Antonio Antón
La reforma del mercado laboral no ataja la precariedad
(Página Abierta, 179, marzo de 2007)
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ha definido la situación laboral del año 2006 como de «más estabilidad del empleo y menos temporalidad». Según él, no sólo se está creando «más empleo, [sino que además] es de mejor calidad» (El País, 4 de enero de 2007). El dato fundamental en que se apoya es el importante número de contratos indefinidos realizados, más de dos millones –2.177.000– en este año. En particular, en el segundo semestre del año se han realizado 1.215.000 (1). El segundo dato positivo para el ministro es la disminución de un 3,8% del paro registrado respecto al del año 2005, aunque se mantiene en cerca de dos millones. Con estas referencias del INEM, el ministro ha hecho una valoración embellecida de la aplicación de la reciente reforma del mercado de trabajo (2) que incluso ha tenido que ser relativizada por los propios sindicatos.
Con esos datos se refleja una parte de la realidad. La cuestión es analizar no sólo las altas de nuevas contrataciones indefinidas sino también las bajas, la composición interna del empleo indefinido y, sobre todo, la evolución de la temporalidad. Así, la otra parte de la realidad, la principal, es que, según la EPA, no se ha reducido prácticamente la temporalidad, y que ha disminuido la calidad del conjunto del empleo.
El diagnóstico del que partía esta reforma era el evidente problema de la persistencia de altas tasas de temporalidad –en torno a un tercio–, prácticamente, durante los últimos veinte años y, por tanto, del fracaso del acuerdo para la estabilidad en el empleo del año 1997 (3). La principal medida es la bonificación a los empresarios –durante cuatro años– por los contratos indefinidos a determinados colectivos –jóvenes, mujeres y mayores de 45 años–, con un plan de choque para este segundo semestre del año 2006, en que se subvencionaba –por tres años– todo tipo de conversiones de contratos temporales (4). Aunque todavía es un periodo corto, en este semestre ya se ha aplicado el “plan de choque”, y se expresan los primeros indicios para valorar la efectividad de las medidas adoptadas respecto de la precariedad laboral –inseguridad, indefensión y flexibilidad–. Veamos, pues, la evolución del conjunto de indicadores del mercado de trabajo, en este primer semestre de aplicación de esta reforma, y el significado del nuevo contrato indefinido bonificado.
En primer lugar, se analizan los datos de la tabla adjunta. Dos son los aspectos más importantes que se deben destacar: 1) Ha aumentado la contratación indefinida pero no el porcentaje global del empleo indefinido, es decir, se produce un efecto sustitución dentro de él. 2) No se reduce significativamente la elevada tasa de temporalidad, principal objetivo público del acuerdo.
Rotación en el empleo indefinido
En estos seis meses, con 1,2 millones de nuevos contratos indefinidos según el INEM, el empleo indefinido sólo ha crecido en 326.000 nuevos contratos de trabajo, según la EPA. La diferencia de más de 870.000 –casi las tres cuartas partes de esos contratos realizados– se explica porque sustituyen a las bajas producidas de otros contratos indefinidos: una parte ordinarios –por jubilación, despidos o bajas voluntarias–, y otra parte indefinidos incentivados anteriores que han sido rescindidos. Así, en ese semestre, se ha pasado de un total de 10,6 millones de asalariados indefinidos a 10,9 millones. Por tanto, se ha producido una amplia rotación de personas en el empleo indefinido y se han sustituido contratos indefinidos ordinarios –con más derechos– o indefinidos de fomento a los que se les han terminado las subvenciones anteriores por nuevos indefinidos bonificados. Con esta rotación, los empresarios consiguen un abaratamiento de los costes laborales y una mayor flexibilidad y subordinación de sus plantillas. Se genera una doble tendencia: una parte experimenta una movilidad ascendente desde la temporalidad a esa situación intermedia; otra parte tiene una movilidad descendente al rescindirse sus contratos “indefinidos” y volver al paro o la temporalidad.
