Agustín Unzurrunzaga

Agustín Unzurrunzaga

El cupo de inmigrantes para 2002 y lo previsible
para 2003. El bloqueo persiste
(Hika, nº 137, noviembre de 2002)

Que el cupo de inmigrantes para el 2002 ha sido un fracaso es una evidencia por todos compartida. Que iba a ser un fracaso lo dijimos hace muchos meses, en estas mismas páginas, y lo denunciamos públicamente el mes de mayo en rueda de prensa ofrecida en Donostia por representantes de varias asociaciones de solidaridad (SOS Racismo, Cáritas, Médicus Mundi). A finales del mes de septiembre, fecha en la que se suponía tenía que estar cubierto, se constata que solamente el 19% de los algo más de diez mil puestos de carácter estable lo han sido. Pero esto, a lo que se le ha dado gran relevancia en la prensa de ámbito estatal y ha sido airadamente criticado por el principal partido de la oposición, con ser grave, no es, a mi juicio, lo peor, su consecuencia más desastrosa.

Lo más desastroso de este cupo ha sido el bloqueo del régimen general. Es ésta, y por mucho, su peor consecuencia. Es el bloqueo lo que ha dejado en la irregularidad a miles de inmigrantes, a miles de personas que encontrándose en España y teniendo ofertas de empleo firmes no han podido solicitar los oportunos permisos de trabajo y residencia; a muchísimas más que todo lo que el cupo suponía en el año 2002, 32.079 entre puestos estables y temporales. Y es este bloqueo, querido y buscado por el Partido Popular, el que ha contado y cuenta con el apoyo explícito del PSOE, de CiU y, con matices, de los dos grandes sindicatos estatales. Y este es el problema de fondo, directamente relacionado con la manera de concebir y pensar las migraciones en este tiempo globalizado, y que conforma uno de los núcleos duros de las leyes y las políticas de extranjería.

Es evidente que en el fracaso del contingente para 2002 han intervenido muchos factores, tales como la prepotencia del Gobierno del PP al establecer las cantidades y las distribuciones en estables y de temporada y las asignaciones hechas a las provincias; el procedimiento de solicitud genérica, no nominal, que los propios técnicos del INEM decían por activa y por pasiva que desde el punto de vista de gestión de la mano de obra no tenía ni pies ni cabeza; al horroroso funcionamiento de las embajadas y consulados, que son un desastre cotidiano, capaces de retrasar nueve y diez meses las gestión de un simple visado de reagrupación familiar, incapaces de transformarse en instrumentos de colocación y gestión de mano de obra. Pero, con ser todo esto cierto, y grave, si nos limitamos a situar nuestras críticas en el interior del funcionamiento del sistema del cupo, tal y como éste está pensado y concebido por el Partido Popular y el PSOE (también por CiU y, en parte, por las dos grandes centrales sindicales estatales), creo que cometeríamos un grave error.

El gran fracaso del contingente de 2002, lo que ha tenido gravísimas consecuencias para miles de inmigrantes, para miles de personas de carne y hueso, ha sido el hecho de convertir en política migratoria la idea de que el cupo es el único sistema, el gran procedimiento que tienen los y las inmigrantes para entrar en el país e incorporarse al mercado de trabajo. En definitiva, lo que desde hace meses venimos criticando las organizaciones de solidaridad con relación al cupo de 2002, lo que denominamos bloqueo del régimen general o la práctica imposibilidad de solicitar permisos de trabajo y residencia desde el 14 de enero de 2002 en adelante. Esa idea, la del cupo puro (imposibilidad de contratar a personas que están ya en España) y el bloqueo del régimen general o su marginalización de facto al limitarlo a los supuestos específicos, el Gobierno pretende convertirla en uno de los núcleos duros de la política de extranjería, junto con la política de visados y el sistema sancionador y de expulsiones.

