Antonio Antón

8º Congreso Confederal de CC OO.
Continuismo sindical con fuerte contestación interna
(Página Abierta , 148, mayo de 2004)

Entre los días 21 y 24 de abril se celebró el octavo Congreso Confederal de CC OO, en el que se ha impuesto la ponencia oficial de continuidad, pero con una mayoría precaria del aparato confederal y una disminución de su representatividad y legitimidad.
Comisiones Obreras es el sindicato más representativo de España, con más de 100.000 delegados y delegadas, y el primero por su capacidad afiliativa, con 1.000.000 de adherentes. Por otra parte, cumple un papel significativo en la vida económica y sociopolítica de este país. Sus decisiones pueden influir en la acción del conjunto del movimiento sindical y en las dinámicas sociales en relación con las condiciones laborales y sociopolíticas de la población trabajadora. Igualmente, cumple un papel de representación de una parte de la izquierda social, como expresión de unas exigencias básicas de la ciudadanía con respecto a los derechos sociales, la paz o la regeneración democrática. Así lo entienden tanto los diferentes estamentos institucionales, políticos y mediáticos, como los poderes económicos y empresariales, que han estado pendientes de su desarrollo.
Nos encontramos en un período de profundos cambios productivos, tecnológicos y laborales, que han afectado a las clases trabajadoras, en el marco de las tendencias impuestas por la globalización económica y las políticas neoliberales. El modelo económico, social y de relaciones laborales ya presente antes, pero que el PP no ha hecho más que consolidar, no ofrece la perspectiva de un gran cambio para los próximos años. Este proceso sigue generando graves problemas a los trabajadores y trabajadoras, ha aumentado su segmentación y ha deteriorado sus condiciones laborales y ha menoscabado sus derechos sociales. Todo ello ha colocado al movimiento sindical en una situación más defensiva y difícil para conseguir sus propuestas reivindicativas.
La reciente victoria electoral del PSOE, con evidentes efectos positivos en algunos campos -la retirada de las tropas de Irak, la revisión de la LOCE...-, también puede suponer que se abandonen las versiones más duras en las prioridades de las reformas laborales, evitando su imposición a los sindicatos. Pero aunque se reduzca la crispación debida a una actuación tan autoritaria como la del PP, y los sindicatos puedan estar más cómodos con el clima propiciado por el nuevo Gobierno, quedan pendientes temas sociolaborales, como la anunciada renegociación de las pensiones con el Pacto de Toledo, la reforma de la negociación colectiva, y cómo abordar la precariedad laboral.
En el debate de este proceso congresual -limitado a las estructuras sindicales-, se han expresado valoraciones similares sobre los avances e intereses comunes del conjunto de CC OO, como el aumento de la afiliación y de la representatividad en las elecciones sindicales o su papel de cauce de expresión y referencia, fruto del esfuerzo de todas las estructuras. O sobre otros objetivos compartidos como son intentar frenar el deterioro de las condiciones laborales y mejorar la acción sindical. Además, existe una retórica común, de carácter general, por el empleo estable, por la cohesión social o por la participación. Pero a veces se observa la gran distancia existente entre la expresión de buenos deseos y la difícil realidad; y luego, surgen diferencias al profundizar en cómo hacer frente a las dificultades y establecer medidas concretas para superarlas. Por ejemplo, una enmienda significativa iba en el sentido de cómo impulsar la participación real de las mujeres sindicalistas en la organización, no dejándola en mera fórmula, sino abordando y venciendo las dificultades reales que lo impiden.
Otro episodio concreto de esa falta de coherencia es, por un lado, los llamamientos para vincular a la gente joven al sindicalismo y, por otro, la evidencia de que solamente han sido elegidos doce jóvenes, de un total de 1.001 delegados y delegadas, para participar en este 8º Congreso.
También se han destacado en el debate los planteamientos y procesos unitarios que han dado un impulso significativo al papel social del sindicato, como la participación en las movilizaciones contra la guerra de Irak, o la huelga general del 20 de junio de 2002 contra el decretazo del recorte de las prestaciones de desempleo. Esa gran movilización demostró la unidad y firmeza sindicales y aumentó la capacidad de presión y la credibilidad del sindicalismo. En esa ocasión se comprobó que los sindicatos pueden ser un cauce de expresión del amplio malestar popular y ciudadano y que es posible una acción sindical y sociopolítica de gran alcance.

