Había coincidencia, en la primera parte de su exposición dedicada a los datos, con lo mostrado por Julián Carlos Ríos y que aquí publicamos. Pero no se detuvo ahí y añadió algunos más: los que se corresponden con las personas que están condenadas a penas alternativas a la prisión. Hoy en España, excluida Cataluña, tenemos un total –decía– de 120.827 sentencias con penas alternativas a la prisión que están en cumplimiento o pendientes de cumplir; y este hecho merecía ser resaltado, entre otras cosas, porque la pena de trabajo en beneficio de la comunidad era una de las penas mayoritariamente impuestas en estas medidas alternativas. Y detallaba la trayectoria de estos diez últimos años: «En el año 2000 había 812 personas; en 2007, 14.000 sentencias; 90.000 en 2008 y más de 100.000 hace 15 días. A final de año tendremos en torno a 120.000. Un número que, como se ve, prácticamente dobla al número de presos, si es posible comparar esas magnitudes. Y me parece que es interesante decirlo porque mucha gente desconoce que la Administración penitenciaria también gestiona estas penas y medidas alternativas».

            Afirmó, a continuación, que España tiene unas tasas relativamente bajas de criminalidad, unos veinte puntos por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Y que, contradictoriamente con esto, cada año tenemos muchas más personas encarceladas. Entonces, se detuvo a explicar por qué, en su opinión, ha sucedido esto.

            «Fruto, primero, de los efectos de la reforma del Código Penal de 1995, el Código de la democracia, que suprimió la redención de penas, con lo cual el alargamiento y el cumplimiento se hicieron evidentes. Y también por las diferentes reformas penales producidas a partir del año 2000: El Código Penal en España creo que ha tenido 25 reformas, y casi todas ellas han ido en la línea del endurecimiento de las penas. Se han ido aumentando las conductas sancionadas penalmente, se ha llevado a cabo un mayor recurso de la prisión preventiva, también se han instalado limitaciones en el acceso al régimen abierto en función de la condena… A todo ello se ha sumado un uso muy mesurado de un sistema de penas alternativas».

            En relación con el tan amplio uso de esta última vía, la de las penas alternativas, en la actualidad, precisó que no se ha producido por evolución de los criterios de los jueces, que podían aplicar estas penas para los delitos tradicionales, sino que ha sido consecuencia de la nueva penalización de los delitos contra la seguridad vial y de los relacionados con la violencia contra las mujeres.

            Consideraba que este hecho suponía un gran problema de gestión, porque el trabajo en beneficio de la comunidad lo tiene que determinar la propia comunidad, y en España, explicaba, no hay todavía una gran conciencia sobre el interés que tiene el cumplimiento de estas penas. «Incluso –añadía– hay una cierta mentalidad en muchas personas que apunta a un descrédito de ellas porque no se las valoran como auténticos castigos. Es una opinión que se basa, por cierto, en el desconocimiento de la eficacia de estas penas, que es muy alto». Y en este punto, sin tiempo para extenderse sobre ello, se mostró muy partidaria de la justicia reparadora.  
                            
            Prestó atención a los problemas más graves de salud en las cárceles: el sida y la enfermedad mental. Sobre esta última dio el dato, sacado de un último estudio realizado por su departamento, de que a un 25% de personas se le ha diagnosticado algún tipo de enfermedad mental, a las que se podrían sumar, según ella, las consumidoras de drogas, y que tienen también una afección psicológica que afecta a su estabilidad.

            El análisis de esta “eclosión” le había llevado a la conclusión de que la prisión se ha convertido en un recurso asistencial para muchos enfermos mentales cuya actividad delictiva tiene mucho que ver con su enfermedad y que, sin embargo, no han sido detectados, no han sido tratados o no han sido derivados a un sistema público de salud. En este orden de cosas, recordaba la desaparición de los psiquiátricos sin que nada los sustituyese salvo los centros penitenciarios, más allá de los centros de la sanidad pública para la atención de agudos y para la estabilización de personas en un momento determinado.

            Defendió, a pesar de estos y otros problemas, la gestión que se está llevando a cabo en cuanto a la asistencia sanitaria que se da dentro de nuestro sistema penitenciario, sobre la que, en sus palabras, existen algunas incomprensiones.

            En relación con la asistencia sanitaria primaria precisó que «la dotación de sanitarios que hay en los centros penitenciarios es, desde luego, muy superior a la que hay en cualquier municipio que pueda tener una población similar. También tiene que ver con el hecho, obviamente, de que sean personas con una limitación de movimientos y con un índice de patologías más alto que el de la población común. En los centros penitenciarios hay centros de salud».

            Y sobre la asistencia especializada apuntó que resulta imposible su existencia dentro de cada centro penitenciario. Pero que sí se presta por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia de hacerlo. Aunque en su aplicación sí aparecen, a veces, los problemas de falta de medios para asegurar los traslados al exterior.

