Manuel Llusia
De cómo hemos llegado hasta aquí
(Página Abierta, 223, noviembre-diciembre de 2012).

El 11 de septiembre de 1976, aún bajo el régimen franquista, una numerosa concentración se realiza en Sant Boi de Llobregat, el pueblo donde fue enterrado Rafael de Casanova (1), bajo el lema “Llibertat, Amnistía i Estatut d’Autonomia”, reivindicando el restablecimiento de la Generalitat (2). Un año después, se celebraría esta Diada Nacional de Cataluña en Barcelona con una multitudinaria manifestación y con las mismas reivindicaciones.

En 1977, Suárez presidía el Gobierno que negociaba la Transición y el 15 de junio se llevaron a cabo las elecciones, bajo el paraguas de la Ley de la Reforma Política franquista y la legalización de partidos políticos, que dieron paso a unas nuevas Cortes parcialmente democráticas. En ellas se elaboró la actual Constitución, la aprobada en 1978.

Siete fuerzas políticas obtuvieron escaños en Cataluña para el Congreso: 15 (el 28,4% de los votos totales) el PSC-PSOE; 11 (16,8%) el Pacte Democrático per Catalunya de Jordi Pujol; 9 (16,8%) Centristas de Cataluña-UCD; 8 (18,2%) el PSUC; 2 (5,6%) Unión de Centro-Democracia Cristiana; 1 (4,5%) Esquerra Republicana, y 1 (3,5%) Alianza Popular. En las correspondientes elecciones al Senado, ganó la alianza de los socialistas, comunistas y republicanos con el nombre de l’Entesa dels Catalans.

Días después de estas elecciones se crea en Cataluña la Asamblea de parlamentarios que reúne a los diputados y senadores catalanes. En ella se fijan los principales objetivos: la restauración de la Generalitat, la derogación de la abolición del Estatut de 1932, la recuperación de la autonomía política, el retorno del presidente Tarradellas (3) y la constitución de un Gobierno catalán provisional.

Tras la Diada de 1977, un decreto ley restaura la Generalitat. Tarradellas vuelve a Cataluña en diciembre y constituye un Consejo Ejecutivo con las principales fuerzas políticas (4), salvo AP, contraria a la autonomía. Con la aprobación de la Constitución, se elabora un estatuto que es revisado y aprobado tras diversos cambios por las Cortes Españolas salidas de las primeras elecciones democráticas de marzo de 1979 y se somete a referéndum en Cataluña el 25 de octubre de 1979. Con una participación del 59,7% del electorado es aprobado por un 88,15% (5).

Más de veinticinco años después era revisado este texto y se aprobaba en referéndum en Cataluña un nuevo Estatut –tras un proceso largo y complicado– que sería recurrido al Constitucional por el PP. La participación ese 18 de junio de 2006 fue del 48,8% del censo. El registró un 73,24%, el No un 20,57% y el voto en blanco un 5,29% (6). El Constitucional tardaría más de tres años en decidir sobre el recurso. El fallo que aceptaba buena parte de lo recurrido por el PP tuvo una muy mala acogida en Cataluña.

La posición de CiU, que se encontraba en la oposición en Cataluña frente al Gobierno tripartito, fue muy radical mientras se discutía el anteproyecto de Estatuto en cuanto a las demandas que debía contener, quería que se fuese más lejos. Sin embargo, se convirtió en un interlocutor pragmático en la negociación bilateral que protagonizaron Zapatero y Mas para salvar el proyecto, primero en el Parlament de Cataluña y luego en el Congreso y Senado. Fue el fin de Maragall (PSC) y Carod Rovira (ERC).

Las autonomías en la Constitución

En la negociación política para la redacción del proyecto de Constitución se suponía necesario contar con los nacionalistas vascos y catalanes, a tenor de los comentarios públicos de Suárez. Era importante su integración en el nuevo marco institucional que debía cambiar la férrea centralización franquista. Pero a la hora de crear la Comisión para la redacción del proyecto de Constitución, el pacto buscado solo se cumplió en parte. De los siete que la compusieron 3 pertenecían a la UCD, 1 al PSOE, 1 al PCE, 1 a Alianza Popular y 1 a la Minoría Catalana (grupo del Congreso). Nadie, pues, del PNV. Dos explicaciones se han dado sobre eso. Una, de complejas razones llamadas “técnicas”: el PSOE no quería que Tierno Galván estuviera en la Comisión y, por lo tanto, no podía entrar otro grupo más para que no hubiese discriminación. Otra, más política y vergonzosa, como la que ha apuntado Herrero de Miñón, uno de los ponentes de esa Comisión: «UCD y el PSOE creyeron que podían distribuirse el escenario político de Euskadi entre dos fuerzas eminentemente estatales, marginando a las fuerzas nacionalistas».

