Manuel Lario
Despierta el México bronco
La crisis política que hoy vive México hunde sus raíces bien lejos. En la memoria popular todavía están frescos el recuerdo del fraude electoral de 1988, o el que se dio en las últimas elecciones a gobernador de Oaxaca en 2004. Igual que existe la certeza de que el intento, fallido por la movilización popular, de retirar a López Obrador de la carrera electoral por medio del desafuero, hace dos años, se ha venido continuando con una campaña electoral sucia, con intervenciones e injerencias ilegales de los empresarios, las televisiones, la Iglesia o la propia presidencia de la República. Estas evidencias se agravaron cuando se comprobó repetidas veces que la propia institución que debía velar por la equidad en la elección, el Instituto Federal Electoral (IFE), fue un árbitro descaradamente parcial, que ni siquiera tenía representación del PRD, al estar integrada exclusivamente por miembros del PRI y del PAN.
Además, los comicios presidenciales de 2006 se realizaron en medio de fuertes conflictos sociales que todavía persisten: desde el conflicto iniciado en mayo por los maestros en Oaxaca, o los mineros muertos en una huelga en Michoacán, a la represión inaudita de los campesinos de Atenco en mayo (1).
A pesar de todos estos factores adversos, a finales del mes de junio, la mayor parte de los observadores, incluidas las diversas encuestas, preveían un triunfo de la coalición Por el Bien de Todos, que agrupa al PRD, Convergencia y PT y encabezada por Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones del 2 de julio. Y además, por una diferencia de varios puntos. Pero la misma noche del 2 de julio, Luis Ugalde, presidente del IFE, cuando iba a anunciar el recuento provisional de los votos, se negó a hacerlo aduciendo que eran unos resultados muy ajustados, y pospuso la comunicación de más datos hasta tres días después. Las dudas y las incertidumbres no tardaron en aparecer, junto a muchas evidencias de irregularidades en el conteo de los votos. En esos tres días, la diferencia inicial de López Obrador se fue reduciendo a favor de Calderón, del derechista PAN, hasta que finalmente el IFE lo proclamó ganador por una diferencia de un 0,58%, unos 260.000 votos, en una elección de unos 40 millones de votantes.
Las dudas iniciales de los partidarios de López Obrador se transformaron en una honda indignación que se oponía a lo que calificaron de fraude electoral y hasta de golpe de Estado técnico (2). En los días siguientes, las denuncias de irregularidades y manipulación de resultados en las mesas electorales se acumularon, según el PRD, en más del 35% de las mesas, y numerosos especialistas señalaban indicios de manipulación en el sistema informático del conteo. Al mismo tiempo se conocían más datos de los movimientos de importantes gobernadores y dirigentes del PRI que se decantaron por apoyar al PAN, en los que destaca el papel jugado por Elba Ester Gordillo, dirigente del sindicato magisterial SNTE, que organizó un aparato de mapachería electoral para manipular los resultados a pie de urna. En la práctica, confluyeron todos los elementos clásicos de una elección de Estado: la campaña sucia e ilegal previa; el uso de todos los aparatos del Estado, desde la presidencia de la República hasta el IFE o el Tribual Electoral del Poder Judicial (TEPJ), junto a las manipulaciones en las urnas o las nuevas estrategias informáticas para hacer creíble el triunfo de la candidatura de Felipe Calderón. Tras toda esta campaña se encuentra el acuerdo entre el PAN, una parte del PRI, el empresariado, las televisiones..., intenciones que también encontraron apoyo en las autoridades estadounidenses o españolas, que se apresuraron demasiado en felicitar a Calderón (3).
En cualquier caso, los resultados oficiales muestran un México dividido entre un norte más rico en el que gana el PAN, y un centro y sur que apoya a López Obrador. Ambos partidos ganaron en 16 Estados, mientras que el PRI no ganaba en ninguno y se desplomó a una tercera posición, que le da, al tiempo, la llave de las posibles alianzas. Un acuerdo entre el PAN y el sector mayoritario del PRI está empezando a funcionar en el Senado y se extenderá al Congreso. Los mimbres para el conflicto estaban sembrados.
