Agustín Unzurrunzaga

¿Una política europea sobre inmigración?

(Hika, nº 134/135, 20002 ko ekaina/uztaila)

Las proposiciones hechas por el gobierno español en la Cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea celebrada en Sevilla los días 21 y 22 de junio, tienen poco que ver con una política global sobre inmigración. Son propuestas, prácticamente todas ellas, de control de la inmigración, de carácter policial, de índole represiva.
La Unión Europea tiene, en cifras redondas, unos 380 millones de habitantes, de los que 19 millones son inmigrantes, es decir, personas que viven en un Estado diferente al que nacieron o conservan la nacionalidad de un Estado diferente al que viven. Suponen un 5% de la población total. De esos 19 millones, 6 millones son personas que provienen de otros Estados de la Unión Europea: españoles que viven en Francia o en Alemania, ingleses o alemanes que viven en la Costa del Sol, etc. A esos 6 millones no se les aplican las normas de extranjería de cada país, sino los tratados de la Unión. Nos quedan, en consecuencia, 13 millones de extracomunitarios, un 3,5% de la población total, por más que la distribución espacial sea bastante desigual. En términos comparativos, es una población inmigrante bastante inferior a la que hay en los Estados Unidos de América, donde alcanza el 6,6% de su población.
En el nº 133 de hika, decía Iñaki Uribarri que temía que el «...futuro de la construcción de la UE entre por derroteros cada vez más conservadores y reaccionarios». En lo que hace a las políticas migratorias, esa es, hoy por hoy, y todo indica que también a plazo medio, la tónica dominante.
La comunitarización de las políticas de inmigración, que abarcaría aspectos tales como la política de visados y las condiciones de admisión, la residencia legal, las reagrupaciones familiares, los derechos cívicos, sociales y políticos de los y las inmigrantes en situación regular, la política de asilo y la lucha contra la inmigración irregular, se tiene que acabar, en principio, de aquí a 2004, en aplicación de lo establecido en el Tratado de Amsterdan de 1999.
Los dirigentes de la Unión Europea son conscientes, tal y como se desprende de las discusiones y lo aprobado en la Cumbre de Tampere, que las políticas de inmigración cero puestas en marcha a mediados de la década de los setenta, después de la primera gran crisis del petróleo, han resultado un fracaso o son insostenibles. El problema es que una cosa es llegar a esa conclusión en negativo, y otra bien diferente expresar en positivo por dónde podrían ir o convendría que fuesen las políticas migratorias en un mundo cada vez más globalizado.
En los últimos tres años se venía oscilando entre reconocer, con importantes límites, el carácter imparable, estructural de los procesos migratorios en curso, y cerrar Europa a cal y canto. Hoy, esas oscilaciones se han decantado, aunque persistan contradicciones, por cerrar Europa. Predominan las propuestas defensivas, las que dan prioridad a la policía, al cierre, al recorte de derechos.
Las propuestas formuladas por el Sr. Rajoy en representación del gobierno español en la reunión preparatoria de la Cumbre de Sevilla celebrada en Luxemburgo el 13 de junio son una buena muestra de ello: crear equipos de investigación contra redes dedicadas al tráfico de seres humanos; sistemas para localizar barcos en zonas de riesgo; operaciones conjuntas para controlar fronteras marítimas y barcos sospechosos; unidades conjuntas de vigilancia marítima, agentes de enlace en países de los que salen inmigrantes clandestinos; sistemas de alerta para detectar buques; mayor presencia de Europol en la recogida de datos y análisis... Y, como culminación de todo ello, la creación de una policía europea de fronteras, de aquí a 2007.
Además de lo que se propone, están las cuestiones que cada Estado por separado, o conjuntamente con otros, viene adoptando desde hace varios meses, creando dinámicas de hecho, que se acumulan, y van diseñando el futuro. Así, junto a lo arriba señalado, tenemos operaciones como la llevada a cabo el pasado 22 de noviembre (la primera operación de este tipo se llevó en junio) entre las policías de Francia, Bélgica, Holanda y Alemania para controlar los trenes de alta velocidad. Se controlaron 33 trenes, se interpeló a 5.000 personas y fueron detenidas 60 personas por problemas con sus papeles, de las que 19 recibieron diligencias de salida obligatoria.
Entre el 21 de abril y el 21 de mayo de este año se ha llevado una operación conjunta de las policías de los quince Estados miembros de la Unión más las de Noruega, Polonia, Hungría, Bulgaria y Lituania, para controlar 25 aeropuertos. Se le denominó operación RIO (Risk Inmigration Operation), fue coordinada por Europol y dio como resultado la detención de 4.597 personas, 3.774 de las cuales (455 de origen chino, 314 ecuatorianas, 303 angoleñas, 187 brasileñas, 140 nigerianas, 135 senegalesas...) fueron obligadas a volver a sus países. También se impusieron 543 sanciones a las compañías aéreas en las que habían embarcado los y las inmigrantes en situación irregular.
Y, para culminar el elenco de propuestas, tenemos la creación de un fichero central con las huellas de los peticionarios de asilo en cualquier estado de la Unión, que estará operativo para el 2003; el control de las solicitudes de visados de estancia, de manera que la denegación de un visado de entrada por un Estado miembro obligue al resto a denegar; la publicación del Libro Verde sobre expulsiones, devoluciones en frontera y retorno de inmigrantes. Y, como guinda, la propuesta avanzada por el Gobierno español que, apoyada por Gran Bretaña, Italia y Dinamarca, (Suecia y Francia tienen reservas) plantea recortar las ayudas a la cooperación al desarrollo si los países de emigración no controlan las salidas de emigrantes al gusto de los europeos.
Esta última propuesta es un buen ejemplo del grado de hipocresía y amoralidad al que llegan muchos de los gobernantes de la Unión Europea. Se proponen recortar las ayudas a los países más pobres, al mismo tiempo que los estados ricos del planeta han hecho fracasar la Conferencia de la FAO, cuando se ha constatado en esa Conferencia el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos por los países más ricos, cuando todavía millones de personas sufren hambre y malnutrición crónica. Por otro lado, ¿se acuerdan los gobernantes europeos que hace todavía no muchos años proponían sanciones para la extinta Unión Soviética porque ese país no respetaba el derecho a salir de sus ciudadanos y ciudadanas? ¿Por qué querer huir de la pobreza, del malestar político crónico, de futuros inciertos, tiene que ser sancionado?