El cupo, digan lo que digan algunos catedráticos de Derecho Constitucional, no es una buena técnica, en principio (1), o un modelo difícilmente objetable desde el punto de vista teórico (2). El cupo, entendido como único o casi único sistema de entrada al país para incorporarse al mercado de trabajo y, a su vez, como sistema de control de flujos, es mucho más que una técnica; es una política y una manera es concebir al inmigrante, a nuestra relación con ese inmigrante y a la inmigración relacionada con el trabajo. Y en los parámetros actuales, una mala política y una mala manera de concebir al inmigrante. Por otro lado, el cupo tiene ya, por lo que hace al Estado español, once años de historia, y el sistema de cupos, en lo que hace a migraciones internacionales, más de cien años. Por tanto, hay mucha práctica acumulada para hacer balances, para ir bastante más lejos y bajar de la estratosfera de la teoría y de la técnica en abstracto, a la práctica diaria y a sus consecuencias en personas de carne y hueso.

Tanto la experiencia española como la internacional nos muestran que el cupo concebido como único o muy fundamental sistema regulador de la entrada en el país para trabajar con contrato en origen y garantía laborales, es un mito, una ficción. Los Estados Unidos de América lo entendieron muy bien desde el principio y, mucho menos cínicos que los europeos, lo relacionaron tangencialmente con el trabajo; lo relacionaron fundamentalmente con la población, con el tipo de población que querían incorporar e influir sobre su composición, lo que, dicho sea de paso, tampoco es una maravilla.

El problema de fondo con el que se encuentra toda política que se basa en un sistema de cupo puro, y que concibe a éste como la manera exclusiva o casi exclusiva de incorporar inmigrantes al mercado de trabajo, es que ni una buena parte de las migraciones internacionales ni una buena parte del mercado de trabajo interno, en una economía cada vez más globalizada, funcionan de esa manera. Ese sistema hace deliberadamente abstracción del funcionamiento real de una buena parte de las migraciones, del por qué se emigra, del cuándo se emigra y del cómo se emigra. Y, desde el punto de vista de la economía, va justo en la dirección opuesta a cómo funciona una parte grande del mercado de trabajo interno.

En una reunión mantenida el 19 de octubre de 2001, cuando se estaba discutiendo el cupo para 2002, con el Director de Trabajo y Seguridad Social de la Subdelegación de Gobierno de Guipúzcoa, Sr. Lizuain, le planteamos el problema muy práctico de que si la media de tiempo en resolver las peticiones de permiso de trabajo tardaban en esa época más de siete meses, había una evidente disfunción entre el funcionamiento real del mercado de trabajo, el sistema de contratos de trabajo y el funcionamiento de la administración. Nos contestó que si un empresario quiere contratar mano de obra extranjera tiene que hacer previsiones a más de seis meses vista.

El problema es que eso no funciona en la sociedad real en la que vivimos, y que entra en contradicción con una de las características más relevantes de la configuración real de la globalización, lo que los economistas y sociólogos designan como un nuevo sistema de competencia económica, en el que lo que se mueve desafía a lo que no se mueve, donde los rápidos, los que actúan con gran capacidad de adaptación a los cambios, acaparan el espacio de los lentos.

Hacer que todas esas contradicciones entren por el embudo del cupo, concebido como lo hace el gobierno y el principal partido de la oposición, supone ejercer una gran violencia contra los y las inmigrantes que ya están aquí y que van a seguir viniendo, obligándoles a regularizarse por la vía del arraigo (quien pueda hacerlo) o por la estancia de cinco años en situación irregular (el que lo resista y no sea interpelado o detenido por la policía en ese período). Supone también reforzar las disposiciones y el aparato para expulsarlos, aspecto este último que anuncia ya para los Presupuestos del Estado para 2003 el Delegado del Gobierno para Extranjería, Ignacio González, que dispondrá de más 8 millones de euros para expulsiones de inmigrantes, 186% más que año anterior.

PROPUESTAS PARA EL FUTURO INMEDIATO.
El Partido Popular: La comparecencia parlamentaria de Ignacio González del pasado 1 de octubre nos proporciona una buena pista. Además de mostrar la prepotencia con la que actúan los representantes de ese partido, fue uno de esos ejercicios de si te he visto no me acuerdo. Sin dar cifras precisas y diciendo vaguedades, para el Delegado del Gobierno estamos en el mejor de los mundos. Parece claro, visto lo visto, que, al margen de correcciones técnicas, que habrá que analizarlas cuando las hagan, van a seguir por la misma senda que en 2002, tanto para lo que queda de año como para el año que viene: cupo puro y bloqueo del régimen general.