El movimiento de resistencia
La indignación popular se transformó en un nuevo movimiento, que se puso en marcha al grito de “Voto por voto, casilla por casilla” en exigencia de un nuevo recuento de los votos. Todas estas reclamaciones fueron denegadas por el IFE y la pelota pasó al Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ), que tenía hasta el 6 de septiembre para responder a los más de 700 juicios interpuestos, y validar o anular finalmente la elección presidencial.
El nuevo movimiento antifraude respondió no reconociendo la validez de los resultados, convocando en julio las manifestaciones más grandes de la historia del país, que reunieron a varios millones de personas, e instalando a partir del 30 de julio un gigantesco campamento en el Zócalo, que se extendía por kilómetros en el centro de la capital. La exigencia de un nuevo conteo de todas las mesas fue apoyada desde muchos sectores como el único medio para aclarar las dudas suscitadas, incluso por periódicos como Le Monde o The New Yok Times. Y la propia Comisión Nacional de derechos Humanos todavía considera deseable que se haga.
Esta exigencia, finalmente, fue desestimada por el TEPJ, que sólo accedió a un recuento parcial de un conjunto de mesas que presentaban irregularidades, y que suponían el 9% del total. Tras ese nuevo recuento se encontraron irregularidades en cerca de un 70% de las mesas revisadas, pero sólo sirvieron para que el Tribunal redujera la ventaja de Calderón del 0,58% a un 0,56%. Cabría preguntarse qué hubiera sucedido si el recuento hubiera afectado al conjunto de mesas electorales. Según el PRD, si se hubiera hecho así se demostraría que López Obrador habría ganado las elecciones con más de dos millones de votos de diferencia. Pero, al final, pese a que los magistrados reconocieron que había muchos elementos discutibles e ilegales, éstos no eran determinantes y el 6 de septiembre el Tribunal Electoral declaró vencedor legal a Calderón. Era el final previsible en la crónica de un fraude anunciado. Calderón es el nuevo presidente legal de México, pero tiene un importante déficit de legitimidad ante buena parte de la sociedad mexicana.
Los seguidores de López Obrador lo tenían claro antes de la decisión del Tribunal Electoral: la exigencia de recuento total fue sustituida por el muy mexicano y revolucionario grito de “Sufragio efectivo, no imposición”, lanzado por Madero en 1910. Y también López Obrador cuando lanzó la convocatoria de una Convención Nacional Democrática (CND) para el 16 de septiembre, que comenzó como un nuevo paso adelante del movimiento tras el levantamiento del bloqueo en el centro de la capital, que ha durado cerca de 50 días y que ha ocasionado algunas de las críticas más importantes para el movimiento de resistencia al fraude y le ha supuesto una fuente de desgaste. Al tiempo, este movimiento también ha conseguido algunos efectos importantes, por lo menos en el terreno simbólico: Fox no pudo dar el tradicional Grito de la independencia, igual que no pudo hablar ante el pleno del Congreso a principios de mes. Ni el presidente panista saliente ni el entrante pueden aparecer en público si no es rodeados de policías y tanquetas.
Esta convocatoria de la CND adquiere un profundo significado –cabe recordar que las dos últimas convenciones se realizaron en 1914, durante la Revolución Mexicana en Aguascalientes, y en 1994 a cargo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)–, ya que pretende ser el surgimiento de un momento constituyente que debe redefinir la cuarta República mexicana. En esta tercera CND se tomaron decisiones relativas a los siguientes pasos del movimiento, tras desconocer el cómputo oficial, declarar usurpador a Calderón y entender que se ha vulnerado la propia Constitución. A ella apelan, además, al defender la vigencia de su artículo 39, que reconoce el derecho del pueblo a cambiar la forma de gobierno.
Y el 16 de septiembre, la CND, compuesta por más de 1.250.000 delegados, reunida en el Zócalo del Distrito Federal, tomó decisiones importantes, no sólo en el plano simbólico. En primer lugar, decidió iniciar un movimiento de desobediencia civil de largo alcance que, entre sus objetivos, se ha marcado que el 1 de diciembre intentará impedir a Felipe Calderón la toma de posesión como presidente.