LAS MEDIDAS QUE YA ESTÁN ADOPTANDO LOS ESTADOS.
- Junto a las propuestas de futuro para el conjunto de la Unión, tenemos las medidas que ya están adoptando una buena parte de los Estados, medidas que refuerzan y hacen más grande la ola represiva y el recorte de derechos.
Así, el gobierno británico propone crear un documento de identidad especial para los solicitantes de asilo, en un país donde no existe documento de identidad para el conjunto de la ciudadanía. También propone, contra muchas evidencias de índole política y pedagógica, que los hijos e hijas de refugiados no se incorporen cuanto antes a la escuela normalizada, sino después de haber pasado seis meses en los centros para refugiados.
El Gobierno italiano propone tomar las huellas digitales a la totalidad de los y las inmigrantes residentes en Italia, estén o no en situación irregular, sean o no originarios de la Unión Europea. Es una medida que ha levantado una gran polémica, dado que las huellas digitales no le son tomadas al conjunto de la ciudadanía, solamente se toman a personas que han cometido delitos. Tal vez a nosotros nos resulte extraña esta polémica, acostumbrados como estamos, después de varias décadas de franquismo, a que nos tomen las huellas cuando sacamos el DNI, por más que el actual documento tenga la huella digitalizada. Pero ello más bien mostraría que nuestras vivencias democráticas son, desgraciadamente, de ayer a la mañana, y que, en el terreno de los derechos individuales, son poco profundas. También hay que señalar que aquí, a la totalidad de los y las inmigrantes, desde que entró en vigor la Ley de Extranjería, allá por el 85, se les toman las huellas al tramitar el permiso de residencia.
El nuevo gobierno danés acaba de aprobar, el pasado 31 de mayo, un conjunto de medidas que recortan derechos. Se ponen mayores trabas para agrupar a las familias, haciendo que el o la reagrupante deba disponer de una cuenta bancaria mínima de 7.000 euros, al tiempo que se limita la reagrupación de los ascendientes, padres o madres, a la edad máxima de 60 años. Se hará más difícil obtener la nacionalidad, al tiempo que se eliminan causas por las que antes se podía pedir asilo, tales como la deserción de un ejército. Se fija una edad mínima de 24 años para poder casarse entre extranjeros residentes así como entre daneses y extranjeros. Se amplía el plazo para obtener el permiso de residencia permanente, que de tres pasa a siete. Se aprueban medidas de repatriación de refugiados una vez finalizados los conflictos que dieron origen al refugio, con los gravísimos problemas que suele haber para volver a países destrozados por las guerras.
Y aquí, el Sr. Aznar nos viene anunciando desde hace más de un mes su intención de recortar el derecho a la reagrupación familiar de los hijos, rebajando la edad máxima para ser reagrupable de 18 a 16 años. También proponen la eliminación de la regularización por arraigo, después de una estancia continuada en el país de cinco años. En lo de la reagrupación familiar, llueve sobre mojado. La ley 8/2000, en vigor desde enero de 2001, ya recortó derechos en materia de reagrupación presentes en la ley 4/2000. Confirma, una vez más, que la familia de los y las inmigrantes no es igual que la de los autóctonos. Los inmigrantes no tienen ascendientes y sus hijos parece que dejarán de serlo a partir de los 16 años. ¿Nos imaginamos nosotros y nosotras, autóctonos, teniendo que cortar la relación con los hijos a los 16 años? Nos parecería una bestialidad. Pero lo que es una bestialidad para nosotros, también lo es para los y las inmigrantes.

