A. Laguna
Pensiones: reformas alternativas
(Página Abierta, 212, enero-febrero de 2011).
La reforma de pensiones, más específicamente las de jubilación, planteada por el Gobierno con el beneplácito de la derecha y la CEOE, y el aval de una amplia caterva de economistas, técnicos financieros y responsables de instituciones internacionales, está dirigida, como se sabe, a reducir el gasto previsiblemente creciente de la caja de la Seguridad Social financiada íntegramente por las contribuciones de empresarios y trabajadores. Tan creciente, se dice, que hará inviable el sistema de pensiones a medio plazo.
Lo insostenible de este sistema se fundamenta en unas previsiones de futuro del gasto: en un aumento progresivo, sin correspondencia similar con el del ingreso. Debido, primero, a un incremento superior de las personas jubiladas frente a las cotizantes, y segundo al alargamiento de la vida de la población pensionista.
Esas proyecciones demográficas y económicas son muy discutidas porque el modelo en el que se basan para el medio y largo plazo no tiene en cuenta, porque no puede, lo impredecible –en ese tiempo de 15 a 30 años– del resultado de determinadas variables. Cabría decir, entonces, que tanto agoreros (oportunistas o no) como críticos no pueden sostener sus propuestas en supuestos tan alejados. Hablamos, pues, sólo de diversas posibilidades de futuro.
Sí parecen acertar quienes, detrás de las propuestas que se vienen ya tiempo atrás haciendo desde el liberalismo económico de Gobiernos y elites económicas, no ven más que una disminución de la protección social, del gasto social de los Estados. Ese es el resultado de lo que ahora se propone con la reforma de las pensiones, sin correspondencia con la riqueza generada y su tan desigual reparto.
¿Pero hay algo que hacer ahora para mejorar el sistema actual de pensiones y hacerle igual de fuerte para el futuro? ¿Hay otras alternativas?
La primera sería insistir en un principio superior: el establecer como derecho fundamental una vida digna para nuestros mayores y como un deber de la sociedad y de su Estado asegurarlo con los medios que sean. Y que no podemos ir para atrás como ahora se propone, máxime cuando estamos lejos de equipararnos en este gasto, y su relación con el PIB, a otros países de nuestro entorno. Un principio del deber público que se debería oponer a los planes de desarrollo de la solución por el mercado de este problema social, es decir, de que su base sea la privatización de las pensiones.
La segunda es la de mirar, para hoy y para mañana, al capítulo de los ingresos dentro ya del mismo sistema público que tenemos. Sobre ello se están proponiendo diversas alternativas. Algunas de ellas chocan, en parte, entre sí. Hagamos una descripción somera de dos propuestas que centran su objetivo en el incremento de ingresos.
CC OO: una línea equilibrada de reforma
Es conocida la oposición de CC OO a la reforma propuesta por el Gobierno de Zapatero. No por ello desconsidera que es necesario, como lo ha venido planteando ya hace tiempo, realizar cambios en el sistema y en su funcionamiento para mejorar su eficiencia. Una buena parte irían dirigidos a incrementar los ingresos y a fortalecer para el futuro esta parte de la caja pública.
Un informe de CC OO (1) entra con detalle en las medidas posibles a corto y a medio-largo plazo. De ellas nos interesa recoger aquí las referidas al corto plazo: incrementar los ingresos y reducir algunos gastos.
«En el corto plazo, las cotizaciones por contingencias comunes deben mantenerse. Es cierto que atravesamos una situación de superávit que se utiliza para justificar reducción de cotizaciones. Pero también lo es que, como se ha dicho, conocemos las necesidades de financiación creciente del sistema de pensiones en el futuro y, por ello, no resulta prudente reducir su nivel de ingresos actuales…».
«Debe exigirse el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y suscritos en materia de separación de fuentes de financiación. Es decir, que las cotizaciones sociales soportadas por empresas y trabajadores se destinen íntegramente al pago de las prestaciones contributivas». En concreto, tal y como se acordó –y aún está por cumplir– en el Pacto de Toledo, que sea el Estado, a través de los presupuestos generales, el que financie los complementos a mínimos (2), que vienen suponiendo un 5% del presupuesto de gasto del sistema de pensiones.
Debe replantearse «quién debe soportar los gastos de estructura y personal de la propia Seguridad Social, las cotizaciones de trabajadores y empresas como ocurre ahora, o el presupuesto del Estado como ocurre con el resto de empleados públicos».
«Las bases mínimas de cotización deben elevarse de forma simultánea a la elevación progresiva del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)», que debería alcanzar el 60% de los salarios medios negociados, es decir, por encima de 1.000 euros al mes (3). «Esta actuación sobre las rentas más bajas incrementaría de manera notable los recursos del sistema de pensiones y mejoraría la protección social de las personas con menos salarios».
