Milagros Rubio Corrupción

Milagros Rubio
Corrupción
(Intervención en las XI Jornadas de Pensamiento Crítico, celebradas en Madrid el 5 y 6 de diciembre de 2015).

Según Persson y Tabellini, la rendición de cuentas se promueve más entre los políticos de listas abiertas. Su opinión coincide con la de una buena parte de la ciudadanía que, muy en especial en poblaciones no muy populosas, preferirían poder optar electoralmente de manera menos rígida que la de las cerradas listas electorales por partidos o agrupaciones.

Sin duda, el rendimiento de cuentas es consustancial a la propia democracia. Si fuese posible revocar cargos públicos, seguramente más de uno duraría menos de una legislatura. Es preciso buscar fórmulas eficaces para rendir cuentas, incluso económicas. Las pocas que existen hoy día no lo son tal como funcionan actualmente.

Los autores anteriormente mencionados desarrollaron un interesante trabajo, en el que se analizaban los determinantes políticos de la corrupción y abordaban la rendición de cuentas vertical (la que se da entre gobiernos y ciudadanía, mediante el sistema electoral fundamentalmente) y horizontal (la que se produce entre los poderes del Estado, ejecutivo-legislativo-judicial). Según Persson y Tabellini, un mayor control de los actos del ejecutivo por parte del legislativo y del judicial conlleva la reducción del nivel de arbitrariedad en las decisiones legislativas. Esta reducción de arbitrariedad aumenta la credibilidad y reduce las oportunidades de realizar prácticas corruptas sin ser descubierto. Añaden que cuando el ejecutivo no goza de una mayoría absoluta en el legislativo (y no tiene tantas facilidades para cambiar la legislación a su antojo), la credibilidad percibida aumenta, porque no existe tanta capacidad de manipulación de las políticas ni de la administración.

La indignación ante la corrupción o conlleva propuestas activas para hacerle frente, o aboca en un mero desprestigio del sistema democrático. Hay causas políticas, psicológicas, sociales, colectivas e individuales en la corrupción. Como estoy segura de que José Antonio Martín Pallín abordará magistralmente cuestiones relacionadas con el poder judicial, me centraré en asuntos más a mi alcance, aportando algunas reflexiones y propuestas. Me centraré más en la corrupción de las y los políticos en los municipios, su rendición de cuentas y posibles mecanismos para hacer frente a esa corrupción. Estas reflexiones pretenden, pues, ser simplemente una modesta aportación que también podrían hacer otras compañeras y compañeros cargos públicos sobre una manera de estar en las instituciones municipales, principal ámbito de corrupción de las y los políticos. Son un compendio de varias décadas de experiencia municipal, lucha colectiva frente a privilegios y corrupción, artículos propios, y de autores diversos que cito.

El estudio de Persson y Tabellini determina entre otras las siguientes conclusiones

Coincidía Lord Acton con Persson y Tabellini cuando afirmó la conocida máxima de que “Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Ciertamente, ¿no es el ansia de poder uno de los factores más determinantes en el hecho de que quien tenga poder lo ejerza corruptamente? De ahí es fácil deducir que la concentración de competencias, léase de poder, puede favorecer la corrupción. A lo largo de mis décadas de experiencia municipal, he podido observar cómo la Ley de Régimen Local, en lugar de incrementar el poder de los plenos municipales, ha ido restándoles competencias que ha derivado a las alcaldías y juntas de gobierno local. El argumento siempre es el mismo: eficacia. Es un tema complejo que requiere un debate en sí mismo. Ciertamente, en la gestión pública, a menudo hay que mejorar la eficacia. Pero en nombre de la eficacia, se merma la transparencia, se desmantelan servicios públicos y se generan servidumbres. Y así en cada una de las Instituciones. Junto a esa concentración de competencias, la posibilidad de designar libremente cargos directivos de confianza de quien gobierna, y el hecho de que los ingresos funcionariales dependan en buena medida de complementos salariales poco objetivables y por lo tanto manipulables por el político de turno, son un dardo envenenado que abre la puerta al abuso de poder y cierra el círculo de la antesala de la corrupción

