Pedro Vaquero
Recortes en Andalucía 2012: ¿eran inevitables?

Dice hoy la viñeta de El Roto que “los combustibles fósiles se acaban, en cambio ideas fósiles hay para rato”. En efecto, el gobierno de Rajoy sigue insistiendo en que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, y ahora le toca a la UE y al BCE echarle una manita a España. Se refieren Tanto Rajoy como Guindos a que las reformas y recortes que se le habían exigido a España se han culminado con la reforma financiera (que comprende además de dinero público, una auditoría por agentes independientes en la que el gobierno ha cedido soberanía implicando al BCE) y una voluntad de intervención de las autonomías que no reajusten su presupuesto para cumplir este año 2012 con el déficit público al 1’5%.

Ideas fósiles justo cuando haría falta medidas extraordinarias para crear riqueza y empleo, y volver a dar crédito a las empresas. Porque España sigue “con el agua al cuello” (título de una excelente novela policiaco-política del griego Petros Márkaris, por cierto), con el horizonte de los 6 millones de parados ya a la vuelta de la esquina, con una crisis bancaria desatada por el falseamiento de las cuentas en la Bankia de Rato y Esperanza Aguirre que le van a costar al erario público unos 15.000 millones de euros(espera de Guindos que no más), con una prima de riesgo que se eleva ya por encima de los 500 puntos, con una obligación de pagar 30.000 millones por los intereses de la deuda, con unos recortes que significan profesores despedidos, más alumnos por aula, menos becas, menos comedores escolares, unas tasas universitarias más caras, peor calidad en la educación y la universidad pública; una sanidad con menos profesionales atendiéndola, con hospitales y centros de salud o cerrados o privatizados, con el copago farmacéutico, sanitario y hospitalario, con unas intervenciones quirúrgicas excluidas de los servicios mínimos de la sanidad pública, y en definitiva con una sanidad pública más privatizada y de peor calidad; con unos salarios que de media se han recortado en un 6%; con unas pensiones contributivas más inaccesibles cada vez, y unas prestaciones por desempleo cuyo coste previsto en el presupuesto de Rajoy ha sido sobrepasado, y por tanto tiene en el aire su financiación; con una I+D+i recortada en un 40%, lo mismo que la inversión en infraestructuras; con una Grecia a punto de salir del euro y de arrastrar con ellos a España a la ruina de la intervención, el rescate y una devaluación mayor de nuestro nivel de vida, ya de por sí condenado a una reducción del 30% de media respecto de la situación anterior a la llegada de la crisis; etc. Crisis económica que empieza a traducirse en una crisis social de consecuencias imprevisibles.    

Ideas fósiles. Pues se piensa de forma cada vez más extendida entre los expertos de EE.UU., de la UE y de España que lo que hacen falta son estímulos a la economía productiva y no seguir por la vía del ajuste fiscal que lo único que engendra es cada vez más recesión, como ya se ha demostrado largamente durante estos últimos tres años. Porque los mercados no sólo no se fían de las cuentas de los bancos, sino de que España pueda hacer caja suficiente para pagar sus deudas, con esta política de desecación de sus fuentes de creación de riqueza. Así, el ajuste que en principio se hace desde el gobierno para dar confianza a los mercados, se convierte justamente en lo contrario, en la causa de esa desconfianza. 

Pero Hollande lo tiene crudo si piensa que va a convencer a Merkel de que abandone el dogmatismo del Pacto fiscal, que es su objetivo único y su mayor mérito político. Serán las elecciones alemanas, región a región, y las generales de aquí a algo más de un año, las que apeen a Merkel, si los alemanes quieren. Pero así y todo, ¿quién apea a los mercados de su egoísmo y miedo irracional? ¿La solución socialdemócrata? No creo en ella, pues los PS cuando están en el poder se pliegan a los dictados de los mercados. Hace falta una buena sacudida, una auténtica revolución popular para crear una hegemonía de los de abajo, y que los inversores que quieran hacer negocios se frenen en sus aspiraciones de acumulación de beneficios y dejen de jugar a la ruleta rusa del casino financiero.

Y mientras eso llega, ¿qué puede IU? En Extremadura ha dejado que gobierne el PP de Monago, y lo va a pagar caro. En Andalucía donde también era la llave, ha pactado un gobierno de coalición con un programa común y sus líneas rojas marcadas en no asumir los recortes en los servicios básicos de la sanidad, la educación, la dependencia, además de prever la aprobación de 28 leyes, un plan de empleo y otro de protección social, entre otras muchas medidas.

