Ángel Rodríguez Kauth
No intervención en economía, libertad de
expresión, el FMI y el Vaticano

Para comenzar, deseo aclarar a los lectores que soy argentino y vivo en el sitio que me vio nacer y crecer porque tengo ganas, nadie me ha obligado a hacerlo. La segunda cosa que he de desvelar es que con mis casi 65 años he visto pasar “mucha agua debajo del puente de la vida”; entonces, pocas cosas me asustan. He podido contemplar más caídas que ascensos en la vida política, económica y social de Argentina y de toda “nuestra” América, como gustaba en llamarla el prócer de la liberación sudamericana José Martí. La tercera está referida a que no soy chovinista ni patriotero, nunca he hecho de la nacionalidad una cuestión de privilegio corporativo. La cuarta consideración es que no creo en las brujas –ni en los complots–, pero, como sostenía el dramaturgo irlandés B. Shaw, “que las hay, las hay”; y ya veremos por qué. La penúltima es que me ubico ideológica y políticamente en un lugar al que suele llamársele “progresista” –aunque no estoy muy seguro acerca de lo que es eso–, y lo hago por la sencilla razón de que desde hace añares me he colocado en posiciones a las que tradicionalmente se las conoce como de izquierda, vale decir, soy antiimperialista, anticapitalista y defensor de la autodeterminación de los pueblos y de la protección de las libertades civiles a rajatabla. Por todo lo anterior, fácilmente se ha de desprender una última consideración, la de que no soy peronista, aunque eso no quita para que no reconozca los méritos que ostenta el actual Gobierno argentino, en particular por la forma de encarar su política económica con los acreedores internos y externos de nuestra abultada deuda pública. Al respecto, debe hacerse notar que es un error llamar “deuda externa” a la deuda pública de un país, ya que sus acreedores son tenedores anónimos de bonos de la deuda.
Hecha tal presentación, ya creo estar en condiciones de poder abordar uno de los tantos temas y problemas que vienen acicateando a los argentinos y que –en este caso– ha sido desatado desde la centralidad internacional, es decir, los Estados Unidos y Europa. Es preciso tener en cuenta que un tema es algo que se presta para el debate, aunque no se esté a la búsqueda de solución; mientras que un problema es lo que se plantea en el debate, pero con posibilidades esperables de ser solucionado.

La intervención en los mercados

El principio de la no intervención estatal en el libre juego de los movimientos de los mercados económicos y financieros en la actualidad parece ser un hecho social económico y político indiscutible. De hecho, nadie lo niega desde las cúpulas del establishment del capitalismo impuesto por la razón de la fuerza al resto del mundo; ya no hay quien –con una relativa sensatez intelectual y mucho de oportunismo– se atreva a negar el hecho, aunque no lo comparta como objetivo político o ideológico. Este principio aparece y es presentado como una verdad sacrosantamente revelada por el capitalismo trasnacional y globalizado, al punto tal que quien se atreva a poner tal verdad en tela de juicio –por acción u omisión– es considerado como sujeto de haber infringido un pecado capital y, por consiguiente, deberá ser sometido a las más crueles torturas, hasta la muerte si es necesario, tal como le ocurrió en 1600 a G. Bruno por herejía.
Pero, por otra parte, el derecho incuestionable a la libertad de expresión –de palabra– si bien en los dichos ampulosos de los dirigentes políticos internacionales tampoco es puesto en discusión, sin embargo, en los hechos no siempre es considerado así, aun cuando aquél esté protegido por cuanta convención internacional sobre el tema se haya realizado, incluyendo la Carta fundacional de la ONU, que lo considera como uno de los tantos derechos de los que deben gozar los seres humanos. De hecho, y ante el despegue de la guerra global y sin cuartel contra el terrorismo que fuera emprendida por los patrones del Imperio –tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York–, más de un Gobierno integrante de la “alianza imperial” estuvo dispuesto a ajustar las mordazas contra la libertad de expresión individual y, fundamentalmente, contra la de los órganos de prensa. Ejemplos al respecto sobran, de modo tal que no perderemos tiempo abundando sobre ellos; cualquier lector inteligente puede recurrir a abrir su arcón de recuerdos recientes y confirmar estas afirmaciones.
Asimismo, una organización trasnacional como es el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha convertido paulatinamente en los últimos sesenta años en un superpoder que pretende controlar las políticas que se deben llevar a cabo puertas adentro de países soberanos. También es algo que no está escrito en lado alguno, pero todo el mundo sabe, por una experiencia de más de medio siglo, que así es como funciona la intervención económica internacional. Sus recetas no necesariamente han sido eficaces para los pueblos que las padecieron –tal como lo recuerda Stiglitz (2002)–, aunque sirvieron para engrosar las arcas personales de los cómplices financieros del FMI, que han estado –y muchos continúan estando– ubicados en lugares estratégicos de conducción política en los países eufemísticamente definidos como “en vías de desarrollo”.
Y respecto al papel de la dictadura más vieja que haya sobre la Tierra –la del Vaticano–, es algo que iremos desarrollando en esta pequeña nota a partir de episodios sucedidos en Argentina durante la primera mitad de marzo de 2005.

