Agustín Unzurrunzaga
El PSOE y la política de inmigración
(Hika, 155 zka. 2004ko maiatza)
El PSOE se presentó a las elecciones como el partido del cambio. Ganó las elecciones, ha formado un nuevo gobierno y, en principio, gobernará en los próximos cuatro años. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno con los temas de inmigración, discriminación, igualdad de derechos, racismo institucional, racismo social, xenofobia...? Lo avanzado por Zapatero en el debate para su investidura no permite aclarar las incógnitas. Ha planteado que se propone impulsar un pacto sobre la inmigración, idea repetida una y otra vez en los últimos cuatro años y nunca debidamente precisada; una política de control de flujos migratorios y una política de integración. Son cuestiones tan generales que no queda más remedio que esperar y ver qué forma van cogiendo.
Aunque el diseño de la política que vayan a llevar a cabo es todavía de trazo grueso, su trayectoria en los últimos años, lo que han dicho sus portavoces y representantes políticos estatales no da pie para mucha esperanza. Pero como el futuro no está escrito, probablemente sea más interesante ir avanzando nuestras reivindicaciones y opiniones, agrupando voluntades que las exijan y las lleven a la práctica.
El PSOE tiene que abordar la regularización de las miles de personas que actualmente se encuentran en España en situación administrativa irregular. No se sabe con exactitud cuántas personas son. La cifra que más comúnmente se baraja es de 853.000, que es la diferencia entre el número de personas extranjeras empadronadas y la cantidad de personas con permiso de residencia y trabajo en vigor a 31 de diciembre de 2003. Los responsables del Instituto Nacional de Estadística elevan esa cifra a un millón.
Sea cual fuere la cantidad que más se aproxima a la realidad, es la cantidad más grande de personas en situación irregular que nunca ha habido en el Estado español. Y aunque los cálculos sobre la irregularidad siempre tienen un carácter aproximado, los instrumentos actualmente disponibles, básicamente las cifras del padrón municipal, permiten acercarse mucho a la realidad.
El PSOE lleva varios años oponiéndose a que haya un proceso de regularización extraordinario que permita desatascar el enorme atasco que se ha creado, aunque en la discusión habida sobre la aprobación del Plan de Inmigración del Gobierno Vasco en el Parlamento de Gasteiz el pasado 2 de abril de 2004, sus representantes presentaron una enmienda, que no fue aceptada por el tripartito, en el sentido de solicitar al Gobierno central que favorezca la regularización de las personas que tengan trabajo. En principio, parece lógico pensar que una propuesta de esas características contaba con el visto bueno de la dirección del PSOE estatal aunque, a la vista de lo dicho y escrito por sus portavoces hasta hace todavía muy poco tiempo, la duda persiste.
El PSOE presentó en septiembre de 2002, en el Parlamento de Madrid, una proposición no de ley que, entre otras cosas, decía: “nada de lo anterior puede conducir a que el contingente o el régimen general se conviertan en vías de regularización de extranjeros que se encuentren en España de forma irregular, porque en ese caso se estaría renunciando al control de los flujos migratorios”. El pasado 14 de enero, Consuelo Rumí, responsable del PSOE para temas de inmigración, decía en El País: “La solución no vendrá de una respuesta simple. Es imprescindible articular diversas actuaciones. Un proceso extraordinario incondicional para legalizar a los irregulares es la expresión de un gran fracaso y un arma de doble filo, que genera una tendencia de atracción de nuevos inmigrantes en la confianza de que pasado un tiempo volverá a actuarse de igual modo”. En la encuesta hecha a los partidos políticos por parte de la Federación de Asociaciones de SOS Racismo para el Informe Anual sobre el racismo en el Estado Español, publicado en abril de 2004, Consuelo Rumí decía: “El recurso, una vez más, a un proceso extraordinario de regularización con carácter general presenta serios inconvenientes y no debería convertirse en una práctica habitual en tanto que viene a dar cuenta de que se ha fracasado en la ordenación regular de los flujos”
Es evidente que hay un fracaso previo, y no sólo de “la ordenación regular de los flujos”, que dice Consuelo Rumí. La formación de semejante bolsa de personas en situación irregular refleja un fracaso múltiple, que afecta a la propia manera en que los partidos que han gobernado en el Estado han concebido la política de inmigración y extranjería: hay un fracaso de la manera como se ha planteado la entrada en el país, de los mecanismos actualmente existentes para regularizar la situación de las personas, del sistema de cupo puro puesto en vigor en 2002, de la manera de abordar la tramitación de los permisos, de los plazos descabellados para su concesión, de la rigidez del sistema de arraigo, del funcionamiento y papel de los consulados, etc.
Todos preferiríamos que existiesen mecanismos sencillos y ágiles en la legislación ordinaria para obtener los permisos de trabajo y residencia y renovarlos. Ello posibilitaría que la bolsa de irregularidad fuese más pequeña y que los tránsitos de una situación de irregularidad a otra de regularidad fuesen ágiles. Pero la realidad no es esa. La realidad es que esos mecanismos funcionan muy mal. La realidad es que se ha creado una situación extraordinaria, con miles de personas en situación irregular, y creciendo, y que los mecanismos ordinarios de regularización actualmente existentes son incapaces de rebajar o absorber la bolsa de manera significativa. Hay que tener en cuenta que actualmente la tasa de irregularidad crece más rápido que la de regularidad.