Los corruptos, a veces persiguen intereses personales y otras financian a sus partidos. Los casos Filesa, Gurtel o Bárcenas, son ilustrativos al respecto. También en Navarra tenemos nuestros propios ejemplos (casos Urralburu y Otano), y muchas Comunidades tienen los propios. Hay quien argumenta que habría que financiar más a los partidos políticos para evitarles la tentación de corromperse. No entro aquí en dicho debate, pero en todo caso, habría que limitar bastante más los gastos electorales y otros. Los partidos políticos harían bien en vigilar atentamente que sus cargos públicos accedan a la política con una buena dosis de altruismo, sin esperar que su cargo les facilite privilegios ni les separe del estatus de vida que disfrutaban previamente a su acceso a las instituciones públicas. En la actualidad, los grandes sindicatos y partidos políticos, más que herramientas para ordenar y mejorar la Administración y relaciones públicas, son simples medios para subir escalones en el poder, y, a menudo, son en sí mismos redes clientelares. Su afiliación se da en buena medida para arrimarse al sol que más calienta. Tráfico de influencias, reparto de prebendas y cargos, y designación de puestos de confianza, han estado a la orden del día. Pero los colectivos políticos menos influyentes, y desde luego los nuevos partidos políticos que aspiran a hacerse con el poder político, pueden reproducir el mismo esquema si no se empeñan activamente en lo contrario.

Objetivar los índices de corrupción

¿Hay ahora más corrupción en España? Los expertos dicen que es difícil concluir que así sea. Existe claramente mayor percepción de la corrupción y denuncia de la misma, pero no está claro que sea mayor o menor que hace unos años. Lo que sí parece claro, es que España está entre los países europeos con mayor grado de corrupción en la UE, y también lo están Francia, Portugal, o Italia. En los parámetros circulantes de medición de la corrupción, España tiene un grado tan alto como el de algunos países dictatoriales. No obstante, hay que matizar que en ocasiones, si la corrupción se persigue más y hay mayor información sobre la misma, paradójicamente puede pensarse que ha aumentado sin que lo haya hecho. No existen indicadores claros para medirla.

No obstante, algunos estudiosos y países pioneros, están intentando objetivarla. Entre ellos están Mihály Fazekas, de la Universidad de Cambridge y el Instituto de Calidad del Gobierno de Gotemburgo. Ellos, en un interesante estudio, apuntan algunas cuestiones que pueden alertar de riesgo de corrupción; para ello, revisaron 1,4 millones de contratos públicos concedidos por todas las administraciones de los países de la Unión Europea y que cumplían una serie de requisitos (normalmente, aquellos que exceden de los 125.000 euros). Mirando todos los contratos, detectaron unos patrones sospechosos que por sí mismos no tienen por qué indicar corrupción, pero sí un riesgo de abuso del poder público para beneficiar a un contratista. Indican algunos ejemplos: ¿cuál es el porcentaje de concursos públicos a los que, en una región o comunidad autónoma se presenta un solo ofertante? ¿Cuántos contratos siguen unos criterios de publicidad y transparencia menores que los habituales? ¿Cuántos criterios de adjudicación de naturaleza subjetiva no relacionados con el precio hay en el contrato? ¿Qué contratos presentan un periodo de licitación sospechosamente corto? Señala el estudio también otras cuestiones tales como la importancia de que los puestos administrativos de relevancia no dependan de quién gana las elecciones (eso que se ha dado en llamar “Cargos de libre designación” y añado yo también el hecho de que los ingresos de numerosos funcionarios dependan de complementos otorgados o denegados a menudo sin ninguna objetividad, al albur de afinidades o enfrentamientos con los políticos de turno), sino del mérito y la capacidad funcionarial (lo denominan “meritocracia”). Lógicamente, el clientelismo, el amiguismo, aumentan con la libre designación y el amiguismo, y disminuyen cuando los puestos se eligen por las cualidades apuntadas.

