Meenakshi Ganguly
India: La pena de muerte no evitará
nuevas violaciones sexuales

(Human Rights Watch, 16 de septiembre de 2013).

Ante las evidencias reunidas, no resultó sorprendente la decisión de la justicia de declarar culpables y condenar a la pena de muerte a cuatro hombres por la violación colectiva y el homicidio de una joven estudiante en Delhi en diciembre de 2012. A pesar de la imagen de la India que proyectan numerosos ciudadanos de ese país y otras personas en el extranjero, como una sociedad construida sobre la base de los postulados de Gandhi de repudio a la violencia, esta vez se alzaron dentro del país numerosas voces que clamaban porque los acusados pagaran con su vida.

Para quienes desconocen las inexactitudes del sistema de la justicia penal de la India, la petición de la pena de muerte para los culpables podría parecer la forma más obvia de poner freno a estos ataques aberrantes. Esta agresión, y otras que se produjeron con posterioridad, hicieron que la población se volcara a las calles para exigir garantías.

También generó mayor conciencia sobre un hecho alarmante: ya no hay duda de que la violencia contra mujeres y niños, incluido el abuso sexual, es un fenómeno común en la India. Pero esto, por sí solo, no supone un gran avance. Inmediatamente después de la violación ocurrida en Delhi, varios líderes políticos y religiosos del país tuvieron el desatino de formular comentarios inapropiados sobre las mujeres. Se ha instaurado una cultura de vigilancia moral (que incluye ataques en turbas contra mujeres en bares, hostigamiento de parejas durante el Día de San Valentín, y otras acciones de control), en gran medida tolerada, e incluso fomentada, por algunos políticos, lo que ha exacerbado las condiciones de inseguridad para las mujeres.

Sin embargo, esta sentencia resulta especialmente inquietante. Quienes sostienen, como el ministro del interior Sushil Kumar Shinde, que la pena capital servirá para disuadir a los posibles autores de estos delitos, deberían analizar el problema con mayor profundidad. Los diversos estudios sobre el tema no han mostrado de manera concluyente que la pena de muerte contribuya a reducir la cantidad de delitos.

El Ministro del Interior y su gobierno deberían abordar la ausencia sistemática de investigación y juicio de los casos de violación en el país. El gobierno debería eliminar los obstáculos institucionales que dificultan a la población denunciar los actos de violencia sexual. Debería formar una fuerza de policía con adecuada formación y que rinda cuentas debidamente, integrada por una mayor proporción de mujeres, que responda de manera humana a las denuncias, que investigue seriamente los hechos y reúna pruebas que permitan procesar a los responsables. También debería crear un programa funcional de protección de víctimas y testigos.

Definitivamente, la pena de muerte no es la respuesta. Si bien se trata de una solución populista y fácil que puede llegar a contentar momentáneamente a la población, el gobierno debería abolir esta medida inhumana y emprender una tarea más difícil de reforma institucional. Este sí sería el camino para prevenir verdaderamente que mujeres y niños sufran ataques en el futuro.