Una gestión fuertemente cuestionada

Sin embargo, la gestión realizada por la dirección, presentada en el informe general, ha sido fuertemente cuestionada. Veamos en qué aspectos.
En abril de 2001, la dirección confederal de CC OO suscribe el pacto de las pensiones con la patronal y el Gobierno del PP, partido que había obtenido la mayoría absoluta en las elecciones de 2000, un acuerdo que fue   rechazado por la UGT. Tres meses después, en julio de 2001, y ante la ausencia   de una oposición sindical firme, el Gobierno decreta una reforma laboral que denomina "Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y mejora de su calidad". Estos hechos envalentonaron todavía más a la patronal y al Gobierno y profundizaron la división entre los dos grandes sindicatos. Como consecuencia, en el interior de CC OO se produjo una profunda crisis, al quedar excluidos de la Ejecutiva confederal quienes discrepaban con las decisiones adoptadas por la mayoría de ese órgano del sindicato, encabezados por Rodolfo Benito.
En esa situación del año 2001, el Gobierno lanza la amenaza de la reforma unilateral de la normativa sobre negociación colectiva, y que aplaza hasta la siguiente legislatura con la condición de que los sindicatos firmasen, como así sucedió, el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC) de 2002. Este acuerdo ratificaba la congelación salarial y confirmaba la ausencia de firmeza reivindicativa para combatir la reducción de la jornada o la precariedad laboral. El Gobierno del PP consideró posible otra vuelta de tuerca contra las prestaciones de desempleo, abaratando los despidos y recortando los derechos sociales de los sectores más desfavorecidos, mediante el Decreto de mayo de 2002, más conocido como decretazo . Decreto al que los sindicatos respondieron con la   huelga general unitaria del 20 de junio, que obligó al Gobierno a retirar las medidas más duras contenidas en él.
Sin embargo, en vez de continuar con una línea de confrontación y exigencia reivindicativa -si exceptuamos algunas movilizaciones como la de Enseñanza-, la dirección confederal de CC OO, en este   caso junto con la de UGT, se pronunció por la recomposición del diálogo social y la desmovilización, que han generado en estos dos últimos años un perfil bajo en la acción sindical y un estancamiento en la negociación colectiva. El conjunto de esta estrategia de diálogo y paz social con el Gobierno y la patronal, dominante en los últimos diez años, ha ido consolidando la pasividad, la pérdida de poder contractual, la resignación ante el bloqueo reivindicativo y la ausencia de mejoras sustanciales de las condiciones laborales.
Desde el punto de vista interno, ha aumentado la división existente y se ha reducido la representatividad del aparato confederal. Hace casi diez años apareció el sector crítico -casi un tercio del sindicato- con el fin de oponerse a la derechización y burocratización del sindicato, y fue marginado. En los dos últimos años se ha conformado otra corriente, la representada por Rodolfo Benito y la mayoría de CC OO de Madrid, que exige una mayor capacidad de intervención sindical y una mayor participación interna, y defiende un sindicalismo con más capacidad de propuesta. En el sindicato, han cristalizado en estos tres corrientes importantes, aunque ninguna es totalmente homogénea: la oficial, dirigida por José María Fidalgo; el sector crítico, representado por Agustín Moreno, y la encabezada por Rodolfo Benito. Estas dos últimas han presentado algunas críticas comunes al aparato confederal y tienen algunas propuestas similares, en particular al reclamar una mayor democratización, pero no han podido conformar un acuerdo amplio.

