Agustín
Unzurrunzaga
Un nuevo sistema de expulsiones se pone en marcha
(Hika, 169zka. 2005ko iraila)
El pasado cuatro de julio se celebró en Evian, Francia, la reunión
informal del G5 que reúne a los Ministros de Interior de Francia,
Italia, Alemania, España y Reino Unido. Entre otras cosas, en
esa reunión se tomó la decisión, a propuesta del
Ministro del Interior del Gobierno español, de poner en marcha
un nuevo sistema de expulsiones de inmigrantes en situación irregular,
consistente en agrupar en un mismo avión a los expulsables de
una misma nacionalidad detenidos en cualquiera de los cinco estados,
con el objetivo de abaratar los costos de los procedimientos de expulsión.
El primer agrupamiento y la consiguiente expulsión se ha efectuado
el pasado 26 de julio desde el aeropuerto de Roissy en París.
En el avión, con destino Kabul, viajaron inmigrantes afganos detenidos
en Gran Bretaña y Francia, una parte de los cuales, cuando menos,
era solicitante de asilo.
Los ministerios de Interior del G5 se han convertido en una mutualidad
expulsadora. Les importa cada vez menos la situación de las personas
concretas o el respeto de la Convención de Ginebra de 1951 sobre
asilo y refugio, convirtiéndose el abaratamiento de costes y los
réditos políticos que de esas operaciones espectaculares
esperan sacar algunos políticos, como el ministro del Interior
francés Nicolás Sarkozi, en el elemento que determina la
toma de decisiones. ¿Qué garantías puede ofrecer
en estos momentos un país en guerra como Afganistán, de
que esas personas van a ser acogidas y tratadas adecuadamente y sus derechos
respetados?
Constatamos una y otra vez que en materia de control y represión
de las personas inmigrantes, los representantes políticos de los
diferentes estados que componen la Unión Europea se ponen de acuerdo
infinitamente más rápido que en todo aquello que suponga
reconocimiento y garantía de derechos.
Hoy, la Unión Europea no tiene una política de inmigración
y extranjería común que merezca tal nombre. A esa conclusión
llegaba el Parlamento Europeo en la Resolución que hizo pública
el pasado 9 de junio, sobre los vínculos entre la migración
legal e ilegal y la integración de los inmigrantes:
• Considera que la política de inmigración de la Unión
Europea tiene que adoptar un enfoque global y no sectorial, basado no solamente
en las exigencias del mercado laboral de los Estados miembros sino sobre todo
en políticas de acogida e integración, así como en la
definición de un estatuto claro y de derechos de ciudadanía,
sociales y políticos para los inmigrantes en toda la Unión
Europea.
• Lamenta que el Consejo, cinco años después del Consejo
de Tampere, y a pesar de las numerosas deliberaciones del Parlamento Europeo,
no haya logrado definir una política común de inmigración
y haya decidido mantener la unanimidad y el procedimiento de consulta en todo
el sector de la inmigración legal.
Según el Tratado de Ámsterdam, de mayo de 1999, la comunitarización
de las política de inmigración y extranjería, abarcando
seis grandes bloques (condiciones de entrada de inmigrantes, normativa
para los permisos de residencia, reagrupación familiar, derechos
de los y las inmigrantes con permiso de residencia, lucha contra la inmigración
clandestina, asilo político) debería estar acabada en mayo
de 2004. Un año después, y cuando pronto se cumplirán
seis años de la Cumbre de Tampere (noviembre de 1999), es el propio
Parlamento Europeo quien constata que de eso nada: no se ha logrado definir
una política común, no hay política común
de acogida e integración, no hay estatuto claro de derechos de
ciudadanía ni de derechos sociales y políticos, no hay
política común de asilo.
Pero aunque no haya lo anterior, ni tiene pinta de que lo vaya a haber
en un futuro más o menos cercano, sí hay una política
común, una política de hechos consumados, marcada por los
ministros de Interior de una parte de la Unión, que a su vez repercute
y marca el camino al conjunto de la Unión. Y esa es la política
de incrementar el control, de restringir y seleccionar las entradas,
de restringir el marco de derechos, de reducir un fenómeno complejo
a un asunto de mafias malvadas o, en el mejor de los casos, reforzando
el punto de vista y el carácter instrumental de la misma, tanto
en su vertiente de mano de obra barata y explotable como en su vertiente
de reposición demográfica, de criminalizar la estancia
irregular, etc.
El Tratado de Ámsterdam, en lo que hace a las políticas
de inmigración ha pasado a la historia. Y otro tanto le está ocurriendo
a la Cumbre de Tampere. No parece que las cosas vayan por el lado de
la comunitarización de las políticas de inmigración.
Más bien, todo apunta a que lo principal de la comunitarización,
si así se le puede llamar, va a venir por el lado de un mayor
acercamiento, de una mayor semejanza, en los marcos normativos de los
diferentes estados, en la existencia de una Leyes de Extranjería
y sus respectivos reglamentos cada vez más parecidos, a pesar
de las diferentes tradiciones e historias migratorias de cada uno de
los países.
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