rascar los bolsillos de los progenitores. Además, “enseñaba mucho”. Fue recompensado, al acabar la guerra, con la cárcel y recibiendo el despectivo mote de “Marquetes”, puesto por gentes de derechas.
            En Enero, el primer Comité fue sustituido por otro integrado exclusivamente por cenetistas. Pero la decisión del Consejo de Aragón de constituir los consejos municipales y darles toda la autoridad en los pueblos, llevó a la formación de un Consejo Municipal. Este Consejo, al parecer, quedó formado sólo por consejeros cenetistas, lo cual es una de las razones, dada la forma en que se constituyeron esos consejos, de que piense que la CNT tenía arraigo en Fortanete antes del 19 de Julio. La responsabilidad de la Cooperativa pasó del disuelto Comité a la CNT y  a la Colectividad. Al principio, esto no significó ningún cambio y en la Cooperativa se abastecían los colectivistas y los “individuales”, sin más distinción que el hecho de que éstos pagaran con dinero o en especie. Estos últimos podían comprar también en cualquiera de las cinco tiendas de propiedad privada, que en ningún momento fueron incautadas ni cerradas.
            Pero, a partir mayo, parece que el sindicato empezó a restringir las ventas para los “individuales”, sobre lo que parece que hubo alguna queja al Consejo Municipal, que no hizo nada, lo cual no parece irrazonable si se tiene en cuenta lo dicho de las tiendas privadas. Otra cosa es que las restricciones tal vez no se debieran  a escasez de género, sino que fueran una forma de presión para que los “individuales” dejaran de serlo, presión que considero ilegítima, a diferencia de las que suponían las ventajas inherentes a la colectivización (ayuda mutua, seguridad, igualdad, posibilidad de modernización...), que, más que presiones serían incentivos. En cualquier caso, éste sería uno de los dos motivos concretos que esgrimió el segundo Consejo Municipal para la destitución del primero.
            El 18 de Agosto fue disuelto el Consejo de Aragón y sustituido por un gobernador. Las divisiones comunistas que se encargaron de ello disolvieron la mayoría de las colectividades (entonces debió de suceder el levantamiento de los vecinos de Mirambel contra su colectividad). Las repercusiones de todo esto llegaron a Fortanete con un mes de retraso. La Policía de Guerra destituyó al Consejo Municipal y nombró otro compuesto por miembros de Izquierda Republicana. Según el acta de constitución de este segundo Consejo Municipal, la destitución del anterior se debía a que había dado un salvoconducto a uno de aquellos pescadores en río revuelto de que ya he hablado (a quien, por cierto, nadie había denunciado) y ejercido coacciones sobre aquella Policía (¿Cómo, me pregunto, si las armas de que disponía el Consejo debían de dar risa a la policía?) para que liberara a un detenido que no he podido identificar.
            Por el acta de la segunda reunión del Consejo (25-9-37) nos enteramos de lo que he dicho de las restricciones de la Cooperativa. Nos informamos también de que la Cooperativa se había abastecido “con el importe de ganados particulares (algo que habría que investigar, J.L.), pinos maderables de propiedades ajenas (esto era poner en cuestión algo que hasta entonces nadie había cuestionado, las incautaciones)(...) y cajas elaboradas en la fábrica de la localidad, propiedad de los que trabajan en la misma y de su antiguo dueño”.
            Más adelante volveré a esto, pero ahora vale la pena  hablar de esa fábrica. Al parecer, su “antiguo dueño” había hecho copropietarios a sus obreros. Que no era algo altruista o fruto de una conversión de este señor a las ideas de izquierdas lo hace pensar lo que pasó con esa fábrica a la retirada del Ejército republicano. En ese momento, los soldados la quemaron, pero, inexplicablemente desde el punto de vista militar, dejaron la materia prima intacta. Al acabar la guerra, el dueño vendió la madera y con lo que sacó de ella montó una nueva fábrica en otra localidad mayor, en la que dio trabajo a los antiguos obreros que quisieron desplazarse, pero ahora ya no era de “los que trabajan en la misma “, sino sólo “de su antiguo dueño”. Todo hace pensar que había montado la ficción de la copropiedad para que no se la incautaran.
            Volviendo a las actas, ésas eran las dos únicas acusaciones concretas que se hacían al primer Consejo Municipal. Independientemente de que fuesen ciertas o no (y creo que lo eran, excepto lo de las coacciones a la Policía de Guerra), conociendo el contexto en que se dieron, deben inscribirse en la lucha política, librada muchas veces con medios militares, que se estaba dando en el campo republicano entre partidarios de “hacer la revolución para ganar la guerra” y de “primero la guerra” (sin decir qué venía después). En esta lucha se utilizaban todas las argucias que se tenían a mano en cada pueblo, así como todas las armas de que se podía disponer.
            En esta segunda sesión, el nuevo Consejo Municipal acordó incautar la Cooperativa. Pero, a falta de la actuación de la Policía de Guerra, que debía de tener otras tareas más urgentes, el acuerdo parece que nunca se cumplió.
            De la política de orden de este segundo Consejo Municipal nos da una muestra la dureza con que decidió castigar a un vecino que una madrugada mandó un camión cargado de patatas para el frente, conducido por su hijo, que era soldado, saltándose las normas dictadas por el Gobierno. La multa acordada fue de 500 pesetas, varias veces el valor de las patatas. Ignoro si el Consejo fue capaz de cobrarla, pero lo más interesante sería saber la tendencia de la unidad en que luchaba el hijo de aquel vecino. En acta del 6-2-38 hay un detalle simbólicamente significativo, puesto que no se habla de presidente, a secas, del Consejo, sino de alcalde-presidente. Y en la última, de 5-4-38, consta el acuerdo de “devolver a sus propietarios los géneros requisados por el anterior Consejo Municipal”. Este debió de ser el principio del fin de la revolución en Fortanete, un mes y medio antes de la constitución de la gestora municipal franquista.