También ha decidido la creación de un Gobierno paralelo o en rebeldía, cuya principal tarea sería convocar un plebiscito para redactar una nueva Constitución, extender el movimiento a todo el país y poner las bases de una nueva forma de gobierno, que se apoyaría en el movimiento y la autoorganización y en las administraciones municipales y estatales que decidan participar. Ante la pregunta de si elegir un coordinador nacional de la resistencia o un presidente, la asamblea contestó de forma unánime: proclamó a López Obrador presidente de la República mexicana. Con esto, parece que el movimiento ha dado un paso irreversible frente a los intentos de algunos de los dirigentes importantes del propio PRD, como Camacho Solís, que abogaba por una salida con unos Pactos de La Moncloa a la mexicana.
Una crisis política de difícil salida
México vive un momento de crisis política de difícil salida. Y los dos meses que quedan hasta el 1 de diciembre van a ser, seguro, de alto voltaje. Lo cierto es que el movimiento popular que se ha generado en México tras las elecciones es el más potente que ha conocido este país en los últimos 30 años y ha levantado muchas expectativas, polémicas y dudas en amplios sectores de la sociedad mexicana, en la intelectualidad en general, y en la izquierda en particular. Algunos, como Marcos Roitman, hablan ya del surgimiento de un poder dual en México, que viene a unirse al ya existente de hecho en Oaxaca en los últimos cuatro meses, o al ejemplo de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas. Otros muchos hablan de oportunidad histórica, mientras que otros, más conscientes, recuerdan las contradicciones y problemas derivados de la articulación de un movimiento que, por suerte, va más allá de la estructura partidaria de los integrantes de la Coalición por el Bien de Todos, ahora coaligados en un Frente Amplio Progresista. Éste pretende ser el brazo institucional del movimiento, un propósito que veremos en qué queda realmente, ya que quizá sea éste el eslabón más débil de aquél.
En palabras de Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada: «¿Actuará la dinámica del partido como tradicionalmente lo ha hecho o, por el contrario, la dirección del movimiento será capaz de contener las tendencias desmovilizadoras? ¿Podrá sobrevivir la protesta a la dinámica parlamentaria e institucional? Si en el PRD se impone la forma tradicional de hacer política, la apuesta gubernamental por el desgaste triunfará. Si, por el contrario, las nuevas experiencias que se han generado alrededor de la resistencia civil se vuelven hegemónicas, se crearán las condiciones para enfrentar la inminente imposición de un Gobierno espurio. (...) Para recuperar las instituciones de representación política no hay otra opción que acorralar a esos poderes con la movilización social. No hay más ruta que vaciarlas de autoridad bloqueando su funcionamiento. No hay más camino que evidenciar, paso a paso, la ilegitimidad de quienes se asumen como gobernantes».
Otros, como Adolfo Gilly, recuerdan las limitaciones de una clase política en la izquierda partidaria, compuesta en buena medida por algunos antiguos colaboradores del PRI y de Salinas, hoy reciclados en el PRD, o la contradicción que supone permanecer en esas instituciones que consideran corruptas y al mismo tiempo estar en la CND y apoyar a un Gobierno rebelde. Como prueba, ahí están la actitud claudicante de esos partidos ante el EZLN y la Ley de Derechos y Cultura indígenas hace sólo cinco años, o sus últimos comportamientos al avalar, los cuatro gobernadores del PRD, la actuación del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, desbordado por un amplio frente opositor, ciudadano, magisterial e indígena, que controla realmente la capital y 30 ayuntamientos del Estado. O la composición de la candidatura a gobernador del PRD en Chiapas, donde ha ganado las últimas elecciones de agosto el candidato Juan Sabines, en las listas del PRD, porque no pudo ser el candidato del PRI, frente a una coalición del PAN, el PRI, Panal... En fin, que si tuviéramos que juzgar la clase de política de izquierdas que despliegan, por ejemplo, los hasta ahora cuatro únicos gobernadores estatales del PRD, el balance sería bastante desalentador. No es de extrañar que dos de ellos, Amalia García, en Zacatecas, o Lázaro Cárdenas, en Michoacán, sean señalados por las propias bases del movimiento de resistencia como “traidores”, apelativo que también dedican al propio Cuauhtémoc Cárdenas, histórico candidato del PRD, que ahora, desplazado por López Obrador, critica las últimas iniciativas de éste. Es un momento en el que la lucha de posiciones sobre todos los actores es muy intensa entre los distintos sectores del PRD o el cardenismo.
