Marcos Pérez y Miguel Pardo
"¿Cuántas veces tenemos que decirle no a Hidralia?"
(eldiario.es, 30 de abril de 2013).

El pasado 7 de abril el líder indígena Daniel Pedro Mateo fue secuestrado y posteriormente asesinado por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica que la trasnacional Hidralia Energía, con sede en A Coruña, promueve en Santa Cruz de Barillas, en Guatemala. El caso recuerda mucho al que tuvo lugar hace casi un año, el 1 de mayo, cuando otro líder indígena opuesto al proyecto, Andrés Francisco Miguel, también fue asesinado. No se pudo probar este vínculo directo entre su muerte y su oposición al proyecto, aunque las autoridades se apresuraron la desmentir toda relación y le echaron la culpa a un enfrentamiento entre vecinos e incluso a un asunto relacionado con drogas.

Sea como fuere, en los días siguientes el autoritario gobierno de Guatemala presidido por Otto Pérez decretó el estado de sitio en la región y 600 soldados tomaron la villa, echando abajo las puertas de las casas, destrozando los cultivos, deteniendo a 21 personas y trayendo a la memoria los tiempos del genocidio indígena en el país. Semanas después fueron detenidos como sospechosos del asesinato dos españoles, guardias de seguridad de las obras de la central eléctrica.

Estas dos muertes se enmarcan en un ambiente de violencia generado alrededor de este polémico proyecto. Hidralia Energía se instala en Guatemala en 2008 y comienza a trabajar en una serie de proyectos de producción de energía hidroeléctrica en Centroamérica con la connivencia de algunos gobiernos de la región, comenzando por el guatemalteco. Entre ellos está el de Santa Cruz Barillas, una pequeña central de apenas 5.000 kW, gestionada por la empresa Hidro Santa Cruz y que desde el inicio contó con la oposición de las comunidades indígenas de la zona. No sólo porque se trate de un macroproyecto que podría borrar del mapa literalmente sus comunidades, sino porque estas personas se oponen al modelo energético propuesto: explotación para la exportación y porque dicen que la empresa se negó a negociar con ellos en todo momento. Además, argumentan que en 2007 los habitantes de la región ya votaron masivamente en referéndum contra la instalación en la zona de explotaciones mineras, petrolíferas o eléctricas.

"En la consulta, la ciudadanía dijo claramente que no quería el proyecto, pero aun así comenzaron los trabajos; luego llegaron las muertes y los heridos, como dos hombres que se negaron a venderle las tierras a la compañía", denunciaron este martes Natalia Atz Sunuc y Paula Irene del Cid Vargas, representantes de la coordinadora que agrupa a los 38 colectivos que rechazan la instalación hidroeléctrica y que se trasladaron a A Coruña para denunciar la situación y protestar ante la misma sede de Hidralia, apoyados por varios activistas sociales y con pancartas en las que se podía leer: "La misma situación, la misma resistencia: Galicia-Guatemala" o "Hidralia: Cuantas mujeres precisa violar para producir luz?".

Además, los colectivos de mujeres de la región, denuncian igualmente la responsabilidad de la empresa coruñesa Hidralia Energía de los abusos y violencia que -alertan- están sufriendo las mujeres de las comunidades indígenas de esta región de Guatemala. Estos colectivos afirman que "la presencia de uniformes en su territorio se convierte en una amenaza constante de violación sexual".

Así, recuerdan la represión y los nueve meses de cárcel que sufrieron once ciudadanos "acusados de sedición o terrorismo" por hechos que "habrían ocurrido de manera simultánea". "Es una incoherencia", recuerdan, tras advertir de que "no fueron escuchados por los jueces" para acabar siendo juzgados en la capital, a 500 kilómetros, pero sin darle opción a escuchar los cargos en su lengua madre, que no es el castellano.

"Las personas que se niegan a vender las tierras son las acusadas, van a la cárcel, pierden sus empleos y corren el riesgo de que les sean embargados sus terrenos por las deudas que acumulan", explican Natalia y Paula Irene, que insisten en alertar de la situación que sufren las mujeres de su comunidad. "Son perseguidas y amenazadas y muchas de ellas se quedan sin marido ni hijos", añaden.

Además, reiteran la oposición general de la ciudadanía al proyecto de Hidralia -"no somos dos o tres, somos montones de personas en contra de un proyecto" -recuerdan-, que "generaría muy pocos empleos a cambio de provocar una enorme división en el tejido social", al margen de la destrucción del territorio y de su forma de vida. "Nos acusan de situarnos en contra del desarrollo, pero lo que no queremos es este tipo de desarrollo", aseguran. "¿Cuántas veces tenemos que decir que no?", se preguntan, resumiendo un conflicto que equiparan en el origen al que tiene lugar en Galicia con proyectos mineros como el de Corcoesto. El proyecto está paralizado a falta de una última licencia municipal y es precisamente el Ayuntamiento quien sufre las presiones de ciudadanía y empresa. "Mientras la gente le pide que la rechace, la empresa presiona a través de sus abogados para que le dé el visto bueno"

Este martes a partir de las 19:30 Natalia Atz Sunuc y Paula Irene de él Cid Vargas participarán en un coloquio en la Casa Museo Casares Quiroga con afectadas por la mina de oro que Edgewater quiere explotar en Corcoesto. El jueves mantendrán encuentros con los grupos parlamentarios de AGE y BNG y ofrecerán una charla en Compostela sobre "Estado de sitio y violencia patriarcal en Barillas". El viernes, en Vigo, mantendrán un encuentro con los movimientos sociales de la ciudad

La trama energética

En el caso de Hidralia, además, hace falta poner sobre la mesa, como ya lo hicieron algunos medios latinoamericanos, como la Agencia Latinoamericana de Información, su documentado pasado de conflictos e ilegalidades. Fue fundada en 2006 por el empresario Luis Castro Valdivia, ahora también representante legal de Hidro Santa Cruz; su hermano David es CEO de Hidralia y propietario y accionista mayoritario de Hidro Santa Cruz. Sin embargo, ya desde los años ochenta Luis Castro Valdivia creó una multitud de sociedades interpuestas que fueron recibiendo distintas concesiones para la construcción de minicentrales y centrales eólicas.

En esta trama energética, revelada por los medios de comunicación y denunciada por el TSXG, también fueron acusados Francisco Vázquez, Antonio Fontenla y el ex director general de Industria de la Xunta, Ramón Ordás Badía, cuñado de Luis Castro Valdivia. Las acusaciones por tráfico de influencias, prevaricación y fraude fueron desestimadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña en 2010, pero una sentencia del TSXG de 23 de junio de 2011 confirmó las malas prácticas del proyectos. Fue en el momento en que era más fuerte la presión contra los Castro Valdivia por parte de medios de comunicación como La Opinión, organizaciones ecologistas como ADEGA o partidos como el BNG, que decidieron iniciar su aventura americana, que por lo que se ve tampoco está ausente de conflictos y polémicas.