Michael Onyeka
Derechos humanos en África: tendencias, retos y perspectivas(Disenso, 43, abril de 2004)
El panorama de los derechos humanos en África durante los años 2002 y 2003 es desolador. Tres millones de personas han muerto en las guerras de la República Democrática del Congo y muchos millones más han sufrido graves atentados contra sus derechos en numerosos países del continente. La producción e importación de aparatos de tortura, negocio infame que lideran empresas occidentales, el tráfico de armas y el comercio ilegal de minerales están en el trasfondo de las sevicias que soportan las poblaciones de muchos Estados africanos. Las acciones de los que se oponen a este estado de cosas son como picaduras de pulgas, pero hay que seguir picando. Michael Onyeka, nigeriano, es coordinador de campañas de Aministía Internacional.
África es una zona con grandes recursos humanos y naturales que, si fueran movilizados y utilizados de manera adecuada, podrían hacer de ella uno de los continentes más importantes en aspectos como la industria, el comercio y el desarrollo humano. Pero la realidad desde el pasado siglo XX es, sin embargo, la de una plaga de incesantes guerras civiles, revueltas políticas, inseguridad y violencia, que ha afectado a millones de personas. Se estima que casi la mitad de los africanos y africanas vive en la pobreza, sobreviviendo con menos de un dólar estadounidense al día. La esperanza de vida es de 48 años —y va decreciendo—, y cerca de 28 millones de hombres, mujeres y niños se encuentran infectados por el virus del sida. Además, hoy, tres años después de haber comenzado el nuevo milenio, África sigue padeciendo de forma horrorosa violaciones de derechos humanos.
Aún reconociendo la importancia de todos los aspectos señalados, en mi exposición me ceñiré a las continuas violaciones de derechos humanos que sufren millones de africanos y africanas, la mayor parte por agentes de los distintos Gobiernos, a veces por agentes externos al poder y otras incluso por personas individuales y por colectivos.
SITUACIÓN CATASTRÓFICA. La situación de los derechos humanos en los años 2002 y 2003 ha sido y es catastrófica en toda África. Miles de vidas se han visto truncadas debido a conflictos armados y revueltas civiles, donde se han cometido abusos con total impunidad. Este ha sido el caso especialmente en países como Burundi, República Centroafricana, República del Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Liberia, Sudán, Senegal y Uganda.
Fuerzas gubernamentales llevaron a cabo matanzas, desapariciones, torturas y otras serias violaciones. Por otro lado, grupos armados, bajo influencia de sus ideas políticas, mataron, abdujeron y torturaron a civiles. Numerosos niños son reclutados como soldados por grupos paramilitares en Costa de Marfil, Burundi, República Democrática del Congo, Liberia y Uganda.
La pena de muerte sigue siendo aplicada de manera extensiva en catorce países, con ejecuciones recientes en naciones como Egipto, Nigeria, Sudán y Uganda.
La tortura y los malos tratos siguen siendo moneda común, así como casos de largas y secretas detenciones, en países tan diversos como Argelia, Angola, Camerún, República Democrática del Congo, Eritrea, Kenia, Liberia, Togo, Zimbabwe e Isla Mauricio. Las víctimas de la tortura y sus familias siguen sufriendo acosos por los agentes de seguridad. La justicia para estas víctimas dio un gran paso atrás en Angola, Burkina Faso, Burundi, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Camerún, Gambia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Sudán y Zimbabwe.
En Angola, por ejemplo, el fin de 27 años de guerra civil tras la muerte de Jonas Savimbi, líder de la Unión para la Independencia Total de Angola (UNITA), fue seguido por un cese del fuego que incluía una amnistía aplicable a todos los crímenes militares cometidos durante el conflicto. Ésta y otras leyes previas que concedían impunidad, ha facilitado la comisión de importantes abusos en cuanto a derechos humanos se refiere.
Cientos de personas, incluso defensores de los derechos humanos, fueron detenidas por razones puramente políticas en Camerún, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Mauritania, Ruanda, Togo y Zimbabwe.
La libertad de expresión se ha visto atacada en 25 países, entre ellos Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Ruanda y Sudán.
En Argelia, el número de personas muertas como resultado de conflictos internos permaneció alto. Cientos de civiles, incluidos niños, fueron asesinados por grupos armados y 10 de ellos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Cientos de miembros de estas fuerzas y de los grupos armados murieron por ataques, emboscadas y confrontaciones armadas. La tortura también estuvo —y está— presente, así como largas detenciones secretas. Muchas víctimas, debido a la impunidad que gozan estos crímenes, siguen a la espera de justicia.