El PSOE: En el fondo, su postura es semejante a la del Partido Popular, algo más matizada y con envoltura de celofán. Donde el PP dice que a los inmigrantes hay que obligarles por las buenas o por las malas a cumplir sus leyes, el PSOE hace un discurso florido sobre el papel pedagógico que para los inmigrantes tiene que tener el sistema del cupo. Uno es el policía bruto y, el otro, el que con cara de bueno te joroba igual. Su proposición no de ley sobre reforma urgente del contingente 2002 de trabajadores extranjeros, presentada el 24 de septiembre de 2002, es, a mi juicio, en cuanto al fondo, indignante. Junto a críticas sensatas sobre el funcionamiento del cupo nada originales, por otro lado, dado el tamaño de la chapuza hecha por el PP , dice que “el régimen general... podría constituir un complemento adecuado para dar satisfacción a las necesidades del mercado laboral... Nada de lo anterior puede conducir a que el contingente o el régimen general se conviertan en vías de regularización de extranjeros que se encuentren en España de forma irregular, porque en ese caso se estaría renunciando al control de los flujos migratorios”. En el punto 4§ de su Proposición vuelven a insistir en la misma idea, “que los trabajadores a los que se dirigen las ofertas nominativas no se hallan ni residen en España”.

En resumen, los dos partidos comparten la misma posición de fondo: el sistema de entrada en el país y de control de flujos es el cupo; el contingente es puro, es decir, solo cabe la contratación en origen; negativa a conceder permisos de trabajo a ningún inmigrante que esté en España, aunque tenga oferta de trabajo firme y pueda incorporarse al mercado de trabajo; expulsión por estancia irregular de las personas que están aquí. La diferencia estriba en que, mientras el PP bloquea el régimen general, incluido en su modalidad de contratación en origen, el PSOE, con el límite de contratación en origen, lo consideraría complementario del cupo.

Los grandes partidos estatales, los partidos que se juegan la alternancia en el gobierno de Madrid, comparten muchos elementos de fondo sobre la política de extranjería, tanto en el plano ideológico (principio de prioridad nacional, la inmigración concebida en su dimensión de mano de obra para trabajar en los sectores precarizados de la economía), como en el plano de la política práctica (prioridad al sistema de contingentes, contratación exclusiva en origen, bloqueo o subsidiaridad del régimen general), aunque discutan sobre tal o cual aspecto técnico. Sin quitar importancia a esos aspectos sobre los que discuten, pues afectan a personas concretas y pueden favorecer que algunas cosas se hagan mejor, creo que no debemos renunciar a platear los problemas de fondo, tendencia que empieza a estar presente en algunos intelectuales que escriben sobre estos temas, abrumados por lo que tienen enfrente y porque lo que viene de otras partes de Europa no es mucho mejor, y a plantear soluciones diferentes, que las hay, y son perfectamente posibles.

Las organizaciones de solidaridad las vienen planteando desde hace tiempo: desde la puesta en vigor de un visado de búsqueda de empleo que facilite el acceso de las personas extranjeras a un trabajo regular; el derecho a acceder a un permiso único de residencia con derecho al trabajo, de forma automática y sin necesidad de volver al país de origen para tramitar el visado; la tramitación ágil y sin demoras del permiso de trabajo, con la aceptación del alta provisional en la Tesorería de la Seguridad Social desde el momento de la presentación del expediente, que se convertiría en definitiva al obtener la tarjeta de residencia; la eliminación del requisito de la certificación negativa del INEM, posibilitando el acceso a cualquier sector del mercado de trabajo, lo que conllevaría romper con la concepción utilitarista de la inmigración, como recurso para mantener sectores abandonados por los trabajadores nacionales.
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NOTAS

