Manuel Llusia
Cinco meses del PP en el Gobierno. Una descripción
de su acción legislativa
(Página Abierta, 220, mayo-junio de 2012).
26 de mayo de 2012.

Hace cinco meses que el PP, tras ganar las elecciones, empezó a gobernar y a legislar cómodamente gracias a su mayoría absoluta en el Congreso. Tal y como se preveía y demandaba la situación, el Gobierno de Rajoy ha centrado su atención en el cumplimiento de las reformas y recortes que “imponen” los mercados y que marcan frente a la crisis la política de los mandatarios europeos y del FMI.

Durante este tiempo el PP, a través de su Gobierno, ha promovido una acción legislativa y ejecutiva, vinculada a ella, muy amplia. Y más allá de esta acción precisa, se han lanzado, desde algunos de sus ministros y dirigentes, de ámbitos como Justicia, Interior, Sanidad, Cultura…, otras propuestas que aún no se han concretado del todo, que anuncian intenciones de contrarreforma que dañan importantes derechos individuales y sociales.

La forma elegida ha sido ampliamente criticada, pero más aún su contenido. La respuesta movilizadora de una buena parte de la sociedad, la crítica y malestar de la opinión pública, han sido continuos y muy amplios. Y todo indica que lo seguirán siendo.

La fórmula estrella para esa avalancha ha consistido en la aprobación por el Gobierno de decretos leyes que permiten su puesta en marcha inmediata, antes de pasar por la convalidación, o aprobación parlamentaria tras el obligado trámite como proyecto de ley (1). Y por supuesto, sin ningún proceso previo de estudio, debate e informe en los ámbitos correspondientes, salvo contadas ocasiones; a espaldas, pues, de la sociedad afectada y sin contrastar otras opciones.

“Nuestra responsabilidad es gobernar. Para eso nos ha votado una mayoría de la sociedad”, argumentarán, mostrando cómo entienden lo de “gobernar”.  Luego, concretarán por su cuenta los flecos, e incluso imprecisiones, indefiniciones o contradicciones con la realidad a afrontar, de esos decretos leyes convalidados o leyes aprobadas.

Todo ello rodeado de un aire de apresuramiento e improvisación. Con una salvedad: el anteproyecto de ley de transparencia (2).

Esa labor, para buscar su legitimidad, la sustentarán, más allá del principio de austeridad, en que las medidas aprobadas persiguen una mayor eficacia o eficiencia, por ejemplo, de la Administración o de los servicios sociales, en pro de un mantenimiento y consolidación de nuestro sistema de prestaciones. Cuando, en realidad, lo único que se persigue es la reducción del déficit presupuestario como sea y donde más debilidad para ofrecer resistencia puedan encontrar, y, por lo tanto, en campos menos comprometidos, eludiendo la confrontación con determinados poderes, los económicos, religiosos, y algunos otros del Estado… Sin afrontar aún en serio la corrupción (que les afecta de un modo especial) ni el fraude fiscal  (3).

Porque, para arreglar la mala gestión en muchos sectores de la Administración, habría que entrar a fondo, con más de un “libro blanco”, con decisión y más tiempo, y dando soluciones protectoras  frente al empleo que pueda verse afectado. (Aquí uno recuerda las continuas promesas en los programas electorales de los partidos que se han alternado en el poder sobre “la necesaria reforma de la Administración”. Y reconoce, no obstante, que algo de razón tienen si de reducir gastos en algunos casos se trata).

Porque esos recortes no solucionan nada de fondo –solo rozan, positivamente, algunos aspectos deficitarios del funcionamiento de las Administraciones públicas– y tienen efectos negativos a corto y largo plazo: el resultado así puede ser de tierra quemada para lo público, con esas reformas de dudosa reversibilidad. Y, sobre todo, es la sociedad más débil la que acaba pagando los platos rotos de esas alternativas de reducción de gastos y de imposición fiscal. Se habla de necesidad, urgencia, etc., pero nunca, ni siquiera, de provisionalidad.

Como muy bien señala Joaquín Estefanía: “Ni paro, ni déficit, ni crecimiento”, refiriéndose a que con esas reformas y recortes las perspectivas de empleo serán incluso más negativas de las planteadas por el Gobierno, y tampoco se conseguirán los objetivos de déficit, pero sí más recesión y recesión (4).

