elpais.com, 20 de octubre de 2018.
Los migrantes en plena errancia deberían gozar de unos
derechos capaces de contrarrestar las leyes estatales.
En el Mediterráneo, la situación sigue llena de tensiones. Una catástrofe cotidiana,
parcialmente oculta. Unos Estados que instituyen o toleran unas prácticas aniquiladoras
que la historia considerará criminales. Y entre los dos, diversas iniciativas que encarnan
el esfuerzo de solidaridad de la sociedad civil: ciudades santuario, contrabandistas
humanitarios, barcos de rescate, con demasiada frecuencia obligados a luchar una
guerra de guerrillas contra la hostilidad de los poderes públicos. Esta situación no es
única en el mundo. Pero para nosotros, los ciudadanos de Europa, reviste un significado
y una urgencia especiales. Exige una revisión del derecho internacional, orientada hacia
el reconocimiento del asilo como un “derecho fundamental” que imponga obligaciones
a los Estados y que tenga una dimensión, como mínimo, equivalente a la de las grandes
proclamaciones de posguerra (1945, 1948, 1951). Por consiguiente, hay que hablar de
ello.
