La amnistía del 77 y el movimiento obrero

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Al cumplirse el 40 aniversario de la última amnistía es preciso recordar que la liberación de los presos políticos fue la reivindicación más movilizadora desde el 28 de diciembre de 1970, fecha en la que se dictaron las 5 sentencias de muerte del Proceso de Burgos, hasta la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Las organizaciones políticas de la oposición, sindicatos de clase, movimientos sociales, agrupaciones culturales o deportivas, sensibles a la problemática de los derechos humanos, se unieron en Euskadi, en Navarra, en el conjunto del Estado español, al clamor popular en defensa de la “amnistía general”.

La demanda de amnistía comienza a propagarse en los años 60, vinculada a la causa de la democracia y de la libertad. Promovida por la oposición al franquismo, el movimiento obrero la hizo suya. La amnistía figuraba incluso en las tablas reivindicativas de la negociación colectiva. La amnistía tenía que llegar por cauces políticos, mas su presencia en las plataformas laborales, junto al incremento salarial y la reducción de la jornada de trabajo, dejaban constancia del compromiso político de la clase obrera. La lucha colectiva impulsada desde las grandes fábricas, secundada en multitud de centros de trabajo, constituyó un factor esencial de compromiso y sensibilización, basado en la solidaridad y en el sacrificio, a veces extremo. Ejerciendo como agente socializador, La clase obrera promovió el cambio político que trajo las libertades básicas y los derechos esenciales, siendo su símbolo la amnistía general.

Compromiso de la clase obrera con la amnistía

Entre la diversidad de testimonios que evidencian la intensa implicación del movimiento obrero en la lucha por la amnistía, en tanto que emblema de la conquista de las libertades, abundan los manifiestos de asambleas obreras, coordinadoras de fábricas, sindicatos, partidos políticos que se proclaman obreros, y otros organismos de oposición al franquismo y a sus herederos. Un ejemplo: con motivo de la celebración (todavía ilegal) del 1º de Mayo de 1976, la Asamblea de Trabajadores de Naval de Sestao exige, además de un salario digno y 40 horas de trabajo semanales: “Amnistía para todos los presos políticos y sindicales.”

Entre los hitos que jalonan la lucha obrera en defensa de la amnistía destaca la manifestación celebrada en Bilbao el 8 de julio de 1976. Fue la primera movilización que logró autorización gubernativa, aunque posteriormente sus promotores fueron sancionados con multas de 100.000 pesetas porque, según la denuncia: “el verdadero objetivo de la manifestación era claramente político y subversivo”. La manifestación tuvo carácter multitudinario, con una participación estimada en 150.000 personas. La organizó la Comisión Gestora de Despedidos de Bizkaia con este objetivo: “readmisión de los despedidos y amnistía”. En la octavilla que se repartió destaca la siguiente consigna: “La amnistía y readmisión de despedidos depende de la combatividad de la clase trabajadora.” La convocatoria contaba con el apoyo de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), formada por UGT, USO y CCOO.

El asesinato de Josu Zabala en Hondarribia el 8 setiembre de 1976 fue el detonante de las huelgas y movilizaciones que se sucedieron en el País Vasco entre la fecha de su muerte y el 27 de setiembre. Ese y tantos otros sucesos corroboran la correlación entre lucha pro amnistía y desarrollo del movimiento obrero. Esa muerte en Gipuzkoa posibilitó alcanzar el máximo nivel organizativo del movimiento obrero. “La Coordinadora de Fábricas de Vizcaya”, organismo integrado por 240 representantes, impulsó un proceso asambleario y huelguístico, primero en solidaridad con Josu Zabala, después reclamando la liberación de los compañeros detenidos. Durante las movilizaciones de esas jornadas, dicha “coordinadora” aunó la lucha de 150 empresas con unos 100.000 trabajadores. La culminación de tan enorme esfuerzo movilizador y organizativo fueron las concentraciones multitudinarias que el Gobernador Civil de Vizcaya se vio obligado a autorizar en Sestao, Basauri y Erandio. En dichas concentraciones se leyó el “Manifiesto de la Clase Trabajadora de Vizcaya”, que reclama: “Amnistía total”.

Estando UGT y CCOO a favor de la amnistía, en aquellos tiempos la postura del PSOE y del PCE no podían variar. En el caso del PSOE las resoluciones del XIII congreso (Suresnes, octubre 1974) son inequívocas: “El PSOE entiende que el restablecimiento de la democracia en España requiere con carácter inexcusable las medidas siguientes: A) Libertad de todos los presos políticos y sindicales”. En cuanto al PCE, el 20 de marzo de 1976 el Comité Ejecutivo exige derechos y libertades, y que “se dicte una amnistía o cuando menos se ponga en libertad a los presos políticos y sociales y se autorice el regreso de los exiliados sin excepciones”.