1. Ver artículo de Eliseo Aja, El País, 10-10-02
2. Comentarios a la Ley de Extranjería, 2ª edición, Editorial Lex Nova.



*Agustín Unzurrunzaga* El cupo de inmigrantes para 2002 y lo previsible para 2003. El bloqueo persiste (Hika, nº 137, noviembre de 2002) Que el cupo de inmigrantes para el 2002 ha sido un fracaso es una evidencia por todos compartida. Que iba a ser un fracaso lo dijimos hace muchos meses, en estas mismas páginas, y lo denunciamos públicamente el mes de mayo en rueda de prensa ofrecida en Donostia por representantes de varias asociaciones de solidaridad (SOS Racismo, Cáritas, Médicus Mundi). A finales del mes de septiembre, fecha en la que se suponía tenía que estar cubierto, se constata que solamente el 19% de los algo más de diez mil puestos de carácter estable lo han sido. Pero esto, a lo que se le ha dado gran relevancia en la prensa de ámbito estatal y ha sido airadamente criticado por el principal partido de la oposición, con ser grave, no es, a mi juicio, lo peor, su consecuencia más desastrosa. Lo más desastroso de este cupo ha sido el bloqueo del régimen general. Es ésta, y por mucho, su peor consecuencia. Es el bloqueo lo que ha dejado en la irregularidad a miles de inmigrantes, a miles de personas que encontrándose en España y teniendo ofertas de empleo firmes no han podido solicitar los oportunos permisos de trabajo y residencia; a muchísimas más que todo lo que el cupo suponía en el año 2002, 32.079 entre puestos estables y temporales. Y es este bloqueo, querido y buscado por el Partido Popular, el que ha contado y cuenta con el apoyo explícito del PSOE, de CiU y, con matices, de los dos grandes sindicatos estatales. Y este es el problema de fondo, directamente relacionado con la manera de concebir y pensar las migraciones en este tiempo globalizado, y que conforma uno de los núcleos duros de las leyes y las políticas de extranjería. Es evidente que en el fracaso del contingente para 2002 han intervenido muchos factores, tales como la prepotencia del Gobierno del PP al establecer las cantidades y las distribuciones en estables y de temporada y las asignaciones hechas a las provincias; el procedimiento de solicitud genérica, no nominal, que los propios técnicos del INEM decían por activa y por pasiva que desde el punto de vista de gestión de la mano de obra no tenía ni pies ni cabeza; al horroroso funcionamiento de las embajadas y consulados, que son un desastre cotidiano, capaces de retrasar nueve y diez meses las gestión de un simple visado de reagrupación familiar, incapaces de transformarse en instrumentos de colocación y gestión de mano de obra. Pero, con ser todo esto cierto, y grave, si nos limitamos a situar nuestras críticas en el interior del funcionamiento del sistema del cupo, tal y como éste está pensado y concebido por el Partido Popular y el PSOE (también por CiU y, en parte, por las dos grandes centrales sindicales estatales), creo que cometeríamos un grave error. El gran fracaso del contingente de 2002, lo que ha tenido gravísimas consecuencias para miles de inmigrantes, para miles de personas de carne y hueso, ha sido el hecho de convertir en política migratoria la idea de que el cupo es el único sistema, el gran procedimiento que tienen los y las inmigrantes para entrar en el país e incorporarse al mercado de trabajo. En definitiva, lo que desde hace meses venimos criticando las organizaciones de solidaridad con relación al cupo de 2002, lo que denominamos bloqueo del régimen general o la práctica imposibilidad de solicitar permisos de trabajo y residencia desde el 14 de enero de 2002 en adelante. Esa idea, la del cupo puro (imposibilidad de contratar a personas que están ya en España) y el bloqueo del régimen general o su marginalización de facto al limitarlo a los supuestos específicos, el Gobierno pretende convertirla en uno de los núcleos duros de la política de extranjería, junto con la política de visados y el sistema sancionador y de expulsiones. El cupo, digan lo que digan algunos catedráticos de Derecho Constitucional, no es una buena técnica, en principio (1), o un modelo difícilmente objetable desde el punto de vista teórico (2). El cupo, entendido como único o casi único sistema de entrada al país para incorporarse al mercado de trabajo y, a su vez, como sistema de control de flujos, es mucho más