Luis Ayala Cañón
Exclusión y desarrollo social 2012. Los indicadores sociales 
(Página Abierta, 219, marzo-abril de 2012).

  Acaba de ser presentado en este mes de marzo un informe elaborado por la Fundación Foessa, con la colaboración de Cáritas, sobre la exclusión y pobreza en España. De este estudio y reflexión entresacamos –con pequeños recortes en el texto original– la primera parte dedicada a la exposición de algunos indicadores sociales.

La evolución de la renta media de la población española en el periodo reciente ha estado marcada por la profunda caída registrada desde el inicio de la crisis económica. Los datos sobre la renta por habitante que ofrece el Instituto Nacional de Estadística –renta nacional disponible a precios de mercado– dejan pocas dudas sobre la severidad del impacto de la crisis en las rentas individuales. En términos nominales, esta magnitud descendió desde un valor algo superior a 19.300 euros en el año 2007 a otro cercano a 18.500 euros tres años después, lo que supone una reducción cercana al 4%. El descenso de la renta media es todavía más apreciable cuando los datos se corrigen según la evolución de los precios. Aunque al inicio de la crisis el coste de la vida se estancó, el efecto conjunto de caída de la renta nominal y de crecimiento de los precios ha dado origen a variaciones netas negativas de la renta media. La renta disponible por persona cayó en términos reales cerca de un 9% entre 2007 y 2010.

El rasgo principal en la evolución de la desigualdad desde mediados de la pasada década ha sido su rápido aumento. La respuesta de las diferencias de renta a la ralentización de la actividad económica y la agudización del desempleo ha sido muy elástica, con un ensanchamiento muy pronunciado desde el comienzo de la crisis. Así, uno de los índices más populares de desigualdad, el índice de Gini, que mide el grado de concentración de la renta, pasó de 0,313 en 2007 a 0,339 en 2010, último año para el que se dispone de información. La tendencia en los dos últimos años resulta especialmente preocupante, por haberse registrado un incremento sin precedentes en las dos décadas y media anteriores.

El aumento de la desigualdad queda corroborado también por el comportamiento de otros indicadores. La distancia entre la renta correspondiente al 20% más rico de la población y al 20% más pobre pasó de un valor de 5,3 en 2007 a otro de 6,9 al término de 2010. Tal aumento ha sido el mayor de los 27 Estados de la Unión Europea y supera con creces la experiencia de cualquier otro país [gráfico 1]. Entre los países de mayor renta de la Unión, el crecimiento de la desigualdad en España, medida a través de este indicador, fue más del doble que el de Francia, triplicó el de Alemania y fue casi cinco veces mayor que el de la media de la UE-15. 
Empleo  

El comportamiento del mercado de trabajo en el año 2011 se caracterizó por la prolongación de la senda de destrucción de empleo y el pronunciado crecimiento del número de personas que no encuentran trabajo. Las tasas de actividad de la población española no registraron grandes cambios, después de quebrarse en 2007 el patrón anterior de crecimiento, manteniéndose en los últimos años a un nivel casi constante, equivalente al 60% de la población mayor de 16 años [tabla 1].

La tendencia del desempleo fue mucho más negativa, acercándose la tasa de 2011 al 23% de la población activa. Esta tasa es la más alta de todos los países que forman la Unión Europea de los 27 Estados y se distancia considerablemente de la media de este conjunto de países (9,7%). Tal realidad contrasta con la que había en 2005, en la que tan solo dos décimas separaban la tasa de desempleo española (9,2%) de la que registraba la UE-27 (9,0%) [gráfico 2]. 

Un rasgo diferenciador de la evolución del desempleo en España es el riesgo especialmente elevado de los jóvenes. Ya antes de la crisis, las tasas de paro de los activos entre 20 y 24 años duplicaban la media nacional, mientras que las correspondientes a los jóvenes menores de 20 años más que las triplicaban. Desde 2007 estas tasas han crecido drásticamente, elevándose por encima del 42% y el 60%, respectivamente. De nuevo emerge en este retrato la singularidad del ajuste laboral en España, con una tasa de paro de los menores de 25 años que ha seguido un comportamiento mucho más negativo que el de la media de la Unión Europea. Según los datos de las Encuestas de Población Activa armonizados por Eurostat, si en vísperas de la crisis permanecía un diferencial negativo pero relativamente contenido (18,2% frente al 15,7% de la UE-27), las distancias se han ensanchado abruptamente con la prolongación de la atonía de la actividad económica (41,6% y 21,1%, respectivamente).