Porque más allá de la propia estructura partidista, y de sus tensiones internas, el elemento determinante del debate es la figura del propio Andrés Manuel López Obrador. El candidato de la coalición tiene apoyos que van más allá de las estructuras partidarias, es un candidato que ha sabido aglutinar en torno suyo toda una historia de agravios y descontentos populares, más allá de que su propia gestión en el Gobierno del Distrito Federal y la de sus asesores no se haya caracterizado por responder a unas políticas claramente de izquierdas; antes al contrario, en su equipo hay demasiados personajes provenientes del PRI de Salinas o de Zedillo... Pero sí ha conseguido ocupar el lugar simbólico de líder moral de la izquierda mexicana que antes tenía Cuauhtémoc Cárdenas.
El estilo de López Obrador puede pecar de personalista, aunque no se trata del líder mesiánico y populista peligroso que la mayor parte de la prensa mexicana y occidental quiere presentar. Las luchas que impidieron su procesamiento para intentar apartarlo de la carrera electoral hace dos años, el discurso cada vez más radical –que se ha ido imponiendo en el debate tras un sexenio desastroso de Fox–, y las más que dudosas elecciones de julio, hacen que, al final, el debate central no sea si López Obrador obtuvo más votos que Calderón, sino que los resultados electorales y su sanción legal por el Tribunal han supuesto la gota que colma el vaso de la paciencia de amplios sectores populares mexicanos. Y el recuerdo de las largas décadas de Gobierno del PRI y el nefasto sexenio del PAN han precipitado la respuesta de un movimiento popular que está pasando por encima de la voluntad de los propios aparatos partidarios. De la articulación futura de ese movimiento con el aparato partidario y sus representantes en las instituciones, de las iniciativas que el nuevo Gobierno en rebeldía despliegue... depende mucho el futuro que la política y la sociedad mexicana tienen por delante.
El otro factor que se debe tener en cuenta es el polo aglutinado en la derecha en torno al ganador legal de las elecciones. Estamos hablando de una buena suma de votos, si consideramos los partidarios del PAN y los de buena parte del PRI: sus representantes sí constituyen una clara mayoría en las Cámaras y en los gobiernos estatales, tienen todo el aparato del Estado bajo su control, incluyendo a las Fuerzas Armadas y la Judicatura, cuentan con el apoyo de la mayor parte de los medios de comunicación, de la Iglesia, y el respaldo internacional. No se trata, por lo tanto, de un frente fácil de batir, aunque hasta el momento, López Obrador ha conseguido llevar la iniciativa y ha colocado a Calderón y a Fox a la defensiva.
Un factor también decisivo es precisamente el papel del Ejército. Hasta ahora, el movimiento ha mostrado un comportamiento de desobediencia civil pacífica. Calderón, por su parte, no tiene claro por ahora el recurso a la violencia, porque cuando últimamente los gobernantes la han empleado, de forma oficial o por medio de grupos paramilitares, la jugada no les ha salido todo lo bien que pensaban. La agresión a Atenco se volvió en su contra por la bestialidad mostrada por los miles de policías que intervinieron, y por la eficaz campaña de defensa y denuncia desplegada por la Otra Campaña, y ahora Atenco es sinónimo de violación masiva a las mujeres. En Oaxaca, cuando tras dos meses de conflicto magisterial, el gobernador priísta (también aupado al cargo en un fraude en 2004 y con bastantes muertos a sus espaldas en estos dos años) recurrió a la fuerza bruta, lo único que consiguió fue aumentar la respuesta popular y que sus instituciones y él mismo tuvieran que pasar a la clandestinidad práctica, dejando el control a una Administración rebelde conducida por la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), con criterios alternativos, funcionamientos participativos y un gran apoyo popular. Tampoco está claro por ahora que en las filas castrenses el apoyo a Calderón sea tan unánime, a juzgar por los resultados electorales en muchas mesas cercanas a los cuarteles; y, en cualquier caso, el movimiento de apoyo a Obrador es bastante más amplio que los casos antes citados. La tentación represiva está ahí, pero no está claro si será utilizada, ni cómo, ni cuándo. Todo dependerá de cómo evolucione la situación.
