Antonio Antón
Cambios sociopolíticos y de mentalidades juveniles

En otoño de 2010 ya se dan en España los rasgos principales de un nuevo ciclo de la protesta colectiva: 1) amplia conciencia social de una situación injusta y una gestión económica y política regresiva y antisocial, es decir, la configuración de una amplia corriente social descontenta e indignada; 2) percepción social de un bloque de poder, con los responsables o causantes contra los que se dirigen el descontento y las  exigencias (Gobierno o clase política gobernante, poder económico y financiero, instituciones de U.E. –Bruselas, Berlín y Frankfort-, élites ricas o poderosas…); 3) amplia movilización colectiva de una ciudadanía activa, con unos agentes sociales definidos (primero el sindicalismo, luego el movimiento 15-M y después ambos) y un ‘empoderamiento’ de la ciudadanía crítica, como sujeto activo (sí podemos), frente al fatalismo y la resignación (no hay alternativas ni margen de maniobra), y con capacidad de influencia; 4) motivos socioeconómicos (contra la austeridad y los recortes sociolaborales…) y políticos (otra gestión política, respeto gubernamental a los compromisos sociales, democratización…), donde se combinan objetivos más concretos (reforma de la ley electoral, No a la reforma laboral, No a los recortes y los desahucios, empleo decente,…) y más generales (rectificación de la política de austeridad y cambio global, derechos sociales, más democracia,…).

El encadenamiento de los cuatro tipos de factores, distintivos del periodo actual, marca la orientación, el carácter y la identificación social, democrática y progresista de estas protestas sociales. Se producen desde la esfera social hacia (o frente) las medidas y estrategias liberal-conservadoras y el déficit democrático de las grandes instituciones políticas; generan un brecha social con la clase política gobernante, conformándose un nuevo y más amplio campo sociopolítico progresista distanciado del gobierno socialista, gestor inicial de una política regresiva, y después, de forma más contundente, respecto del gobierno de la derecha.

En el campo cultural e ideológico, se generan nuevas ideas fuerza en la izquierda social y, particularmente, entre gente joven. La cultura democrática y de justicia social de la ciudadanía progresista o los valores igualitarios y solidarios de los sectores juveniles más inquietos, se confrontan con las nuevas realidades socioeconómicas y políticas. Ante la gestión institucional y económica antisocial e impuesta, se desarrolla una nueva conciencia social sobre componentes sistémicos: desconfianza en el poder económico e institucional (responsables de la crisis y la gestión regresiva), pertenencia al segmento de los de ‘abajo’, los perjudicados y desfavorecidos, reafirmación de la indignación ciudadana desde la cultura igualitaria de la justicia social y legitimación de la acción social colectiva y democrática frente a la involución social y política.

Esas percepciones se van consolidando y conforman una nueva visión sobre la estructura social, el poder económico e institucional y los mecanismos y agentes de influencia sociopolítica y democrática, a diferencia de la mentalidad dominante en el periodo anterior. Es decir, se produce un choque entre las políticas dominantes de la clase política gobernante y los mercados financieros, que acentúan el deterioro de las realidades económicas e institucionales de la sociedad, y los intereses y la conciencia democrática y de justicia social de la mayoría de la ciudadanía.

Así, se generan elementos culturales emergentes que afectan a la percepción de la nueva cuestión social y la necesaria regeneración democrática. Y, dado el bloqueo institucional junto con la responsabilidad del PSOE por su giro antisocial, se abre paso la iniciativa popular y la protesta colectiva con una reafirmación de esa cultura democrática e igualitaria. La existencia de unas estructuras de movilización ciudadana y la construcción de otras nuevas, permitirán articular esas protestas colectivas. Están enmarcadas, por una parte, por las agresiones de los poderosos, con sus recursos institucionales y el intento de subordinación de la ciudadanía, y por otra parte, por el descontento social derivado del sufrimiento, empobrecimiento e incertidumbre de la mayoría de la sociedad. El acierto en la elección del momento, los lemas y los cauces expresivos, será un complemento fundamental para lograr la masividad, la persistencia y la orientación social y democrática de este amplio y dual movimiento de protesta.