El Gobierno, al presentar sus datos y cuentas en Bruselas, apuntaba, por un lado, que había recibido una herencia socialista de paro del 21,6% a finales de 2011 y que, por otro, la tasa de paro que preveía para finales de 2012 era del 22,3% (5).

Sin embargo, otros datos ponen en cuestión las previsiones de Rajoy y compañía. Según la EPA (Encuesta de Población Activa, del INE), si la tasa de paro del cuarto trimestre de 2011 era del 22,85%, en el primer trimestre de 2012 se alcanzó el 24,4% (unas 5,64 millones de personas desempleadas), lo que supone un incremento del desempleo de más de 350.000 personas. El resultado de la encuesta señala, además, la existencia de 1,7 millones de familias con todos sus miembros en paro (6). 

La CE por su parte apunta que el paro en España será del 24,4% en 2012 y del 25,1% en 2013. Y la OCDE, que acaba de publicar sus previsiones, augura que en 2012 alcanzará el 24,5% y en 2013 el 25,3%.

Por lo que respecta al déficit, el Gobierno avanzó que se alcanzaría el objetivo del –5,3% del PIB en 2012 y el –3% en 2013. Y ni la CE ni la OCDE piensan lo mismo. La CE, que en 2012 terminará con un déficit de 6,4% y con un 6,3% (“si no se hacen más reformas”, claro está). En cuanto a las predicciones de OCDE, no se alejan tanto de las del PP: 5,4% (2012) y 3,3% (2013), sin conocer, eso sí, que nuevos datos resaltan que el déficit de 2011 puede ser del 8,9% (véase lo descubierto en Madrid y la Comunidad Valenciana, por ejemplo) [7]. 

Al hablar de ello, viene bien sacar a la luz los datos de la desigualdad social, de la pobreza y exclusión crecientes. Algo hemos adelantado sobre ello en el número anterior de la revista. Rescatemos aquí otras informaciones.

Es bochornoso, sangrante, injusto, éticamente insoportable, el nivel de desigualdad salarial (o de renta) que se viene destapando en medio de esta crisis. Dos ejemplos. El caso de las remuneraciones salariales, incentivos, compensaciones, gratificaciones, etc., que reciben los dirigentes del sistema bancario,  al que además se le inyecta dinero público (8). O de la práctica común de los blindajes o cláusulas antidespido en las grandes empresas con indemnizaciones millonarias. Y confrontado con ello la reforma laboral, es decir, el abaratamiento del despido y las nuevas pérdidas de derechos laborales.

Añadamos que, por primera vez en esta década, a finales de 2011 se iguala el porcentaje de las rentas salariales y empresariales en el PIB y en el primer trimestre de 2012 las salariales están ya por debajo.

Diecinueve han sido los decretos leyes promovidos por el Gobierno del PP y convalidados en el Congreso entre enero y mayo. Solo dos de esos decretos leyes pasaron a ser tramitados como proyectos de ley. Además, ha presentado dos anteproyectos de ley: La Ley Órganica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (aprobada el 27 de abril) y la Ley de Presupuestos Generales para 2012 (que en breve será definitivamente aprobada). 

Por lo que afecta a los asuntos de los que aquí estamos tratando, esos decretos leyes son los siguientes:

- De medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre de 2011).

- De saneamiento del sector financiero (RD-L 2/2012, de 3 de febrero de 2012).

- De medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (RDL 3/2012, de 10 de febrero). Tramitado como proyecto de ley, ha sido aprobado ahora en el Congreso y ha pasado al Senado para su definitiva aprobación.

- De las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (RDL 4/2012, de 24 de febrero).

- De las modificaciones de determinadas normas financieras en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión (RDL 10/2012, de 23 de marzo).

- De diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (RDL 12/2012, de 30 de marzo).

- De medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo (RDL 14/2012, de 20 de abril).  

- De modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE (RDL 15/2012, de 20 de abril).

- De medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (RDL 16/2012, de 23 de abril).

- De medidas urgentes en materia de medio ambiente (RDL 17/2012, de 4 de mayo). En trámite como proyecto de ley. 

- Sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (RDL 18/2012, de 11 de mayo).

Como puede observarse, dos reformas ha tenido que promover el Gobierno para sanear el sistema financiero, una en febrero y otra en mayo, esta última en marcha pero sin convalidar aún en sede parlamentaria y sin que se prevea que se tramite como proyecto de ley. Con estas son cuatro las reformas o intervenciones del Estado que se han llevado a cabo desde que se hizo más patente la crisis y sus efectos: dos bajo el Gobierno de Zapatero y otras dos con el PP (9).

