Luis Hernández Navarro
Oaxaca: sublevación y crisis de un
sistema regional de dominio


            Oaxaca es un estado lleno de problemas sociales. Centro turístico de sur de México, sus enclaves están rodeados por villas de miseria sostenidas por las remesas de los trabajadores migrantes. Mayoritariamente indígena y rural es una de las dos entidades más pobres del país. En su territorio están a la orden del día luchas por la tierra, enfrentamientos con los caciques y los coyotes, disputas por los ayuntamientos, reivindicaciones étnicas, acciones por mejores precios para los productos del campo y resistencia al autoritarismo estatal.
            A ese atraso económico le corresponde un ejercicio de la autoridad arcaica, vertical y autoritaria.  Uno de los usos y costumbres del poder en Oaxaca establece que cada nuevo gobernador que toma posesión del cargo comienza su mandato reprimiendo. Demuestra así a los funcionarios que se van, a los políticos que se quedan y a la población que lo padece que él es quien manda. Así lo hizo a su llegada Ulises Ruiz. Su unción como jefe del Ejecutivo oaxaqueño, el primero de diciembre de 2004, fue bautizada con el agua bendita del castigo a sus opositores. Su ruta fue la misma que antes que él transitaron sus antecesores.  Sin embargo, la paciencia de los oaxaqueños fue diferente.   
            El saldo de la violencia en el estado durante los primeros meses de su mandato fue escalofriante: encarcelamiento de dirigentes sociales, desalojo brutal de protestas ciudadanas, persecución policial de luchadores populares, detención de negociadores de movimientos sociales cuando se dirigían a negociar con el gobierno, derramamiento de sangre en varios municipios, aplicación discrecional de la ley a insumisos.
            Ulises Ruiz necesitó mostrar fuerza. Debió conseguir desde el poder lo que no pudo obtener en las urnas. Para ganar los comicios tuvo que echar mano de sus mejores dotes de mapache electoral. Aun así, triunfó por una mínima diferencia de votos, en unas elecciones seriamente cuestionadas con una abstención de 60 por ciento.
            El Partido Revolucionario Institucional se fracturó durante la contienda electoral, y una facción, la del juniorcique Diódoro Carrasco, se alió al gobierno de Vicente Fox. Nada más asumir su cargo, Ulises Ruiz tuvo que empeñarse a fondo para desinflar las protestas de Gabino Cué, su rival. No encontró mejor recurso que amenazarlo con la cárcel. Terminó pactando un entendimiento. El fantasma de un conflicto poselectoral en la entidad desapareció con rapidez.
            Operador electoral privilegiado de Roberto Madrazo, el nuevo gobernador oaxaqueño quiere hacer de su estado un baluarte priísta en la sucesión presidencial. Y para ello necesita terminar con cualquier resistencia, sea opositora o "amiga".
            Con la oposición partidaria debilitada, el nuevo gobernador se propuso quitarse de encima la sombra de su antecesor, José Murat. El poder, en la mejor tradición priísta, no se comparte, y menos con un personaje nacido en la misma cuna. Los modos del que fue conocido como El Talibán son muy incómodos y, para su tranquilidad, cuanto antes se deshaga de su influencia en el estado, mejor.
Operador electoral privilegiado del candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, el gobernador oaxaqueño quiso hacer de su estado un baluarte priísta en la sucesión presidencial. Y para ello se empeñó en terminar con cualquier resistencia, sea rival o "amiga". Con la oposición partidaria debilitada, el nuevo gobernador se propuso quitarse de encima la sombra de su antecesor, José Murat. El poder, en la mejor tradición priísta, no se comparte, y menos con un personaje nacido en la misma cuna.
            Para imponer su autoridad en la sociedad oaxaqueña, Ulises Ruiz echó mano de la "experiencia" de sus antecesores. Un ejército de burócratas y caciques regionales se encargó de tomar en sus manos presupuestos y recursos institucionales para negociarlos a cambio de lealtad política. Indujo en municipios rebeldes el desarrollo de conflictos intercomunitarios. Propició la injerencia estatal en los ayuntamientos que se rigen por usos y costumbres y que no simpatizan con el PRI, acelerando su desgaste. Y, lejos de disponerse a resolver los 52 problemas agrarios graves que hay en la entidad, trató de utilizarlos en su favor.
