México: La corrupción y el sistema político

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Alai, 531, marzo de 2018

 

Todo mundo esperaba que la llegada de la alternancia política y una competencia electoral más vigorosa, abrieran caminos verdaderos para el combate de la corrupción en México. Al parecer ha ocurrido todo lo contrario. La corrupción en nuestro país no se ha visto reducida y además de su constante aumento parece que ésta va en camino de lograr su carta de naturalización (o legalización) en la vida política del país.

De acuerdo a los índices de soborno de Transparencia Internacional, México es hoy el país más corrupto de toda América Latina. Más de la mitad de los mexicanos (el 51% de los encuestados) han tenido que hacer una tributación informal e ilegal a través de la corrupción. En 2016 México recibió un puntaje de 30 puntos/100 en el Índice de Percepción Global de la Corrupción. Nuestro país es más corrupto que la mayor parte de las economías emergentes, más corrupto que países con monarquías y dictaduras; e inclusive más corrupto que algunos países que en décadas recientes atravesaron por guerras, genocidios, crisis humanitarias y hambrunas.

La corrupción además tiene una hermana siamesa que es la impunidad y ahí estamos aún peor. El Índice Global de Impunidad del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UD- LAP), ubica a México en el último lugar de todo el continente americano. Hoy, las exigencias a favor de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción se articulan con los movimientos por la defensa de los derechos humanos, laborales y ambientales que han precedido o sucedido a los terribles acontecimientos y masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Calera, Ostula, Ixmiquilpan y Nochixtlán, en donde el denominador común continúa siendo hoy la impunidad.

Con los gobiernos neoliberales que nos han empobrecido en todos los sentidos, se ha in- tentado vender un concepto de corrupción culturalista y trivializado que reduce la corrupción a sobornos o extorsiones de bajo nivel. Habría que acabar de una vez por todas con estas mentiras malinchistas basadas en el autodesprecio.

 

Cinco líneas de acción

 

Frente al preocupante escenario de corrup- ción e impunidad que nos tiene postrados como nación, Andrés Manuel López Obrador ha sido el único líder político que ha tomado con seriedad el abordaje de la corrupción como un fenómeno estructural. Desde el punto de vista del análisis social entendemos la “corrupción estructural” como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos necesarios para el bienestar social y la protección de los derechos fundamentales.

Desde el plano de la acción concreta, propondremos cinco líneas estratégicas de acción para el combate a la corrupción estructural.

Primero, austeridad republicana en todos los ámbitos de la vida pública. Actualmente destaca el derroche de los recursos por parte de las altas burocracias. No podemos continuar con un pueblo pobre y un gobierno rico. Se instaurará una Ley de Austeridad y salarios máximos para funcionarios y representantes públicos. Se eliminarán las pensiones de ex-presidentes. Estas políticas de austeridad republicana se aplicarán siempre respetando e incluso aumentando de forma decidida los derechos sociales de la población en el marco del principio de progresividad de los derechos humanos.

Segundo, combate de los conflictos de interés que surgen cuando gobernantes, representantes y servidores públicos de alto nivel se encuentran subordinados y comprometidos por intereses económicos, financieros o vínculos políticos o personales que afecten negativamente el desempeño de sus encargos públicos y alejan sus decisiones de la imparcialidad. Estableceremos una separación absoluta y categórica entre la función pública y los intereses particulares. Quedará prohibido que cualquier funcionario público y sus familiares se vinculen con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocios priva- dos. No habrá más Odebrecht, no habrá más Casas Blancas, ni en Malinalco, ni en Miami, ni en Atlacomulco. No habrá más guarderías ABCs, ni empresas IVANCAR. (*)

Tercero, fomento de políticas de transparencia total para que cada peso público sea completamente vigilado a través de procesos de compras monitoreadas en tiempo real. Instituiremos la obligatoriedad de programas de testigos sociales y contralores ciudadanos en todas las compras públicas. Haremos obligatorios los ejercicios de licitación pública y concursos abiertos para todo tipo de adquisiciones. Las licitaciones públicas serán en línea y con control social para todo tipo de compra y contratación incluyendo las asignaciones de Asociaciones Público-Privadas y de manera trascendental la contratación de Deuda Pública. Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. En ellas se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

Cuarto, un programa anticorrupción en sectores fiscal y financiero. Combatiremos el la- vado de dinero, la evasión y la elusión fiscal, los fraudes comerciales y el blanqueo de activos a través de empresas fantasma. México ocupa el tercer lugar como país exportador de capitales ilícitos a nivel global, con más de 514,259 millones de dólares en los últimos siete años. No queremos seguir apareciendo en la lista de los Panamá Papers, los Swiss Leaks, o los Paradise Papers, y no seremos como Nación partícipes de las “estafas maestras”.

Con el gobierno del López Obrador se fomentarán políticas de colaboración internacional para el combate a paraísos fiscales. A nivel nacional se reforzarán los controles del sistema bancario sobre lavado de dinero. Se realizarán investigaciones minuciosas para cancelar las empresas fantasmas que sirven para robar al erario y evadir la justicia. Realizaremos una auditoría inmobiliaria en los Estados Unidos de personajes mexicanos provenientes de la política y los altos negocios. También propondremos la eliminación de programas de consolidación fiscal que ha servido de estratagema para la elusión fiscal.

Quinto, combatiremos la impunidad e irresponsabilidad de contratistas que, protegidos en la normatividad del sector privado, se cobijan en la secrecía mientras se nutren de recursos públicos. No queremos más “socavones”, no más guarderías ABC, no más publicidad oficial onerosa para los concesionarios de los medios de comunicación. La transparencia plena será nuestro instrumento principal para combatir la irresponsabilidad de la gestión de las burocracias privadas y corporativas sobre asuntos de interés público, que involucran y afectan dineros públicos y activos estatales.

Para lograr gobernantes, representantes, jueces y funcionarios más efectivos y una sociedad civil más dinámica, romperemos de tajo con la simulación burocrática que ha convertido la transparencia en un simple discurso y en una mercancía de aparador. A grandes males, grandes remedios.

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(*) Véase: Wall Street Journal. “Mexico Finance Minister Bought House from Government Contractor”, http://on.wsj.com/2ocyi69. también Véase Redacción AN (2014), “La casa blanca de Enrique PeñaNieto”, Aristegui Noticias, http://bit.ly/2GrWCrx; Joshua Partlow, “Mexico’s president apologized for a corruption scandal. But the nightmare goes on for the reporter who uncovered it”, Washington Post, July 22, 2016, http://wapo.st/2o8soDa. Y para el caso de Ivancar puede consultar: Irma Eréndira Sandoval, “Las lecciones del caso Iván”, publicado en La Jornada, 9 de marzo de 2008. http://bit.ly/2FbTEYt. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales IISUNAM y directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción. Fue Diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

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