Y tras el golpe recibido con Bankia y las sospechas más que fundadas de la debilidad del sistema o, de otra manera dicho, el fiasco de resultados de las reformas emprendidas anteriormente por el PSOE y el nuevo Gobierno del PP, hacen que éste se vea abocado a una tercera intervención: la que ahora se está impulsando con parecidas formas de falta de transparencia y debate. Las cifras que se barajan de rescate de la nacionalización y las decisiones gubernamentales sobre quienes van a intervenir las cuentas y organización de Bankia son escandalosas (10).

Otro capítulo lo constituye la reforma laboral que ya se estaba aplicando,  de cuyo contenido nos hemos interesado en números anteriores. Tramitada como proyecto de ley, ha sido aprobada en el Congreso el 24 de mayo con pequeños retoques que no cambian –se puede decir incluso empeoran, gracias a CiU– la sustancia tan negativa que contiene.

En cuanto a los recortes y reformas dirigidos a la reducción del déficit, estos se adelantaron por el retraso intencionado de los Presupuestos y se pusieron en marcha como un decreto ley y luego con una ley sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Solo quedaba acordar bien el reparto o carga de ese déficit máximo posible entre Estado central y autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las CC AA aprobaron a regañadientes el 1,5% de su PIB. Luego, como en otros asuntos, vendrían las “sorpresas”: algunas autonomías estrellas del PP desvelaban unos déficits del año 2011 superiores a los declarados anteriormente y el Estado central tenía que subir el suyo de 8,5 a 8,9.

La fórmula del decreto ley le permitía el PP aplicar sus medidas desde su aprobación gubernamental, evitar después el debate de enmiendas y poner en marcha su rodillo parlamentario para la convalidación sin más. Así ha sucedido con los graves ataques a la educación del decreto ley correspondiente, al que dedicamos algunas páginas de este informe. Y también con el eufemísticamente denominado “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” (11).

Ambos eran hijos de las propuestas de reducción del déficit y de una manera liberal conservadora (o ultraconservadora en algunos casos, léase,  doña Esperanza, por ejemplo) de entender la educación y la sanidad públicas o de “entender mal” el valor constitucional de nuestro denominado Estado social (artículo 1 de la CE y los que a él se refieren en el articulado sobre los derechos y deberes fundamentales).   

Y con ese paquete se ponen en funcionamiento las comunidades autónomas en una carrera enloquecida en la reducción de los gastos públicos (empleo, salarios, reducción o cierre de servicios y programas, de  entes  y empresas propias, privatizaciones completas o de gestión…) y en la obtención de ingresos por ventas de bienes públicos y algunos impuestos especiales.

Como al principio se comentaba, más allá de esta acción legislativa y de los ámbitos en los que ha estado centrada fundamentalmente, algunos  ministros y dirigentes del PP han salido a la palestra para hablar de lo suyo y adelantar sus puntos de vista y sus proyectos de contrarreforma ultraconservadora.

Gallardón ha sido el más “conspicuo”: derogación y vuelta atrás de la ley de aborto; instauración de figuras penales que encubren la cadena perpetua o incrementan los años de prisión sin nueva sentencia; elevación de las tasas judiciales y otras medidas que ponen en entredicho el derecho constitucional de protección judicial… Le ha seguido Ana Mato, primero con sus declaraciones sobre supuestos efectos negativos de la píldora poscoital y la posible anulación de la dispensación sin receta, y luego con sus idas y venidas tratando de precisar la reforma sanitaria y el copago farmacéutico.

Tampoco han faltado las provocaciones de la presidenta madrileña –dejando aparte la última dirigida a seguidores vascos y catalanes de fútbol–, como la de “devolver las competencias al Estado”. O las incursiones en otros campos de la educación y cultura de esa estrella omnipresente, antes tertuliano, dispuesto a podar y reescribir el texto oficial de Educación para la Ciudadanía. Se llama Juan Ignacio Wert.