Relato de hechos contradictorios

Argentina comenzó el año 2005 con un fuerte, acelerado y notable crecimiento de los indicadores macroeconómicos utilizados comúnmente, tales como, por ejemplo, un arrastre, en el último cuatrimestre de 2004, de un aumento del nada desdeñable 9% de PBI. Al respecto –y he aquí la contradicción más flagrante–, vale aclarar que dicho índice no se ha visto reflejado en el bienestar general de la población, ya que no se trasladó a los sectores con más carencias de aquélla. Para tal juicio, se tiene en consideración que no han descendido de manera proporcional al crecimiento los alarmantes índices de pobreza y de indigencia que vive el 40% de la gente de a pie que habita en el país. En todo caso, dicho aumento y crecimiento solamente pasó a engrosar las arcas de los capitalistas más ricos –tanto vernáculos como foráneos que se lucran haciendo jugosos negocios dentro del territorio– y ha logrado que la brecha salarial –estadísticamente medida y controlada– creciera en favor de este sector poblacional ya suficientemente enriquecido y, como es obvio por las leyes de la plusvalía, en detrimento y a costa de los asalariados que día a día se ven obligados a vender más barata su fuerza de trabajo.
Asimismo, Argentina, el 24 de febrero, había logrado un éxito rotundo –y a la vez inesperado para los mandamases del FMI– con la propuesta realizada de reestructuración y canje de la deuda pública nacional –tanto con acreedores nacionales como extranjeros–, operación que había sido prevista como un seguro fracaso por los analistas económicos internacionales y vernáculos, especialmente por los principales operadores del FMI, encabezados por Rodrigo de Rato. Como acotación graciosa vale señalar que este personaje –que durante el Gobierno de Aznar en España ocupó la titularidad del Ministerio de Economía y Hacienda– por entonces se llamaba solamente Rodrigo Rato, pero pareciera que las veleidades de los cargos “estrellas” lo condujeron a anteponer a su apellido un “de”.
Sin embargo, y pese a estos logros indiscutibles en la política económica exterior, Argentina comenzó a ser sacudida por una suave y creciente espiral inflacionaria que vuelve a conjugar un enrarecido clima de inestabilidad social. Tal “sensación térmica” económica y social tiene al Gobierno encabezado por Néstor Kirchner sobre ascuas, ante el temor de desbordes económicos que conduzcan a los concomitantes desbordes sociales que ya en más de una oportunidad colocaron al país al borde de un vacío oceánico de gobernabilidad, tal como le ocurrió a principios del siglo XXI, en diciembre de 2001, con el Gobierno de Fernando de la Rúa, quien debió huir de su sillón presidencial despavorido en un helicóptero ante las iras de un pueblo que decidió decirle ¡basta! al hambre y la miseria, tal como lo señaláramos en Rodríguez Kauth y Parisí (2003) y Rodríguez Kauth y Falcón (2002).
En este punto vale acotar una anécdota que complicó más aún el panorama gubernamental: sucedió cuando antes del 10 de marzo de 2005 la petrolera angloholandesa Shell resolvió aumentar de modo unilateral el precio de los combustibles de la venta al público en el mercado interno en sus bocas locales elevando el precio de sus productos en un 4%, lo que aceleraba el ritmo inflacionario, con lo cual se acumularon aumentos de precios en los últimos 12 meses del 9,1%. Tal medida desató las iras del presidente –como también las de los consumidores de aquella marca– y condujeron a Kirchner a cometer el considerado “terrible” exabrupto –durante un discurso público– de incitar a la población a que no comprase más combustibles proveniente de las mangueras de aquella empresa.