Los sentimientos humanitarios y solidarios, típicos de los jóvenes inconformistas de los años noventa y primeros dos mil, se enfrentan a una nueva realidad, se modifican y profundizan y se amplían a nuevos sectores sociales. No se trata solo, o principalmente, de respuestas a problemas ‘externos’ a su realidad inmediata sobre los que se movilizan y ‘solidarizan’ para paliarlos o mejorarlos. En España, la anterior experiencia solidaria se situaba en un contexto determinado: crecimiento económico y de empleo, desarrollo social, cultural y de derechos y expectativas laborales, individuales y colectivas, de ascenso social y profesional.

Con la crisis del empleo y los recortes sociales, esas trayectorias de mejora progresiva del estatus socioeconómico y político de los jóvenes se bloquean y, mayoritariamente, perciben las dificultades y retrocesos para ellos mismos. La injusticia social (el paro, los recortes sociolaborales, la gestión institucional regresiva…) les afecta directamente y de forma profunda y duradera. Por tanto, junto con la crisis socioeconómica y la gestión política antisocial, cambian su experiencia, sus ideas, sus intereses inmediatos y su horizonte vital e ideológico. El motivo de su protesta es directo, sobre todo, evitar para ellos mismos y su entorno inmediato, un retroceso de su posición social y garantizar su futuro material y de derechos. En ese sentido, su conciencia y su comportamiento tienen que ver más con la demanda de igualdad social y más democracia, que son los dos elementos sistémicos cuestionados por el poder económico y político. La solidaridad se fortalece a través de la pertenencia común al bloque de los perdedores o con desventaja, a la reciprocidad de los propios sujetos afectados y la comprensión y el apoyo colectivo entre ellos. La conciencia social sobre los obstáculos o los adversarios se va reconfigurando y se debilita la visión normalizada de la capacidad de gestión positiva (u ordinaria) de las grandes instituciones y los líderes gobernantes. Y esa deslegitimación política del poder o las élites gerenciales e institucionales se contrapone con una participación y un apoyo masivos a la protesta social, con la legitimidad de agentes sociales significativos.

Por tanto, las ideas de los jóvenes avanzados socialmente sobre estos elementos sistémicos, al igual que la misma generación de la década anterior, se siguen basando en la cultura democrática, igualitaria y solidaria, pero se confrontan con otra realidad, se renuevan y reafirman. Ello da lugar a otras ideas fuerza, a la transformación del sentido e implicación práctica de esos valores. Y los jóvenes indignados de ahora expresan nuevas actitudes sociopolíticas y otras formas masivas de comunicación y protesta.

En consecuencia, hay que reconocer las nuevas evidencias, la nueva ‘cuestión social’ y de falta de legitimidad de las grandes instituciones políticas y el poder financiero y político, elaborar nuevos conceptos e interpretarlas con un nuevo esfuerzo teórico y un pensamiento crítico. Los actuales jóvenes inconformistas y sectores amplios de la ciudadanía activa van conformando algunas ideas fuerza (no ideologías) y su contenido y su orientación, en general, son realistas e igualitarios. Los tres factores se encadenan y cristaliza la protesta social: gravedad de los problemas y recortes socioeconómicos para la mayoría de la sociedad; gestión política e institucional regresiva, y cultura democrática y de justicia social con la activación de distintos agentes y movilizaciones sociales. Supone la combinación de tres dinámicas: 1) descontento por el empobrecimiento, la subordinación y la injusticia; 2) percepción de los responsables de esa situación y descrédito del poder, y 3)  movilización colectiva, deseo de cambio y expectativas y oportunidades transformadoras o de influencia.
Afecta a tres cuestiones clásicas de la teoría social, aunque de forma nueva: conciencia y pertenencia social (los de abajo, el pueblo…), conformación de sujetos colectivos y aspiraciones transformadoras. La realidad de la crisis, la austeridad y el sistema político poco democrático, han chocado con una cultura democrática y de justicia social, asentada en una experiencia de derechos sociales y democráticos adquiridos y una cierta ética o valores igualitarios.