El volumen de temporalidad en este semestre crece ligeramente de 5,54 millones –y de 5,35 millones hace un año– hasta 5,57 millones. La tasa de temporalidad se mantiene a lo largo del año 2006 –del 33,77% en diciembre del año 2005, al 34,39% en junio y al 33,82% en diciembre del año 2006–. Si se compara el fin de cada año –dada la diversidad estacional–, el porcentaje es el mismo, y sólo baja unas décimas en el último trimestre. Además, se han realizado 8,3 millones de contratos temporales en este semestre, la mayoría de corta duración. Por tanto, en este comienzo de aplicación de la reforma no se ha avanzado en su objetivo central de “reducir la temporalidad”. Lo que se produce es un cambio en su composición personal. El bloque mayoritario de 4,3 millones –80%– de temporales sigue estancado, pero hay también una sustitución parcial con esos 1,2 millones –20%– que pasan a nuevos contratos indefinidos. Una parte significativa de ellos han sido temporales, pero su lugar ha sido ocupado por otro millón largo proveniente de la inactividad y el paro –principalmente mujeres y jóvenes–, o de la inmigración. En ambos casos se ha producido una movilidad ascendente.
Así, la alta temporalidad no disminuye –en volumen, sube ligeramente y en tasa baja un poco–, pero en términos de trayectorias personales hay que diferenciar tres segmentos: el mayoritario que prolonga su precariedad laboral con un bloqueo de sus perspectivas; el que experimenta un ascenso desde una precariedad más grave a otra menos grave, y el que asciende desde la temporalidad a una situación “intermedia” con respecto al empleo “fijo”. Por tanto, se mantiene un amplio proceso de socialización laboral basado en la inseguridad del empleo, pero con varios niveles y trayectorias personales que permiten cierta funcionalidad a las estrategias adaptativas y de esfuerzo individual dominantes.
Crece el empleo pero disminuye su calidad
En segundo lugar, crece el empleo pero no mejora su calidad, sino que empeora. Con respecto al paro, en este semestre ha descendido la tasa en dos décimas, del 8,5% al 8,3%. No obstante, en términos históricos, la disminución del paro y el aumento de la ocupación han sido los otros aspectos más relevantes de la evolución del mercado de trabajo en España: desde el año 1994, año de mayor tasa de paro –23,9%–, con 3,9 millones de personas desempleadas, se ha pasado a 1,8 millones –8,3%– a fin del año 2006, y de 12,3 millones de ocupadas a 20 millones. En poco más de una década ha aumentado la ocupación en 7,7 millones, más de un 60% (5). Éste es el aspecto más significativo que ha permitido trayectorias laborales ascendentes y ha supuesto un aval a las políticas empresariales e institucionales de crecimiento económico y de empleo. No obstante, el desempleo todavía afecta significativamente a jóvenes y mujeres. En todo caso, todo ello ha posibilitado una amplia movilidad ascendente desde el paro, la inactividad, el trabajo sumergido o la inmigración hasta el empleo temporal y “flexible”, es decir, desde una precariedad más grave a otra menos grave.
Al mismo tiempo, también se está produciendo una gran transformación de la composición interna del mercado de trabajo, a la que se le ha dado poca dimensión pública. Es la dinámica hacia una mayor inestabilidad del conjunto del empleo y la constitución de un tercer segmento intermedio, en sustitución del clásico empleo “fijo”, no del temporal. Así, nos encontramos con una evolución de la población asalariada (6) y desempleada como la que se expone en la tabla adjunta.
En el año 1996 había tres segmentos diferenciados: empleo “fijo”, con la mitad de esa población, una cuarta parte en el paro y otra cuarta parte en la temporalidad. En el año 2006, diez años después, hay cuatro segmentos: el empleo “fijo” ha bajado hasta el 37%, poco más de un tercio; el desempleo también ha descendido y representa la décima parte; al mismo tiempo, ha crecido el empleo “precario” en 2,4 millones de temporales más, acercándose a un tercio, y se ha formado el nuevo segmento “intermedio” con 4,1 millones –el 22% del total–.
Para interpretar ese proceso hacia un mercado de trabajo más inseguro para los trabajadores y trabajadoras y más flexible para los empresarios, es preciso valorar el significado de los nuevos contratos indefinidos subvencionados.
El nuevo contrato indefinido ya no es sinónimo de “empleo fijo”, de acuerdo con la norma tradicional de empleo seguro, estable y con plenos derechos, sino que con él se genera un segmento intermedio. El sistema de bonificación como instrumento principal para la conversión de temporales en indefinidos no garantiza la estabilidad de esos contratos. Esos contratos “indefinidos” subvencionados son más baratos que los temporales. Así, la subvención es de un importe similar al coste del posible despido improcedente –33 días por año trabajado frente a 45 días en el caso de los “ordinarios”–. Esa indemnización del despido puede ser pagada con la subvención del contrato, es decir, los gastos del despido son gratuitos para el empresario. Con ello los empresarios mantienen la misma flexibilidad y capacidad de presión hacia esos empleos que si fueran temporales (7).