Otra singularidad de los indicadores sintéticos de la evolución del empleo desde el marco comparado es la diferente incidencia del desempleo de larga duración en España. A finales de 2011, la proporción de desempleados que llevaban doce meses o más buscando empleo en España fue uno de cada dos. Esa cifra más que duplica la vigente al terminar 2007 (22,7%). Paradójicamente, hasta el último año el porcentaje de parados que llevaban en esa situación más de un año era inferior en España al promedio de la UE-27, diferencia que llegó a ser todavía mayor a mediados de la pasada década (24,5% y 46,1% en España y la UE-27, respectivamente, en 2005). La razón de esta diferencia es la mayor transitoriedad del desempleo en España en las etapas expansivas, muy ligada a los mayores porcentajes de temporalidad de los asalariados.

La caracterización del desempleo en España por las peculiaridades de la contratación está muy condicionada, sin embargo, por la acusada influencia del ciclo. Una interpretación aséptica de las cifras podría llevar a concluir que la incidencia de la temporalidad se ha reducido en el tiempo. Según la Encuesta de Población Activa, el porcentaje de asalariados con contrato de duración determinada descendió de valores superiores a un tercio del total a mediados de la pasada década a una incidencia algo superior a uno de cada cuatro a finales de 2011. Tal proceso no se explica, sin embargo, por la conversión de contratos de duración fija a indefinida, sino por el demoledor efecto que ha tenido la crisis sobre los trabajadores con contratos eventuales, que en un porcentaje importante pasaron de esta situación a la de desempleo. 

Un último ámbito desde el que contemplar la evolución de las variables laborales desde la perspectiva del desarrollo social es el de la distribución intrafamiliar del desempleo. Los cambios registrados en estos indicadores desde la crisis no pueden sino encender varias alarmas. Si la atención se fija en la tasa de paro de la persona principal del hogar, la tendencia es claramente al alza. A diferencia de los episodios de fuerte desempleo de décadas anteriores, esta tasa ha crecido todavía más rápido que la del conjunto de la población activa. La tasa de desempleo de los sustentadores principales del hogar se mantuvo durante la fase de crecimiento económico anterior a 2007 en niveles muy bajos, alcanzando en los años anteriores a la crisis valores cercanos al 5%. A partir del cuarto trimestre de 2007, la tasa comenzó a crecer rápidamente hasta triplicarse, alcanzando a finales de 2011 el valor del 19% del total, que constituye su máximo histórico.

Un ritmo de crecimiento parecido se registró entre los hogares con todos sus activos en desempleo. Este tipo de hogares suponían cerca del 2,5% del total antes del inicio de la crisis, pero a finales de 2011 el porcentaje se había más que triplicado hasta superar el 9% del total. Ambos indicadores habrían crecido, por tanto, incluso a un ritmo superior que el de la propia tasa de paro.
 
Pobreza y privación  

La fuente que permite un retrato sistemático de la evolución del riesgo de pobreza en España es la Encuesta de Condiciones de Vida. Esta base de datos, que ofrece información detallada sobre las rentas de los hogares, se publica en el último trimestre del año siguiente a su realización y los datos de ingresos corresponden al año anterior al de las entrevistas. El dato más reciente es el avance de la tasa de pobreza de la encuesta de 2011, con ingresos del año anterior, que anticipa el Instituto Nacional de Estadística cuando hace públicos, en el último trimestre del año, los datos definitivos del año anterior. Según esa estimación, la proporción de hogares por debajo del umbral de pobreza es cercana al 22%. El umbral de pobreza para una persona sola en 2010 fue de 7.800 euros, lo que supuso un descenso respecto al año anterior, cuando la línea se aproximó a los 8.000 euros [tabla 2].

En contraste con la resistencia a la baja de las tasas durante el periodo de bonanza económica, con tímidas variaciones de solo algunas décimas, la incidencia de la pobreza creció en más de dos puntos en solo dos años –de 2009 a 2011–, aumento sin parangón en las últimas décadas. Este crecimiento de la pobreza se ha concentrado especialmente en los hogares con sustentadores principales jóvenes y en los hogares con menores (*).