A partir de estos y otros elementos, fueron construyendo un Índice de Riesgo de Corrupción. Mihály Fazekas desarrolló así una serie de nuevos indicadores para detectar corrupción en tiempo real y poder actuar en tiempo aún de licitación. Señalo esto como ejemplo, porque en muchas ocasiones no se trata tanto de tener que hacer infinidad de leyes y normas que aten todo hasta hacerlo impracticable, sino también de fiscalizar el ejercicio del poder, de controlarlo.

Por razones de espacio y tiempo, no proseguiré dando datos de este estudio, pero es muy recomendable conocerlo, y aporta datos tan interesantes como el hecho de que un aumento de tres desviaciones estándar en el nivel de lo que denominan “meritocracia” (ocupar puestos directivos en la Administración Pública según capacidad y mérito y no por enchufismo o libre designación), se traduciría en unos ahorros para los contratos públicos de entre 14.000 y 31.000 millones de euros para el conjunto de la Unión Europea. Dice Victor Lapuente Giné que “las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal.”

Cuando la corrupción alcanza cotas impopulares, el hartazgo social lleva a un juicio generalista, comprensible pero injusto, que juzga por igual a todas las personas que ejercen un cargo público. Fundamentalmente, hay dos grandes grupos de rechazo a este comportamiento político:

A mi juicio, ambos grupos, con intenciones obviamente muy distintas, pueden extender su juicio a las y los políticos en general sin tener en cuenta que, a menudo, los cargos públicos los ejercen personas con un nivel de generosidad y entrega nada desdeñables, e incluso en algunos casos dedican su actividad como cargo público a luchar contra la corrupción. Esta última actitud ha sido bastante invisible a los ojos ciudadanos hasta hace pocos años. Los medios de comunicación no se hacían eco de ese trabajo tenaz porque no era comercialmente rentable para televisiones ni otros medios, ya que buena parte de las y los ciudadanos, relativamente satisfechos con su nivel de vida, hacían caso omiso al amiguismo o la corrupción.

En nuestro actual modelo de sociedad, no se educa en los principios éticos de responsabilidad y solidaridad, sino en sobrevivir, sea en el mercado laboral, consumo, escalafones económicos u otros. Es un código ético marcado por las relaciones de producción, donde priman la competitividad, el consumismo, el individualismo y el afán de posesión, mediante un “sálvese quien pueda” que arrastra a quien se interponga en el camino. Esta concepción cala tan hondo que, aparte de la sana y lógica indignación que nos producen los comportamientos corruptos, hay también incluso quienes sufren por no poder acaparar ellos mismos ese poder y privilegios que permitieron a otros el gozo efímero de lujos y derroche. A mi juicio, es preciso tomar conciencia de que una lucha a fondo contra la corrupción ha de conllevar no solo algunos cambios reglamentarios, sino también planes educacionales, compromisos individuales y colectivos. Es precisa la cohesión moral de la sociedad para poder vencer a la corrupción.

No me refiero a esa manida frase de que todos somos corruptos porque alguien encarga, por ejemplo, la reparación de su baño y paga sin IVA, o a quien trabaja en la economía sumergida sin declarar su actividad. Esa actitud es discutible, pues es cierto que con los impuestos se costea Defensa y otras cuestiones que podemos no compartir, pero también se costean infraestructuras y servicios públicos. No obstante, meter en el mismo saco todo, genera un relativismo moral que no ayuda. No es lo mismo quien defrauda para sobrevivir que quien defrauda para enriquecerse. A lo que yo me refiero al hablar de cohesión moral, es a que realmente comprendamos la importancia que tiene que los bienes públicos se gestionen con honestidad y que las personas electoras elijan a los representantes institucionales sin perder de vista esa obligación. De esta reflexión podríamos derivar diferentes cuestiones a debatir, tales como la propia corrupción ciudadana, pero no solo la económica, sino la corrupción de la conciencia mediante la cual una mayoría social puede hacer la vista gorda y consentir con su pasividad el robo de medios públicos para intereses privados, como sucedía en distintas Comunidades Autónomas o Ayuntamientos cuyos gobernantes eran denunciados por corruptos y volvían a ser elegidos mayoritariamente en otros comicios. En cierto modo, esa especie de corrupción de la conciencia o autoengaño, permite en ocasiones que puedan suceder cosas tan lamentables como el que durante largos años, amplios sectores de población miraban/mirábamos hacia otro lado ante los crímenes de ETA, o que en la actualidad se pase página ante el incumplimiento de derechos humanos básicos con las personas refugiadas. Los ejemplos podrían ser muchos más. No podemos profundizar ahora en este polémico asunto que he denominado “corrupción de la conciencia” para visibilizar nuestra propia responsabilidad o irresponsabilidad respecto a graves cuestiones que afectan al ámbito público, pero dejo constancia de ello porque creo que está en la base de nuestra responsabilidad en el ejercicio de nuestra ciudadanía.