El ideario del organismo opositor resultante de la unificación de la Plataforma de Convergencia Democrática y de la Junta Democrática de España, promovidas respectivamente por el PSOE y PCE, coincide con las demandas de esos partidos y de los sindicatos afines UGT y CCOO. En el comunicado que el 26 de marzo de 1976 anuncia la constitución de Coordinación Democrática, destaca entre sus objetivos: “La inmediata liberación de los presos y detenidos políticos y sindicales sin exclusión, el retorno de los exiliados, y una Amnistía que restituya en todos sus derechos a los privados de ellos por motivos políticos y sindicales”.

Cada lucha, cualquier reivindicación, posee cauces propios y órganos de expresión específicos. Necesariamente tenían que surgir movimientos pro amnistía, unas veces plurales, otras en consonancia con la ideología de la izquierda nacionalista y radical. El boletín nº 1 de la “Coordinadora de Comités Pro Amnistía de Pueblos y Barrios”, publicado en setiembre de 1976, dice en su editorial: “La conquista de la Amnistía es una de las necesidades más urgentes de la clase obrera y para las nacionalidades y pueblos del Estado Español. Es una necesidad popular el impedir que se pudran en las cárceles fascistas aquellos hombres y mujeres cuyo único “delito” ha sido luchar, de una u otra forma, por la libertad y la democracia”.

Los partidos radicales situados a la izquierda del PCE, al igual que las fuerzas abertzales desmarcadas del PNV, convirtieron la lucha por la amnistía en uno de sus rasgos de identidad, unida a la ruptura con la monarquía, el autogobierno y la disolución de los cuerpos represivos. Estas organizaciones, con notable implantación en el movimiento obrero vasco, impulsaron movilizaciones ampliamente secundadas por la ciudadanía. Es el caso de la huelga general pro amnistía del 11 de diciembre de 1974, cuestionada por las fuerzas moderadas que aspiraban a ocupar un espacio relevante en la política institucional.

En cuanto a la amnistía laboral, el manifiesto dirigido el 28 de junio de 1976 a la “Clase Obrera de Bizkaia”, suscrito por la Comisión Provincial de Trabajadores Despedidos de Bizkaia y la COS, prueba que la readmisión de los despedidos comenzó en las grandes empresas antes de decretarse la amnistía. Anuncia la readmisión en Naval, Euskalduna, Babcock Wilcox, Firestone, en parte también en AHV y General Eléctrica. Advierte: “Aún quedan más de 30 empresas con despedidos”. Añade: “Hagamos entre todos una campaña unitaria en las fábricas y tajos por la readmisión de los despedidos. Concluye: “Conseguir la readmisión de todos los compañeros despedidos será un paso importante en la lucha por la amnistía y la libertad”.

Desarrollo y límites de la amnistía  

En dos años escasos, entre finales de 1975 y de 1977, sucesivos indultos, excarcelaciones y amnistías, liberaron a unos 120.000 reclusos, condenados o pendientes de juicio. Un 10% eran presos políticos, el resto comunes. La mayoría de las fuentes hacen referencia a unos 11.200 presos políticos liberados. El 80% de los presos políticos fueron puestos en libertad con el primer indulto de la monarquía, el del 25 de noviembre de 1975. Mas la salida masiva de las cárceles no contuvo la exigencia de amnistía, todo lo contrario, la intensificó.

A mediados de 1976 había unos 650 presos de ETA. Tras la ampliación de la amnistía del 30 de julio de 1976, en marzo de 1977 quedaba un centenar de presos de motivación política. Eran condenados por delitos de sangre, miembros de ETA, GRAPO y anarquistas. Titular del diario Egin del 15 de octubre de 1977, fecha en la que el pleno de Las Cortes aprobó la amnistía definitiva: “Euskadi consigue la amnistía política”. Según Egin, hasta ese día permanecieron encarcelados 88 presos políticos en el Estado español, 42 de ellos vascos.

Mientras se promulgaban indultos y amnistías parciales, los refugiados y deportados vascos fueron regresando a Euskadi. Se estima que volvieron alrededor de 500 exiliados. La mayoría regreso en 1976, siendo Manuel Fraga ministro de Gobernación. El último preso de ETA pm, Fran Aldanondo (Ondarru), salió de la prisión de Martutene el 9 de diciembre. Quedaba recluido el anarquista Fernando Carballo que, tras permanecer encarcelado 26 años, abandonó la cárcel de Alicante el 13 de enero de 1978.

La Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977 no acabó con la violencia armada, tampoco consiguió el cese de las demandas de amnistía. La Constitución Española de 1978 no excluye expresamente la posibilidad de conceder nuevas amnistías. Como la amnistía absolvía delitos cometidos hasta el 15 de diciembre de 1976 (fecha del referéndum para la reforma política), apenas estuvieron vacías las cárceles de presos de “motivación política”. Sin embargo, entre 1983 y 1985 otra amnistía encubierta, negociada entre dirigentes de Euskadiko Ezkerra (EE) y el Ministro del Interior Juan José Rosón, puso en libertad a unos 300 presos de ETA pm.

