Página Abierta
Conversación con Enric Juliana Ricart. Algo más
que una maniobra política
(Página Abierta, 223, noviembre-diciembre de 2012).

Le proponemos hablar sobre la “cuestión catalana” y de la trayectoria que ha seguido la solución autonómica dada para la cohesión territorial a través del llamado pacto constitucional; y enseguida sale al paso de las interpretaciones que, desde algunos ámbitos de opinión, califican el impulso especial catalanista producido de poco menos que invento. No, «es un río que viene de lejos, con muchos afluentes».

Para Juliana, nos encontramos ante una realidad construida con una suma de factores y de componentes que han sedimentado en años de historia algo tan simple de afirmar, y a veces tan problemático, como que Cataluña es una nación. La sociedad catalana ha generado unos puntos de identificación tanto de orden sentimental, como político y económico, de una suficiente coherencia y continuidad en el tiempo; una identificación a la que da consistencia un idioma. Una nación que se halla inserta en un Estado de complejas características. Una de ellas es su dificultad, histórica, para articular su diversidad interna. Eso hace que uno de los proyectos dominantes, en muchas ocasiones, haya sido el de intentar seguir los pasos de Francia y proceder a una homogenización o a implantar una hegemonía muy fuerte de una de sus partes.

Insiste, por lo tanto, en que desde ese punto de vista no hay novedad, el río sigue su curso. Sin embargo, matiza a continuación que, efectivamente, sí se puede hablar de novedades en el transcurrir del tiempo. Y entra en ellas. En primer lugar, lo sucedido con la reforma del Estatuto de autonomía.

Para él hay dos motivos por los que se intenta en Cataluña esa reforma. Uno de ellos de orden táctico, como corresponde a cualquier decisión política.

La izquierda catalana –el Partido socialista, particularmente, pero también los otros partidos– vio la posibilidad de romper de alguna manera el marco hegemónico que había creado CiU. Se trataba de plantear la reforma del Estatut y así poner en contradicción las alianzas y confluencias que existían entre Convergència y el PP desde 1996 a 2000, el periodo en el que Aznar no gobierna con mayoría absoluta. De romper o poner en crisis esa alianza. Táctica que unía a los socialistas con ERC e IU, y que fue aceptada y bendecida por la dirección del PSOE; no como ahora se tiende a presentar: como una huida hacia delante del PSC.

No les faltaba razón. La alianza tripartita en Cataluña (1) ponía en graves apuros la posible confluencia, de nuevo, de CiU y PP en la hipótesis de que los populares ganasen con mayoría simple las elecciones de 2004, tal y como se suponía (2). El PP se habría encontrado con una situación muy complicada: tener que recurrir a un apoyo parlamentario de CiU con la reforma del Estatut sobre la mesa.

Pero la historia dio un giro inesperado en 2004 y el PSOE se encontró con el poder sin haberlo previsto. Y eso le colocó en una situación delicada. Había aceptado antes tramitar la reforma del Estatuto de Cataluña y ahora, con el Gobierno en sus manos, tenía que administrar aquella promesa que ya estaba puesta en marcha. Quienes la habían echado a andar no podían pararla. No se trataba solo de un movimiento de carácter táctico, superficial, sino que conectaba con nuevas demandas que ya estaban en la sociedad, y que seguramente esa iniciativa de reforma las había avivado.

El Gobierno de Zapatero siguió adelante con el proceso de reforma. El resultado final, tan problemático, con un proceso tan tenso y tan largo, en opinión de Juliana, tuvo mucho que ver con que el PSOE no disponía de una suficiente acumulación de fuerza política para gestionar lo que había prometido. Eso lo demuestra, entre otras cosas, lo sucedido en el Tribunal Constitucional tras el recurso del PP al Estatut que había sido  aprobado definitivamente en junio de 2006 (3).

Según Juliana, ninguna batalla en el Constitucional es comparable con la que se produjo en relación con la constitucionalidad del Estatut. Aun siendo tan importantes, por razones muy distintas, la legalización de Bildu o la de la reciente casación del matrimonio gay, de gran calado histórico por lo que supone de ruptura con la tradición católica y el poder eclesial. 