La Otra Campaña zapatista sigue
Por otro lado, la Otra Campaña (4) también empieza a moverse. Después de la arremetida represiva en Atenco, el EZLN declaró una alerta roja en sus territorios y suspendió la gira que el subcomandante Marcos estaba realizando por el territorio del país. Tras la celebración de una Asamblea Nacional de la Otra Campaña en México, dos días antes de las elecciones, el EZLN afirmó que la lucha por la libertad de los presos y el castigo a los culpables pasaba a ser prioritaria, por encima de los resultados de unas elecciones en las que, como campaña, ni apoyaba a Obrador ni llamaban a la abstención. En su seno conviven opciones políticas e ideológicas muy diversas, desde la vieja izquierda revolucionaria a los colectivos anarquistas. De hecho, muchas personas y organizaciones que participan en la Otra Campaña apoyaban a López Obrador.
Tras los resultados oficiales, los propios zapatistas reconocen que hubo fraude, que López Obrador consiguió más votos, pero no habían previsto que los viejos mecanismos del fraude los volviera a utilizar la derecha panista gobernante. Por decirlo de una forma simple, también a ellos el fraude les pilló con el paso cambiado. La Otra Campaña estaba diseñada para actuar en un escenario de victoria electoral de la izquierda parlamentaria, como un polo que intenta aglutinar a los sectores ciudadanos, sociales, organizativos que se declaran claramente anticapitalistas y que ven el enorme déficit que presentan la gestión y los programas de acción de López Obrador y del PRD.
Tras varios meses de silencio, y tras soportar una fuerte acometida de muchos y significados partidarios de López Obrador, que le llegaron a culpabilizar del fracaso electoral por no haber apoyado a éste, en un comunicado reciente, el EZLN ha anunciado que la Otra Campaña reanuda su gira por los 11 Estados del norte, una gira que acabará el 30 de noviembre, en el Distrito Federal, la noche previa a la toma de posesión de Calderón. En su comunicado, el EZLN denuncia las múltiples contradicciones que atraviesan a las cúpulas partidarias y sus dirigentes, su pasado priísta y represivo, y se ratifica en su decisión de seguir construyendo una alternativa que se quiere claramente de izquierdas y combativa, con el apoyo de los pueblos indios organizados en el Congreso Nacional Indígena, de los sectores juveniles más activos y de múltiples asociaciones y colectivos de todo tipo.
Desde luego, más allá de la semejanza aparente de objetivos declarados por Obrador o por Marcos (una nueva Constitución, derechos indígenas, defensa del patrimonio nacional, la propia CND, la gira que va a iniciar Obrador por todo el país y la convocatoria de un plebiscito que recuerda a las consultas zapatistas...), el modelo de construcción de la Otra Campaña se sitúa en las antípodas del modelo de López Obrador. Es una construcción por la base, de respeto e igualdad entre sus integrantes, apartado de la lucha partidaria y electoral, preocupado por acumular fuerzas sociales de izquierda, y no basado en liderazgos estrella. Pero el movimiento que se ha generado presenta, junto a claras limitaciones y dificultades, elementos que pueden acercar a las bases del movimiento de desobediencia y a los de la Otra Campaña.
Algunos analistas señalan que quizá el camino que en adelante debe seguir el movimiento tendría que mirar al proceso en marcha en Oaxaca, donde se da una amplia alianza popular, con un fuerte componente indígena, de las organizaciones que apoyan a Obrador y de miembros de la Otra Campaña, entre otros integrantes. De todas formas, en los dos meses que quedan hasta el 1 de diciembre, el panorama político mexicano va a estar muy agitado y quedan muchos interrogantes por despejar. Uno de ellos será, aparte de la inevitable respuesta de la derecha, el difícil camino que ha de recorrer un movimiento que ahora es muy fuerte en el centro y sur del país, que empieza a extenderse por él y que, si quiere ganar, deberá contar con una política de alianzas amplia, inteligente y flexible, porque la apuesta es ciertamente arriesgada.