que una técnica; es una política y una manera es concebir al inmigrante, a nuestra relación con ese inmigrante y a la inmigración relacionada con el trabajo. Y en los parámetros actuales, una mala política y una mala manera de concebir al inmigrante. Por otro lado, el cupo tiene ya, por lo que hace al Estado español, once años de historia, y el sistema de cupos, en lo que hace a migraciones internacionales, más de cien años. Por tanto, hay mucha práctica acumulada para hacer balances, para ir bastante más lejos y bajar de la estratosfera de la teoría y de la técnica en abstracto, a la práctica diaria y a sus consecuencias en personas de carne y hueso. Tanto la experiencia española como la internacional nos muestran que el cupo concebido como único o muy fundamental sistema regulador de la entrada en el país para trabajar con contrato en origen y garantía laborales, es un mito, una ficción. Los Estados Unidos de América lo entendieron muy bien desde el principio y, mucho menos cínicos que los europeos, lo relacionaron tangencialmente con el trabajo; lo relacionaron fundamentalmente con la población, con el tipo de población que querían incorporar e influir sobre su composición, lo que, dicho sea de paso, tampoco es una maravilla. El problema de fondo con el que se encuentra toda política que se basa en un sistema de cupo puro, y que concibe a éste como la manera exclusiva o casi exclusiva de incorporar inmigrantes al mercado de trabajo, es que ni una buena parte de las migraciones internacionales ni una buena parte del mercado de trabajo interno, en una economía cada vez más globalizada, funcionan de esa manera. Ese sistema hace deliberadamente abstracción del funcionamiento real de una buena parte de las migraciones, del por qué se emigra, del cuándo se emigra y del cómo se emigra. Y, desde el punto de vista de la economía, va justo en la dirección opuesta a cómo funciona una parte grande del mercado de trabajo interno. En una reunión mantenida el 19 de octubre de 2001, cuando se estaba discutiendo el cupo para 2002, con el Director de Trabajo y Seguridad Social de la Subdelegación de Gobierno de Guipúzcoa, Sr. Lizuain, le planteamos el problema muy práctico de que si la media de tiempo en resolver las peticiones de permiso de trabajo tardaban en esa época más de siete meses, había una evidente disfunción entre el funcionamiento real del mercado de trabajo, el sistema de contratos de trabajo y el funcionamiento de la administración. Nos contestó que si un empresario quiere contratar mano de obra extranjera tiene que hacer previsiones a más de seis meses vista. El problema es que eso no funciona en la sociedad real en la que vivimos, y que entra en contradicción con una de las características más relevantes de la configuración real de la globalización, lo que los economistas y sociólogos designan como un nuevo sistema de competencia económica, en el que lo que se mueve desafía a lo que no se mueve, donde los rápidos, los que actúan con gran capacidad de adaptación a los cambios, acaparan el espacio de los lentos. Hacer que todas esas contradicciones entren por el embudo del cupo, concebido como lo hace el gobierno y el principal partido de la oposición, supone ejercer una gran violencia contra los y las inmigrantes que ya están aquí y que van a seguir viniendo, obligándoles a regularizarse por la vía del arraigo (quien pueda hacerlo) o por la estancia de cinco años en situación irregular (el que lo resista y no sea interpelado o detenido por la policía en ese período). Supone también reforzar las disposiciones y el aparato para expulsarlos, aspecto este último que anuncia ya para los Presupuestos del Estado para 2003 el Delegado del Gobierno para Extranjería, Ignacio González, que dispondrá de más 8 millones de euros para expulsiones de inmigrantes, 186% más que año anterior. PROPUESTAS PARA EL FUTURO INMEDIATO. El Partido Popular: La comparecencia parlamentaria de Ignacio González del pasado 1 de octubre nos proporciona una buena pista. Además de mostrar la prepotencia con la que actúan los representantes de ese partido, fue uno de esos ejercicios de si te he visto no me acuerdo. Sin dar cifras precisas y diciendo vaguedades, para el Delegado del Gobierno estamos en el mejor de los mundos. Parece claro, visto lo visto, que, al margen de correcciones técnicas, que