Y en este punto se detiene para explicar las razones de la importancia dada a este conflicto constitucional –y, por supuesto, político– por el Estatut, y las circunstancias en las que se movían los principales protagonistas.

El Estatut hacía en realidad una relectura de la Constitución como hasta entonces no se había hecho; de alguna forma, podía decirse que se trataba de una relectura federal de la carta constitucional. Y, evidentemente, eso puso en guardia a muchos sectores políticos e institucionales españoles,  y no solo del PP.

Por otro lado, remarca este analista, esta reforma tiene un protagonista muy importante, de mucho peso en el conjunto que compone el Estado español. Cualquier movimiento producido en Cataluña en su relación con ese conjunto puede calificarse como problema sistémico. Es el 6% del territorio español; y le corresponde el 16% del total de la población (7,5 millones de habitantes), el 19% del PIB, el 25% de la producción industrial y, aproximadamente, el 29% de las exportaciones. Cualquier alteración estructural que se produzca en su inserción en España tiene efectos sistémicos. Y cualquier movimiento en ese sentido produce una tensión muy alta. Esto explica –no justifica– que el voltaje político de la deliberación del Estatut fuese altísimo.

Y en el ámbito político confluyeron dos circunstancias referidas a los dos grandes partidos.

De una parte, estaba el PSOE que, como se ha dicho ya, ha de afrontar esa reforma en la que se halla embarcado y comprometido desde una toma del Gobierno no prevista y sin toda la fuerza necesaria para llevarla a cabo.

De otra, las características propias del PP en un nueva situación inesperada. Se ve al borde del abismo, que se puede romper tras ser expulsado del poder de una forma imprevista.

En opinión de Juliana, el centro derecha cree que el país, en el fondo, no le quiere, que la sociología española no le acaba de aceptar; aún hoy sigue creyendo que los españoles no le aman, ni le respetan, que incluso le llegan a temer, a tenor de algunas de sus acreditaciones, por ejemplo, del pasado. Aznar había conseguido ante los cuadros del PP una verdadera proeza: llevarles a la mayoría absoluta… Pero, en una de las espirales de la historia, esa situación salta y tienen miedo de quedar absolutamente descabalgados.

Sin embargo, los efectos sobre la sociedad española de la lectura del Estatut de Cataluña da un nuevo brío al PP. En palabras de este agudo analista, a una parte de España se le erizó la piel al advertir –con razón, sin duda– que se quería con él cambiar las reglas del juego. El PP percibió, entonces, la posibilidad de lanzar la “caballería” sobre el PSOE, sobre este asunto y otros más. Había comprobado, además, que ciertos sectores sociales que apoyaban a los socialistas, que una parte quizá de su electorado, se hallaban incómodos ante esa propuesta de reforma estatutaria, y que, incluso, estaban en contra.

Al PP no le bastó con presentar el recurso de inconstitucionalidad. Ahí nace el boicot comercial, las mesas de recogida de firmas por toda la geografía española, etc. Y por último, las maniobras diversas con las que lograron modificar la relación de fuerzas en el Tribunal Constitucional.

En realidad, aclara nuestro periodista catalán, la sentencia del Constitucional no es un hachazo frontal al Estatut, sino otros 50 años más de pleitos, puesto que una buena parte de los cambios están sujetos a posteriores interpretaciones. «Hecho todo, eso sí, con un tono muy desabrido» y farragosas disquisiciones sobre el concepto de nación aplicado a Cataluña (4).

Coincide todo ello con el declive del segundo Gobierno del tripartito (5) y con una situación muy compleja, no solo por lo sucedido con el Estatut. Aparece entonces la posibilidad, por parte de CiU, de restablecer su hegemonía. Convergència se pone al frente del disgusto popular, invirtiendo los términos de la situación que se daba en 2003-2004 y desbordando al partido socialista, que no tiene un discurso convincente para defender la sentencia o para defenderse a sí mismo: «hemos hecho todo lo posible».
CiU gana las elecciones de noviembre de 2010 con una mayoría no absoluta, pero fuerte (6), y en plena crisis.

