Maixabel Lasa

Memoria, justicia y reconocimiento del daño causado

(Entrevista realizada por Antonio Duplá)
(Hika, 174zka. 2006eko otsaila)

Maixabel Lasa es la responsable de la Dirección de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco. Es viuda de Juan Mari Jáuregui, miembro del Partido Socialista de Euskadi y último gobernador civil de Guipúzcoa, asesinado por ETA en Tolosa el 29 de julio de 2000. A comienzos del pasado mes de diciembre compareció ante la Ponencia Permanente de Víctimas del Parlamento Vasco. Allí, reciente todavía la polémica a propósito del ámbito de actuación de dicha Ponencia, su intervención fue particularmente firme y contundente. Hablamos con ella sobre problemas generales relacionados con su trabajo institucional y también sobre algunos episodios recientes que evidencian la complejidad y las dificultades del tema.

La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo está integrada en el Departamento de Interior del Gobierno Vasco; por otra parte, su nombre delimita claramente un determinado ámbito de actuación. ¿Cuál es el balance de su actividad durante estos años?

MAIXABEL LASA. El balance no puede ser, en absoluto, autocomplaciente. Sobre todo, si reparamos en la tarea que nos aguarda para llevar a la práctica todas las medidas e iniciativas aprobadas y que, fundamentalmente, persiguen colocar a las víctimas del terrorismo en el centro neurálgico del debate político y moral de este país. Como digo, el trabajo que queda es muy importante, en cantidad y calidad. Por un lado, hay un mandato parlamentario que cumplir. La proposición no de ley de 2003 y las medidas aprobadas en febrero del año pasado deben ser desarrolladas a lo largo de esta legislatura. Toda la batería de medidas y recomendaciones recogidas en esos textos constituyen la hoja de ruta del reconocimiento moral, político y social de las víctimas del terrorismo. Y es imprescindible que todos, instituciones y formaciones políticas nos afanemos en llevar a cabo esas previsiones, desde el consenso y tratando de pensar más en los destinatarios de las mismas. Y, por otro lado, como responsable de la Dirección de Víctimas del Gobierno, trataré de persuadir para que la acción del Ejecutivo incorpore un discurso más ceñido a las preocupaciones de las víctimas y que eso se traduzca en gestos y en una actitud más apreciada por los que han sufrido la lacra de la violencia.

Se discute mucho a propósito del papel que deben jugar las víctimas en el proceso de pacificación y normalización política en Euskadi,, máxime en estos momentos cuando parece que, afortunadamente, el ciclo de ETA está acabando. ¿Cuál debería ser, en tu opinión, el papel de las víctimas ante esa perspectiva?


M.L.
En primer lugar, no voy a cometer la frivolidad de dar pábulo a las especulaciones o rumores que anuncian un próximo fin del terrorismo. A los hechos me remito. Y los hechos son tozudos y confirman la persistencia de una organización terrorista que pone bombas, extorsiona y amenaza a colectivos de esta sociedad, sin que hasta el momento ninguno de sus comunicados permita albergar esperanza alguna en relación a un eventual abandono de las armas. Dicho esto, el papel político de las víctimas del terrorismo en un hipotético proceso de paz está vinculado, en mi modesta opinión, a las condiciones de comodidad que deben concurrir para que los más afectados se sientan partícipes y no excluidos y nuevamente damnificados. Y esas condiciones a las que aludo se asientan sobre tres principios que todo el mundo debiera asumir: memoria, justicia y reconocimiento del daño causado.

Memoria significa no olvidar lo que ha pasado. Y la memoria resulta ser el mejor antídoto frente a la administración interesada del olvido o contra las tentaciones de escribir la historia al dictado del verdugo. Y esto vale para Irlanda, Palestina o Euskadi. Pero en el País Vasco, esto hay que traducirlo a un lenguaje práctico. Me refiero a iniciativas populares de homenaje, pueblo por pueblo, a las personas que han padecido el terrorismo. Y, también, me refiero a la prohibición de actos públicos de ensalzamiento terrorista. ¿Permitiríamos un ongi etorri, aurresku incluido, a una persona que ha acabado con la vida de su compañera o de su hijo, maltratándolos hasta su muerte?
Justicia significa que los crímenes cometidos no queden impunes. Que se juzgue y se condene a los que han cometido esos delitos. Y que cumplan la condena impuesta porque de ello también depende el resarcimiento a la que la sociedad tiene derecho.
Y por reconocimiento del daño causado entiendo el arrepentimiento público y sincero de los terroristas por los crímenes cometidos. Y la consiguiente petición de perdón a las víctimas. Esto no es ninguna humillación para el que delinque. Al contrario, es la única garantía de que dispone el agredido para que el asesino no vuelva a matar.

Estas condiciones son condiciones necesarias pero no suficientes. Si falta cualquiera de ellas, el fantasma del precio político se hará muy presente a los ojos de las víctimas y no bendecirán una paz que no la sienten como suya. La paz debe dar paso a un tipo de sociedad que incorpore el sufrimiento y el dolor de las víctimas como recordatorio permanente. Y las instituciones deben proteger ese recuerdo y esa mirada, que es de paz.

En tu comparecencia ante la Ponencia de Víctimas del Parlamento Vasco el pasado mes de diciembre hablaste del reconocimiento moral, político y social de las víctimas como el elemento clave ahora. Hace unos días, el Ayuntamiento de Bilbao inauguraba un monolito homenaje En recuerdo a todas las víctimas del terrorismo en Bilbao. ¿Son importantes este tipo de iniciativas?