habrá que analizarlas cuando las hagan, van a seguir por la misma senda que en 2002, tanto para lo que queda de año como para el año que viene: cupo puro y bloqueo del régimen general. El PSOE: En el fondo, su postura es semejante a la del Partido Popular, algo más matizada y con envoltura de celofán. Donde el PP dice que a los inmigrantes hay que obligarles por las buenas o por las malas a cumplir sus leyes, el PSOE hace un discurso florido sobre el papel pedagógico que para los inmigrantes tiene que tener el sistema del cupo. Uno es el policía bruto y, el otro, el que con cara de bueno te joroba igual. Su proposición no de ley sobre reforma urgente del contingente 2002 de trabajadores extranjeros, presentada el 24 de septiembre de 2002, es, a mi juicio, en cuanto al fondo, indignante. Junto a críticas sensatas sobre el funcionamiento del cupo nada originales, por otro lado, dado el tamaño de la chapuza hecha por el PP , dice que “el régimen general... podría constituir un complemento adecuado para dar satisfacción a las necesidades del mercado laboral... Nada de lo anterior puede conducir a que el contingente o el régimen general se conviertan en vías de regularización de extranjeros que se encuentren en España de forma irregular, porque en ese caso se estaría renunciando al control de los flujos migratorios”. En el punto 4§ de su Proposición vuelven a insistir en la misma idea, “que los trabajadores a los que se dirigen las ofertas nominativas no se hallan ni residen en España”. En resumen, los dos partidos comparten la misma posición de fondo: el sistema de entrada en el país y de control de flujos es el cupo; el contingente es puro, es decir, solo cabe la contratación en origen; negativa a conceder permisos de trabajo a ningún inmigrante que esté en España, aunque tenga oferta de trabajo firme y pueda incorporarse al mercado de trabajo; expulsión por estancia irregular de las personas que están aquí. La diferencia estriba en que, mientras el PP bloquea el régimen general, incluido en su modalidad de contratación en origen, el PSOE, con el límite de contratación en origen, lo consideraría complementario del cupo. Los grandes partidos estatales, los partidos que se juegan la alternancia en el gobierno de Madrid, comparten muchos elementos de fondo sobre la política de extranjería, tanto en el plano ideológico (principio de prioridad nacional, la inmigración concebida en su dimensión de mano de obra para trabajar en los sectores precarizados de la economía), como en el plano de la política práctica (prioridad al sistema de contingentes, contratación exclusiva en origen, bloqueo o subsidiaridad del régimen general), aunque discutan sobre tal o cual aspecto técnico. Sin quitar importancia a esos aspectos sobre los que discuten, pues afectan a personas concretas y pueden favorecer que algunas cosas se hagan mejor, creo que no debemos renunciar a platear los problemas de fondo, tendencia que empieza a estar presente en algunos intelectuales que escriben sobre estos temas, abrumados por lo que tienen enfrente y porque lo que viene de otras partes de Europa no es mucho mejor, y a plantear soluciones diferentes, que las hay, y son perfectamente posibles. Las organizaciones de solidaridad las vienen planteando desde hace tiempo: desde la puesta en vigor de un visado de búsqueda de empleo que facilite el acceso de las personas extranjeras a un trabajo regular; el derecho a acceder a un permiso único de residencia con derecho al trabajo, de forma automática y sin necesidad de volver al país de origen para tramitar el visado; la tramitación ágil y sin demoras del permiso de trabajo, con la aceptación del alta provisional en la Tesorería de la Seguridad Social desde el momento de la presentación del expediente, que se convertiría en definitiva al obtener la tarjeta de residencia; la eliminación del requisito de la certificación negativa del INEM, posibilitando el acceso a cualquier sector del mercado de trabajo, lo que conllevaría romper con la concepción utilitarista de la inmigración, como recurso para mantener sectores abandonados por los trabajadores nacionales. __________________ NOTAS 1. Ver artículo de Eliseo Aja, El País, 10-10-02 2. Comentarios a la Ley de Extranjería, 2ª edición, Editorial Lex Nova.
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