Es decir, la figura del presidente de la República salió a la palestra a hacerle boicot a una firma transnacional y –frente a tal medida– rápidamente la mayoría de los periodistas locales que están atravesados por fuertes intereses ideológicos, comprometidos económicamente con los intereses capitalistas de empresarios transnacionales, la denunciaron como una provocación abyecta y la calificaron de boicot, haciendo referencia con tal palabra inexistente al estilo “K” del presidente, el cual tanto suele ser repudiado por no presentarse como un presidente que guarda las tradiciones formales de acartonadas y pacatas que se suponen para su investidura, como es de esperar que actúe la figura de un primer mandatario que se precie de presidir un país donde, desde hace años, impera la corrupción generalizada como institución.
Mas lo anecdótico no finaliza con las iras del presidente Kirchner, sino que tiene otra vuelta de tuerca con un episodio aparentemente banal y simultáneo en el cual no sólo estaba implicada la petrolera Shell, sino también la Cámara de Comercio de EE UU en Argentina. No olvidemos que los tentáculos del imperiocapitalismo no tienen fronteras y siempre apuntan a protegerse entre ellos. Aunque puede parecer que estén separados por diferencias nacionales, en realidad los unen los mismos intereses. Ocurre que dicha Cámara organiza anualmente el Premio Ciudadanía Empresaria, que se divide a su vez en diferentes rubros. Uno de ellos es el de la “promoción social” y, paradójicamente, el ganador del premio fue la empresa Shell, ¡justo cuando ésta acababa de aumentar los precios de sus gasolinas en un 4% y a contrapelo de los reiterados pedidos –casi súplicas– gubernamentales para contener la espiral inflacionaria que amenazaba en el orden interno los logros financieros de la política económica en el orden internacional! No es desdeñable considerar que se trata de una espiral que viene en constante crecimiento desde diciembre del año anterior.
A todo esto respondieron las organizaciones piqueteras, de las que vale señalar que son un fenómeno peculiar de la vida social, política y económica en Argentina, surgidas en la última década como resultado de las altas tasas de paro laboral –que llegaron al 25% de la población económicamente activa–. Debe tenerse en cuenta que éstas se dividen en “oficialistas” y “combativas” y, obviamente, las primeras son adictas a las esferas de la cúpula del poder. Como no podía ser de otro modo, inmediatamente después del boicot anunciado por Kirchner, estas organizaciones ganaron las calles de la ciudad de Buenos Aires con el objeto de bloquear el acceso de los automovilistas a las estaciones de servicio de la empresa en cuestión. Mas la acción sirvió para que se interpretaran los dichos presidenciales desde los medios de comunicación masivos como una incitación a la violencia; lo cual fue negado por José Luis D’Elía, quien trabaja como el principal operador piquetero gubernamental, pero sus argumentaciones son poco creíbles aun para los más crédulos.
En este punto es donde apareció la figura del mandamás –al menos así lo cree él, aunque no sea otra cosa que un títere de los grandes grupos del poder económico transnacional– actual del FMI, su director Rodrigo “de” Rato. Éste, sin perder un instante, se lanzó a la palestra de los medios de comunicación masivos para, desde allí, exigirle al Gobierno argentino que cesara de inmediato con sus provocaciones a los inversores privados. Obviamente, esto no fue otra cosa más que una injerencia en los asuntos políticos internos de un Estado soberano y que en nada afecta a los tratados internacionales la resolución presidencial. La argumentación utilizada fue que con dicha incitación al boicot se dejaba sin protección a las decisiones empresariales y se atacaba seriamente a los sacrosantos principios de la libertad de mercado.