En cuanto a si roban más los políticos de derechas o los de izquierdas o cualquiera, dice el catedrático Vicenç Navarro que los adalides de la corrupción en España son los partidos de derechas, sencillamente porque son quienes han favorecido la opacidad en la financiación y quienes han estado más cerca de los poderes financieros y empresariales. Pero que la corrupción entró más tarde en las izquierdas, como resultado de la complicidad de los equipos económicos de las izquierdas gobernantes y el mundo financiero y del gran empresariado. En consecuencia, habla de la necesidad de cambiar profundamente la estructura, gobierno y financiación de los partidos políticos.

Algo que me he preguntado muchas veces en estas décadas de trabajo municipal, es: ¿dónde acaban los privilegios y corruptelas y empieza la corrupción? Los lindes de corrupción y legalidad no están siempre absolutamente claros. Hay algunos regalos, modos de tráficos de influencias y clientelismos que no se recogen en el Código Penal. Por otra parte, no está penalizado ni se considera corrupción, por ejemplo, el hecho de que la o el político medio de un parlamento obtenga un salario infinitamente superior al de un trabajador medio de su entorno, tampoco que los diputados que alcancen 11 años de mandato tengan garantizado el cobro de la pensión máxima y que las y los trabajadores actuales quizá nunca puedan reunir los años de cotización que las sucesivas reformas laborales han considerado necesarios para poder tener una pensión. Pero algo hay de corrupto en esas decisiones, en esas normativas aprobadas por los mismos que las disfrutan, que alejan tanto las condiciones laborales de quienes se dedican a la alta política, de las condiciones laborales de las y los trabajadores. Si además echamos un vistazo a eso que se ha dado en llamar puertas giratorias, a los puestos enormemente remunerados que se les ofrece a ex presidentes, ex ministras o ministros y otros ex, tendremos una visión panorámica lo suficientemente amplia como para sospechar que, demasiado a menudo, el cargo público con esas condiciones, se ejerce en demasiadas ocasiones en beneficio propio. ¿No es eso lo que define la corrupción? Hay, sin embargo, numerosas concejalas y concejales que llevan a cabo su labor sin cobrar salarios de escándalo e incluso sin cotizar por ello a la seguridad social. Pero su generosidad se ve oscurecida por pequeñas prerrogativas que pueden disfrutar si no las rechazan activa y voluntariamente, tales como entrada gratuita a espectáculos diversos, comidas innecesarias, lugares reservados, trajes de etiqueta u otras cuestiones que, aunque no sean de mucha entidad, anuncian una supuesta carrera política en la que cada vez será mayor la diferencia entre su estatus y el de otras personas trabajadoras. El tinte de privilegio que adquiere el salario de cualquier cargo desde una alcaldía hacia arriba, y los elevados emolumentos que reciben cada grupo parlamentario, acaba empañando la labor de todo el estamento político.

