Agustín Unzurrunzaga

Inmigración: ¿Proceso transitorio
de normalización individualizada?
(Hika, 159 zka. 2004ko urria)

Después de la comparecencia parlamentaria del 13 de septiembre y de la rueda de prensa del día 14 dada por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y por la secretaria de Estado para Inmigración y Emigración, seguimos sin saber con exactitud qué quiere hacer el Gobierno en el plazo corto, en el plazo previo a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería^*, en qué condiciones se va a llevar a cabo lo que los representantes del Gobierno denominaron “proceso transitorio de normalización individualizada” de inmigrantes en situación irregular, eso que comúnmente solemos llamar regularización.

Juntando lo que se decía en las diversas reseñas de prensa (ejercicio necesario, dado que no todos los periódicos, aunque se supone que los periodistas estuvieron en la misma rueda de prensa, decían lo mismo), nos daría más o menos lo que sigue:

* Que el proceso se hará en un tiempo corto, probablemente un mes.

* Que habrá que acreditar que se estaba en el país antes del 21-12-03.

* Que será necesario demostrar que se tiene una relación laboral fehaciente, lo que implicaría, para su acreditación, la comparecencia o autodenuncia del empleador, dado que, de forma expresa, se dice que disponer de una oferta de empleo no será suficiente.

* Que el empleador abone las cotizaciones atrasadas según la antigüedad de esa relación.

* Que se formalizar un contrato de trabajo de por lo menos un año.

Esas condiciones no son definitivas, podrían ser otras en función de las negociaciones que el Gobierno dice que va llevar adelante con diversos agentes sociales, con lo que seguimos instalados en la incógnita.

¿Serviría un procedimiento de esas características, con las condiciones arriba transcritas, para regularizar la situación de un número significativo de personas en situación irregular, acabar con su angustia y colmar sus esperanzas de poder vivir con normalidad? Creo que no. Digo más, creo que el Gobierno, de forma expresa, no busca ese objetivo. Y creo que no es una simple anécdota que no quieran ni utilizar el nombre regularización, pues indica que ellos quieren hacer algo distinto, mucho más limitado.

La regularización de los y las inmigrantes, o sea vaciar de manera sensible, en un número significativo, de varios cientos de miles la bolsa de irregularidad actualmente existente, estimada entre 800.000 y 1.000.000 personas, hace años que dejó de ser un objetivo prioritario del PSOE. Fue un objetivo bastante claro en la regularización del 91, pero no lo fue en la del 96. Y no lo es en los últimos años, si nos atenemos a lo una y otra vez repetido, por activa y por pasiva, por la actual Secretaria de Estado para Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.

Su política de inmigración se sustenta en otros parámetros y en otras obsesiones, tales como ligar estrechamente la inmigración a las supuestas y exclusivas necesidades de nuestro mercado de trabajo, o poner en primer plano la lucha contra la inmigración ilegal considerándola como el resultado exclusivo de unas malvadas mafias internacionales. Y en lo que hace a las regularizaciones, considerar que son un terreno abonado para el fraude, que esa es una de sus características principales y que no son, por tanto, un buen sistema y no hay que ponerlas en marcha.

Y son esas ideas de fondo y esas obsesiones, ampliamente compartidas por los partidos de derecha, las que le impiden plantearse unos objetivos medianamente claros en el corto plazo (regularización o normalización) y en el medio plazo (reglamento, ley de extranjería, plan de integración). La política de inmigración que viene defendiendo el PSOE es enormemente unilateral, muy poco realista, alejada de las necesidades y situación concreta de la gente, desconsiderada con los diversos y fuertes factores que intervienen en los procesos migratorios. Es una política que no sirve para dar salida a esa situación de irregularidad cronificada que padecemos, y que tampoco acaba de abordar los problemas y necesidades de los sectores regularizados, tales como el acceso a los derechos políticos o su integración social.

En lo más concreto e inmediato, un proceso con las características arriba transcritas deja la última palabra en manos de los empleadores, sobre todo si se exige el pago de cotizaciones atrasadas. Cualquiera que trabaja diariamente con temas de inmigración sabe que hasta el pago de las tasas por expedición de los permisos son discutidos y racaneados por los y las empresarias. Mucho me temo que va a haber muchos casos en los que no comparezcan y que, en una buena parte de los que lo hagan, lo que paguen recaerá por una u otra vía en las espaldas de los propios trabajadores.

Y es que las relaciones laborales creadas al amparo de la Ley de Extranjería, las basadas en la irregularidad, y también las basadas en la regularidad, son enormemente viciadas, con un entresijo de intereses mutuos y objetivos que van más allá de lo laboral (juntarse con el cónyuge y tener una vida de familia, traer a los hijos, poder renovar los permisos) que no se dan en otras relaciones laborales.