Agustín Unzurrunzaga
La entrada de Rumania y Bulgaria en la Unión Europea
y el reconocimiento del derecho al voto
(Hika, 182-183zka. 2006eko, azaroa-abendua)
A partir del 1 de enero del año que viene, Rumania y Bulgaria formarán parte de la Unión Europea y, por tanto, los rumanos y las rumanas, los búlgaros y las búlgaras podrán desplazarse a otros países de la Unión libremente, como nosotros vamos a Francia o los alemanes vienen a España.
Pero esa libertad de desplazamiento no va a ser total; por lo menos durante un tiempo, probablemente y como mínimo dos años. Durante ese espacio de tiempo, si tienen una oferta de empleo, tendrán que solicitar un visado de trabajo, que tendrán que gestionarlo en Bucarest o en Sofía, para luego obtener una autorización de trabajo y residencia. Estarán, por tanto, sometidos a una moratoria, y serán menos europeos que el resto de los europeos.
A la vista de cómo fue la ampliación de la Unión de 15 a 25 estados, la que se hizo en mayo de 2004, entraba dentro de lo muy probable que a los nuevos socios, a Rumania y Bulgaria, se les aplicase por parte del Estado español la misma o parecida moratoria que se aplicó a los otros diez estados.
Pero en este caso hay un elemento nuevo, y es que la moratoria la han exigido los sindicatos CC.OO. y UGT antes de que el Gobierno dijese nada. Y eso, además de nuevo, es extremadamente preocupante.
Preocupante porque uno de esos sindicatos, CC.OO. en concreto, es la segunda vez que en un plazo corto de tiempo exige al Gobierno del Estado la aplicación de medidas de carácter restrictivo con la inmigración. Primero fue la exigencia de que se implantase la obligatoriedad de visado para los trabajadores y trabajadoras bolivianas y argentinas. Y, ahora, la exigencia de moratoria para Rumania y Bulgaria. A Bolivia se le implantará la obligatoriedad de visado a partir del 1 de abril de 2007.
Y preocupante, y mucho, porque indica que el principio de prioridad nacional, es decir, el principio de dividir a los trabajadores y las trabajadoras en función de su origen nacional, ha penetrado y forma parte del modo de pensar de los propios sindicatos, o por lo menos de los dirigentes que los representan.
Siempre había pensado, y lo sigo haciendo, que un principio de base del sindicalismo, de cualquier sindicato que se precie de defender los intereses de la clase obrera, de los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, es el de romper la competencia entre trabajadores, y que esa labor de eliminación de la competencia se hacía mediante la lucha sindical y mediante el esfuerzo por conseguir las reivindicaciones que les unen, sea cual fuere su origen nacional. Pedirle al Estado que discrimine a unos trabajadores a la vez que se le pide que defienda especialmente a otros porque estos son de un determinado origen nacional, de nacionalidad española en este caso, me parece una pésima manera de defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.
La xenofobia, con su componente de desconfianza y miedo ante otro, siempre ha estado presente entre los trabajadores. Y es muy probable que las grandes consignas sobre la fraternidad de los obreros hayan sido en bastantes ocasiones más mito que realidad. Y esta, desgraciadamente, parece una de ellas.
POR EL DERECHO A VOTAR DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EXTRACOMUNITARIAS: 1 = 1
Las campañas a favor del reconocimiento el derecho de voto en las elecciones municipales impulsadas por el movimiento asociativo ya se han puesto en marcha en diferentes puntos del Estado, exigiendo que se vaya más allá de los tratados de reciprocidad, que se modifique el artículo 13.2 de la Constitución, que en su redacción actual impide el reconocimiento de ese derecho. Y también se pondrán en marcha aquí, en la Comunidad Autónoma y Navarra.
Creo que es importante partir de la realidad que tenemos, de la posición crítica de lo actualmente existente. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque la inmigración extracomunitaria que actualmente vive aquí, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Navarra, en el conjunto del Estado, se ha construido, ha sufrido y sigue sufriendo con la política de inmigración y extranjería aplicada en los últimos veinte años. En segundo lugar, porque me parece que lo más realista es pensar que en el horizonte político inmediato y a medio plazo no se van a modificar las concepciones de fondo en las que esa política se ha asentado. En tercer lugar, porque sea cual sea la relación que tenga la Comunidad Autónoma del País Vasco con el Estado, quien gobierne, quien mande, va a querer decidir sobre quién entra, quién se queda, cómo se queda y con qué derechos, y quién se marcha. En cuarto lugar, porque sea cual fuere la forma que adquiera la institucionalización de la Comunidad Autónoma, quien o quienes gobiernen seguirán haciendo distinciones entre nacionales y extranjeros, pondrán trabas para que los denominados extranjeros accedan libremente al empleo y a la residencia, y se les seguirán escamoteando o se les aceptarán de forma limitada los derechos políticos. Francamente, más allá de lo ilusionante o desilusionante que a cada cual le resulte el panorama político actual, con proceso o sin proceso, no creo que vaya a haber grandes cambios que afecten a esta materia en lo tocante a la situación del Estado y, por otro lado, tampoco los veo en el espacio europeo en el que estamos insertos, y que condiciona aspectos de importancia en materia de inmigración. Más bien lo contrario.