La conquista de la amnistía supuso un gran sacrificio individual y colectivo: huelgas, encierros, manifestaciones… Tuvo un elevado precio a causa de la represión: estados de excepción, deportaciones, detenciones, torturas, ejecuciones, asesinatos… Según los datos recopilados por Mariano Sánchez en su obra La Transición Sangrienta: “Sólo en 1977, la policía cargó contra 788 manifestaciones en España, el 76% del total”. Entre 1975 y 1983 murieron 188 personas por “violencia política de origen institucional”. Es decir: grupo de extrema derecha, agresiones policiales y terrorismo de estado.

La amnistía del 15 de octubre de 1977 tuvo una contrapartida que la convierte en “ley de punto final”, exculpatoria de la “violencia política de origen institucional”. El dirigente del PSOE José María Benegas lo reconocía el 6 de agosto de 1995 en EL PAÍS: “La única ley de punto final la hicimos los demócratas para los franquistas en 1977”. Al encubrir los crímenes de la dictadura y de la transición, se imposibilitó la aplicación de los principios de verdad, justicia y reparación. Han pasado cuatro décadas de silencios cómplices y de impunidad, mientras incluso desde la ONU se reclama su derogación.

Consideraciones finales

La solidaridad obrera generada en torno al proceso de Burgos de diciembre de 1970 favoreció el avance del movimiento político y sindical, que se fue reforzando y estructurando a través de numerosas huelgas generales y movilizaciones en demanda de amnistía para presos políticos, exiliados y despedidos por causas laborales. Tras la muerte del dictador en noviembre de 1975, la exigencia de amnistía y la organización obrera se fortalecieron, se intensificaron y se continuaron compenetrando, alcanzando su máximo desarrollo y vinculación con la amnistía definitiva del 15 de octubre de 1977. Se volvería a reclamar amnistía, pero sin el apoyo mayoritario de la clase obrera. Tampoco el movimiento obrero volvió a ser una fuerza de oposición política. Las luchas radicales posteriores fueron actos de resistencia frente a la destrucción de puestos de trabajo que provocó la reconversión industrial.

En aquellas fechas, entre diciembre de 1970 y octubre de 1977, hubo una intensa y constante interrelación entre la lucha pro-amnistía y el movimiento obrero, vasco y español. Tal es así que las organizaciones de oposición al franquismo y a los primeros gobiernos de la transición utilizaron tanto la fuerza del movimiento obrero como la reivindicación de la amnistía para lograr un cambio político pactado, sin ruptura con el sistema anterior. La ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados exculpó los crímenes de estado del franquismo y de la transición. Los Pactos de la Moncloa, aprobados 10 días después de la ley de de amnistía, contando con el apoyo de CCOO y UGT, supusieron en el ámbito laboral el deterioro de los salarios y del empleo. Se sacrificó a la clase obrera para lograr la estabilidad económica.

Una amnistía es el resultado de un cambio trascendental en la correlación de fuerzas políticas. Esa transformación se dio en España, en 1931 con la proclamación de la II República, en 1936 con el triunfo del Frente Popular. Si en 1977 la oposición hubiese hecho realidad la “ruptura democrática”, la amnistía hubiese sido plena. Se habría impartido justicia, condenando a los responsables de la represión franquista y de la transición, aunque después hubiesen sido indultados. La amnistía de 1977 fue parcial, limitada, la izquierda cedió ante la derecha sin intentar desplazar al conservadurismo del poder. Los políticos que negociaron el proceso de transición con los herederos del franquismo nunca defendieron la formación del “gobierno provisional” que proclamaban. Esas declaraciones quedaron excluidas en la campaña de elecciones generales del 15 de junio de 1977, en la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977 y en la constitución del 78, que permanece inalterable transcurridas casi cuatro décadas.

La amnistía declarada por el Parlamento español por iniciativa de los partidos de la oposición, además de liberar a militantes antifascistas que no habían cometido ningún delito, impidió juzgar los crímenes de la dictadura. Supuso de hecho un pacto de silencio que provocó una amnesia colectiva. Tal es así que, la transición que se quiso exportar a otros países como modélica, se ha convertido, a causa precisamente de una amnistía concebida como ley de punto final, en el mayor obstáculo para intentar recuperar siquiera los restos de miles de personas asesinadas que yacen en las fosas del olvido.

La transformación de la dictadura en democracia formal no fue obra de los políticos que protagonizaron la transición. Su logro tuvo un inmenso coste en penurias y lágrimas. Tal es la aportación de un movimiento obrero, vasco y español, que ya es historia. La clase obrera fue capaz de asumir que, para satisfacer sus necesidades materiales y alcanzar condiciones de vida dignas, tenía que luchar por el bienestar del conjunto de la sociedad.

Pero ni las miserias de la transición ni las artimañas de la ley llegaron a contener la profunda satisfacción de ver salir a los presos de la cárcel, de saludar a la gente que volvía del exilio y de recibir en el tajo a quienes recuperaban su puesto de trabajo. Fue un triunfo que merece ser recordado 40 años después, para que no prevalezca la versión de la historia mediatizada por determinados intereses políticos y mediáticos, para que las generaciones más jóvenes que no vivieron aquella época conozcan la verdad y sepan que nada se consigue sin luchar.


Luis Alejos es sociólogo y sindicalista.
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