En contraste con un modelo centrado exclusivamente en el castigo, el enfoque restaurativo prioriza la reparación del daño, la responsabilización del agresor y las relaciones comunitarias.
El pasado día 3 de enero se publicó la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia en el Servicio Público de Justicia, un marco normativo largamente trabajado que introduce cambios sustanciales en la organización de un servicio público tradicionalmente marcado por una pesada inercia. El objetivo de la ley es ambicioso y solo el tiempo podrá decir si será o no un instrumento útil para mejorar nuestro sistema judicial, percibido por la ciudadanía —no sin motivos— como arcaico, colapsado e ineficaz.