Precisamente, una de las consecuencias de la crisis económica, que tiene relación con el asunto que tratamos, es que el Estado autonómico entra en estado de shock. Hecho que Juliana interpreta como resultado de la secuencia de pactos que se han hecho a lo largo de estos últimos años sobre el sistema autonómico (que lo prolijo de la historia le impide explicar con detenimiento). 

En un momento dado, al PP le interesó reforzar las autonomías porque interpretó que también era una manera de ir ganando espacios de poder. «Es la fase bávara de Aznar», resume Juliana, entre 1993 y 2000. Aznar entiende que eso le ayudará a completar la proyectada hegemonía del PP. En este contexto, a principios de los noventa, se producen los acuerdos entre Aznar y Almunia (7) para igualar por arriba el techo competencial de las autonomías. Se produce la transferencia “en peso” de la sanidad, y las autonomías pasan a ser las gestoras de las principales prestaciones del Estado social, exceptuando las pensiones. 

Y ocurre que la crisis –sigue explicando nuestro interlocutor– en los últimos tres años  ha provocado una disminución de los ingresos fiscales del orden de 70.000 millones de euros –el monto de disminución más grande de Occidente–, como consecuencia del desinchamiento de la burbuja, de la desaparición de la economía basada en el crédito y del consiguiente aumento de la economía sumergida entre la gente que se ve obligada a trabajar en negro para poder subsistir o para poder mantener un cierto nivel de ingresos.

¿Qué ocurre ahora en un Estado que está organizado sobre la base de que los colegios, las universidades, los hospitales, el conjunto del sistema sanitario y los servicios sociales… dependan de las comunidades autónomas, que a su vez se financian a través de un complejo sistema de participación en los distintos tramos de algunos impuestos estatales, la mayoría de ellos relacionados con las rentas del trabajo o del consumo, o bien de los impuestos propios relacionados con la actividad inmobiliaria ya desaparecida prácticamente?
Pues que entra en quiebra real, que ya no se recauda el dinero para pagar aquellos servicios que autonómicamente por ley han de prestarse a los ciudadanos, cuando a la par no pueden dejar de prestarlos porque se produciría lo que vaticina Juliana: un verdadero estallido social. En sus palabras, esto no se da en ningún otro país de Occidente.

Bien se puede decir, como conclusión, que esta situación en estos momentos es un “regalo de los dioses” para el Gobierno español. Ellos, que representan a una corriente que nunca, en el fondo, ha creído en la descentralización o ha creído poco o que, cuando lo ha hecho, ha sido por intereses electorales, se encuentran ahora con que el sistema de autonomías sufre un proceso creciente de deslegitimación popular porque los servicios más sensibles están en sus manos y, de momento, ya no se pueden prestar con la misma calidad, con la misma eficacia.

Pero esta deslegitimación se produce no solo como consecuencia objetiva de los hechos, sino que se alienta además con la labor de una serie de focos mediáticos que se encargan de remachar este sentimiento social, llegando incluso a presentar a la opinión pública la idea de que las causantes de la crisis española han sido las comunidades autónomas; «aunque ya vimos con el dinero de Bankia que no era exactamente así». 

El descrédito de las autonomías, con la aparición al desnudo de los excesos cometidos, de la dimensión de la redes clientelares, de las obras innecesarias, etc., en fin, del despilfarro, unido todo ello a la situación de quiebra del Estado, ha ofrecido la posibilidad de reaplicar en España los mecanismos de dominio de centro. Proceder por lo tanto, con un cierto apoyo social, a una reorganización del Estado autonómico, que no consistiría en una centralización a la brava o la desaparición de las autonomías, pero sí a una reconducción, a una reorganización: una recentralización efectiva, manteniendo la planta (o fachada) autonómica.