A su vez, ese cambio de tipo de contrato –de temporal a indefinido subvencionado– no ofrece muchas más garantías de estabilidad y capacidad contractual a ese trabajador ante el empresario. Éste tiene dos opciones: 1) mantener ese empleo formalmente indefinido, pero flexible y más barato que el temporal –durante los tres o cuatro años de la subvención–; 2) despedirlo y sustituirlo por otro empleo indefinido subvencionado o por otro temporal, sin coste adicional ninguno. En este caso elige una mano de obra todavía más flexible aunque “menos barata” al no estar subvencionada.
El horizonte de continuidad de los contratos durante esos tres o cuatro años es más claro en la primera opción. Pero más allá del cambio nominal del tipo de contrato, se mantiene, en lo fundamental, la capacidad empresarial de utilizar la flexibilidad del empleo, así como otros componentes básicos de la precariedad laboral –inseguridad, subordinación e indefensión–. Por tanto, esa situación “intermedia” de ese millón de trabajadores y trabajadoras indefinidos subvencionados no aumenta mucho sus garantías reales de seguridad y estabilidad respecto del temporal duradero, ante la amenaza de rescisión del contrato (8).
La utilización y extensión del nuevo contrato indefinido se deja, fundamentalmente, en manos de los propios empresarios, y no hay garantías de que no se produzcan los mismos efectos ambivalentes que ha tenido su aplicación en estos años. El mecanismo principal es la subvención, no el control de la “causalidad”. Se sigue en la lógica de incentivar la contratación indefinida, no de controlar y penalizar la temporal. Se descarta, como instrumento principal, el sistema de garantías de “estabilidad” a través de la “regulación” de la causalidad y del control sindical en las empresas. Así, se rompe la norma tradicional de vincular contratación indefinida al empleo duradero, no sólo al empleo cualificado.
La temporalidad debía estar justificada por la “causa” de una coyuntura transitoria y provisional –temporal– de un exceso coyuntural de producción. Así, la contratación temporal no debía estar asociada a empleos de baja cualificación sino a puestos de trabajo de “duración temporal”. Pero la temporalidad se ha convertido en un instrumento estructural de las estrategias empresariales de mantener una gran flexibilidad, abaratamiento e indefensión de la mano de obra. Ésa es la causa principal que se combina con un contexto productivo de mayoría de puestos de trabajo de baja cualificación en una economía intermedia.
Trayectorias ascendentes y persistencia de la precariedad laboral
En tercer lugar, cabe mencionar la especificidad de la ambivalencia de las trayectorias laborales. Se producen dos tipos de movilidad ascendente. En un segmento, desde una precariedad social más grave –paro o trabajo irregular, por ejemplo– al empleo temporal, aunque sin salir de la precariedad laboral. En otro segmento, sobre todo de sectores cualificados, desde la temporalidad a una situación intermedia, aunque sin el horizonte de seguridad y calidad del empleo “fijo”. Este ascenso social de una parte de gente precaria es debido no tanto a la propia reforma laboral sino al elevado crecimiento del empleo en los últimos diez años, proceso difícilmente repetible.
La necesidad de sustituciones en puestos de trabajo cualificados y esa importante creación de empleo, con el aumento de las tasas de ocupación, han supuesto una importante mejora relativa. No obstante, las trayectorias laborales ascendentes se basan en las estrategias individuales de adaptación y esfuerzo propios, y bajo los criterios empresariales de flexibilidad y disponibilidad, y no en la capacidad de regulación de los sindicatos en las empresas. Y suponen un avance respecto de la inseguridad laboral, aunque sea parcial y relativo. Ése es el punto de aval a la reforma en que el Gobierno insiste. Es la base para cierta expectativa en algunos de sus efectos positivos.
Sin embargo, disminuye lentamente el porcentaje de empleo estable, aumenta el de la situación intermedia y persisten altas tasas de temporalidad. El estancamiento y el bloqueo en la precariedad e inestabilidad laborales son dominantes entre jóvenes e inmigrantes. Se produce un cambio hacia un mercado de trabajo más flexible y barato, según los objetivos empresariales, y menos seguro para la mayoría de trabajadores y trabajadoras. En su conjunto, hay menos calidad del empleo, no más. Esa dinámica facilita el mantenimiento del fuerte poder empresarial en las relaciones laborales y en la gestión de la fuerza de trabajo, junto con procesos de socialización laboral en la precariedad. Ello genera incertidumbre y falta de autonomía para desarrollar los proyectos vitales, especialmente de los sectores precarios y jóvenes.