La discusión sobre la nueva planta del Estado fue difícil y la solución autonómica dada y expresada en la Constitución dejó muchos problemas sin resolver, que la política de estos treinta años bandeó más bien que mal (7). Por eso cada cierto tiempo vuelven a presentarse ante nuestras narices, como ahora. Habría que resaltar, no obstante, los valores positivos de los pasos dados tanto constitucionales, como de la práctica autonómica posterior. Cuestión importante para un balance completo de la trayectoria del régimen autonómico.

Por una parte, dominaba la idea de una España unida con una marca nacional propia y una soberanía superior; pero, por otra, había que descentralizar y respetar un cierto reparto de soberanía, tal y como quedaron reflejados estos principios en los artículos 1 y 2 de la Constitución. Sólo hay una nación, la española. Eso sí, está compuesta de nacionalidades y regiones. Lo que no se especifica es la diferencia entre las llamadas nacionalidades y las otras, las regiones. Como tampoco cuáles son (unas y otras), aunque para entonces se hablaba tranquilamente de las nacionalidades “históricas” refiriéndose a Cataluña, Galicia y Euskadi. Y se habían negociado regímenes especiales de preautonomía.

A pesar de ello, al entrar a especificar la organización territorial del Estado (municipios, provincias y comunidades autónomas) se desarrolló un complejo dispositivo que hace suponer la posibilidad de autonomías de “primera” y autonomías de “segunda”, atendiendo a las mayores o menores competencias de que pudieran disponer. En las primeras se trataba de incluir, sin citarlas directamente, a las “históricas”, con un régimen provisional de preautonomía, según se fijaba en las disposiciones transitorias de la Constitución (8).

Es decir, atender de alguna manera al hecho diferencial, que, como luego veremos, fue desapareciendo por lo que se ha denominado “café para todos”. Pero ese hecho diferencial se ha mantenido tal cual en lo que afecta al régimen fiscal de las comunidades autónomas: una disposición adicional servía para amparar y respetar los derechos históricos de los territorios forales. Se refería a los vascos y navarros, sin citarlos. Los primeros abolidos por Franco y los segundos mantenidos bajo su régimen, de tal manera que continuaban vigentes en el momento de redactar la Constitución. 

Las primeras autonomías que se formalizaron, con referéndum incluido, fueron la Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña en octubre de 1979. Les siguieron, a comienzos de 1980, Andalucía (9) y, a finales, Galicia.

Navarra supuso un caso particular. Mientras se discutía la preautonomía vasca se pretendió por parte de la mayoría de los parlamentarios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya la incorporación de Navarra. Por su parte, la mayoría parlamentaria navarra, en manos de UCD, ni siquiera quiso sentarse a negociar. Al final se estableció provisionalmente la preautonomía vasca, en base a los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, igual que con la Constitución de 1931. Y se dejó que Navarra tomara esa decisión a través de un referéndum propio; así fijado en la posterior Disposición transitoria cuarta  de la Constitución. Hoy se mantiene como una autonomía más: la Comunidad Foral de Navarra.

En el resto de los territorios se formaron asambleas de parlamentarios propios que solicitaron el establecimiento del correspondiente régimen de preautonomía, que fue concedido por el Gobierno por decreto ley.

La negociación sobre las autonomías en el periodo constituyente no llegó a establecer un mapa concreto, tal y como refleja su inexistencia en la Constitución. Los flecos sobre autonomías uniprovinciales,  que incluían un caso tan importante como Madrid, quedaron en los intersticios de esa negociación de las fuerzas políticas mayoritarias.

La Constitución fijó que todas estas autonomías debían esperar cinco años para reformar sus estatutos y acceder a un nivel superior de competencias. Y en 1992, PSOE y PP acordaron dar paso a ese gradual traspaso de competencias que llevó a una homogeneización del Estado de las autonomías.

Con el paso de los años se ha llegado a la interpretación de que nuestro Estado de las autonomías se ha federalizado, que constituye un federalismo asimétrico vergonzante. Lo es, sin duda, respecto a la práctica, aunque no tiene la formalización de tal y resulta necesaria una modificación difícil de precisar como probable.

Treinta años después

A lo largo de estos treinta años, la propuesta independentista se consideraba marginal, quedaba fuera del marco político institucional en Cataluña, aunque alguna fuerza pudiera considerarla como proyecto de futuro. La sociedad catalana no estaba para esos mimbres, al parecer.