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(1) La última semana de junio, una delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) viajó a México y presentó su informe preliminar sobre los sucesos de Atenco de mayo pasado. Los sucesos tras la toma policial de ese pueblo se saldaron con dos jóvenes muertos por la policía, más de 200 personas detenidas ilegalmente, cinco expulsadas del país, denuncias de torturas y violaciones colectivas a las mujeres, reconocidas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana. Después de cuatro meses, todavía permanecen en prisión cerca de 30 personas, mientras que. ningún policía ha sido detenido ni puesto a disposición judicial. El IV Informe de la CCIODH concluye que hubo graves violaciones de los derechos de las personas implicadas, con grave utilización de la fuerza por parte de las distintas policías que intervinieron, y pide la libertad de las personas encarceladas así como la depuración de las responsabilidades políticas evidentes. Las denuncias por lo sucedido también han sido realizadas por Amnistía Internacional, Human Rights Watch o el comisionado en México para los Derechos Humanos de la ONU. El Informe se puede consultar en http://cciodh.pangea.org
(2) «La lista de las irregularidades (previas) es enorme: creación de un clima de temor para favorecer el voto del miedo; ingerencia ilegal del Presidente de la República en la campaña; gasto de 1,7 billones de pesos en la promoción y divulgación de la obra del Gobierno federal; uso de recursos públicos destinados al desarrollo social para inducir el voto (según Reforma, el 41% de los beneficiarios de Oportunidades y el 44% de quienes disfrutan del Seguro Popular votaron por los blanquiazules); compra de sufragios; rebase de los topes de los gastos de campaña por parte de Felipe Calderón; simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) purgados del padrón electoral; utilización indebida de información del Estado para servir a la campaña electoral panista; cursos de inducción del voto contra López Obrador y a favor del candidato del PAN entre trabajadores y empleados de corporaciones empresariales; manipulación de las cifras preliminares de la votación». Luis Hernández Navarro (La Jornada, julio de 2006). A ello se unieron, según otras observaciones, la utilización de los más modernos sistemas informáticos. Habría que destacar el paralelismo con lo sucedido en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos en el Estado de Florida, cuando Al Gore perdió frente a Bush en una discutida elección. La empresa estadounidense que asesoraba a Bush, también asesoró a Calderón.
(3) Las felicitaciones a Calderón de Bush y Zapatero el 6 de julio fueron las primeras en llegar, junto a las de la Iglesia mexicana o el Consejo Empresarial. En el plano internacional, es de destacar la actitud de periódicos como El País, que no ha dudado en tomar partido, antes y después de la elección, por la figura de Calderón. Si examinamos su línea editorial e informativa, observaremos que, si antes era manifiestamente antizapatista, ahora ha pasado a atacar a López Obrador como un populista violento que puede llevar a México al abismo: «La deriva antisistema a la que parece haberse entregado ya definitivamente López Obrador no puede poner en peligro las instituciones democráticas mexicanas ni la madurez de una ciudadanía volcada en la lucha por la modernidad, el progreso y el respeto a las leyes. (...) Se revela lo inútil del insensato populismo radical de López Obrador. El Tribunal Electoral ha fallado que ha perdido las elecciones. Su desmesura está fuera de tiempo y de lugar en el México moderno». “El exceso de Obrador”, editorial de El País, 3 de septiembre de 2006. El 18 de septiembre titulaba su editorial con un significativo “De mal en peor”, y afirmaba que, en aras de la estabilidad y la tranquilidad, López Obrador debía ser responsable como Al Gore lo fue. Parece que El País, como Goethe, prefiere la injusticia al desorden.
(4) Para más información sobre la Otra Campaña, que responde a la convocatoria zapatista de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, puede consultarse www.enlacezapatista.ezln.org.mx