Lo que viene proponiendo Consuelo Rumí nos lleva a un callejón sin salida. Ve sólo los problemas que tienen las regularizaciones extraordinarias y no es capaz de proponer otro tipo de alternativas. En el artículo del El País que he citado más arriba, en las cincuenta y una líneas que abarca su entrevista, es incapaz de formular una sola propuesta en positivo. En la contestación que da a la Federación de SOS Racismo, su única propuesta es la de activar el sistema de regularización por arraigo que hay en la legislación actual, lo que me parece muy poco serio y que es imposible que se lo crea ella misma. Consuelo Rumí sabe que el arraigo ha desaparecido de la Ley 14/2003, que expresamente lo remite a lo que diga el nuevo reglamento. Y sabe perfectamente que los dos sistemas de arraigo de la Ley 8/2000 (tres años de estancia, tener oferta de empleo y familiares de primer grado con permiso de residencia en vigor; o cinco años de estancia y contrato de trabajo con una cláusula que condiciona su entrada en vigor hasta la concesión de la autorización para trabajar) no han funcionado.
Si el PSOE quiere abordar con seriedad el problema, creo que no le queda más remedio que proponer alguna fórmula de regularización extraordinaria, cuyo contenido habrá que juzgarlo en su momento, si se decide a ello. Las cinco regularizaciones extraordinarias (1986, 1991, 1996, 2000 y 2001) habidas hasta ahora nos muestran que los resultados de las mismas pueden ser bastante diferentes. Aunque también podría optar por marear más la perdiz y enrocarse en la negativa. Espero que no lo haga.
Y si es consecuente con lo que Consuelo Rumí plantea, es decir, que la legislación ordinaria funcione tan bien que permita absorber la bolsa de irregularidad existente e impedir la creación de una nueva, me parece evidente que tendría que poner patas arriba la legislación actualmente en vigor y desdecirse del apoyo expreso que le han dado a la última reforma. Y eso no lo van a hacer. No creo que el pacto de estado sobre la inmigración que dice Zapatero vaya más lejos que el consenso político que se expresó en la elaboración de la Ley 4/2000.
Volviendo a las propuestas, sería necesario dar salida a la situación extraordinaria que se ha creado con una medida del mismo tipo. Hay que proceder a desatascar la situación mediante la puesta en marcha de un proceso de regularización extraordinario, y ello a pesar de los efectos llamada, de las perversidades que se dan en esos procesos y de la evidencia de que una parte de lo regularizado pasa a la irregularidad en el plazo de un año. Y digo a pesar de, pues todos los procesos de regularización que ha habido, el de 1986, 1991, 1996, 2000 y 2001 han permitido a miles de personas pasar a la regularidad, mantenerla y abordar procesos, tales como la regularización de sus cónyuges e hijos, las reagrupaciones familiares que han facilitado su asentamiento e integración social. Miles de procedimientos de reagrupación familiar o regularización de cónyuges e hijos iniciados en 2003 y 2004 tenían su origen en la regularización especial de 2000 y 2001. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Por otro lado, sería necesario proceder a una revisión en profundidad de los mecanismos ordinarios que permiten el desarrollo de esa bolsa, lo que en la práctica viene a significar una revisión en profundidad, un poner patas arriba la Ley de Extranjería y de la política de extranjería practicada en los últimos años y la actualmente existente: la política de visados, los sistemas de solicitud de los permisos y sus plazos, los procedimientos administrativos y dónde se toman las decisiones, el funcionamiento de los consulados y su papel, la política de contingentes, la chapuza que han hecho con los visados de búsqueda de empleo, el sistema de arraigo, la toma en consideración de las necesidades de los países emisores, el papel de las compañías de transporte y la consideración de toda persona extracomunitaria como irregular o delincuente potencial, la existencia de un sistema administrativo específico para extranjeros extracomunitarios peor y más gravoso que el ordinario, las condiciones de trabajo de los funcionarios y funcionarias de las dependencias de trabajo y negociados de extranjería, la revisión a fondo de todo el funcionamiento de la administración de extranjería (las colas en la calle, las instalaciones, el personal...), etc.
La primera es propuesta urgente, y la segunda fundamental. La duda es si el PSOE estará dispuesto a abordarlas, y hasta donde. Lo dicho y hecho hasta ahora no da pie para la esperanza. Pero eso sería siempre una parte de la cuestión. La otra, es el propio movimiento asociativo, su capacidad de presionar, de avanzar propuestas, de mostrar las cosas que no funcionan, de combatir los enormes prejuicios que tienen los políticos sobre estos temas, su deficiente voluntad democrática, su tendencia a confundir las consecuencias con las causas, su tendencia a no preguntarse cuáles son las consecuencias de lo que hacen y proponen.