M.L.
Son fundamentales. De los frecuentes e intensos contactos mantenidos con las víctimas del terrorismo, especialmente los llevados a cabo con carácter individual, se deduce que es el entorno social más próximo e inmediato a ellas el que ha protagonizado de una manera más directa y descarnada el olvido y la falta de solidaridad hacia aquellas. Por ello, la tarea de reconocimiento y recuperación del aliento ético necesario en nuestra sociedad respecto a las víctimas del terrorismo debe empezar, ineludiblemente, por los ámbitos sociales más pequeños y próximos a ellas: los Ayuntamientos.

El objetivo de estos homenajes debe ser transmitir a las víctimas de esos pueblos y ciudades el calor, el afecto, la solidaridad y el reconocimiento de los vecinos, y como representantes suyos, de las instituciones locales, contribuyendo, de esta manera, a mantener su memoria. La individualización y personalización de este tipo de iniciativas y homenajes se convierte en un elemento fundamental para conseguir la restauración de la dignidad que les fue arrebatada por la violencia.

Soy consciente de que va a ser difícil modificar ciertos usos y costumbres en ciertos lugares conflictivos de Euskadi pero lo único que puedo hacer es poner todo mi esfuerzo a disposición de esos propósitos. Y los alcaldes eso lo saben. Y también saben que iniciativas como las comentadas dignifican a las instituciones e invierten una situación socialmente anómala.

Los recientes incidentes en el pleno del Ayuntamiento de Azkoitia con motivo de la presentación de una moción sobre la reinserción de los asesinos de Ramón Baglietto y las condiciones para la misma, demuestran que hay miradas muy distintas sobre las víctimas. En ese sentido queda mucho camino por recorrer. ¿Qué pasos se pueden ir dando?


M.L.
A propósito de situaciones anómalas y de circunstancias incompatibles con un mínimo sentido de pudor o vergüenza social, lo ocurrido en Azkoitia es paradigmático. Y retrata, bien a las claras, hasta qué punto algunos ciudadanos de este país están dispuestos a alimentar y justificar todo un relato y una visión amoral y carente de escrúpulos éticos con tal de amparar la trayectoria del verdugo, y, consecuentemente, vilipendiar y humillar, una vez más, el honor y la dignidad del asesinado y sus familiares. Llámese Maria Pilar Elías o de otra manera.

Que los asesinos de un vecino de ese pueblo se crean moralmente legitimados para pedir el apoyo de los ciudadanos de esa misma localidad y organicen manifestaciones de desagravio apelando al derecho a replantearse sus vidas y sin dejar asomar un ápice de arrepentimiento por el dolor provocado, es tan indigno y cruel que es imposible que sea optimista respecto al futuro. La pedagogía social que es preciso promover sobre cuestiones morales tan básicas es de tal calibre que, hoy por hoy, me resulta utópico un escenario normalizado de desenvolvimiento en sociedad, en términos de moral pública y privada. Habrán de pasar muchos años, seguramente, para que veamos, si lo vemos, restablecidas la sensatez y cordura cívicas. Las instituciones, lógicamente, debiéramos tener las cosas claras y mostrar toda la firmeza exigible para sofocar cualquier intento tendente a convertir el disparate en una costumbre normal y aceptada.

Desde determinados sectores de izquierda de este país todavía se ve a ETA en términos épicos y a los etarras como gudaris, luchadores por la libertad de Euskal Herria. Lógicamente esa visión supone la negación de las víctimas como tales. En tu intervención en el Parlamento vasco aludías a la teoría del conflicto político como somnífero de la conciencia moral de la sociedad vasca. Se diría, entonces, que hay toda una visión de la historia reciente de este país por reescribir. ¿Desde qué coordenadas habría que plantearse ese trabajo?


M.L.
Hace pocos días, con ocasión de la inauguración del monolito de Bilbao en memoria de todas las víctimas del terrorismo, algunos familiares de Josu Muguruza y Santi Brouard calificaron el acto de hipócrita, y justificaron su ausencia señalando que no era momento de monolitos sino de compromisos para resolver el conflicto. A mi juicio, sin embargo, ese continuo y reiterado recurso al conflicto político para explicar lo que ha sucedido en este país resulta perverso e inmoral. Es casi como considerar irremediables tanto los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA como los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado o la guerra sucia. Significa poner el derecho a la vida al servicio de objetivos políticos que nunca serán más importantes que la vida de un ser humano. Con independencia de que ya les hubiera gustado a cientos de víctimas de la barbarie etarra recibir el reconocimiento que en su día les fue tributado en este país a Josu Muguruza y Santi Brouard.

Efectivamente, la teoría del conflicto político como coartada para el crimen y el pretendido sentido sacrificial o épico del militante de ETA han actuado como narcotizantes del coraje cívico de la sociedad vasca. Y, como se ve, todavía perviven secuelas. Por ejemplo, la frase de que “no puede haber ni vencedores, ni vencidos”, o la celebración de homenajes a terroristas observada con naturalidad por la sociedad. O cuando, sin ir más lejos, algunos de ellos son nombrados rey y reina de las fiestas, sin que se descomponga la figura de los que lo permiten.

Así que, a la hora de reescribir la historia reciente de este país habrá que incorporar, sin duda, la mirada de las víctimas, la mejor manera de certificar la inutilidad de la violencia para la consecución de objetivos políticos y la mejor forma de destacar los relatos de generosidad protagonizados por tantas personas anónimas que padecieron el sufrimiento en soledad y sin recurrir a la venganza. La memoria y el significado político de las víctimas deben ser, por tanto, elementos indispensables cuando se hable de la batalla que se ha librado contra la violencia fanática en este país. Una sociedad que asuma la verdad y la mirada de las víctimas será una sociedad más fuerte y con una complexión moral más robusta para hacer frente contra cualquier tentación totalitaria que pretenda poner la ideología por encima del derecho a vivir en libertad.