            Pero, aunque las reglas no escritas del poder oaxaqueño eran las mismas desde hace décadas, la sociedad no lo es. Más de 30 años de luchas de resistencia, conquistas legales, autodefensa y obtención de gobiernos locales han formado un tejido asociativo de pueblos indios, coordinadoras campesinas, sindicato magisterial, coaliciones populares y artistas que han transformado las relaciones entre la administración pública y la sociedad civil en el estado. De manera que, lejos de provocar la desmovilización social con el uso de la fuerza, la criminalización de la disidencia ha provocado una explosión de descontento popular que no se vivía en la entidad desde el movimiento que en 1977 propició la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino.

El estallido del conflicto

            La protesta en Oaxaca comenzó como expresión de la lucha del magisterio de la entidad por un aumento salarial por la vía de la rezonificación por vida cara. No había en ello ninguna novedad con respecto a luchas similares protagonizadas en años anteriores. Su movilización arrancó en una fecha simbólica y tradicional: 15 de mayo, Día del Maestro. Así lo han hecho desde hace años. Trató de utilizar, como lo ha hecho en cada sucesión presidencial, la coyuntura electoral para aumentar su capacidad de presión.
            La protesta se radicalizó ante la cerrazón de las autoridades estatales. En lugar de sentarse a negociar, el gobernador amenazó a los maestros, primero, y mandó después a sus policías a desalojar por la fuerza a los mentores acampados en el centro de la ciudad de Oaxaca. La represión salvaje el 14 de junio radicalizó a los maestros que, a partir de entonces, exigieron la destitución del gobernador de la entidad. En lugar de buscar canales de solución, el gobierno federal se desentendió del conflicto y dijo que era un asunto local en el que no tenía injerencia.
            Los maestros oaxaqueños desterraron al /charrismo/ sindical de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde el primero de mayo de 1980. Ese día, durante la celebración del Día del Trabajo, se detonó un movimiento depurador que continúa vivo hasta nuestros días. Los profesores oaxaqueños tienen una experiencia de lucha ininterrumpida de 26 años. En ese tiempo han sido asesinados varios de sus dirigentes, se ha tratado de imponerles representantes, se les ha perseguido, se ha bloqueado la gestión de su mesa directiva, pero todo ha sido en vano. Han sobrevivido a cinco presidentes de la República, varios gobernadores y a los cacicazgos sindicales de Carlos Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo. Su cohesión sindical les ha permitido enfrentar con éxito todos los intentos que desde el poder se han hecho para dividirlos.
            Más allá de su militancia gremial, los trabajadores de la educación de Oaxaca tienen una larga historia de relación con organizaciones campesinas e indígenas. En una sociedad con un peso tan importante del mundo rural como es Oaxaca, los maestros funcionan a menudo como los intelectuales orgánicos de la comunidad. Su conocimiento del español y de los vericuetos de las instituciones los convierte, con mucha frecuencia, en gestores de los problemas de los poblados. Todos los partidos políticos obtienen del magisterio cuadros políticos.
            Tal es la responsabilidad que sienten los profesores hacia sus comunidades que la mayoría de ellos dejaron por un par de semanas la ocupación de la capital oaxaqueña para culminar el ciclo escolar en sus comunidades. Terminadas las clases han regresado a la ciudad para seguir adelante con su plan de acción. La ciudad de Oaxaca está tomada por ellos.
            El reclamo de los maestros encontró rápidamente eco en una amplísima parte de la sociedad oaxaqueña que se sumó a él. Agraviados tanto por el fraude electoral mediante el cual Ulises Ruiz se convirtió en mandatario como por la violencia gubernamental en contra de multitud de organizaciones comunitarias y regionales, centenares de miles de oaxaqueños tomaron las calles y más de 30 ayuntamientos. Junto al magisterio, cerca de 350 organizaciones, comunidades indígenas, sindicatos y asociaciones civiles formaron constituyeron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
            Una parte importante de la sociedad oaxaqueña se ha solidarizado con los maestros. No es inusual que en esos movimientos participen maestros. Más aún, muchos de ellos han sido organizados y dirigidos por mentores. El gremio magisterial es la única fuerza social democrática con presencia en todo el territorio. Es la única organización capaz de hacer sentir de manera coordinada y simultánea su peso político en todos los municipios de la entidad.