En Túnez la oposición continúa su lucha, pese a la existencia de cientos de presos políticos, la mayoría de conciencia. La represión contra los defensores de derechos humanos en ese país es constante e incluso las autoridades se han infiltrado en Internet y aprovechan las nuevas tecnologías de la comunicación para sus fines represivos. Han sido denunciados torturas y malos tratos en cárceles, edificios del Estado y comisarías.
En Zimbabwe se intensificaron los arrestos arbitrarios, el acoso y las torturas a defensores de los derechos humanos y a miembros de la oposición, incluso a aquéllos que manifestaron de forma pacífica opiniones contrarias al Gobierno. Aunque algunos han sido puestos en libertad, muchos siguen detenidos y otros permanecen en “paradero desconocido”.
Uno de los aspectos positivos a destacar en el período que estamos reseñando fue la instauración de una Corte Especial en Sierra Leona, que marcó un paso adelante para poner fin a la impunidad que había reinado durante los conflictos en el país. Esta Corte se encargará de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otra serie de violaciones de la legalidad internacional. Otro punto positivo es el alto el fuego registrado en la República Democrática del Congo. De todas maneras, el continente africano sigue presentando un cuadro muy preocupante de graves abusos de los derechos humanos.
CAUSAS/ESTÍMULOS DE LOS ABUSOS. Son muchos los factores que intervienen en esta situación: la exportación de materiales para la tortura por parte de países industrializados, el flujo incontrolado de armas en el continente, la explotación deshonesta de minerales en zonas de guerra, la falta de gestión, transparencia y buen gobierno en muchos países y la pasividad de gran parte de la comunidad internacional.
Vamos a concretar aspectos de los tres primeros factores citados, para demostrar el papel y la responsabilidad de Europa y los países industrializados en general en la violación de los derechos de las personas en África.
Muchos de los instrumentos usados para provocar dolor y sufrimiento existen desde hace muchos años y siguen vendiéndose en el mercado internacional sin casi restricciones de ningún tipo. Pero ahora los torturadores están utilizando material de última generación, con los avances tecnológicos más sofisticados, como instrumentos de descargas eléctricas de alta tensión, y pistolas con sustancias químicas como el gas pimienta. Estos productos se están fabricando e introduciendo cada vez más y su proliferación y uso se encuentran ya en una espiral fuera de control.
En los años ’70 sólo dos empresas, una inglesa y otra en estadounidense, fabricaban este tipo de productos. Hoy Amnistía Internacional, en colaboración con la Fundación Omega del Reino Unido, ha descubierto la existencia de más de 150 empresas productoras. Esta abundancia de oferta ha permitido que las fuerzas de seguridad de muchos países africanos y/o las personas que hacen uso de prácticas de tortura tengan un acceso mucho más fácil a los instrumentos adecuados para ello.
Aunque Estados Unidos era y sigue siendo el mayor productor y proveedor de equipos para descargas eléctricas, otros países que antes eran clientes de los norteamericanos son ahora también proveedores de estos productos1.
Pero ¿por qué crece tanto la demanda de equipos de descargas eléctricas? La respuesta es sencilla: es uno de los instrumentos preferidos por los Gobiernos torturadores. Alcanzan los 500 mil voltios y hacen mucho daño sin dejar marcas en las personas; son, por tanto, muy eficaces para obligar a hablar a las víctimas. Como lo dejan cínicamente claro las palabras de Dennos Kaufmann, presidente de Stun Tech Inc, una de las empresas estadounidenses que fabrican stun belts: “La electricidad habla todos los idiomas que conoce el hombre. No es necesaria ninguna traducción. Todo el mundo teme a la electricidad; lógicamente, además”.
Es una pena y un crimen moral que los Gobiernos del planeta autoricen la producción y exportación de estos equipos de terror a Estados que van a utilizarlos impunentemente con sus víctimas. Amnistía Internacional y otras organizaciones piden que se realicen cambios en las licencias necesarias para la fabricación de estos productos, para su comercio y para su uso por colectivos, tanto militares como policiales y de seguridad. Seguimos clamando para que se dejen totalmente de fabricar y distribuir equipos de descargas eléctricas.