Pasa Juliana a analizar cómo se vive en Cataluña el contexto descrito. Como antes ya apuntaba y ahora quiere subrayar, Cataluña es un país con una tradición nacional, con una dialéctica política específica, que acaba de salir de la experiencia del Estatut, con unas clases medias movilizadas políticamente –no de ahora, sino desde hace ya unos años–. Ante una mala perspectiva y los primeros ajustes de los servicios tan fuertes que provocan mucha irritación, con fuertes movilizaciones de rechazo, más un discurso político muy alarmista sobre el futuro del país, reaparece con fuerza un movimiento de protesta que coincide con los preparativos de la Diada. La manifestación del 11-S no hubiese alcanzado la magnitud que tuvo si no se hubiese encontrado con esa reacción social. Meses antes podía haberse intuido.

Entre junio y julio, en Cataluña se realizaron una serie de manifestaciones en las capitales de comarca, en las ciudades intermedias, a las que asistió mucha gente que ya portaba el mismo lema. El 11-S, por lo tanto, fue una confluencia de toda esa movilización ciudadana con la participación añadida de una parte importante de la ciudadanía de Barcelona.

Existe la idea de que esto lo ha promovido CiU, y no ha sido así. CiU está ahí. Para este periodista responsable de La Vanguardia en Madrid, esto es un punto clave y este es el que más cuesta, a veces, explicar en esta capital. Sobre todo porque hay sectores de opinión en Madrid que no lo quieren entender, mejor dicho, no les conviene entender. La tendencia de los centros de poder es a considerar que todo lo que ocurre viene desde arriba, y, por lo tanto, en la medida en que las superestructuras chocan o pactan ante los conflictos, más o menos se sobrellevan. Lo que ocurre es que, en este caso, no se trata de un movimiento absolutamente dirigido desde arriba, aunque, evidentemente, hay una participación en él de los partidos. Es un movimiento que surge bastante desde abajo.  

CiU se encuentra, a finales de agosto, con una ola de una dimensión superior a la que podían haber imaginado, ante un curso complicadísimo. Entonces tomaron la decisión de ponerse delante de la ola para que nos les llevara por delante. Dicho así, podría interpretarse como una postura puramente instrumental. No, Convergència estaba dentro de una ola que cree que no se puede parar. La opción que toma es intentar integrarla políticamente y conducirla a un proceso electoral.

Es lo que hizo el presidente de la Generalitat al día siguiente del 11-S: asumir las líneas generales del mensaje de la manifestación, transformarlas en un discurso político y en programa electoral, tratar de ejercer el liderazgo de este proyecto de opinión para modularlo, pactar más tarde quizás… «Ya veremos, tras los resultados electorales», termina este analista de la España actual.    

Y cuando esto aparece con toda su contundencia ante los centros de poder españoles, se produce el “sicodrama” en el que en estos momentos estamos metidos. En distintos ámbitos cuyas proporciones exactas no se atreve Juliana a señalar, él ve, por un lado, perplejidad, incredulidad, irritación… Y por otro, un cabreo cósmico porque realmente es una situación que de alguna manera puede alterar de forma sustantiva algunas de las líneas maestras de la política española. «Puede», matiza.

De entrada, afecta al PSC, que cabe que obtenga un resultado muy malo en las elecciones del 25-N, y a la propia evolución incluso del PSOE, que, en el estado en el que se encuentra, probablemente sufra un impacto importante. Algo similar quizá suceda en el centro derecha.  

Sobre la intención de Mas, sobre su apuesta y sobre su personalidad se detiene Juliana. Él cree que seguirá adelante con determinación, aunque es consciente de que puede significar su muerte política.

Para explicar mejor esto, compara la actual situación con lo sucedido ante los planes de Ibarretxe en la década anterior (8). En su opinión, Ibarretxe hizo una jugada que se puede calificar de gabinete. Intentó promover una oferta política que atrajese hacia el PNV a una parte del voto de Batasuna que se abstenía en las elecciones vascas estando vigente la ley de partidos que impedía las candidaturas de la izquierda abertzale. Su propio partido aprobó ese “plan”, pero no con entusiasmo, más bien a la expectativa. Pero no funcionó. Y ahí acabó Ibarretxe.