Las propuestas debatidas

El Programa de acción , como se llama la ponencia oficial del 8º Congreso, tiene como objetivo central el impulso organizativo en CC OO, de tal forma que los primeros apartados se dedican a cuestiones internas, para reforzar la afiliación y la organización. La segunda parte está constituida por los apartados fundamentales de la acción sindical. El principal es Potenciar la negociación colectiva , que se considera fundamental como fuente esencial de los derechos laborales, para garantizar una amplia red de seguridad, haciendo de ella la tarea básica del sindicato. Sin embargo, se pone el énfasis en la mejora de la productividad del factor trabajo, en reforzar el tejido productivo o en la inversión tecnológica, sin entrar en un análisis serio de la precariedad del mercado laboral ni en propuestas y medidas concretas para acabar con ella. Por último, se abordan cuestiones como trabajar por la igualdad de trato en el empleo, ampliar los sistemas públicos de protección social y desarrollar la Europa política y social, con valoraciones muy genéricas, propuestas de poco alcance transformador y dando prioridad a la negociación de acuerdos posibilistas con algunas concesiones.
El sector encabezado por Rodolfo Benito presentó una enmienda a la totalidad: Un tiempo para combatir la precariedad, defender el estado social, fortalecer la pluralidad . Definen sus prioridades en la reducción de la precariedad laboral y en la creación de empleo estable, seguro y con derechos; en la defensa del Estado social y de los derechos de ciudadanía, y en garantizar la igualdad de oportunidades. Destacan también la función de la negociación colectiva y el papel del sindicato en la sociedad, su carácter sociopolítico. En la política organizativa defienden el incremento de la participación en la toma de las decisiones y un modelo de dirección basado en la pluralidad y en la participación, para ganar en poder contractual.
El sector crítico presentó una serie de enmiendas a los aspectos más significativos de la ponencia oficial, con el título Otro sindicalismo es posible y necesario. Apuestan por el giro a la izquierda con una estrategia sindical de firmeza, y por la construcción de un sindicato de todos y todas; y proponen un acuerdo interno por la convivencia democrática. En la acción sindical, frente al estancamiento y crisis en el avance reivindicativo proponen generar una mayor presión y movilización, reactivar la negociación colectiva, estimulando la participación, y exigen diversas modificaciones legislativas -como las 35 horas-. Defienden, asimismo, la participación activa en la esfera sociopolítica y en las movilizaciones sociales. Ponen el acento en la acción sostenida contra la precariedad laboral, por la reducción de la jornada laboral y el reparto del empleo y en la defensa de la protección social.
Desde mi punto de vista, los temas más interesantes -los que han generado una fuerte polémica y que perfilan las opciones del futuro- han sido los siguientes:
1. La crítica a los pactos globales con la patronal de moderación salarial, con la exigencia de un papel más activo en la negociación colectiva, que refleja la tensión entre un modelo de sindicalismo más posibilista o más reivindicativo.
2. La conveniencia de una acción de firmeza, más profunda y sostenida, contra la precariedad y la temporalidad, junto a la necesidad de un mayor arraigo entre los nuevos sectores -precarios, jóvenes e inmigrantes-, que manifiesta la importancia de la regeneración del sindicalismo.
3. La defensa intransigente de los derechos sociales y la protección social, en particular, la oposición al recorte de las pensiones, que expresa la importancia de apostar por un modelo de social avanzado.
4. El impulso del papel sociopolítico del sindicalismo, frente a las tendencias corporativas y economicistas, y la vinculación con los diversos movimientos sociales.
5. La oposición a las medidas y dinámicas más burocráticas y centralizadoras, adoptadas en detrimento de la participación; el respeto al pluralismo; la gestión unitaria en los órganos y la autonomía de las diferentes organizaciones, son elementos significativos de un proceso de burocratización y de imposición de las mayorías y marginación de las minorías, frente a la exigencia de una amplia democratización e integración de todas las corrientes.