En cuanto a las formas más severas de pobreza, los datos de la Encuesta de Población Activa permiten cuantificar el porcentaje de hogares que no reciben ingresos ni del trabajo, ni de prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social. Según esta fuente, tal situación afectaba a finales de 2011 a un 3,3% de los hogares españoles, cifra un 34% más alta que la que había al comienzo de la crisis. En términos absolutos, a finales de 2011 este problema afectaba a 580.000 hogares. En la medida en que este indicador es representativo de las formas más severas de pobreza, lo que se está registrando es un crecimiento sin precedentes de esta, superando en casi 150.000 hogares el valor máximo registrado en los últimos 25 años. La creciente incidencia de esta manifestación extrema de la pobreza cuestiona las posibilidades del sistema de protección a los desempleados y de la protección social en general para hacer frente a la crisis.

Junto con la tasa de pobreza, la Unión Europea propone hacer un análisis más completo a través de la tasa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusión), el cual incorpora tres factores: tasa de pobreza, privación material severa y población con baja intensidad de trabajo por hogar.

Teniendo en cuenta los datos facilitados por Eurostat, podemos observar que aproximadamente el 4% de la población que no se encuentra bajo el umbral de pobreza presenta otro tipo de dificultades materiales o relacionadas con la intensidad laboral. En estos hogares, dichas problemáticas se dan en una intensidad severa.

No es extraño, ante el panorama trazado, que la tasa de pobreza en España sea una de las más elevadas de la Unión Europea. Frente al promedio del 16,4% en la UE-21, la tasa española alcanzó un valor cinco puntos más alto en 2010, solo superada por Rumanía y Letonia, duplicando los valores de países como Holanda (10,3%) y muy superior a Francia o los países nórdicos, con valores similares (13%) [gráfico 3].
 
Derechos y servicios sociales 

Caben pocas dudas de que 2011 ha sido un año de retroceso en algunos derechos sociales básicos por los recortes introducidos en varios servicios, como la educación o la sanidad. Es difícil, sin embargo, definir indicadores que vayan más allá de los agregados presupuestarios, que son más una medida de recursos invertidos que de los cambios finales en los niveles de bienestar de los hogares españoles.

Pese a ello, no puede olvidarse que existen indicadores agregados que dan una medida abreviada de la situación española en el esfuerzo por mejorar la situación de los hogares más desfavorecidos. Los indicadores, por ejemplo, de gasto social, ya sea en términos de PIB o per cápita, sin que representen una medida directa de mejoras sociales, revelan, al menos, el largo trecho que le queda a la sociedad española para acercarse a los niveles medios de otros países europeos en la inversión de recursos que favorezcan la igualdad social.

Así, pese al obligado incremento del gasto por el crecimiento de las prestaciones por desempleo derivado de la crisis, los niveles de gasto social en España están todavía muy por debajo de los de la mayoría de los países de nuestro entorno y de los países con mayor nivel de renta dentro de la Unión Europea. El dato más reciente disponible muestra que la distancia respecto a los países del euro todavía es superior a 15 puntos –antes de la crisis esa diferencia era mayor de 20 puntos–, pese al mayor aumento de los gastos en España por el comportamiento diferencial del desempleo. Las diferencias son todavía muy marcadas incluso respecto a países no tan lejanos en nivel de renta, como Italia, y especialmente acusadas si la comparación se establece con las economías más fuertes, como muestran los 25 puntos que separan el indicador español del de Alemania [gráfico 4]. 

Además de los indicadores agregados, otras medidas específicas reflejan también las dificultades para las mejoras de los derechos sociales registradas en el periodo reciente. El primero de los posibles ámbitos donde se materializan esos derechos es el del mercado de trabajo. Aparte del empleo, el bienestar de los hogares depende en gran medida de la respuesta de los poderes públicos a las situaciones de generalización del desempleo y del aseguramiento de un nivel suficiente de remuneraciones para aquellos que acceden a una ocupación.