Para CC OO, sería conveniente elevar, por un lado, la base máxima de cotización (cuyo número de cotizantes en la actualidad viene a ser el 10% del total), y por otro, la pensión máxima fijada en el sistema, que supone ahora un 9-10% inferior a su base reguladora (4). De esa manera, mejoraría la expectativa de pensión para estos colectivos mejor pagados y se fortalecería el valor del sistema público de pensiones.
Finalmente, es necesario que se cumpla por fin el acuerdo establecido en 2006 de integración de los regímenes especiales de la población empleada de hogar y de trabajadores agrarios por cuenta ajena en el régimen general. «Esta integración incrementará los ingresos de la Seguridad Social al aumentar las cotizaciones y mejorará notablemente la protección social de estas personas», hoy con regímenes especiales.
Una alternativa
Una alternativa que se plantea es la de basarse en otra financiación pública de las pensiones a añadir a la contributiva, como medio de protección ante la falta de ingresos en el futuro. Las fórmulas propuestas son diversas. Escojamos la que plantea Ignacio Zubiri (5).
Contrario a la idea de reducir gastos bajando las pensiones y crítico, además, con quienes insisten en la compensación a través de la suscripción de pensiones privadas, apunta, entre otras propuestas, lo siguiente: «Aunque es discutible que no se puedan subir las cotizaciones, lo mejor sería financiar parte de las pensiones futuras con impuestos. Y hay buenas razones para hacerlo. Los sistemas públicos no existen para que el Estado actúe como una empresa de seguros que iguala ingresos y gastos. Existen para garantizar determinados niveles de bienestar a la población jubilada».
En esta dirección, aclara que «se debe abandonar la idea de que las pensiones se financien sólo con cotizaciones. El Estado debe aportar impuestos, bien estableciendo una pensión universal de vejez (financiada con impuestos y parte de las cotizaciones) o bien comprometiéndose a cubrir con impuestos cualquier déficit del sistema».
Y añade que «se debe potenciar el Fondo de Reserva, reducir el fraude en las cotizaciones y, en el medio/largo plazo, pasar cotizaciones de desempleo a pensiones y, si es necesario y posible, utilizar la deuda».
Esta alternativa no es bien vista por CC OO. Este sindicato insiste en separar las fuentes de financiación y mantener aparte la caja de la Seguridad Social sin que el Estado meta mano en ella para otros gastos, como antes se hacía en ocasiones. Y rechaza esta fórmula de la imposición fiscal con este argumento, señalado en el informe antes citado: «El sistema de pensiones en particular, tiene la suficiente complejidad […] que las actuaciones sobre el mismo exigen un conjunto de medidas que interactúen de manera combinada y sostenida en el tiempo con los objetivos antes mencionados. Por tanto, el debate de estilo periodístico que pretende descubrir la medida mágica no es posible. Lo más parecido a ello son las propuestas que, de un lado […] y de otro, resuelven cualquier duda sobre la financiación del sistema diciendo que lo que haga falta lo pague el Estado y a otra cosa, como si depender de la voluntad del Gobierno o mayoría parlamentaria de turno o de la capacidad financiera del Estado en cada momento, estuviera al margen de cualquier riesgo».
Débil argumento el de su parte final, si atendemos a lo que ahora mismo está sucediendo.
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(1) Este informe, titulado “Criterios y alternativas para abordar una nueva reforma del sistema público de pensiones en el marco del Diálogo Social” y firmado por Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CC OO, consta de tres apartados, el tercero está dedicado a las alternativas.
(2) Las cuantías que debe asumir el Estado para complementar las pensiones más bajas que no llegan al mínimo establecido.
(3) EL SMI para 2011 es de 641,40 euros al mes (jornada completa) y lo percibe, según señala CC OO, «un porcentaje absolutamente residual de los trabajadores».
(4) Una persona de 65 años de edad, que haya cotizado siempre por el mínimo y que ha contribuido más de 35 años, acumula una base reguladora en 2010 de 573,35 euros y tiene derecho a una pensión de 587,8 (por 14 pagas) si no tiene cónyuge a cargo y de 725,2 euros si lo tiene. Alternativamente, una persona de 65 años de edad que haya cotizado siempre por el máximo y contribuido más de 35 años tiene una base reguladora de 2.734,72 euros y espera una pensión de 2.466,2 (también por 14 pagas) [PÁGINA ABIERTA].
(5) La opinión de este catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco la extraemos de un artículo suyo en Público del 19 de diciembre de 2010.