Una mayoría precaria

En estos meses se habían generado expectativas de un cambio en la orientación y la dirección confederal de CC OO, por la situación de empate técnico, en la estructura del sindicato, entre la corriente oficial y las opositoras.
Como se decía, los debates y propuestas de este Congreso venían polarizados entre la opción del continuismo o la necesidad de un cambio, tanto en la dinámica sindical, con un desplazamiento hacia la izquierda, como en el modelo organizativo, más democrático e integrador.
En el Congreso, han sido rechazados varios centenares de enmiendas. Sólo se han aprobado dos, una de ellas relevante: el mantenimiento del tope de dos mandatos y otro extraordinario para los secretarios generales regionales y de federaciones estatales, frente a la propuesta oficial de eliminar esa limitación. La votación más significativa, la de la elección de la Ejecutiva Confederal, a la que se presentaban tres listas -con 1.000 delegados y cuatro votos en blanco- quedó así: la lista de José Mª Fidalgo (oficial), el 58,4%; la lista de Agustín Moreno (crítica), el 23,1%; y la lista de Rodolfo Benito, el 18,1%. En la candidatura a secretario general, Fidalgo obtuvo 590 votos, frente a 299 de Moreno, al que apoyó una parte del sector de Benito.   
Tras un proceso de elecciones de delegados con muchas irregularidades e impugnaciones, que han beneficiado al sector de Fidalgo, el Congreso ha aprobado   un programa y una dirección en línea con las posiciones oficiales, sin integración de las posiciones de las otras dos corrientes. Además, la nueva Ejecutiva Confederal ha excluido de las responsabilidades ejecutivas confederales a los representantes de más del 40% de los afiliados y afiliadas. Sin embargo, la nueva dirección va a tener dificultades para la consolidación de un modelo autoritario y excluyente, a lo que hizo alusión Fidalgo al afirmar que en el proceso congresual todos eran "soberanos", pero a partir del Congreso todos son "súbditos". Así, son varias las organizaciones donde la mayoría confederal está en minoría, como en Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Les Illes, Madrid y Rioja; o en las federaciones de rama de Actividades Diversas, Agroalimentaria, Administración Pública, Construcción y Pensionistas. También algunas poblaciones relevantes como Barcelona, o provincias como Sevilla y Granada, están dominadas por los críticos. Ello debería suponer respetar los equilibrios internos.
Por tanto, se ha impuesto la ponencia oficial de continuidad, pero con una mayoría precaria del aparato confederal y una fuerte disminución de su representatividad y legitimidad, y con una fuerte contestación.
Pero, frente a la necesidad de una orientación más unitaria, respetuosa de la autonomía de cada ámbito y del pluralismo interno y más integradora del conjunto de las opiniones del sindicato, aparece un riesgo claro: el intento de aprovechar el apoyo de un poco más de la mitad del sindicato para imponer: a) una estrategia "débil" ante los retos colectivos planteados -precariedad laboral, debilitamiento de la protección social, pérdida de capacidad transformadora, exigencia de renovación y regeneración-; b) el monopolio de la dirección con unas medidas organizativas excluyentes y no integradoras, el avance del burocratismo y de la centralización y el retroceso en una cultura democrática. Eso mantiene la fuerte crisis interna que puede generar más tensiones e inestabilidad y debilitar su capacidad contractual y movilizadora.

Dificultades y perspectivas

Estamos en un marco global, con unos límites importantes para el papel del sindicalismo, incluso en el plano europeo y mundial. Existen dificultades estructurales para modificar las dinámicas fundamentales de la política neoliberal dominante, o para hacer frente a las profundas transformaciones socioeconómicas, productivas y tecnológicas. Hay que tener en cuenta, además, la fuerte segmentación de la población trabajadora, su profunda crisis cultural y de identidad colectiva. El movimiento sindical, con el condicionamiento de una amplia burocracia, tiene serias dificultades para transformar las relaciones laborales y defender los derechos sociales, para fijar un horizonte de cambio que suscite un apoyo masivo o para avanzar en conquistas concretas.
Sin embargo, todavía el movimiento sindical es capaz de articular aspiraciones populares, representar unos intereses reivindicativos de amplios sectores, y, en ocasiones, promover amplias movilizaciones. En una coyuntura de débil movilización sindical y social, la tensión de la burocracia sindical está entre mantener una mínima legitimidad entre sus representados, justificando resultados, y la presión externa institucional para colaborar en un clima de paz social, dando prioridad a la negociación e institucionalización de la acción sindical. Hay que tener en cuenta los márgenes existentes y ser realistas con respecto a los puntos débiles del sindicalismo y los movimientos sociales. Pero, al mismo tiempo, se debería mantener una orientación y una voluntad transformadoras.
También estamos en un contexto sociopolítico especial. Tras la masacre del 11-M se ha expresado una tendencia de fondo, pacifista y de afirmación ciudadana, en la mayoría de la sociedad española, especialmente entre las generaciones jóvenes. Se ha dado una lección democrática frente al autoritarismo y prepotencia del Gobierno y se ha expresado la exigencia popular de un cambio contra la guerra y el intervencionismo militar. Ello debería suponer para CC OO, la necesidad de reafirmarse en su papel sociopolítico por la paz y por la regeneración democrática.
Esa dinámica general, también reflejada en la huelga general del 20-J, expresa la necesidad de exigir un giro social al nuevo Gobierno, de modificar la política económica, social y laboral, contra la precariedad y en defensa del Estado de bienestar. Los anuncios sobre el objetivo de la estabilidad presupuestaria, con el mantenimiento de la presión fiscal, no auguran nada bueno para el necesario aumento del gasto social, la mejora de los bienes y servicios públicos y la ampliación de la cobertura de la protección social.
El sindicalismo debería jugar un importante papel en el futuro que se abre, y no esperar a dialogar sólo sobre las iniciativas que el Gobierno o las organizaciones empresariales vayan planteando. Sin embargo, este Congreso no ha adoptado suficientes decisiones para preparar convenientemente al conjunto del movimiento sindical con el fin de hacer frente a esas tareas inmediatas.