            También hizo hincapié en que se había hecho un gran esfuerzo en mejorar las enfermerías de nuestros centros penitenciarios; y en gasto farmacéutico (gasto similar al que se realiza en la alimentación). «En las prisiones –afirmó– están los fármacos de última generación para tratar todas las enfermedades, sin ningún tipo de limitación económica».

            Uno de los problemas que más le preocupaba y dolía era el de las consecuencias del mapa de los centros penitenciarios: el alejamiento de sus familias que sufren las personas presas por el lugar de cumplimiento. El hecho de tener que desplazar, muy a menudo, a personas de zonas en las que hay mucha población reclusa a zonas en las que hay menos porque los centros están con una gran sobreocupación. Como ejemplo de ello citó el caso de la población reclusa canaria: aproximadamente, 1.500 personas con residencia en Canarias cumplen su condena en prisiones de la Península.

            Sin entrar en detalles quiso compartir su experiencia de las dificultades que representa el poder hacer nuevos centros penitenciarios allí donde se necesitan. Aunque creía que la situación empezaba a cambiar.

            Después dedicó una buena parte de su charla a dar unos apuntes generales sobre el trabajo realizado en mejorar la situación penitenciaria. En concreto habló de que se habían introducido cambios normativos en la línea de modernizar el funcionamiento de la institución y de reforzar las garantías democráticas del sistema. «Hemos tratado de abrir las prisiones a la sociedad, facilitando el acceso a organizaciones y a estudiosos, y facilitando que se pudiesen desarrollar programas independientes de la institución en nuestros centros penitenciarios». También citó, dentro de la pretensión de abrir cauces  de participación social, la creación de un Consejo Social Penitenciario y consejos sociales en los diferentes centros: «Una iniciativa pionera en el mundo, porque a nadie se le ha ocurrido poner una cosa así en marcha».

            Hizo referencia al impulso de construcción de centros de inserción para cumplimiento en medio abierto: «Cuando yo llegué a esta institución había tres centros de inserción en España; en este momento hay 25». Y señaló por encima la atención prestada a los problemas de los internos asociados a su actividad delictiva con programas e intervención específicos, como es el caso de la drogodependencia o las conductas de quienes han sido condenados por violencia de género o por delitos de agresión sexual. En este aspecto destacó también la atención particular hacia la población reclusa extranjera con problemas singulares. Y de modo especial, ella y su equipo se habían propuesto hacer “un abordaje global de la enfermedad mental”.

            Otro frente de trabajo al que daba importancia era el del desarrollo de programas de intervención con los primeros grados, y no sólo para bajar su número, algo que se estaba logrando considerablemente. Los primeros grados representan el 1,62%. En este momento, concretó, 1.075 personas están clasificadas en primer grado.

            A esta lista de planes de intervención sumó también un programa específico de acción positiva dirigido a las mujeres presas, sin explicar su contenido. Aunque sí apuntó una razón para ello: «Las mujeres en la prisión son una minoría, y esa condición de minoría lleva aparejadas limitaciones al desarrollo de algunas actividades... Las mujeres suelen conjugar en sí mismas, en su mayoría, la doble condición de ser autoras de algún delito y de ser víctimas también ellas de delitos, sobre todo de malos tratos y de violencia».

            Además de lo anterior, había que considerar el valor del plan de creación de módulos especiales en las prisiones, los llamados “de respeto”. Módulos de respeto que, en sus palabras, están basados en la práctica de valores positivos, en el fomento de la participación de los internos y en una cierta autogestión en la vida de la cárcel.

            Por último, en este muestrario de intervenciones –para ella se trataba de citar las más novedosas– incluyó el esfuerzo por incrementar el número de personas que van a la escuela, lo que ha hecho que en estos últimos años haya crecido un 20%, y por la promoción de actividades culturales. «En fin, yo estoy convencida de que una política penitenciaria que pretenda luchar de verdad contra los delitos y evitar la reincidencia tiene que dedicar muchos esfuerzos a acciones formativas de todo tipo que ayuden a capacitar a las personas para afrontar y superar algunos de los problemas que les han llevado a la prisión. Pero también tengo que decir que soy perfectamente consciente de que muchos de esos problemas escapan a nuestra acción, que son reflejo de la sociedad en la que vivimos, de las desigualdades, de los valores dominantes, de la ausencia de políticas sociales y de atención pública que aborden determinadas situaciones... Básicamente, las personas que hay en prisión, provienen de la pobreza y de la marginalidad...».

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Reseña de la intervención de Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, en las VIII Jornadas de Pensamiento Crítico Universidad Carlos III, Leganés, Madrid, diciembre de 2009).