Queda en el aire la pregunta sobre el sentido o papel que cumplen estas intervenciones. Si se trata de planes de Rajoy a más plazo o que parten de una ideología común de la dirección que él encabeza o de la necesidad de que se expresen las corrientes más conservadoras o ultraliberales y centralistas, que buscan afirmar sus e ideas y proyectos políticos.
______________________
(1) El artículo 86 de la Constitución fija el sentido, límites y funcionamiento de los decretos leyes. Se trata de una prerrogativa legislativa del Gobierno, con carácter de urgencia y provisionalidad y con determinados límites respecto de la materia por legislar, que ha de ser convalidada o derogada por el Congreso (sin intervenir el Senado) en el plazo de treinta días.  El Congreso, en ese plazo, puede optar por tramitarla con carácter de urgencia como un proyecto de ley, y en este caso sí ha de intervenir el Senado.
(2) Este anteproyecto se hizo público el 23 de marzo y quedó abierto durante quince días a las sugerencias de la población. El 18 de mayo el Gobierno informaba que recogería algunas propuestas y que habría un plazo de consultas previas, para después, ya en el 2013, presentarlo en las Cortes.
(3) Aunque, ciertamente eso, sí, han adelantado propuestas de reforma de endurecimiento penal en relación con la evasión fiscal y el fraude a la Seguridad Social, en las que aprovechan para fijar mejor algunos aspectos judiciales problemáticos de la regulación fiscal introducida en los Presupuestos, la llamada y tan criticada “amnistía fiscal”.
(4) El País, 14 de mayo de 2012.
(5) Programa de Estabilidad 2012-2015 y Programa Nacional de Reformas 2012, aprobado por el Gobierno el 27 de abril.  [www.la moncloa.gob.es./NR/…/ECONOMIAProgramaEstabilidad].
(6) Eurostat completa este negro panorama consignando que en marzo España lideraba el desempleo europeo con más del doble de parados en todas las categorías que las medias de la UE y de la zona euro. Con la cifra escalofriante, además, del 51,1% entre los menores de 25 años.  
(7) Aunque, a la luz de cómo se presenta la crisis económica y de los datos que de modo continuo van surgiendo sobre la crisis financiera, podemos ir a peor. Pero también cabe lo contrario, en economía nunca se sabe. De momento, en la recesión estamos, y con ese elevado paro, la pérdida de poder adquisitivo y el descenso del consumo privado y público, difícil repunte.
(8) El sueldo medio de los presidentes de las empresas que conforman el Ibex 35 ha sido en 2011 90 veces el salario medio de la plantilla correspondiente (El País.Domingo-Negocios, 13 de mayo de 2012).
(9) En la primera, en junio de 2009, por el Real Decreto-ley 9/2009 se crea el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y se promueve la reducción del número de cajas de ahorro con las fusiones correspondientes. Al año siguiente, 2010, se anima otra reforma exigiendo más capital a la banca y otra oleada de fusiones o salida a bolsa. El Estado interviene la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo). Y ya en 2012 se producirían las impulsadas por el Gobierno de Rajoy.
(10) Véase, entre otros, los artículos de Vidal-Folch en El País, el 10, 17  y 24 de mayo.  En el primero de ellos, ya señalaba este columnista que hasta esa fecha habían sido movilizados o invertidos 115.000 millones de euros públicos en el saneamiento bancario. Faltaba por saberse lo que iba a suponer el tortazo de Bankia. 
(11) Cómo señalaba Gaspar Llamazares, a propósito del paso por el Congreso del decreto ley de recortes y reformas en el Sistema Nacional de Salud, sin debate de enmiendas y teniendo que ser el propio Gobierno quien introdujera cambios por el sistema de la fe de errores: nada menos que 73.

Las reformas en el Sistema Nacional de Salud

Muchos de los recortes ya apuntados en el proyecto de Presupuestos Generales estaban contenidos en decretos leyes, lo que permitía que antes de su convalidación sin más o de ser tramitados como leyes pudiesen ser aplicados por la Administración central y por las Administraciones autonómicas con competencias transferidas.

Así ha sido o está siendo en el caso de la sanidad: sacar de la atención a parte de la población inmigrante; fijar una cartera de servicios común para todas las CC AA (y así poder reducir algunos, como ya sucede con la interrupción del embarazo); reducir el gasto farmacéutico, incrementando su copago; crear una plataforma de compras centralizadas (en principio, si funciona bien, muy positivo); ordenar los recursos humanos, es decir, los recortes de plantillas…

La contestación a la reforma sanitaria ha unido a usuarios y profesionales, que en este caso han llegado a promover campañas a favor de la objeción de conciencia en relación con la norma de no atender a inmigrantes a los que se deja de dispensar la tarjeta sanitaria, a pesar de estar empadronados.