En relación con la segunda de estas vertientes, resulta crucial el comportamiento de los salarios mínimos para moderar la generalización del trabajo de bajos salarios, rasgo dominante en el patrón de exclusión social en España. Después de los importantes aumentos de este instrumento de regulación registrados hasta el inicio de la crisis, superiores incluso al 5% en 2008, el crecimiento del salario mínimo fue notablemente más moderado en 2010 y 2011, con incrementos por debajo del 1,5%. Cabe contemplar con preocupación la decisión adoptada a finales de 2011, dentro del conjunto de medidas de ajuste, de congelar el salario mínimo en el año 2012. La brecha entre los salarios de los trabajadores con remuneraciones más bajas y la media, que se ensanchó drásticamente en los primeros años de la crisis, podría aumentar todavía más.

Dentro del ámbito de los derechos sociales ligados al mercado laboral sobresale especialmente, en el contexto de crisis, la cobertura otorgada a las situaciones de desempleo. La tasa de cobertura de la protección por desempleo ha registrado cambios importantes en los últimos años. Siguiendo a la crisis del primer tercio de los años noventa, se invirtió el proceso de creciente cobertura, con una pronunciada caída de las tasas primero y una posterior estabilización en torno a valores cercanos al 60% de los parados, debido a la aplicación de sucesivas modificaciones legislativas, como distintos criterios que restringían las condiciones de acceso, recortaron los beneficios y redujeron su duración. Con la recuperación general de los niveles de empleo, la menor presión sobre el gasto se tradujo en una recuperación de las tasas de cobertura. Estas han vuelto a alcanzar sus valores históricos más elevados en el periodo reciente, justo cuando la intensidad de la crisis y de la destrucción de empleo ha hecho más necesario este tipo de protección, con una clara evolución al alza de la tasa de cobertura desde 2007, pero con un cierto estancamiento en el último año, sin que el desempleo, sin embargo, haya dejado de crecer.

Un segundo ámbito de observación de los cambios en el acceso a los derechos sociales es el de otras prestaciones sociales que tratan de limitar la incidencia de diversos tipos de riesgos sociales. Es el caso, en primer lugar, de las prestaciones ligadas a la etapa de retiro de la actividad económica. Una de las medidas más drásticas del programa de contención del gasto público de 2010 fue el recorte en la actualización de las prestaciones.

Otro ámbito fundamental en la garantía de derechos sociales ligados a la cobertura de las situaciones de inseguridad de ingresos es el de las prestaciones que tratan de ofrecer una protección básica a los hogares sin recursos. En España, el instrumento general para dar respuesta a estas situaciones son los programas de rentas mínimas de inserción establecidos por las comunidades autónomas. De la cifra relativamente estable de 100.000 hogares beneficiarios antes de la crisis se pasó a otra que casi duplicaba ese valor en 2010. Se trata, sin duda, del crecimiento más importante en las dos décadas de vigencia de estos instrumentos, que ni siquiera en la primera mitad de los años noventa, periodo en el que coincidió la puesta en marcha de los programas con el trienio de crisis, cobraron un ritmo de crecimiento tan alto. 

El notable incremento en las cifras de beneficiarios no se ha repartido de manera homogénea por comunidades autónomas. La respuesta a la crisis ha sido muy diferente.
Pero no solo es en el ámbito de las prestaciones monetarias donde se materializan los avances en los derechos sociales. En otros servicios básicos para el bienestar social, como sanidad, educación o vivienda, se juega buena parte del potencial de desarrollo social de España. Dada la necesaria vocación de síntesis de este informe, es imposible ofrecer un retrato pormenorizado de la situación en cada uno de estos ámbitos, por lo que se ha optado por tratar de cuantificar algunos de los resultados a menudo señalados como más representativos del acceso a derechos básicos por parte de los ciudadanos. Entre ellos destaca, sin duda, el problema de la vivienda. A diferencia de la situación anterior a la crisis, en la que esa accesibilidad solía resumirse a través de la relación entre indicadores medios de coste de la vivienda y de la renta necesaria para acceder a ella, el proceso más determinante de las situaciones de exclusión de este bien es el de la pérdida de vivienda por imposibilidad de hacer frente a las obligaciones de pago.

La Encuesta de Condiciones de Vida permite conocer cuántos hogares sufren retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda. El porcentaje de hogares afectados ha crecido notablemente, acercándose al 7% del total. Un indicador más directo es el de sentencias de ejecuciones hipotecarias. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial en el año 2010 fueron casi 100.000 los procesos de este tipo, multiplicándose por cuatro con respecto a los registrados en 2007.