La Diada de este 11 de septiembre supuso una sorpresa para todo el mundo, fuera y dentro. La lectura que cabía hacer de esa multitudinaria manifestación era la de que la reclamación de independencia, de separación del Estado español, había alcanzado un calado importante. Cierto es que en los últimos años, aunque no con mucho éxito, se movía en esa opción una corriente que impulsaba consultas ciudadanas y otras campañas de movilización nacionalista.

Prevalecían en Cataluña, sin duda, una tensión casi permanente por el desarrollo del soberanismo y las quejas sobre cómo era tratada Cataluña por las instituciones del Estado, los medios de opinión con el centro en Madrid y buena parte de la sociedad española, y la discriminación financiera que recibía. Ni se entendía ni se reconocía el hecho diferencial catalán, se insistía. 

Esas quejas eran claras, en palabras, por ejemplo, de Joan Ridao (El País, 12 de septiembre de 2012): 1) Falta de reconocimiento debido a la personalidad nacional de Cataluña. 2) No conseguir blindar las competencias de la Generalitat. 3) No avanzar en la obtención de un sistema de financiación más justo y equitativo. 4) Haber sufrido la “laminación” del Estatut. Y llevaban a una conclusión igual: “el encaje autonómico no solo no es suficiente, sino que comporta problemas”. (Como los comporta el federalismo simétrico, añadía este exdirigente de ERC, sin concretarlos).

Y nos encontramos tras el 11-S con la idea de que se rompe el pacto constitucional para el catalanismo que gobierna o con el agotamiento del catalanismo político moderado. La reacción de CiU con Mas al frente  pone en jaque al Gobierno y lleva de cabeza a la opinión pública española (incluida Cataluña). El PP y la derecha reaccionan con virulencia, más aún cuando Mas plantea el dilema: o pacto fiscal ya o proceso para la creación de un Estado propio.

Este movimiento que planea y lleva adelante fundamentalmente CiU es interpretado de varias maneras. Comprendiendo que el 11-S refleja dos irritaciones, una derivada de la crisis que se padece y otra conectada con el sentimiento de afirmación nacionalista frente “a la España” desatenta, Mas busca desviar la culpa de los efectos de la crisis mirando hacia fuera (“Madrid”) e ilusionar hacia dentro con un nuevo proyecto de futuro soberano. Una forzada interpretación, quizá, que contiene, no obstante, elementos indicativos de los sentimientos desarrollados.

Se han vivido semanas de intenso debate antes de las elecciones. Han echado humo prensa, radio y televisión, internet y redes sociales hasta llegar a las elecciones “plebiscitarias” a las que ha embarcado Mas a Cataluña para pulsar la opinión ciudadana, primer paso en su agenda anunciada. Tras ellas el fuego no seguirá ardiendo igual. 

El futuro

El problema de “la cuestión catalana” seguirá ahí. En este mes y medio se ha puesto de manifiesto su complejidad y la falta de buena disposición a tratarla como conviene por parte de los principales agentes políticos y de buena parte de los mediáticos. Interés han tenido aquellas opiniones que han incidido en las formas del debate y en cómo abordarlo. Cuenta, y mucho, a la hora de poner sobre la mesa las propuestas. Y en ese sentido hay quienes han visto poca claridad en  los datos y proyectos.

Por mi parte considero que es necesario que se cumplan estas cuatro premisas: el respeto a las opiniones; la veracidad de los datos expuestos; la precisión en el uso de conceptos y frases, y la explicación clara de las propuestas.

En relación con ello se me ocurre un catálogo importante de interrogantes, ejemplos y consideraciones. Les pondré título, simplemente, a algunos y me detendré en uno o dos.

¿Cómo es en realidad la sociedad catalana, en relación con la diversidad identitaria, cómo son sus lazos con el resto de la ciudadanía española? ¿Existen lazos comunes en la ciudadanía española? ¿Existe un tipo de identidad colectiva destilada en el proceso histórico de vida en común? ¿Hay choques entre las diversas identidades que impidan su libertad y desarrollo?