La libertad de prensa y la libertad de mercado

Como otro dato anecdótico para esta cronología vale hacer notar que, curiosamente –y en simultaneidad con los hechos anteriores–, la Sociedad Interamericana de Prensa lanzó filosos dardos contra una supuesta coerción a la libertad de prensa en el país, acusando al Gobierno de mantener una actitud hostil hacia los medios de comunicación masiva debido a que éste no tiene la “sana” costumbre de convocar habitualmente a las tradicionales “conferencias de prensa”, sino que los anuncios referidos a la cosa pública los hace en actos políticos. A la vez, acusó al Gobierno de repartir la publicidad oficial entre los medios de comunicación sin atender a un criterio “histórico”; vale decir que no se continúa con la política de favorecer con la publicidad oficial a las mayores concentraciones periodísticas, sino que se reparte, con un criterio equitativo, entre todos los medios existentes.
Como ha de resultar evidente hasta para el más ignorante en estos temas, tales acusaciones son endebles por donde se las mire, pero contribuyeron a complicar aún más al panorama político nacional. ¿Será hora de creer en las brujas?
Pues bien, desde el FMI se preocuparon por mantener en pie los principios dogmáticos del capitalismo, cosa que, por otro lado, es su función. Pero, por ejemplo, nada dice el FMI cuando el Estado vaticano exhorta sistemáticamente a sus fieles a boicotear el uso de condones. ¿Acaso esa política internacional no afecta a la libertad de mercado? ¿Es que los fabricantes de condones no merecen el mismo tratamiento defensivo del FMI? ¿Cuántos trabajadores en el mundo podrían conseguir un trabajo honesto –en medio de la desocupación reinante– si la gente, en especial los jóvenes, consumiesen más condones para obtener “sexo seguro”? Pero frente a esta política artera contra el libre mercado, encabezada por un Papa que ya había entrado en la condición de moribundo, don Rodrigo Rato –y no sólo por un “rato”– ha venido guardando un discreto, piadoso y cómplice silencio con un poder gubernamental que maneja tras bambalinas los piolines económicos tanto de Estados como de empresas.
Ocurre otro tanto con las campañas contra la despenalización y legalización del aborto que a modo de santa cruzada lleva adelante la política vaticana. Y, al igual que en el párrafo anterior, vale la pena interrogarse si acaso no tienen igualmente derecho a ejercer su legítimo quehacer los médicos, enfermeras, hospitales, etc., para trabajar en pos de reducir la mortalidad femenina por prácticas desleales con comadronas que hacen abortos al conocimiento de cualquiera que quiera utilizar sus servicios. Pero tal práctica desleal, antihigiénica y altamente peligrosa también ha merecido el silencio cómplice de don Rodrigo y sus mandantes, todos ellos integrados en el fuerte Grupo de los Siete, es decir, los países más ricos y poderosos del orbe.