Bibliografía

ACKELSBERG, Martha. Mujeres libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres. Virus: Bilbao, 1999
ALBA,  Víctor. Los sepultureros de la República. Planeta: Barcelona, 1977
ALPERT, Michael. Aguas peligrosas. Nueva historia internacional de la guerra civil española, 1936-1939. Akal: Madrid, 1998
ASCASO, Joaquín. Memorias (1936-1938). Hacia un nuevo Aragón. Prensas Universitarias de Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses y Depto. de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón: Zaragoza, 2006
CASANOVA,  Julián. De la calle al frente. El Anarcosindicalismo en España (1931-1939). Crítica: Barcelona, 1997
DELLACASA,  Gianfranco. Revolución y Frente Popular en España 1936-1939. Zero: Madrid, 1977
EALHAM,  Chris.  La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937. Alianza: Madrid, 2005
FANDOS,  José L. “Andorra 1937: un intento histórico de gestión del carbón”, en El Bajo Aragón expoliado. DEIBA: Zaragoza, 1976
FORCADELL, Carlos. “Algunos comentarios a la experiencia de las colectividades rurales de la Tierra Baja”, en El Bajo Aragón expoliado. DEIBA: Zaragoza, 1976
MINTZ,  Frank. Autogestión y Anarcosindicalismo en la España revolucionaria. Traficantes de sueños: Madrid, 2006
PORTUONDO, E. La segunda República. Reforma, fascismo y revolución. Revolución: Madrid, 1981
PUENTE OJEA, Gonzalo. Elogio del ateísmo. Los espejos de una ilusión. Siglo XXI: Madrid, 1995
SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep. ¿Por qué hemos sido derrotados? Las divergencias republicanas y otras cuestiones. Flor del Viento: Barcelona, 2006
VIDAL,  César. Recuerdo mil novecientos treinta y seis. Una historia oral de la guerra civil española. Anaya-Mario Muchnik: Barcelona, 1996

Documentos del Archivo Histórico Municipal de Fortanete

-Reglamento o estatutos de la Colectividad. Caja 1
-Carta del Comité de Defensa Nacional de Villarreal al Comité Ejecutivo Popular de Fortanete, 19-9-36. Caja 1
-Acuerdo de las fuerzas políticas y sindicales del Frente Popular y libertarias de Aragón. Caspe, 23-9-37. Caja 1
-“Lista de los que no han querido la Colectividad abiendo (sic) dado la conformidad en el pueblo de Fortanete, 27-2-37. Caja 1
-Libro de gastos de la Colectividad. Caja 122
-Actas del Consejo Municipal. Caja 7
-Registro de salvoconductos. Caja 4
-Lista cobratoria de la contribución rústica de 1933. Caja 256

En Internet

espaciosdelmaestrazgo.blogspot.com. “Colectividades en el Maestrazgo”

www.sbhae.net. “El Ejército Popular de la República”

guerracivil.forump.es