Existe una tendencia, por ejemplo en Mas, pero no solo en él, de contraponer Cataluña a España, sin especificar qué es España para los que así se expresan. Se habla, por ejemplo, de “ambas partes”.  Es el “otro” que se opone o enfrenta al “uno”, que se convierte así, además, en uniforme: Catalunya. Un reduccionismo, interesado o no, que encubre la diversidad y las relaciones entrecruzadas entre todas las “partes” existentes. Que no distingue la política y las instituciones de la vida social, económica, cultural, deportiva… Que no ve (o no quiere ver) lo que hay de “español” (o vasco, gallego, extremeño, andaluz…) en Cataluña y de “catalán” en  España. Que ve a Cataluña hecha a sí misma desde siempre.
La exageración es un arma habitual que cala en muchas cabezas poco informadas. Descubrir la veracidad de los datos es difícil. La lista es enorme y los medios de difusión en los que se colocan son de máxima audiencia. No hay tiempo, ni interés tal vez, en la matización y la mesura: «A Cataluña no se le respeta, no se le reconoce, se le niegan las oportunidades de desarrollo». «A los catalanes solo les interesa el dinero, así ha sido siempre en las negociaciones». «Mas usa el victimismo». «España nos roba… es un expolio». «La lengua española está perseguida en la enseñanza»… Existe, paralelamente a ello, un rechazo sin más a considerar las quejas, por ejemplo, sobre la discriminación fiscal que vive Cataluña. O el no reconocimiento de las asimetrías existentes en el sistema autonómico.   

En la imprecisión del lenguaje no faltan los eufemismos o las preguntas confusas, como aquella que a veces Mas ha presentado: «¿Usted desea que Catalunya se convierta en un nuevo Estado de la UE?», en la que con “buen” marketing se unen dos palabras atractivas “Estado” y “UE” y se elude otras más problemáticas. Queda lejos de propuestas tan sencillas como la que se plantea para Escocia: ¿Está usted a favor o no de que Escocia se separe del Reino Unido?

“El derecho a decidir de Catalunya” se ha hecho lema común en buena parte del abanico de fuerzas catalanistas. Se argumenta que todo el mundo entiende de qué se habla. Y tiene algo de cierto. Donde está la confusión es en dos cuestiones. Una, que Cataluña lleva mucho tiempo con ese derecho a través del sufragio electoral, local, autonómico y general, “en libertad” (10). Y dos, cuando se habla de derecho a decidir es obligado hablar del “qué” y el “cómo”. Si hablamos del encaje en el Estado español es obvio que el derecho es compartido, y si hablamos de secesión es un derecho limitado por las circunstancias del pasado y las negociaciones sobre esa separación.

La falta de claridad en los proyectos de futuro o en las alternativas al Estado de la autonomías, como, por ejemplo, la solución federal, tampoco se escapa a la confusión. Dejémoslo aquí, no vaya a ser que hagamos más lo mismo que criticamos.     


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(1) Icono catalanista de la Guerra de Sucesión (1702-1713).
(2) En 2 agosto de 1931 se instaura la Generalitat de Catalunya. Dos años más tarde es suspendida, volviendo a restaurarse tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. Durante el franquismo desaparece y se mantiene de un modo relativamente simbólico en el exilio.
(3) Josep Tarradellas i Joan (1899-1988) fue el presidente de la Generalitat en el exilio desde 1954 a 1977. Se le consideraba republicano, catalanista y nacionalista moderado, no independentista.
(4) Convergència Democrática de Catalunya, el PSC-PSOE, la UCD, el PSUC, Esquerra Democrática de Catalunya y ERC.
(5) En la misma fecha y con similar participación y resultado (90,2% de síes) se celebró el referéndum del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
(6) Por razones opuestas, el PP y ERC llamaron a votar No. ERC mostraba así su rechazo a los recortes del anteproyecto y a la desconsideración que supuso el pacto Zapatero-Mas frente al tripartito. El electorado de ERC pudo dividir su voto o abstenerse (en una encuesta, días antes del referéndum, publicada por La Vanguardia, se señalaba que un 63% de sus votantes de 2003 prefería que se aprobara el Estatut).
(7) De ello dan cuenta los innumerables contenciosos constitucionales que el TC ha tenido y sigue teniendo que resolver, aunque no achacables todos, ni mucho menos, a las imprecisiones y agujeros de la Constitución en este ámbito, como, por ejemplo, el significado de “exclusivas” referidas a las competencias.
(8) «Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148…» (Disposición transitoria segunda).
(9) Las fuerzas políticas andaluzas, apoyadas en un sentimiento andalucista que también tenía un referente histórico, quisieron ser consideradas autonomías de “primera” y cumplieron los requisitos establecidos en la Constitución (art. 151). Su referéndum tuvo una participación de un 64% y fue aprobado con un 87% de los votos; un 5,3% correspondió al No, y un 7% a los votos en blanco.
(10) A la frase “el derecho a decidir…” se añade a veces “en libertad”, olvidando el pasado franquista o haciendo un guiño a las exageraciones actuales entre sectores jóvenes “indignados”.