Batzarre. Una experiencia municipal de denuncia de privilegios y corrupción

La complicidad entre intereses públicos y privados, ocurre con fuerza a nivel municipal por la capacidad y control de la contratación. También son proclives a la corrupción gobiernos autonómicos en tiempos de grandes inversiones en infraestructuras. En Navarra hemos sufrido la corrupción del PSN: caso Urralburu, caso Otano (al parecer, filtrado por entorno antivasquista de PSN-UGT en un momento de órgano común entre ambas Comunidades), que, con responsabilidades desiguales, tuvieron serias consecuencias para las izquierdas navarras, ya que dieron pie a largos años de UPN. El PSN de esa época pasará a la historia por la corrupción y el daño que hizo a la izquierda Navarra. Con esta constatación no me uno a las voces que satanizan al PSN o lo tratan como si fuese un partido de derechas. No comparto esos criterios ni estilo. Me ciño a aquel PSN de la corrupción. También ha habido denuncias de prebendas y abuso de poder en los años de gobierno de UPN.

Pero quiero centrarme ahora en una aportación local contra privilegios y presunta corrupción, una aportación modesta pero firme y continuada, que sin alcanzar éxitos judiciales ni gobierno municipal todavía por aquel entonces, contribuyó enormemente a un cambio de rumbo en la política de nuestra ciudad respecto a posible corrupción, falta de transparencia y derroche.

Tudela tiene ahora poco más de 35.000 habitantes. En 1979, en las primeras elecciones municipales de nuestra actual democracia, apenas tenía 25.000. La primera corporación municipal recogió la ilusión de las y los tudelanos por construir la democracia, puestas sus esperanzas en una izquierda diversa y atomizada que dio la Alcaldía a un PSN que contaba con 7 de los 21 concejales. En 1983, PSN obtuvo mayoría absoluta con 11 concejales. A partir de entonces y hasta que el propio PSN labrase su descrédito y UPN lograra la mayoría absoluta quedando PSN con 5 concejales, PSN fue declinando electoralmente a la par que lo hacía éticamente, primero acaparando ciertas prebendas, luego incrementando gastos protocolarios, cerrando el grifo informativo a la oposición, dificultando la participación ciudadana, y finalmente viéndose envuelto en polémicas actuaciones y sospechas de corrupción que no pudieron probarse judicialmente. Sin embargo, pocas personas de quienes siguieran entonces la vida municipal, opinarán lo mismo que aquella resolución judicial. Estas consideraciones no son un juicio sobre la trayectoria de PSN. De hecho, en 1996, el grupo municipal socialista junto con el de Batzarre e IU, denunciaría en el juzgado a un ex concejal suyo por sospechas de corrupción.

Nuestro grupo municipal era minoritario. En 1983 había una concejala, en 1987 y en 1991, Batzarre teníamos dos concejales en Tudela. Hablo de esas legislaturas porque concentraron los años más farragosos en esta materia, especialmente desde el 87 hasta el 95, pero la inquietud por fiscalizar todo abuso de poder ha sido constante y seña de nuestra identidad desde el comienzo hasta la actualidad. El equipo de gobierno de PSN, posteriormente de PSN y UPN, nos negaba el acceso a los libramientos municipales de gastos protocolarios. Tuvimos que llevar a juicio nuestro derecho a la información y ganamos. Sin ser concejales liberados ni siquiera tener ingreso municipal alguno durante parte de esos años, como sucedió con muchos otros compañeros, metíamos jornadas completas en el Ayuntamiento para fiscalizar uno a uno todos los libramientos, tomar nota manual (no podía hacer copias ni existían ordenadores) de cada libramiento, con menú, cantidades gastadas, personas participantes… y trasladarlo a boletines informativos que nosotros mismos hacíamos en máquinas de escribir. Las copias de los boletines que elaborábamos con todos los datos, las buzonábamos en los hogares tudelanos todas las compañeras y compañeros de Batzarre. En los boletines, hacíamos constar qué comían con todo lujo de detalle incluyendo los cohibas y vinos de alto standing, cuánto gastaban, quiénes participaban en el festín. La prensa apenas se hacía eco de nuestra denuncia, pero la indignación fue calando en la gente de Tudela. Hacía poco que tras una nueva valoración catastral, las contribuciones habían subido exponencialmente y el personal estaba harto de chapuzas urbanísticas, gastos desmesurados y tanta presión para los de siempre. La gente leía con avidez nuestra información y nos preguntaban cuándo íbamos a buzonar el siguiente boletín. Se fue generando una mentalidad crítica con dichos abusos, de la que todos los grupos municipales tomaron buena nota.

