¿Una actitud responsable?
(Hika, 148 zka. 2003ko urria)
El pasado 2 de octubre se votaron en el Congreso de los Diputados las enmiendas al dictamen del proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Extranjería. El dictamen, el texto de la ley que pasará al senado, contó con 254 votos, los de los diputados y diputadas del Partido Popular, del PSOE y de Coalición Canaria; en contra votaron 14 (PNV, EA, BNG, Iniciativa per Catalunya, ERC y Chunta Aragonesista) , y se abstuvieron 12.
Esta reforma, impulsada por el Partido Popular y cuyo objetivo es endurecer la ley actualmente en vigor (sobre el contenido e la reforma, ver hika 146) para evitar, según palabras de Aznar, "que España estalle", ha contado con el acuerdo expreso del PSOE. El acuerdo se materializó al aceptar el PP 20 de las 24 enmiendas presentadas por el PSOE y llegar a un acuerdo transaccional sobre las cuatro restantes.
Ese apoyo dado a la reforma de la ley ha sido presentado por el PSOE como un ejercicio de responsabilidad o, como decía su portavoz en el Congreso, Consuelo Rumí: "la sociedad española ha encontrado a los socialistas una vez más en el terreno de la responsabilidad".
Las veinticuatro enmiendas presentadas por el PSOE no modificaban ninguno de los elementos de fondo de esta reforma. Es más, están hechas sobre la base de la aceptación del fondo y el objetivo de la reforma. Ninguna de sus enmiendas modifica sustancialmente esas cuestiones: el reforzamiento del control de las entradas y las exigencias a las compañías de transporte, con los evidentes y específicos peligros que ello tiene en materia de asilo; el acceso prácticamente sin límites de la policía a los datos de los padrones municipales, con sus consecuencias sobre los derechos sociales de quienes se encuentren en situación irregular; el cerrar las puertas a la regularización de los y las inmigrantes que se encuentran en el país, contribuyendo a no dar una salida digna a las 500.000-600.000 personas que se encuentran actualmente en esa situación; el reforzamiento del sistema de sanciones y expulsiones; la creación de normas específicas para inmigrantes dentro de la ley de procedimiento administrativo, ampliando las inadmisiones a trámite y forzando su presencia directa.
¿Apoyar todo lo anterior es un ejercicio de responsabilidad? ¿Responsabilidad con qué, con quien, para qué? Lo que ha hecho el Partido Socialista no es producto de la responsabilidad, sino de la asunción de las ideas de fondo que el Partido Popular baraja en materia de inmigración. El PSOE ha hecho suya la idea de que el número de extranjeros extracomunitarios residentes es grande, así como que es grande el número de los apuntados en el desempleo o son preceptores de prestaciones sociales. Ha hecho suya la idea de que es necesario incrementar el control de las entradas, postulándose como más eficaz para hacerlo. Se ha hecho el abanderado de impedir la regularización o del establecimiento de canales de regularización para las miles de personas que se encuentran en esa situación, presionando al Gobierno para que no ceda. Lo mismo que el PP, el PSOE nunca se pregunta por los motivos primeros, la propia política de visados, y enfila sus cañones contra las redes clandestinas de transporte de inmigrantes; ¿o acaso piensa que no hay relación entre una y otra? Ha interiorizado la idea de que la inmigración es algo funcional al mercado de trabajo, que los y las inmigrantes son fundamental, si no exclusivamente, mano de obra de usar y tirar.
El problema es que en cuestiones de fondo, de mucho peso, el PSOE, el equipo que dirige ese partido y marca su política ante los grandes temas, piensa de manera casi idéntica al PP. Y ese acuerdo es lo que posibilitó todo lo demás, incluso las flores que la señora Muñoz Oriol, portavoz del Partido Popular, le echó a Consuelo Rumí, portavoz del PSOE, en la sesión de discusión del dictamen.
Para Consuelo Rumí, "la lucha contra la irregularidad no es patrimonio de ningún sector político sino que representa una pieza esencial de cualquier política de inmigración, con independencia de quien tenga la responsabilidad de gobernar" Ahora bien, el hecho de que quien tenga que gobernar, pongamos por caso el PSOE, tenga que afrontar un problema, no implica que lo tenga que hacer de la misma manera que lo hace el PP; ¿o sí? Creo que esa manera abstracta de plantear una cuestión, de borrar las diferencias, o de plantearlas en el terreno de la eficacia, sin decir cómo quiere afrontar ese problema o como va a ser más eficaz, es una buena muestra de lo dicho más arriba.
Ni el visado de búsqueda de empleo (un visado pasado por agua, sujeto a la normativa del contingente), ni las precisiones en materia de reagrupación familiar o consecución de permisos independientes en casos de violencia doméstica; ni las precisiones en materia de prestaciones derivadas de una relación laboral con un inmigrante irregular o la creación de un Consejo Superior de Política de Inmigración o un Observatorio sobre Racismo y Xenofobia, modifican lo dicho más arriba. Sin quitarles un ápice de su valor a esas correcciones o adiciones, en el conjunto de esta reforma son parches, retoques, cuestiones que, una vez asumido el fondo de lo que el PP proponía, nada le costaba a ese partido aceptar.
Lo ocurrido con esta reforma es grave, y es previsible que tenga importantes consecuencias negativas. Se endurece una ley con un gran consenso político, lo que hará más difícil el trabajo de denuncia del movimiento asociativo que, ese sí, y en su práctica totalidad, se ha mostrado radicalmente en contra.