Lo de Cataluña es distinto, afirma este agudo observador, la corriente tiene una componente de fondo muy importante. Y Mas está muy empeñado en jugar esa opción puesta en marcha. No cree, pues, que este movimiento pueda acabarse en una negociación de tres días. Lo que no quiere decir que no acabe derivando en algún tipo de pacto, pero el proceso será largo, complicado, tenso; y la prueba de la tensión son los términos en los que está discurriendo la campaña, una campaña en la que se está volcando el aparato de Estado.

De todas formas, hay que aclarar que esto se produce en un contexto social de tranquilidad en Cataluña. En su expresión, en cambio sí humean los medios de comunicación, unos más que otros, humean los nódulos del Estado, que se encuentra ante un problema no previsto posiblemente y en un contexto muy complicado. Y especialmente para los dirigentes políticos españoles, que tienen que afrontar, además, la erosión creciente de la credibilidad del sistema político, con expresiones y manifestaciones no vistas hasta ahora.
       
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(1) El Pacto del Tinel, tras las elecciones autonómicas de noviembre de 2003 que desalojaron a CiU de la Generalitat, incluía la formación de un Gobierno tripartito entre el PSC, ERC e ICV-EUiA y el compromiso de reformar el Estatut.
(2) En su segunda legislatura, Aznar no necesitó de acuerdos para gobernar al haber ganado las elecciones de 2000 por mayoría absoluta.
(3) Siguiendo los pasos institucionales establecidos: aprobación, primero, en el Parlamento catalán; después, en el Congreso de los Diputados, y, por último, en el debido referéndum en Cataluña.
(4) La sentencia del TC aceptando parte del recurso del PP lleva la fecha de 28 de junio de 2010.
(5) Nacido de las elecciones en 2003, con Pasqual Maragall como president, y renovado en  noviembre de 2006 con Montilla a la cabeza.
(6) CiU obtiene 62 escaños; el PSC, 28; ERC e ICV-EUiA, 10 cada uno; el PP, 18, y los siete restantes se los reparten Solidaritat Catalana per la Independència (Joan Laporta) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
(7) A la sazón, ministro para las Administraciones Públicas en el último Gobierno de Felipe González.
(8) El 27 de mayo de 2008 se inicia en el Parlamento vasco el debate de una ley vasca que permita convocar una consulta por medio de un referéndum en Euskadi; tras una petición de referéndum rechazada por el Gobierno socialista y el Congreso de los Diputados. La ley se aprueba en junio de 2008 y enseguida el Gobierno del PSOE pone un recurso al Tribunal Constitucional contra ella. El TC emite su fallo en septiembre de ese año declarando la inconstitucionalidad y la nulidad de esa ley. En las elecciones de 2009, con Ibarretxe de nuevo a la cabeza, gana las elecciones, pero no consigue una mayoría para gobernar y se hace con el poder el PSE con el apoyo del PP.

Otras consideraciones 

En la conversación con Enric Juliana surge el papel que desempeñan diferentes componentes (la lengua, la cuestión económica, etc.) en la reclamación soberanista. En lo que se refiere a la cuestión económica, asevera que España está configurada en estos momentos, en términos de reparto de esfuerzos fiscales, como «una suma de excepciones». Tras analizar algunas de ellas, se detiene en un caso también distinto, en el de Madrid. Caso que considera “angular” si se llegase a entrar en una discusión sobre este particular.

Recuerda que cuando se discutía la estructuración del Estado de las autonomías, daba la impresión de que nadie sabía qué hacer con Madrid, aunque él cree que realmente sí se sabía. Al final se decidió que fuese una comunidad uniprovincial. En opinión de Juliana se podía haber copiado lo hecho en algunos países federales: la capital ha pasado a ser un distrito federal que tiene funciones específicas, y en tanto que como capital tiene lo que se llama unos costes de capitalidad y, a su vez, unos beneficios de capitalidad. «Y no computa, no entra en el juego territorial, porque su situación es verdaderamente singular y porque su peso como capital le da más prestaciones, una funcionalidad…», añade.