A partir de finales de los ochenta, igual que otros muchos municipios, comenzó en Tudela el boom inmobiliario. El Ayuntamiento apenas hacía actuaciones urbanísticas motu propio, pero modificó su PGOU en numerosas ocasiones a petición de inmobiliarias, agencias y particulares. Hubo licencias de obra muy polémicas, una de ellas con llamativas vinculaciones entre alguna inmobiliaria y el concejal de urbanismo. En los noventa, los grupos municipales de la oposición (PSN, Batzarre, IU), solicitamos a la fiscalía que investigase un cheque de 9.580.000 pesetas que el entonces ex concejal socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de la localidad entre 1991 y 1995 pretendía cobrar de la empresa inmobiliaria Incarsa. El administrador de esa sociedad, Julián de Miguel, era a su vez accionista mayoritario de una constructora, Urmisa, que edificó un inmueble con una licencia que considerábamos no ajustada a derecho otorgada siendo edil de Urbanismo el propio concejal socialista. La denuncia no se ganó legalmente. Curiosamente, quizá sea casualidad, el mismo administrador de este caso, Julián de Miguel, sería detenido años más tarde, en la Operación “Molinos” puesta en marcha en la localidad zaragozana de La Muela para desmantelar una supuesta trama de corrupción urbanística. Fue detenido como administrador único de la empresa Aragón Navarra de Gestión S.L. –ARANADE–. A la hora de escribir estas líneas, aún no hay sentencia, pero a Julián de Miguel la Fiscalía le solicita 26 años de prisión, acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, fraude fiscal, negociaciones prohibidas con funcionarios, falsedad, prevaricación, exacciones ilegales y blanqueo de capitales.

Nosotros, como comentaba, no logramos probar judicialmente que hubiese corrupción a pesar de aportar el asunto del cheque en cuestión. Sin embargo, el trabajo tenaz tanto contra cualquier sospecha de corrupción como contra privilegios y derroches en gastos protocolarios hecho por Batzarre dentro y fuera del Ayuntamiento, sí habían logrado informar y calar en la ciudadanía. Cuando el PSN sufrió su descalabro y UPN obtuvo la Alcaldía en 1995, tenía muy claro que si quería conservarla durante algún tiempo, lo primero que tenía que hacer era aminorar los gastos de protocolo. Así y todo,a pesar de que los gastos de la corporación en comida y protocolo bajaron drásticamente, hubo algunas cuestiones de las que discrepábamos éticamente si bien no siempre era clara su ilegalidad, y las continuábamos denunciando en nuestros boletines municipales. Por ejemplo, tal y como recogió la prensa (en este caso transcribo a Diario de Noticias), “el origen de la polémica se remonta a la alcaldía del regionalista Luis Campoy, cuando el Ayuntamiento de Tudela compró el edifico de la antigua casa de Misericordia por 135 millones de las antiguas pesetas cuando se encontraba casi en ruinas. Poco tiempo después, en un acuerdo en el que sólo votó a favor UPN se decidió firmar un acuerdo con el empresario corellano para cederle su uso durante 75 años a cambio de un millón de pesetas al año, lo que significaba 85.000 pesetas al mes por 2.600 metros cuadrados. En 2003 Catalán amplió el hotel en 24 habitaciones por lo que se añadieron a los 6.000 euros del canon otros 1.200 euros. Las críticas de los partidos y los comerciantes se multiplicaron y se comparaba con los 2.000 euros que una asociación sin ánimo de lucro debe pagar por alquilar el teatro Gaztambide”. Era un pliego de condiciones que considerábamos hecho ad hoc con unas condiciones económicas de escándalo. Uno de esos ejemplos en los que la legalidad y la ética no siempre se ponen de acuerdo. UPN tuvo equipo de gobierno hasta 2015, si bien en algunas legislaturas necesitaron pactar con otros grupos. Tras las últimas elecciones municipales, en la actualidad la Alcaldía vuelve a tenerla la izquierda, pero en este caso liderada por izquierda-ezkerra, coalición de la que formamos parte Batzarre e IU.