            Los profesores oaxaqueños laboran en condiciones precarias, con muy pocos recursos pedagógicos. Sus alumnos llegan a las escuelas sin un bocado en el estómago y deben abandonar los cursos para ayudar a sus familias en las labores del campo. No son pocos quienes apenas conocen a sus padres, porque han emigrado a Estados Unidos. Las aulas están pésimamente equipadas. Y para llegar a las comunidades donde laboran deben invertir horas y dinero en trasladarse por caminos que sólo existen en los informes oficiales. En estas condiciones, ha sido un constante en la historia reciente que los maestros se identifican con las comunidades en que trabajan y se vuelven no solo luchadores dentro de su gremio, sino voceros de las demandas comunitarias también.

El tejido fino de la sublevación

            Al caer la noche, la ciudad de Oaxaca cambia. Con los últimos rayos de luz comienzan a aparecer en barrios y avenidas cientos de barricadas. Los vecinos organizados toman las calles, encienden fogatas, colocan piedras y asumen el control de la circulación de vehículos y personas. A partir de ese momento, moverse por la ciudad resulta muy difícil.
            En las barricadas se comentan las últimas noticias, se conversa, se preparara café, se cocina, se realizan asambleas y se escucha la estación de radio de la APPO. Con ellas se garantiza la seguridad pública en la oscuridad nocturna. Se protege a los barrios pobres de la delincuencia y de los ataques de los pistoleros al servicio de Ulises Ruiz. Se hace sentir el control de los ciudadanos sobre su territorio.
            La comunicación radial es el hilo que enhebra los centenares de focos de resistencia aparentemente desarticulados en calles y hogares. La radio ocupada informa de los ataques de sicarios y policías vestidos de civil y llama a los ciudadanos a movilizarse y organizar la defensa. Transmite a teléfono abierto llamadas de solidaridad y apoyo. Difunde programas para niños con historias ejemplares. Emite segmentos informativos sobre la biopiratería y la defensa de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Comunica al movimiento consigo mismo.
            Desde radio APPO (www.asambleapopulardeoaxaca.com) se emiten canciones de la Guerra Civil española. ¡No pasarán! es una especie de segundo himno del movimiento, después del ¡Venceremos!, adaptado y adoptado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que pertenece el magisterio oaxaqueño, desde 1979.
            Con los primeros rayos de luz del día, las pequeñas barricadas de los barrios se levantan. Permanecen las más importantes. El campamento principal del movimiento en el centro de Oaxaca se llena de actividades. Grupos solidarios entregan víveres y comida preparada. Las brigadas móviles de la APPO toman camiones y edificios públicos. Conminan a los funcionarios y empleados a abandonar los edificios donde despachan. Los altos mandos de la administración local se mueven a salto de mata. Se reúnen en hoteles y casas particulares, siempre temerosos de que los inconformes lleguen a desalojarlos.
            En Oaxaca los ciudadanos han perdido el miedo, ese cemento social básico para que funcione un sistema de dominación. Cuando los pistoleros gubernamentales disparan contra la multitud o contra las estaciones de radio la gente no huye, sino que se lanza contra los agresores. A convocatoria de la radio centenares o miles de personas se concentran en cuestión de minutos en el lugar del ataque para perseguir a los responsables.
            En cambio, las policías locales tienen miedo. Temen a los ciudadanos organizados y su ira. Tienen pavor a la respuesta decidida de la gente desarmada. Perdieron la batalla del 14 de junio contra el magisterio, cuando el gobernador los mandó a desalojar del zócalo de la ciudad. Han perdido todas y cada una de las pruebas de fuerza a las que se han sometido.