LA ELABORACIÓN DE UN DISCURSO REPRESIVO.
Para justificar las medidas que recortan derechos y amplían las posibilidades de control policial, los gobiernos de los estados de la Unión Europea han ido elaborando un discurso que las justifique, que pueda ser aceptado y apoyado por amplias capas de la población.
Un día sí y otro también nos hablan de la necesidad de combatir a las mafias, a las redes de transporte de inmigrantes. Pero nunca vemos a los gobernantes hacerse y contestar a unas cuantas preguntas elementales: ¿por qué nacen y se desarrollan esas redes? ¿Qué función cumplen? ¿Tienen algo que ver con las políticas de inmigración implantadas por los estados europeos? Ruud Lubbers, alto comisionado de la ONU para los refugiados, antiguo primer ministro de Holanda, se preguntaba el pasado 12 de diciembre, en la intervención que hizo en Ginebra ante 143 jefes de Gobierno: «¿Quién alimenta el crimen? ¿Los refugiados que huyen de sus países o los estados que rehuyen sus responsabilidades?».
Es evidente que los estados de la Unión Europea tienen una norme responsabilidad, que sus políticas restrictivas, contrarias al espíritu y la letra de la Declaración General de los Derechos Humanos, sus políticas de denegación sistemática de visados están en el origen y son la causa fundamental del nacimiento, consolidación y desarrollo de las redes clandestinas de transporte de inmigrantes. Miles de refugiados y de inmigrantes están abocados, tal y como a la hora de escribir estas notas deja patente el informe hecho público por el sociólogo Smain Laacher sobre el centro de refugiados de Sangatte en Francia, junto al eurotúnel que va a Inglaterra, a recurrir a esos sistemas, porque es materialmente imposible salir de Afganistán, de Kurdistán y de otros muchos países atravesados por graves conflictos de otra manera. Porque es materialmente imposible acceder a una embajada o consulado europeo, solicitar un visado y que lo den.
Se está construyendo un discurso catastrofista, demagógico, teñido de tremendismo, que alimenta en amplias capas de la población inseguridades y miedos irracionales. Se habla de invasión, de avalanchas, se identifica inmigración con delincuencia. Hay una enorme irresponsabilidad, una utilización electoralista del tema de la inmigración, sin ningún reparo en utilizar frases gruesas, que refuerzan el racismo social, terreno en el que la extrema derecha se mueve a sus anchas. El combate contra la extrema derecha no se puede hacer cogiendo sus banderas y sus eslóganes, so pena de convertirse en lo que ellos son. Como con sensatez planteaba la delegación sueca en la reunión de ministros de Interior del 13 de junio, preparatoria de la de Sevilla, «no conviene que el calendario y las prioridades nos las marque la extrema derecha».
Tampoco es de recibo el discurso instrumental sobre la inmigración, que la concibe exclusivamente como mano de obra barata, para cubrir necesidades puntuales del mercado de trabajo o, coyunturalmente, como instrumento de reposición demográfica.
Es necesario sacar la cabeza por encima de esta ola conservadora que nos aplasta. Reclamar el derecho a que las personas extranjeras sean incorporadas en la Carta Europea de Derechos Fundamentales como titulares de derechos. Garantizar la libre circulación de las personas extranjeras por todos los países de la Unión, incluyendo el derecho a residir y trabajar, en igualdad de condiciones que los ciudadanos comunitarios. Elaborar un modelo común de acceso a la nacionalidad, fundamentado en el derecho de suelo. Sería necesario poner en primer plano la elaboración de políticas sociales de largo alcance que permitan establecer una buena correspondencia entre los grados de integración y de asimilación cultural y los grados de integración social.
La perspectiva tiene que ser la igualdad de derechos, la no exclusión de millones de personas de la ciudadanía completa, el reconocimiento del derecho al sufragio activo y pasivo. Es necesario poner fin a los recortes que se están dando en todos los países de la Unión Europea en materia de asilo y aplicar lo establecido en la Convención de Ginebra con espíritu abierto, solidario, incorporando las nuevas realidades que requieren protección expresa.