Hoy, lo que tenemos encima de la mesa es, por un lado, la proposición no de ley de IU y PSOE, en la que se le instaba al Gobierno para que acelerase la firma de acuerdos de reciprocidad con otros países, actualmente paralizada, a partir de que María Teresa Fernández de la Vega dijese aquello de “ahora no toca”. De hecho, en el documento de 25 propuestas sobre medidas en materia de inmigración elaborado por el Gobierno no se menciona esta cuestión. En el documento de 100 propuestas sobre política de inmigración hecho por el PP el pasado 7 de octubre sí se menciona, en sus puntos 54, 55, 56 y 57, pero no va más allá de “propiciar la firma de convenios con terceros países, conforme recoge nuestra Constitución”. En definitiva que, hoy por hoy, los dos grandes partidos que en los últimos años se han alternado en el Gobierno del Estado han puesto la barrera en los acuerdos o convenios de reciprocidad.
Y contra esa barrera nos tenemos que enfrentar. En primer lugar, porque los convenios de reciprocidad dejarán fuera del reconocimiento del derecho a ser elector y elegible, del derecho al voto activo y pasivo en las elecciones municipales, a las personas que provienen de países con los que no se firmen esos acuerdos, y que son muchos, tales como el grueso de África, China, o Cuba. En segundo lugar, porque crean situaciones desigualdad en función del origen nacional de las personas. En tercer lugar, porque con ese sistema no se reconocen derechos políticos a las personas que provienen de países en los que tampoco los reconocen. En cuarto lugar, porque ese sistema tiende a crear comunidades desiguales, con derechos diferentes. Y, en quinto lugar, porque el derecho no se reconoce por el hecho de vivir aquí, de residir aquí, sino en función de unos acuerdos ajenos a su situación de residencia efectiva.
Por tanto, a la vista de los problemas que presentan los convenios de reciprocidad (que, por otro lado, desde que la Constitución entró en vigor hace ya veintiocho años era posible firmarlos, y que nunca se han suscrito, salvo con Noruega), creo que nos tenemos que fijar como objetivo la modificación del artículo 13.2 de la Constitución o, si se quiere, que sea modificada de nuevo, pues ya lo fue en el año 1992, primera y única reforma de la Constitución que se ha llevado a la práctica, para poder aplicar lo suscrito en el Tratado de Maastricht, y que las personas comunitarias pudiesen votar y ser elegidas en las elecciones municipales.
¿Hay mimbres para ello? Los hay para mostrar los límites y problemas que tiene lo que proponen el PSOE y el PP. Los hay para pegar un buen empujón al reconocimiento del derecho en las elecciones municipales, cuestión apoyada por un porcentaje mayoritario de la población estatal según los barómetros del CIS; los hay para exigir el reconocimiento de derechos políticos y mostrar los límites y problemas del actual marco normativo; los hay porque por los coloquios en los que van participando, partidos como el PNV, EA, EB y la izquierda abertzale apoyan esa reivindicación; los hay porque el grueso del movimiento asociativo lo reclama.
¿Es una reivindicación que interesa a los y las extranjeras extracomunitarias? Pues hay y habrá de todo. Es razonable pensar que alguien que esté en situación irregular no sea una de sus prioridades. Incluso puede no serlo para alguien que tenga un primer o un segundo permiso. Pero sí puede formar parte y forma ya parte de las preocupaciones de personas que tienen un cierto grado de estabilidad en su residencia y provienen de países en los que la celebración de elecciones tiene relevancia en el ámbito político. Estamos hablando del reconocimiento de un derecho, de formar parte de la comunidad política, aunque sea de forma limitada, de un derecho ligado al reconocimiento de la ciudadanía, de la con vecindad. El que para unos sea menos prioritario que para otros no quita importancia a su reclamación.
Si estar integrado en un sistema social implica adquirir interdependencia dentro del mismo y tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera de las personas con las que se interactúa socialmente, obligado es concluir que lo que tenemos actualmente es una muy mala integración, una integración sin derechos políticos y con una gran fragilidad sociolaboral. Y con eso hay que acabar, y cuanto antes, y trabajando en todos los terrenos. También en el de las reivindicaciones abiertamente políticas, en la reclamación de los derechos políticos.