LIBRE CIRCULACIÓN DE ARMAS. La terminología “pequeñas armas” se usa para definir las destinadas para uso personal o para colectivos que funcionan en equipo (guardias de seguridad privada, por ejemplo). Incluye revólveres, pistolas, rifles, carabinas, rifles de asalto, granadas antiaviones y anticarros portátiles, explosivos, minas personales... La fácil disponibilidad de estas armas tiende a incrementar la incidencia de los conflictos armados y la prolongación de las guerras, con los consiguientes abusos de los derechos humanos.
El 20% de la población de África está afectado por conflictos civiles o interestatales. Millones de personas han sido forzadas a abandonar sus viviendas para escapar de los abusos de las fuerzas enfrentadas. En República Democrática del Congo la guerra ha causado la muerte de más de tres millones de civiles desde agosto de 1998. Este conflicto se ha caracterizado por matanzas, torturas y violaciones de civiles por ambas partes. Pero a pesar de este catálogo de miserias humanas, países como Bélgica, China, Francia, Alemania, Israel, España, Gran Bretaña y EE UU han seguido abasteciendo con armas a los partícipes en la guerra. Armas y equipamientos militares enviados desde Albania, China, Egipto, Israel, Rumanía, Eslovaquia, Sudáfrica y otros países a lugares como Uganda, Ruanda y Zimbabwe, han sido también utilizados en este conflicto.
En una reciente entrevista, un piloto británico describió cómo en los años 1999 y 2000 transportó rifles de asalto AK47 desde Ruanda y Uganda a la ciudad de Kisangani, tomada por los rebeldes en República Democrática del Congo. Afirmó que los aviones fueron registrados en Swazilandia para las compañías Planetair y New Gomair2. En la citada entrevista, el piloto británico dijo: ”La mayor parte de los materiales que transportábamos eran AKS nuevos, más las municiones. Estaban envueltos en bolsas de plástico en buenas condiciones. Es una operación de rutina para nosotros. (...) Sabemos que hay una guerra, pero no estamos envueltos en ella porque somos pilotos comerciales. (...) Hacíamos unas 80 o 90 horas al mes. Muy fácil, sales del hotel, estás una hora volando, dos en tierra y vuelves a casa para la cena”.
Amnistía Internacional ha identificado los mismos patrones de conducta en Sierra Leona, Sudán, Liberia y Costa de Marfil, donde los mercaderes de armas continúan aportando sus productos a zonas de conflicto, con consecuencias terribles para la población. Por ello, presiona a todos los Gobiernos para que en 2006 alcancen acuerdos en el Tratado de Comercio de Armas, para prevenir que éstas sean exportadas a lugares donde se cometen graves violaciones de derechos humanos. La organización ha hecho un llamamiento a instituciones regionales africanas, como la Comunidad Económica de Estados del Oeste de África, el Consejo de Desarrollo y Cooperación Surafricano y los países del Magreb, para que fijen, desarrollen y supervisen un adecuado cumplimiento del control de armas.
COMERCIO DE MINERALES. Como he reiterado, millones de personas viven en medio de conflictos, inseguridad y violencia en varios lugares de África. Eso se sabe. Lo que no se suele saber es que muchas veces la causa de sus sufrimientos no es otra que el intento de control político y económico de los recursos naturales de esos lugares.
El comercio de minerales implica redes de aviación, mercaderes de armas, agentes de navegación y muchos posibles compradores en Europa. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el 41% de las importaciones de diamantes brutos procedían de Suiza, según se decía. ¡El problema es que Suiza no importa oficialmente casi ningún diamante bruto! Estos diamantes brutos suizos proceden obviamente de zonas de guerra, son los llamados “diamantes de conflicto”, cuyo comercio es ilegal. Son transportados por redes de criminales internacionales y atravesando zonas de libre comercio, como Suiza, donde hasta recientemente el Gobierno no realizaba ningún escrutinio ni control de la mercancía, llegan a otros países. Los traficantes de diamantes intercambian armas por estos codiciados minerales, convirtiéndose así en responsables objetivos de las matanzas y sevicias que se cometen en las zonas de conflicto.
Según investigaciones de Naciones Unidas, en los años 2000 y 2001, los dos traficantes más importantes en el comercio de diamantes y armas en Liberia y República Democrática del Congo fueron Sanjivan Ruprah, ruso con residencia en los Emiratos Árabes Unidos, y Víctor Bout, kheniata residenciado en Liberia. En noviembre de 2000 ambos realizaron operaciones conjuntamente, consistentes en el traslado de armas de Eslovaquia oficialmente destinadas a Guinea, pero que en realidad fueron llevadas a Liberia en un avión fletado por Víctor Bout. En el viaje de vuelta el aparato hizo escala en Kisangani (República Democrática del Congo), donde a Sanjivan Ruprah le había sido otorgada por las autoridades una concesión de 4000 metros cuadrados en una zona diamantífera. El mismo avión transportó armas de Uganda a Liberia, en otro negocio donde estaba implicado Sanjivan Ruprah. En febrero de 2002, cuando intentaba vender una remesa de diamantes en Bélgica, fue detenido bajo la acusación de pertenencia a banda criminal y uso de pasaportes falsos.