            En contra de lo que se ha dicho, y a pesar de la indudable importancia que desempeña el sindicato magisterial, no se trata de un mero movimiento gremial. En la lucha encontraron un lugar y una identidad aquellos que no tienen futuro. Los jóvenes punk y los desempleados, los excluidos que no han emigrado a Estados Unidos, al valle de San Quintín o la periferia de la ciudad de México han encontrado en la protesta un espacio de dignidad y la posibilidad de hacerse de un lugar en el mundo. Su radicalidad es notable, como también su arrojo.
            El magisterio tiene una cultura y una práctica sindical que hace muy difícil la cooptación de sus dirigentes. Ulises Ruiz, ignorante como es de los asuntos de su estado, lo vivió en carne propia el pasado 21 de noviembre, cuando festinó por adelantado el levantamiento del paro de los maestros sólo porque parte de la dirección gremial impulsó y anunció el repliegue. El (des)gobernador del estado confió a los suyos que tenía listas 50 pipas de agua para entrar a limpiar el centro histórico de Oaxaca. Pero las pipas tuvieron que quedarse estacionadas porque la asamblea estatal de los trabajadores de la educación decidió hacer una nueva consulta para ver si se regresaba o no a clases.
            En la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) las cúpulas no mandan, porque no las dejan mandar. Por el contrario, deben obedecer las decisiones de la asamblea estatal, instancia organizativa en la que participan el comité seccional y los secretarios generales de todas las delegaciones sindicales del estado. El movimiento orienta su acción a partir de 20 principios rectores de claro contenido democrático. Los delegados que asisten a la asamblea van amarrados a lo que sus bases han acordado. Si rompen ese acuerdo pueden ser destituidos.
            Ese funcionamiento democrático de 26 años de antigüedad fue lo que impidió que la decisión de promover el levantamiento del paro, impulsada por el secretario general de la sección, Enrique Rueda, y su corriente dentro del sindicato, prosperara. Fue, además, lo que facilitó que la sección sindical se mantuviera unida, a pesar de sus diferencias internas.
            El tejido fino de la sublevación oaxaqueña está integrado por una convergencia de pobres urbanos, jóvenes sin futuro, comunidades indígenas, organizaciones campesinas, gremios, ONG y maestros democráticos, con su respectivo memorial de agravios. Muchos ya no tienen miedo del gobierno. La horizontalidad de su funcionamiento hace muy difícil que un acuerdo entre autoridades gubernamentales y dirigentes sociales que no resuelva la demanda central -la cabeza del gobernador- sea viable. Oaxaca de abajo sabe que la permanencia de Ulises Ruiz al frente del estado provocará una carnicería. No puede abandonar la lucha por su salida.

La guerra sucia

            Las protestas coincidieron con los comicios federales. Después de amagar con el boicot, los inconformes acordaron promover el voto de castigo al PRI y al PAN. El 2 de julio les propinaron a ambos una severa vapuleada en el estado de Oaxaca. El /tricolor/fue barrido. La coalición Por el Bien de Todos ganó nueve de los 11 diputados y las dos senadurías de mayoría en disputa. Y si el sol azteca perdió dos posiciones fue por sus divisiones internas y la debilidad de sus candidatos. A pesar de que el gobernador había ofrecido que daría a Roberto Madrazo un millón de votos, tuvo que conformarse con poco más de 350 mil, esto es, 180 mil votos menos que los que ganó López Obrador.
            El movimiento ha asumido el control político de la ciudad de Oaxaca. Si lo considera pertinente, bloquea la entrada a los hoteles de lujo del centro, el aeropuerto local, obstruye el tráfico de avenidas, impide la entrada a edificios públicos y al Congreso del estado.
            Para tratar de paliar la crisis, Ulises Ruiz cambió a varios funcionarios de su gabinete, incluido el secretario de Gobierno, y los sustituyó con integrantes de los grupos del PRI a los que había desplazado del gobierno estatal. La maniobra no tuvo mayor efecto. Sus problemas no son solamente con la clase política de la entidad, sino con la sociedad en su conjunto.
