Luis Portillo Pasqual del Riquelme, 20 febrero 2018.
“Durante más de cuatro décadas, la antigua colonia española del Sáhara Occidental ha estado parcialmente ocupada, bajo control de las fuerza armadas, con sus habitantes, los saharauis, privados de la oportunidad de ejercer su derecho a la autodeterminación. Durante este periodo se ha venido perpetrando un continuo pillaje a gran escala de los recursos naturales incluyendo el fosfato natural, la pesca en el gran ecosistema marino de la corriente de Canarias, arenas y áridos. La ilegal comercialización y exportación de estos recursos es contraria a los principios establecidos del derecho internacional, que garantizan la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales. Esta comercialización y exportación constituye una violación del derecho internacional humanitario definido por la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. La compra de tales recursos no proporciona seguridad jurídica alguna ni título ejecutivo sobre los mismos. El transporte marítimo de estos recursos ayuda e incita al crimen de guerra de pillaje definido en la Convención y en el Estatuto. En los últimos años, el Gobierno de la RASD ha informado a armadores, compañías navieras, fletadores de buques, empresas y otros operadores económicos de que cualquier implicación en la exportación de los recursos naturales del Sáhara Occidental conlleva riesgos jurídicos y de reputación.” Así reza el inicio de la Declaración Política del Gobierno de la República Saharaui sobre el riesgo y la responsabilidad de los buques que transportan recursos naturales procedentes del Sáhara Occidental ocupado.1