Son solo algunos ejemplos de una manera de estar en política, en la que Batzarre, un colectivo modesto pero con alto compromiso social, ha aportado honestidad, trabajo, contacto con colectivos y ciudadanía, transparencia, denuncia… Más allá de que, sin que ese fuese el objetivo principal buscado, consiguiéramos la alcaldía para la izquierda gracias al trabajo de los concejales pero también gracias al conjunto del colectivo de izquierda-ezkerra y a la voluntad de pacto de PSN y Tudela Puede, lo importante es que no nos cansamos de pelear, de trabajar, de fiscalizar la posible corrupción cuando los tiempos eran adversos. Queda en nuestro haber ese trabajo. Una experiencia de tesón de compañeras y compañeros que compartimos ilusión y esfuerzo para contribuir a lograr unas instituciones más honestas, que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. Ahora, toca demostrarlo desde el gobierno.

Algunas medidas frente a la corrupción municipal

La primera y más importante no es regulable sino por la propia persona: al ocupar un cargo público, autovacunarse contra la máquina de hacer privilegios que es toda institución. Afortunadamente, en la actualidad no se toleran tan fácilmente actitudes prepotentes y clasistas que han sido tónica en buen número de gobernantes. Peri sigue siendo imprescindible para todo cargo público, ser activo en huir de loas y rechazar regalos, multitud de invitaciones, posiciones acríticas, escalones desiguales entre cargos públicos y electorado. Decir un no rotundo a ese halo de falsa grandeza con que a menudo se reviste a las y los políticos, que son ciudadanas y ciudadanos como los demás. Afortunadamente ya se eliminó la obligatoriedad del absurdo trato protocolario que convertía automáticamente a numerosos cargos en ilustrísimas o excelentísimas personas. Todo un síntoma. Ahora falta lo demás. Si no se está alerta contra esto que acabo de comentar, es fácil que la máquina te trague y formes parte de un sistema absurdo en el que representantes y representados parecen habitar diferentes planetas. Lo he visto en ocasiones en las que no lo esperaba. Toda atención es poca.

En cuanto a la corrupción en sí, si toda persona es susceptible de corromperse, parece obvio que deberían tomarse medidas para que quien ejerza poder encuentre trabas para acapararlo y abusar de él. Una cuestión básica en tal sentido, es ofrecer herramientas claras y sencillas de fiscalización. No hablo tan solo de auditorías; hablo también de sistemas contables transparentes, asequibles, accesibles al público; de información puntual y universal, de gestión directa cuando se pueda y cuando no, dando prioridad a empresas de carácter social y cláusulas sociales en la contratación. Se crean un exceso de empresas públicas, entes empresariales, fundaciones, institutos y muchos otros organismos que escapan a la rutina del control ciudadano e incluso del municipal o parlamentario y que son dirigidos, en su inmensa mayoría, por cargos de confianza, gerentes designados a conveniencia del político de turno. Si a esto le unimos la dirección de las distintas áreas de una institución, mediante nombramientos directos, sin concurso de méritos ni debate alguno, el vínculo entre política y administración, resulta peligrosamente estrecho. Fiscalización y forma de gestión van muy unidas. Y al hablar de fiscalización, no solamente me refiero a los cargos públicos en la oposición cuya principal labor es precisamente esa, fiscalizar al gobierno, sino también a la ciudadanía. Facilitar y alentar la participación ciudadana en todas sus funciones, incluyendo la fiscalización, es velar por la democracia y la no corrupción. Esto es algo a recordar en particular cuando se gobierna, pues insisto en que, en aras de la eficacia, se trampea a menudo la transparencia y participación.

