Peio. M. Aierbe
Ciudadanos de segunda
(Hika, 187zka. 2007ko apirila)
Una cosa es predicar y otra repartir trigo, que dice el refrán. El año pasado surgió una noticia esperanzadora, al parecer, el PSOE e IU iban a plantear en el Senado el reconocimiento del derecho al voto en las elecciones municipales a las personas inmigrantes que viven y trabajan entre nosotros. Todo parecía muy lógico, dado que parece haber acuerdo en que difícilmente cabe hablar de integración si, al mismo tiempo, se excluye a esas mismas personas del ejercicio de los derechos políticos. Además, las encuestas de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, muestran que la mayoría de la población, un 60%, es partidaria de su reconocimiento. Y también son varios los países europeos que tienen reconocido ese derecho.
El debate que dicha propuesta impulsó en la opinión pública mostró que la cosa no iba más allá de una pose electoral. El PP ya había fijado su posición en las 100 propuestas sobre inmigración que hizo en octubre del año anterior, donde exigía que el reconocimiento del derecho se hiciera sobre la base de los acuerdos de reciprocidad. El PSOE, que había tenido una posición más ambigua, rápidamente coincidió con el planteamiento del PP. Por lo pronto, en sus 25 propuestas sobre inmigración, pasó de puntillas sobre esta cuestión, y, al poco, se sumó a la exigencia de reciprocidad. La vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, se encargó de dejar claro, a finales del verano pasado, que «ahora no toca».
El escollo se encuentra en que, para que dicho derecho sea reconocido, es preciso reformar la Constitución, dado que en su formulación se plantea que ha de atenderse al criterio de «reciprocidad». Esta modificación ya se abordó, sin necesidad de referéndum, en 1992 para extender el derecho de voto en las elecciones locales a los ciudadanos de la UE. Si realmente se estuviera a favor de extenderlo al resto de inmigrantes con residencia permanente en España, habría que hacer lo mismo. Todo lo demás, es pura palabrería. Basta recordar que, en los 28 años que lleva vigente la demanda de reciprocidad, tan solo se ha firmado un acuerdo, en dicho sentido, con Noruega. ¡Un acuerdo en 28 años! Y además, ¿se está pensando en penalizar a las miles de personas provenientes de países que no respetan los derechos humanos y con quienes es impensable llegar a acuerdos de ese tipo? Marruecos sería el ejemplo más claro, cercano y del que proviene una buena parte de la inmigración. Pero algo similar ocurre con el grueso de países de África, con China, con Cuba… Con lo que, encima, sería el Estado quien promovería situaciones de discriminación en función del origen nacional. Como se ve, todo un despropósito.
Así las cosas, nuevamente quedaba en manos del movimiento que trabaja con la inmigración, la reivindicación de dicho derecho. Ésta es una vieja reclamación. Hace ya dos legislaturas, por ejemplo, en numerosos ayuntamientos del País Vasco, se aprobaron mociones en este sentido, presentadas por SOS Racismo. Incluso el Parlamento de Gasteiz tuvo un pronunciamiento similar. Pues bien, nuevamente tocaba a las gentes que se mueven en este campo levantar dicha bandera. Las iniciativas son múltiples a lo largo de todo el Estado. En Andalucía, el impulso viene de una Plataforma con el lema Aquí vivo, aquí voto, y la Federación de asociaciones de SOS Racismo lo hace con el lema 1=1 Tod@s ciudadan@os. Ambos hicieron conjuntamente la presentación de dicha campaña el pasado mes de abril.
Una de las iniciativas que se ha llevado a cabo ha tenido lugar con motivo de la exposición pública de los censos electorales. Hemos visto en diversas ciudades cómo se han acercado a los ayuntamientos personas inmigrantes que llevan años empadronadas, con su permiso de residencia y de trabajo, que pagan sus impuestos, pero que no pueden votar y presentaron la correspondiente queja en los registros municipales. En lugares como Vitoria-Gasteiz se ha presentado una candidatura exclusivamente de mujeres inmigrantes. En varios puntos del Estado se han presentado mociones en los ayuntamientos, y hay en donde se plantea la cesión de voto para que, aunque sea de forma simbólica, algunos emigrantes puedan ejercer su derecho al voto. Menudean también las concentraciones en este sentido.
El centro de la reivindicación gira en separar ciudadanía y nacionalidad. Tradicionalmente ambos conceptos han venido ligados, de manera que la nacionalidad era la llave obligada para acceder a los derechos políticos. Ya el debate sobre el fallido tratado constitucional de la UE abrió también esta espita, permitiendo que se contemplaran derechos en base a la ciudadanía europea, sin entrar en contradicción con las distintas pertenencias nacionales, lo que permitiría hacer compatibles, en este terreno, las diferentes lealtades identitarias.
En Euskadi, los planes de inmigración aprobados por el Gobierno Vasco y los aprobados por los ayuntamientos revindican la ciudadanía inclusiva y la ciudadanía municipal. Además, dichos planes han contado con el apoyo de la totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria y municipal.
Claro está que también puede enredarse la cosa. Y si no, no hay más que mirar a la polémica suscitada recientemente en Catalunya por Convergencia I Unió en la que se planteaba la exigencia de otros requisitos, como un cierto conocimiento de la lengua catalana y una aceptación de los valores que conforman mayoritariamente la sociedad. Curiosamente, dichas exigencias nunca se han planteado para las decenas de miles de extranjeros comunitarios que viven, en particular, en las costas del sur del Estado español. De momento, la polémica no fue a más, y tampoco se ha reproducido por estos pagos, pero no cabe afirmar con rotundidad que vayamos a estar ausentes de la misma.