            En la misma dirección, en una acción desesperada para conservar el poder propuso en una reunión de los gobernadores priístas reconocer a Felipe Calderón como ganador de la contienda electoral. El gobierno federal, necesitado de aliados para enfrentar las protestas contra el fraude electoral, ha respondido sosteniendo al gobernador destituido .
            Con el paso del tiempo la situación se agravó. El 22 de julio un grupo de 20 desconocidos disparó con armas de alto poder contra las instalaciones de Radio Universidad. La radio universitaria, conducida por el movimiento, se ha convertido en un formidable instrumento de información y movilización social. Ese mismo día, varios desconocidos aventaron bombas molotov contra la casa de Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del SNTE. Días después fueron lanzadas bombas molotov contra el domicilio de Alejandro Cruz, dirigente de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos.
            La violencia física dirigida a opositores no es una novedad en Oaxaca. Es parte de la cultura política de la clase estatal. Organizaciones campesinas, comunidades indígenas, el sindicato magisterial y ciudadanos en la entidad han sufrido persecución política y abusos policiales desde hace décadas. En los años ochenta Amnistía Internacional elaboró un amplio informe documentando las violaciones a los derechos humanos en las zonas rurales de Chiapas y Oaxaca. Cacicazgos, desapariciones forzadas, asesinatos de disidentes políticos y detenciones arbitrarias han sido instrumentos habituales de gobierno en las diferentes administraciones estatales.
            La lista de las atrocidades cometidas por el gobierno de Ulises Ruiz en contra del movimiento magisterial y la APPO crece día con día. Junto a la ingobernabilidad del estado ha emergido una grave crisis de derechos humanos.
            Asesinato de ciudadanos inconformes a manos de sicarios y policías vestidos de civil, disparos de armas de fuego en contra de periódicos y estaciones de radio independientes, secuestro y tortura de dirigentes sociales por brigadas paramilitares, amenazas de muerte, centros de detención clandestinos, incendio de autobuses por grupos de porros ligados a autoridades priístas locales y detención arbitraria sin órdenes de aprehensión de líderes populares son algunas de las agresiones cometidas en contra del movimiento civil que exige la renuncia del gobernador de la entidad.
            La novedad de la violencia local contra los opositores que actualmente se vive es que se realiza en contra del más importante y vigoroso movimiento social en la entidad en décadas y que se hace "extraoficialmente". Esto significa que la mayoría de los actos represivos son ejecutados por policías estatales vestidos de civil, que no reconocen serlo, y por paramilitares. En ocasiones han contado con el apoyo de presidentes municipales de filiación priísta.
            El gobierno estatal no admite, usualmente, responsabilidad alguna en estos hechos, aunque algunos detenidos sean después encarcelados en penales de alta seguridad. En la entidad se vive un nuevo episodio de la /guerra sucia/ que sacudió a nuestro país entre los años sesenta y los ochenta y que provocó la desaparición de mil 200 personas.
            Se trata de una /guerra sucia/porque el poder policiaco y judicial está siendo utilizando de manera informal e irreglamentado contra el movimiento popular. En lugar del uso de la violencia legítima del Estado asistimos al uso de la violencia ilegal e ilegítima por parte del (des)gobierno estatal, con la complicidad del gobierno federal, que ha permitido que se cometan graves violaciones a los derechos humanos. En lugar de la negociación política, las autoridades están haciendo uso creciente de tácticas y procedimientos bélicos para tratar de frenar la desobediencia ciudadana.
            Para "justificar" la /guerra sucia/se ha propalado la versión de que el movimiento popular oaxaqueño ha sido "infiltrado" por organizaciones político-militares de izquierda que han radicalizado la protesta. Pero la movilización en contra del gobernador, explícitamente encuadrada en el marco de la desobediencia civil, ha seguido caminos claramente pacíficos. En ningún momento los integrantes de la APPO han utilizado armas de fuego en sus acciones. Su radicalismo ha surgido del autoritarismo gubernamental. En la protesta convergen centenares de organizaciones sociales, comunidades indígenas, grupos ciudadanos y organizaciones políticas con un objetivo central: la desaparición de poderes en la entidad. La sección 22 del SNTE fue, en sus inicios, la columna vertebral que estructuró el movimiento. Pero, ahora, a pesar de su enorme importancia numérica y de su capacidad de convocatoria y movilización, es una isla más en el archipiélago anti Ulises Ruiz. El origen de la violencia proviene del gobierno local.