En el ámbito educativo, uno de los indicadores más representativos de las mejoras o frenos del desarrollo social es la incidencia del fracaso escolar. La ruptura con el sistema educativo, aunque no siempre signifique el abandono definitivo del proceso formativo, guarda una estrecha relación con los procesos de vulnerabilidad social. España presenta un riesgo diferencial en este ámbito, al ser la incidencia del problema considerablemente superior a la del promedio de países de la Unión Europea.

Antes de la crisis, el porcentaje de jóvenes que abandonaban los estudios al cumplir los 16 años era superior al 30%, cifra que duplicaba la de la Unión Europea. Con el aumento del desempleo, sobre todo en el sector de la construcción, que había acogido a una parte importante de los jóvenes sin cualificación, se ha frenado la tendencia al aumento de las salidas, si bien el porcentaje de abandono sigue siendo todavía muy alto (28%).

Resultados de la Ley de Dependencia

Transcurridos cinco años desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, a pesar de que existen numerosas razones para seguir perfeccionando su implantación y desarrollo, podemos afirmar que se trata de un hito histórico en el reconocimiento de los derechos sociales de las personas que, por razones de edad, discapacidad o enfermedad no pueden llevar a cabo determinadas actividades básicas de la vida diaria. Entre los factores de avance social que debemos reconocer en el desarrollo de este derecho subjetivo se encuentra que se ha visto superada la vieja visión de que la atención a la dependencia se trataba de una competencia exclusiva de la familia. Actualmente, en esa labor se ven implicadas no solo las Administraciones Públicas, sino también los agentes sociales y empresariales y las organizaciones de la sociedad civil organizada.

No obstante, una lectura detenida de los datos recogidos por las propias comunidades autónomas arroja claroscuros y situaciones que deben ser corregidas para un perfeccionamiento del sistema. Tras analizar la evolución y el recorrido de estos cinco años por medio de las informaciones recogidas a través del equipo confederal de Atención a la Dependencia de Cáritas, los informes emitidos por el Observatorio Estatal para la Dependencia y los datos publicados por el Sistema de Información (SISAAD), se pueden establecer algunas consideraciones. 

A fecha de 31 de diciembre de 2011, las estadísticas señalan que hay un total de 752.005 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia que reciben prestaciones, lo que representa el 1,6% sobre el total de la población en España. El 77,7% de las personas beneficiarias del sistema tienen más de 65 años y el 66,6% son mujeres, en clara concordancia con que la dependencia es un fenómeno muy relacionado con la vejez.

En el tipo de prestaciones que reciben destacan especialmente las prestaciones económicas destinadas a los cuidadores familiares y no profesionales que alcanza el 45,4%, seguido de la teleasistencia, con un 13,5%, y la atención en centros residenciales, con un 13,4%. Esta orientación supone un fuerte menoscabo del desarrollo de los servicios, afecta negativamente al empleo de profesionales y reduce los retornos que estos aportarían por la vía de los impuestos.

El desarrollo del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) se está llevando a cabo de manera desigual en las diversas comunidades autónomas, con significativas diferencias entre sí, y en determinados casos con una considerable lentitud entre la valoración y la realización del Programa Individual de Atención. Además, en algunas comunidades autónomas, a lo largo del último semestre de 2011 se ha visto muy reducida la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema.

Desde varias organizaciones se señala la necesidad de incrementar la coordinación sociosanitaria y que el papel que desempeñan los Consejos Consultivos del SAAD adquiera una mayor participación en los temas que les son propios.

________________
Luis Ayala Cañón, miembro del Comité Técnico de la Fundación Foessa, es catedrático de Economía Aplicada en Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y ha realizado este estudio con la colaboración de José Ramón Solanilla, del Equipo de Inclusión de Cáritas Española. 

(*) El riesgo de pobreza se sigue materializando de forma distinta en el territorio español, con una marcada concentración en el suroeste peninsular y en Canarias. En el año 2010, la comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza, Extremadura, superaba a Navarra, la comunidad con menor incidencia de este problema, en más de treinta puntos porcentuales (7,3% y 38,2%, respectivamente). Contrastan también las tasas del País Vasco (11,6%) y Asturias (12,3%) con las de las comunidades con los niveles más altos, que, además de Extremadura, incluyen a Canarias (31,1%), Andalucía (30,1%) y Murcia (29,2%).