Capitulo aparte merece la gestión urbanística. La participación ciudadana en la planificación urbana es burocrática, los planes generales de urbanismo se modelan frecuentemente al gusto de los intereses de las grandes constructoras e inmobiliarias, siendo la iniciativa privada la que diseña en la práctica la ciudad. Recalificaciones, modificaciones de planes generales, permutas y otras delicadas actuaciones urbanísticas, tendrían que investigarse de oficio cuando se llevan a cabo con frecuencia inusitada como ha sucedido en los tiempos del boom. La actualidad no da para eso, pero todo vuelve y hay que ser previsores. Deben suponer la excepción y no la norma, y exigen un riguroso control, justificación y transparencia. Tienen que evitarse las recalificaciones de suelo no urbanizable y eliminarse los convenios urbanísticos que, a menudo, son meras compraventas de recalificaciones urbanísticas. Ninguna mesa de contratación debería estar participada solo por políticos del gobierno en cuestión; la presencia de la oposición es fundamental mientras la ley obligue a que haya políticos en dichas mesas, e imprescindible es la presencia de técnicos de intervención y técnicos especialistas en la materia o servicio a contratar. Los cargos de libre designación, no deben participar en ninguna mesa de contratación. Lo mismo sirve para cualquier tipo de concurso público. Cualquier persona ha de poder tener acceso a las transacciones públicas. Y, por supuesto, tienen que arbitrarse procedimientos de participación ciudadana real en la planificación urbanística. Pero participación real y no comparsa para avalar proyectos en marcha.

Para luchar contra la corrupción, tal como vienen señalando diferentes estudiosos, no se trata de crear un exceso de normativa que ahogue la actividad institucional. Al contrario. Precisamente ese exceso da pie, en ocasiones, a tráfico de influencias y compra de voluntades para aligerar trámites y salir del último puesto de una pila de solicitudes. Se trata de reglamentar bien, de forma transparente y accesible, de limitar el poder de los políticos y altos cargos designados por ellos, de diversificarlo, controlarlo y participarlo. En todo este procedimiento, también hay que arbitrar medidas para que empresas y entidades bancarias no colaboren con la corrupción ni sean parte ineludible de su entramado. Y, por supuesto, es preciso evitar la impunidad ante el delito. La impunidad daña conciencias y aplaude el modelo corrupto. Lo primero, ha de ser obligar a devolver el dinero robado, como condición sine qua non. Además, hay que arbitrar sanciones jurídicas de acuerdo a la entidad del delito. Las sanciones sociales, la vergüenza pública, también cuenta. La información juega, en este sentido, un importante papel. Sin embargo, es preciso decir que la manera de informar también importa. Si se frivoliza y prima el escándalo y el amarillismo sobre la información veraz, gana el espectáculo y pierde la conciencia. Lo mismo cabe decir de la utilización partidista de la denuncia de la corrupción con el “y tú mas” al que, lamentablemente, nos están acostumbrando.

Puede que haya algo de utópico en este posicionamiento. Pero no hay en él un ápice de irrealidad. Algunas de las medidas, por ejemplo, las de evitar al máximo los cargos de libre designación, se aplican con rigor en países nórdicos que figuran entre los menos corruptos del mundo. Otras, funcionan en lugares diversos. Y algunas, forman parte de ese necesario mundo por inventar. El escepticismo es el enemigo número uno de la acción, del cambio, del avance. Más allá de las medidas concretas, lo que cuenta fundamentalmente es la actitud, el compromiso moral y ético. Si me preguntan cómo es posible así hacer frente a la corrupción, además de contarles las medidas propuestas y otras que quedan en el tintero, les diré lo que Albert Camus en La Peste: “Es una idea que puede que le haga reír, pero el único medio de luchar contra la peste es la honestidad”.

P.D. El último párrafo lo escribí hace seis años en un artículo y me ratifico en él. Espero y deseo que mis compas de IE hoy en la Alcaldía, den pasos decididos en esta dirección. Yo actué desde la oposción. Tuve la suerte de poder decir con Rabindranagh Tagore: “Agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por ellas”.