Galde, 39, invierno de 2023.
El pasado octubre entraba en vigor la conocida como Ley de Memoria Democrática. En su preámbulo, el texto destaca el trabajo realizado desde finales del siglo XX por el movimiento memorialista, e incluye un Título expreso donde se reconoce la labor de estas asociaciones, fundaciones y organizaciones «en defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas de la Guerra y la Dictadura». El autor de estas líneas considera imprescindible comenzar subrayando la demanda social y el largo camino recorrido por las asociaciones memorialistas, víctimas y familiares, determinados partidos y sindicatos y otras organizaciones sociales para exigir la promulgación de una ley que, cuando menos, intentase estar a la altura del «deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad».