El Vaticano se suma a la carga contra el presidente K

Dentro de tal panorama de embestidas antigubernamentales se produjo un episodio de insólitas características. Ocurre que el ministro de Salud Pública hace tiempo que está encabezando una fuerte campaña en pos de la despenalización del aborto, a la vez que no cesa de insistir en el uso de anticonceptivos –especialmente los condones– para las relaciones sexuales. Esta posición progresista del ministro González García desde hace tiempo era vista con malos ojos por la jerarquía eclesiástica, la cual mantenía disputas de bajo nivel de enojo con el funcionario. Pero en aquellos momentos hizo su entrada en la escena política el vicario castrense, el obispo monseñor Baseotto, con declaraciones de alto vuelo delictivo –en cuanto a la figura penal de incitación a la violencia–, y llegó a sostener que, por su posición favorable a la despenalización del aborto, a dicho ministro «habría que tirarlo al mar con una piedra atada a su cuello».
Al respecto de tan desafortunadas declaraciones de un hombre que teóricamente debiera defender la vida en cualquiera de sus formas y no solamente la que está en gestación, cabe hacer un par de reflexiones. La primera se refiere a la desubicación temporal y espacial en que su formulación textual fue expresada; Argentina es un país al que aún le duelen las heridas dejadas por la última dictadura militar, durante la cual era frecuente el vuelo de escuadrones de la muerte que llevaban a bordo prisioneros políticos drogados para lanzarlos al mar o al río de la Plata para deshacerse de ellos sin dejar rastros. Estos episodios están todavía en la palestra judicial por el caso del ex capitán Scilingo, que, en primera instancia, confesó su participación en tales transportes criminales y que, a consecuencia de eso, hoy es sometido a juicio en una audiencia madrileña (Verbinski, 1995).
La segunda reflexión tiene que ver con el cargo que venía ocupando desde hace años Baseotto, en una doble estructura jerárquica, en las esferas de lo militar y lo eclesiástico –dos de las instituciones más nefastas, a juicio personal de este autor, para el desarrollo de la historia nacional en su vida institucional, tal como lo demostró Verbinski (2005), uno de los últimos tratadistas que se ocuparon del tema–, las cuales desempeñaba simultáneamente. Curiosamente, dicho cargo lo cumplía en función de un concordato que la dictadura militar que gobernó entre 1955 y 1958 firmó con el Vaticano. Por él, se establecía que el funcionario que ocupase tal función sería nombrado por las autoridades vaticanas, pero –vaya paradoja, aunque cuando se trata de tomar dinero de los otros nada parece paradoja en la política Vaticana– que el Gobierno nacional debería hacerse cargo de sus salarios y gastos cotidianos.
Hecho este par de salvedades, es prudente continuar con el desarrollo de la historia –o historieta– que nos ocupa. De manera inmediata, una vez conocidas las declaraciones del obispo castrense y ante las reiteradas negativas de él de retirarlas, el Gobierno de Kirchner envió una nota al Vaticano pidiendo la remoción del susodicho obispo; mas, insólitamente, las autoridades vaticanas –con el papa Juan Pablo II, que ya estaba moribundo– respondieron que coincidían con los dichos de Baseotto debido a su oposición a la despenalización del aborto. El encontronazo entre ambos gobiernos fue fuerte y se zanjó solamente como consecuencia de la muerte del Papa, lo que llevó a que el Vaticano focalizara su atención en un tema más importante, como es el de la sucesión papal, que la transitoria situación conflictiva de un mísero sacerdote.
A modo de colofón, basta señalar que nos queda una incógnita en el tablero y es la siguiente: ¿cómo hará el Gobierno para reparar el hiato entre salarios, precios y ganancias excesivas de los productores, industriales y comerciantes? Simplemente téngase presente que durante los “años de plomo” la brecha entre el sector poblacional más pobre y el más rico era de aproximadamente 30 veces, mientras que en la actualidad es ¡de más de 60! Ésta es una deuda pendiente con la población a la cual ha de dársele una solución antes de las elecciones parlamentarias de octubre del corriente año. En caso contrario, la confianza generada ante el pueblo y que fue ganada en la negociación exterior se perderá entre los ardores de la disputa doméstica.
Vale decir que todo lo expuesto acerca de los logros de la actual gestión gubernativa puede caer en aguas de borraja si urgentemente no se es capaz de dar una solución al problema al que ha llevado la pobreza, la indigencia y la marginación en que vive sumida más del 40% de la población. Para hacer frente a ese problema será necesario que el Gobierno argentino –cualquiera que fuese su color político– haga ostensible la misma firmeza ante los “formadores de precios”, los productores y los capitalistas que operan en el país como la que presentó en el frente externo.


Bibliografía

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