Pero ayer mismo la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, presentaba el mayor recorte que un gobierno autonómico haya podido hacer en toda la historia de Andalucía. La justificación de estos recortes de 2.500 millones de euros del presupuesto de 2012 es que se hace “por imperativo legal”. Es verdad que la recién aprobada ley de estabilidad presupuestaria obliga a las CC.AA. a cumplir con el objetivo del déficit del 1,5% del PIB en este ejercicio, bajo amenaza de intervención por parte del Estado en aquella o aquellas que incumplan. ¿Qué podía haber hecho IULVCA en ese cogobierno? ¿Negarse a cumplir la ley? No, hubiera sido pueril apearse de la responsabilidad de gobernar a las primeras de cambio, aunque en estas se tenga que recortar, y por tanto se deba asumir la contradicción de tragarnos todas las veces que hemos despotricado contra todo tipo de recortes, sin entrar en más consideraciones de su oportunidad o inoportunidad.     

Donde pueden estar más o menos justificadas las críticas son en cada uno de los recortes o de las  medidas en concreto. Ayer mismo tuve una ardorosa discusión con una amiga de toda la vida, votante de IU, que recogía las críticas de algunas otras votantes que no entendían y podían justificar cómo IULVCA había aprobado en el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía la bajada de sueldo de los 266.999 empleados públicos que perciben una nómina de la Junta de Andalucía. Veamos si mi amiga tiene razón o no:

1º) Ya hemos dicho que los recortes se hacen “por imperativo legal”, es decir, porque hay que cumplir una ley que ha aprobado la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados, para cumplir las directrices marcadas por la UE y el FMI. Pero el gobierno central podría tener una posición más beligerante contra las políticas de recorte, podría alinearse con Hollande, por ejemplo, y no hacerle el juego sucio a la oligarquía político-financiera que ahora gobierna Europa. Pero para eso el PP tendría que ser otro. Porque el problema es que tanto Rajoy como de Guindos se creen lo que dicen. Y así no hay solución posible. Luego la responsabilidad de los recortes en principio no están en el cogobierno andaluz, sino en el gobierno de Rajoy. Que no saque pecho Arenas, pues todo lo que diga será pura demagogia.

2º) Hay que explicar bien el conjunto de medidas adoptadas, pues la ignorancia hace a veces hablar más de la cuenta. Me decía mi amiga ayer que si no se podía haber subido más el IRPF para evitar tener que recortar los salarios de los empleados públicos. Pero es que eso ya se ha aprobado ayer mismo en el consejo de gobierno andaluz: en realidad el presupuesto andaluz de 2012 se recorta en 3.500 millones, de los cuales 1.000 se financian con una subida de la recaudación por la vía de una nueva reforma fiscal consistente en la adopción de varias medidas: aumentará en un punto la tarifa autonómica del IRPF para las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros (con lo que se conseguirá recaudar 25 millones más), después de que la última reforma fiscal de hace dos años subió ya dos puntos; además se va a multiplicar la tarifa actual del impuesto de Patrimonio (9 millones más de recaudación) y por dos el de venta de hidrocarburos (120 millones más), salvo el gasóleo agrícola; el IAJD (actos jurídicos documentados) pasará del 1,2%al 1,5% (100 millones más); también se aumentará la tasa fiscal sobre las máquinas tragaperras (16 millones más). En consecuencia no parece una reforma fiscal regresiva, sino más bien todo lo contrario, aunque sí sería cuestionable que se redunde en gravar más la venta de hidrocarburos, lo que puede encarecer el transporte y por tanto hacer subir el IPC, para mayor desgracia de quienes menores salarios tienen, pudiendo además contribuir en teoría a una pérdida de competitividad de los productos andaluces; aunque el incremento impositivo es tan reducido que dudo mucho que el impacto pueda ser de verdad lesivo para dicha competitividad.

3º) ¿Cabía acudir a la emisión de más deuda? Imposible. Prohibido por el gobierno central. El principal problema que atraviesan ahora las CC.AA. es de liquidez. Las emisiones de deuda de las comunidades para 2012 son de cerca de 33.000 millones de euros, de los cuales 17.000 tienen vencimiento de deuda, y los 16.000 millones restantes, son para financiar con deuda nueva el déficit previsto este año, un 1,5% del PIB de las comunidades. Pero Andalucía, al no ser de las CC.AA. más endeudadas relativamente hablando, no le llegará de esta cantidad más allá de lo previsto en el presupuesto de 2012 para amortizar deuda, e ir liberando las cuentas de la losa que le impide tener suficiente liquidez y credibilidad en los mercados (porque lo que es ahora, si no está avalada por el Estado, para Andalucía no hay suscripción de deuda que valga en el mercado).

4º) También decía mi amiga que se podían recortar otros gastos. Pero esto ya se ha aprobado también en el consejo de gobierno de ayer, 15-M: en gastos corrientes, se reducen un 50% la flota de vehículos de altos cargos, se limita el cobro de dietas, se elimina la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo de las empresas públicas, salvo la del presidente y los consejeros; y la partida en publicidad también se recorta un 50%.