Pero hay otros que no han sido detenidos. Su actitud es clara: “los recursos están ahí para extraerlos y el dinero para ganarlo”. Uno de ellos admitió a Amnistía Internacional en octubre de 2000: “si alguien ofrece un diamante un 30%más barato, ¿sospecho algo? Pues claro. Es probablemente un diamante de conflicto como se llaman. ¿Lo compro? Pues claro, estoy aquí para hacer negocios. ¿Lo he hecho alguna vez? No le puedo contestar a eso”.
COMO PICADURAS DE PULGAS. Es evidente que la población africana sufre horribles violaciones de derechos humanos. Mientras que las violaciones en sí son inflingidas por los Estados y grupos armados de oposición, el círculo de matanzas, acosos, torturas, desarraigos y demás sevicias vienen dadas muy a menudo por las actividades de los traficantes de armas y los negociantes de instrumentos de tortura, que al mismo tiempo realizan expropiaciones de los recursos naturales del continente.
Las luchas por conseguir el control de los recursos económicos propiciaron el contexto en el que se desarrollan los diversos conflictos africanos e influyeron decisivamente en el comercio armamentístico y de minerales preciosos. Mientras los políticos, militares y hombres de negocios sigan beneficiándose del caos que ellos mismos originan, los derechos humanos de los africanos y africanas seguirán desprotegidos. Una paz sostenible y un clima mejor en cuanto a derechos humanos no se conseguirá, mientras se siga protegiendo los intereses de estos colectivos causantes de los abusos a las personas y el deterioro de los recursos naturales.
En necesario priorizar la participación popular en procesos de paz, así como lograr la puesta en práctica de mecanismos judiciales, nacionales e internacionales, que frenen el comercio ilegal de minerales. Las empresas multinacionales deben desarrollar políticas y procedimientos éticamente correctos y los Gobiernos africanos deben empezar a tomar las responsabilidades que caracterizan a cualquier Gobierno, que no son otras que la protección y promoción de la vida y el bienestar de sus ciudadanos.
Es necesaria, además, una tarea de concienciación de la sociedad en África y en otras partes del mundo, informando de la situación real y emprendiendo acciones concretas tanto individuales como colectivas, para terminar con tantos años de violaciones y abusos de los derechos humanos. Los diversos grupos que trabajan con estos fines deben aunar esfuerzos y recursos para lograr una mayor efectividad. Es cierto que muchas organizaciones tienen distintas prioridades y no se comparte los mismos ideales en algunos casos, pero en un mundo que alardea de un mercado global se debería empezar a trabajar por unos derechos humanos globales. Cuando los Gobiernos construyen una coalición global contra el terrorismo, es igual de vital lograr una coalición global por los derechos humanos.
Cuando hace 200 años, Sojourner Truth, nacida como esclava en EE UU, hacía campaña contra la esclavitud y un hombre blanco le dijo que sus discursos no eran más importantes que una picadura de pulga, ella respondió: “Quizá sí, pero si Dios quiere te seguiré picando”. Como colectivos, las ONG tenemos los recursos de una picadura de pulga, pero a través de nuestras campañas podemos llegar a molestar al más poderoso. Debemos dirigir nuestras picaduras de forma adecuada. Debemos utilizar nuestra reputación, investigación y recursos de forma creativa y estratégica. Debemos aprovechar nuestras ventajas globales para producir cambios locales en África.
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(1) En abril de 1998, las autoridades de las cárceles surafricanas consideraban la compra a EE UU de stun belts. En 1999, se confirmó su uso en una prisión de máxima seguridad en Pretoria para el traslado de algunos presos. En agosto de 2000 el Alto Comisionado de Sudáfrica en Singapur promocionaba la venta de stun belts y stun shields por una empresa surafricana.
(2) Naciones Unidas identificó a New Gomair como una empresa para el transporte ilegal de recursos naturales de la República Democrática del Congo y Planetair fue mencionada por EE UU como proveedora de armas para la zona este del mismo país.