La Comuna oaxaqueña

            La sociedad oaxaqueña está altamente organizada en agrupaciones etnopolíticas, comunitarias, agrarias, de productores, civiles, sindicales, de defensa ambiental y de inmigrantes. Ha construido sólidas redes trasnacionales permanentes. Ese denso tejido asociativo, forjado en más de tres décadas de lucha y con una fuerte vocación autónoma, rompió masivamente en los últimos tres meses con el control del PRI y los mediadores políticos tradicionales. Los métodos tradicionales de dominio gubernamental, basados en una combinación de cooptación, negociación, división, manipulación de demandas y represión, se agotaron. El modelo saltó por los cielos hecho pedazos. La nueva /guerra sucia/ se convirtió así en el último recurso de una clase política arrinconada para recuperar la cadena de mando-obediencia.
            Acorralado por el movimiento de resistencia civil contra el fraude electoral, el gobierno federal ha hecho del conflicto oaxaqueño una pieza de cambio con el PRI. No quita al gobernador depuesto por los ciudadanos, pero tampoco le manda a la Policía Federal Preventiva (PFP).
            La actual lucha oaxaqueña responde a motivaciones y dinámicas nacidas de la conflictividad de la entidad. No hay organización armada ni partido político capaz de estimular la autorganización ciudadana autónoma que existe en la entidad, y que es su sello distintivo. Amenazar con el fantasma de las guerrillas (como ha hecho el gobierno local) es un intento por deslegitimar una genuina protesta popular que la torpeza gubernamental ha transformado en algo muy cercano a un levantamiento.
            Hay luchas sociales que anticipan conflictos de mayor envergadura. Son una señal de alarma que alerta sobre graves problemas políticos sin solución en un país. Las huelgas de Cananea y Río Blanco constituyen uno de los antecedentes reconocidos de la Revolución Mexicana de 1910-1917. La revuelta de 1905 en Rusia mostró el camino que, 12 años después, fue recorrido por los bolcheviques durante la Revolución de Octubre.
            La movilización magisterial-popular que desde el 22 de mayo sacude Oaxaca es una expresión de este tipo de protestas. Ha puesto al descubierto el agotamiento de un modelo de mando, la crisis de relación existente entre la clase política y la sociedad, y la vía que el descontento popular puede seguir en un futuro próximo en todo el país.
            En Oaxaca la desobediencia civil está muy cerca de convertirse en un levantamiento popular que, lejos de desgastarse, crece y se radicaliza día con día. El movimiento ha dejado de ser una lucha tradicional de protesta y ha comenzado a transformarse en el embrión de un gobierno alternativo. Las instituciones gubernamentales locales son cada vez más cascarones vacíos carentes autoridad, mientras las asambleas populares se convierten en instancias de las que emana un nuevo mandato político.
            Como marchan las cosas, el ejemplo de la naciente comuna de Oaxaca está lejos de circunscribirse a su entidad. En un descuido anticipa lo que puede suceder a lo largo y ancho del país. 
A mediados del siglo XIX, el oaxaqueño Macedonio Alcalá, viviendo en la miseria y gravemente enfermo, escribió, por 12 pesos de la época, Dios nunca, vals que se ha convertido en una especie de himno de la entidad. Habitante durante algunos años de la pobrísima región mixteca, el autor plasmó en la composición tanto sus vivencias sobre la desgarradora condición de los pueblos indios como su gratitud porque la "Providencia le había proporcionado ese dinero" cuando más lo necesitaba.
            Al igual que Dios nunca muere, el movimiento social oaxaqueño forjado durante los últimos 30 años, expresa las terribles condiciones de vida de indígenas y campesinos y su incansable fe en un futuro mejor. Ese futuro es el que está hoy en juego en las barricadas y asambleas populares de Oaxaca.