5º) Desgraciadamente el gobierno andaluz ha tenido que congelar la inversión pública, por lo que no habrá obra nueva salvo en casos excepcionales. Esto no es una buena noticia, pues ello quiere decir que la consejería de fomento va a tener que restringir su acción prácticamente a mantener las carreteras que hay, y poco más. Lo cual reduce la aplicación de medidas anticíclicas, sobre todo en el castigado sector de la construcción. ¿Por qué se produce este recorte en inversiones? Porque el gobierno central incumple la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Andalucía que obliga al Estado a transferir en inversiones el equivalente a su peso poblacional (17’8%); el gobierno sin embargo le roba a Andalucía 1.504 millones, por lo que el presupuesto debe verse recortado. 

6º) El recorte de gastos es 2.500 millones de euros, 200 millones menos que el anunciado. Ello pese a que el gobierno central también va a transferir a Andalucía 800 millones menos para Dependencia, gratuidad de los libros de texto, políticas activas de empleo, etc. ¿Se debe recortar este gasto social? ¿O tendrá que salir el dinero que cubra esos gastos no cubiertos por las transferencias del Estado de otras partidas?

7º) No olvidemos que el capítulo I o de personal son más de 9.000 millones de euros del total de 29.500 en que va a quedar, y que la sanidad se lleva casi 10.0000 millones y la educación más universidades representan unos 7.700 millones. En las condiciones antes explicadas, ¿de dónde va a salir el recorte a que nos obligan Rajoy y Arenas? Del capítulo de personal. Pero esto se puede hacer de dos formas: o se recortan servicios sanitarios y educativos despidiendo a unos 30.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía, o hay que reducir una parte de los salarios. El dilema es claro, y la solución que el gobierno PSOE-IULVCA ha sido no tocar la calidad de los servicios sanitarios y educativos, pues es una de las líneas rojas del acuerdo programático, como tiene que ser. Luego no quedaba otro remedio que reducir las retribuciones de los empleados públicos, se mire por donde se mire.

8º) Hay que recalcar que se trata de evitar el repago sanitario, el cierre o privatización de centros sanitarios, el incremento de las ratios de alumnos por clase. Los sanitarios, los educadores y demás empleados públicos deben saber valorar esto, pues la sanidad y la educación públicas son salario diferido, patrimonio de todos, de ellos también. Me preguntaba mi discrepante amiga ayer que entonces, ¿cuál es la diferencia entre los recortes del PP y lo que ha hecho el gobierno donde participa IU? Pues precisamente eso: que en las CC.AA. gobernadas por el PP se está prescindiendo o despidiendo a miles de empleados públicos, se están privatizando hospitales, se aplica el copago (o repago), mientras que la presencia de IULVCA en el cogobierno va a evitar esa reducción del estado del bienestar, en la medida de lo que pueda.

9ª) También en el sector privado, en empresas como Seat, por ejemplo, se ha pactado entre los trabajadores y la empresa la reducción de salarios y/u horarios para evitar despidos. En el colectivo del personal de la Junta de Andalucía también es necesario ejercer este tipo de solidaridad entre los trabajadores; desde la izquierda no se puede entender afirmaciones como las que algunos mantienen de que “a los interinos que les despidan”.

10º) La medida más polémica consiste en suspender de forma temporal la percepción de los complementos que perciben hasta ahora. La eliminación de los pluses significará una reducción del salario de hasta un 6%, aunque la rebaja para los interinos será el doble, con reducción porcentualmente similar de su jornada laboral. También se disminuirán las horas extraordinarias.

11º) La reducción de salarios afectará al presidente de la Junta, a los consejeros y viceconsejeros que se bajarán el sueldo en un 5%, después de que en 2011 sufrieran un recorte del 15%, y desde hace dos años tuvieran el sueldo congelado. En cuanto a los cargos elegidos por el Parlamento, habrá que esperar a que la medida se apruebe por éste, pero la propuesta ya está hecha y es la misma.

12º) Una cuestión de formas: se tendría que haber convocado a la Mesa General de la Función Pública de Andalucía antes de adoptar la decisión en el consejo de gobierno. Porque las condiciones laborales y salariales hay que negociarlos. Posiblemente los sindicatos no hubieran estado de acuerdo en ningún caso. Pero en democracia las formas son muy importantes, y para IULVCA la democracia debe ser participativa, no sólo representativa. Es un error en el que no debería incurrir el gobierno de izquierdas de Andalucía.

Conclusión: ¿Eran inevitables estos recortes? Por imperativo legal, sí. ¿Se podrían haber hecho en otros conceptos? Siempre es posible rebuscar más partidas en las que recortar, pero quedaba muy poco margen si no se quería recortar la calidad de los servicios públicos de la sanidad y la educación. ¿Se podría haber hecho de otra forma? Sí, convocando antes a los sindicatos del sector de empleados públicos.

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Pedro Vaquero fue diputado autonómico andaluz por Izquierda Unida y secretario provincial de Comisiones Obreras de Granada.