En lugar de hacer esto, señala, la propia evolución sociopolítica y socioeconómica de la Comunidad de Madrid ha convertido a Madrid en el mascarón de proa del centro derecha español. No solo desde el punto de vista de los modelos de gestión económica y de gestión de los servicios públicos, como se está viendo ahora, sino incluso desde el punto de vista de la producción ideológica. «Con lo cual estamos en las antípodas de un modelo de distrito federal, que es un modelo que intenta establecer una cierta neutralidad política».

Que no quepa duda, advierte Juliana, de que la gente está dispuesta en Cataluña a pagar una cuota de solidaridad. Lo que quiere, simplemente, es una revisión del estatu quo español.

Desde su punto de vista, la reclamación fundamental de Cataluña giraría en torno a tres puntos, expresados de modo sencillo y conciso. Uno. Que se les deje en paz con la disputa de la lengua, que se dejen al margen los resentimientos, que se reconozca que somos una nación…«y así vivamos tranquilos». Dos. «Revisemos el Estatuto y el reparto de esfuerzos». Tres. Emprendamos, dice, un nuevo modelo económico. Habiendo fallado el modelo económico basado en la industria inmobiliaria, quizá habría que ir pensando en la posibilidad de una política económica que se incentivase más en la pequeña y mediana empresa. Toda la vertiente mediterránea ha tenido siempre una red de pequeñas y medianas empresas fuertes que pudiesen servir de motor del país.

Con un buen tratamiento de estas tres partes, Juliana cree que se podría crear un cierto escenario de posible pacto. O cuando menos, podría dejar en una situación minoritaria las posiciones más radicalizadas.

Une, después, esta conclusión sobre las reclamaciones catalanas con una reflexión sobre los cambios de identificación producidos en la sociedad en Cataluña. Para él han ocurrido dos cosas. Una, que al frente de las corrientes que reclaman la independencia se han situado las nuevas generaciones de la pequeña burguesía, pequeños empresarios, profesionales… Esta gente ha hecho una ideación: “Esto de la independencia no es un sueño, es posible; puede costar mucho, pero es posible. Además, Europa está en un proceso de reconfirmación; por lo tanto, no es una locura”. Y lo creen firmemente.

Y luego, continúa, ha pasado otra cosa: en 1977, en Cataluña, podríamos decir, para entendernos, que había un millón y medio de andaluces. No todos habían nacido en Andalucía, muchos sí, pero otros habían ya nacido en Cataluña. «Sin embargo, sentimentalmente, psicológicamente, digamos, estaban todavía más vinculados a su tierra de origen que a Cataluña». Treinta años después, en Cataluña no hay un millón y medio de andaluces; la mayor parte de este millón y medio de andaluces se sienten catalanes. Algunos de ellos están en la primera fila del independentismo, bien por razones sentimentales o por otros motivos. A veces por contraste con lo que ven. Y luego, evidentemente, queda un sector social que mantiene vínculos sentimentales fuertes con Andalucía y con otras regiones de España, pero que no tiene una actitud de hostilidad hacia Cataluña. O sea, no hay en estos momentos en Cataluña un segmento social fuerte que sea anticatalanista. Puede haber grupos, como el caso de Ciutadans, que pueden sacar 6 o 7 diputados sobre un total de 135.
Y luego está al Partido Popular en Cataluña –completa el cuadro Juliana– sobre el que no se atreve a afirmar que hoy sea estrictamente anticatalanista. Hay también un catalán-catalán, que dice: “No me quiero ir” o “Ni me lo quiero plantear”. Y ahí el porcentaje es mayor.

Y ello explica lo que en estos momentos sucede. Esta discusión que se plantea ahora, hace 15 años no se podría haber planteado –la realidad es que nadie la planteaba– porque hubiese provocado rupturas internas… Ahora hay discusiones situadas en el plano de la racionalidad política. Hay gente que se pregunta si ahora es el momento de plantear la secesión o si se plantea correctamente.  Pero no existe –afirma– una situación de escisión social y no la va a haber. «Yo diría que en estos momentos es básicamente un movimiento de opinión que tiene como vectores más activos, como he dicho, nuevas generaciones de este pequeño y mediano empresariado y profesionales. Este es el motor».