En definitiva, no tiene fundamento una interpretación unilateral y optimista de la evolución del mercado de trabajo. Estas medidas, que pretendían evitar sólo el “abuso” de la temporalidad y bajarla en un 20%, de momento no han permitido avanzar en su reducción. Veremos su evolución. Ante esas dificultades, se dice que la solución vendrá a largo plazo con el esfuerzo de mejora de la productividad a través de I+D+I y la creación de puestos de trabajo cualificados y que, mientras tanto, es inevitable un alto volumen de temporalidad; así, se genera resignación.
Para atajar la precariedad laboral habría que abordar su causa principal, poner freno a esas dinámicas económicas y empresariales de disponer de una mano de obra barata, flexible y subordinada. Habría que garantizar la seguridad del empleo, independientemente de su cualificación, y aplicar estrictamente el criterio de “causalidad” en los contratos. Ello supondría aumentar la presión social contra la precariedad laboral y la capacidad de regulación política y sindical frente a la “flexibilidad” empresarial. Pero eso es el déficit de esta reforma.
____________
(1) De ellos, según datos del INEM, el total de contratos indefinidos “bonificados” en ese semestre es de 695.076: mujeres, 73.290; jóvenes, 52.106; mayores de 45 años, 36.649; colectivos especiales, 10.764; conversiones extraordinarias de temporales –plan de choque–, 522.267. En el mismo periodo del año 2005 se realizaron un total de 275.956 contratos incentivados, es decir, existe una diferencia de algo más de 400.000 nuevos indefinidos. En relación con las comunidades autónomas, el mayor porcentaje de contratación indefinida respecto al conjunto de contratos está en Madrid –17,7%–, y la menor en Andalucía y Extremadura –5,9%–.
(2) Como se sabe, en mayo del pasado año, Gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos –CC OO y UGT– llegaron a un “acuerdo por el crecimiento económico y el empleo”, para limitar el abuso de la temporalidad en España, que empezó a ser efectivo en julio de 2006 (ver PÁGINA ABIERTA, nº 171, junio de 2006).
(3) Efectivamente, a fin del año 1996, antes del comienzo de la citada reforma, había 7,1 millones de empleos con contrato indefinido ordinario y 3,2 millones con contrato temporal –31,1%–. Y a finales del año 2005, a la hora de abordar esta segunda reforma, había 5,4 millones de empleos con contrato temporal –34,4%–. Y del conjunto de empleos con contrato indefinido –10,3 millones– un tercio –3,4 millones– era de “fomento”, promovidos desde esa reforma, es decir, incentivados y con menos derechos laborales que los ordinarios. Por otra parte, ha habido un importante crecimiento del empleo y una reducción significativa del desempleo, que pasó en ese periodo de 3,6 millones –21,6%– a menos de 2 millones –8,7%–.
(4) La segunda medida, la prohibición para el encadenamiento de dos contratos temporales para el mismo “puesto de trabajo”, es poco operativa dada la ambigüedad de su definición y la amplia flexibilidad empresarial para la utilización de sucesivos contratos temporales para puestos de trabajo “similares”.
(5) Aunque hay que recordar que en la EPA se contabilizan como “ocupadas” las personas que hayan trabajado al menos una hora en una semana, aunque el resto de la semana hayan estado “desempleadas”.
(6) Aquí no se ha tenido en cuenta el conjunto de la población ocupada, compuesta también por los “autónomos”, por la dificultad de precisar el grado de “inestabilidad” de ese segmento. En todo caso, se mantiene la hipótesis de que es similar al de la población asalariada. (7) Durante estos nueve años de aplicación de la reforma del año 1997 la duración media de estos contratos “indefinidos” ha sido algo inferior a cuatro años, es decir, se comportan como contratos de “duración determinada” mientras reúnen las dos condiciones fundamentales para los empresarios: abaratamiento de costes por las subvenciones y subordinación a las exigencias empresariales de disponibilidad, productividad y flexibilidad.
(8) Es a este segmento en torno a 1,5 millones de temporales –un tercio de ellos jóvenes– con un contrato superior a un año al que va dirigido el millón de conversiones previstas para un contrato indefinido bonificado. Ese 20% de temporales susceptibles de convertirse en indefinidos puede corresponder no a los de alta rotación de los contratos –de días o semanas– o de baja cualificación, sino más bien a los temporales más duraderos para puestos de trabajo semicualificados y cualificados. Los empresarios, para convertir temporales en indefinidos, valoran, sobre todo, la cualificación del puesto de trabajo que tiene una productividad y unos gastos de rotación superiores.