Luis Portillo Pasqual del Riquelme, junio 2018
Hace ya tiempo que se advirtió públicamente de la proliferación desmesurada e
incontrolada de pisos turísticos en nuestras ciudades y de los daños y perjuicios que
ocasionan: malestar y deterioro de la convivencia vecinal, expulsión de residentes,
subida del precio de los alquileres, gentrificación, turismofobia, incumplimiento de la
normativa, desamparo de los vecinos, tensiones de muy diverso tipo, quejas de los
administradores de fincas, denuncias y reclamaciones a la Administración local y
autonómica, quejas ante el Defensor del Pueblo…
La lentitud de las autoridades competentes en recoger este clamor vecinal y ciudadano,
y en poner en marcha posibles soluciones, ha sido muy llamativa; aunque parece que,
¡por fin!, se barruntan ya algunas medidas paliativas, cuando ya empiezan a aparecer
pancartas en los balcones de los edificios y los vecinos amenazan con recurrir a
manifestaciones callejeras, hartos de la situación.
Ante este problema, cada vez más visible en los media, el Gobierno parece estar ajeno,
o más bien “despistado”, como afirmó José María Ezquiaga, Decano del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), cuando se le preguntó al respecto en un
acto, en el mes de febrero pasado, en el que se debatía el problema de los pisos
turísticos en la capital de España.