La dinámica ordinaria de la participación electoral para que una representación política articule la gestión de los asuntos públicos, se ha mostrado insuficiente. El esquema liberal representativo (desarrollo económico capitalista y Estado de derecho), ha mostrado sus límites abocando a una crisis sistémica: las élites económicas y políticas han perdido credibilidad en su responsabilidad para gestionar la economía y los asuntos públicos. El sujeto soberano del pueblo o la ciudadanía, que expresa su opinión a través de su representación parlamentaria, ha sido desplazado por sectores minoritarios oligárquicos que controlan la economía y el poder institucional y dictan el devenir regresivo de la sociedad. Ante esa subordinación se produce una dinámica contraria de empoderamiento de la propia sociedad, de reafirmación del auténtico sujeto soberano para definir los proyectos sociales, económicos y políticos. Es una vuelta a los fundamentos de la democracia, de la participación popular como fuente de legitimidad y decisión, a la necesidad de un nuevo proceso constituyente.

Los anteriores movimientos sociales –viejos, como el sindicalista, y nuevos, como los ecologistas, feministas, pacifistas o de solidaridad internacional- pugnaban por la redistribución y el reconocimiento. Se han forjado en la experiencia de distintos procesos contra la discriminación, la inseguridad y la desigualdad. Han promovido amplias resistencias colectivas frente a nuevas agresiones, retrocesos y recortes en distintos ámbitos y planos (desde la oposición a la entrada en la Otan y a la guerra de Irak, pasando por el rechazo contra los riesgos medioambientales y la discriminación de las mujeres, hasta la protesta contra el paro, las reformas laborales o los desahucios). En los momentos más conflictivos y movilizadores, junto al avance respecto de los objetivos inmediatos, se llegaba a cuestionar elementos fundamentales de la estructura económica o de poder y generar un amplio cambio de mentalidades. En su conjunto, incluido el movimiento sindical, en los años anteriores habían pasado un periodo de cierta debilidad de su capacidad movilizadora y articuladora. Esos movimientos sociales y el tejido asociativo progresista, siguen teniendo vigencia y se deben reforzar. Ahora se añaden más motivos concretos para la protesta social y nuevos procesos de activación ciudadana.

Pero, además, en este ciclo sociopolítico, la ciudadanía activa, como suma y convergencia de la participación democrática y progresista en la protesta social, adquiere una nueva dimensión, más global o sistémica, y un carácter todavía más social y democrático, al cuestionar las dinámicas socioeconómicas desiguales y el déficit democrático de las grandes instituciones políticas. Es una faceta que está cambiando las mentalidades de amplios sectores de la sociedad y que incorporan también las organizaciones y grupos sociales progresistas existentes. Además, esa cultura cívica, democrática, igualitaria y de participación en los asuntos públicos, genera una motivación adicional y constituye un elemento identificador de los sectores activos y los que apoyan pasivamente o legitiman esta nueva protesta social masiva.

En definitiva, la conciencia social de amplios segmentos populares está cambiando, al ser más evidente la subordinación y el bloqueo vital de la mayoría de la sociedad. Se traduce en una percepción más realista respecto del carácter y distribución injustos del poder. La ciudadanía ha tenido que reafirmar y reelaborar sus fundamentos culturales y éticos. Finalmente, significativos segmentos populares han transformado sus preferencias u opciones sociopolíticas, afianzando la necesidad de promover el cambio social, arbitrando mecanismos expresivos y organizativos y legitimando la acción democrática de las nuevas movilizaciones ciudadanas y sus distintos agentes colectivos.

En conclusión, el factor sociopolítico de cambio se conforma con la suma e interacción de tres componentes: 1) la situación y la experiencia de empobrecimiento, sufrimiento, desigualdad y subordinación; 2) la conciencia de una polarización, con una relación de injusticia, entre responsables con poder económico e institucional y mayoría ciudadana; 3) la conveniencia y posibilidad práctica de la acción colectiva progresista, articulada a través de los distintos agentes sociopolíticos. Y se desarrolla masivamente frente a agresiones inmediatas, en los momentos en que confluyen con mayor intensidad esos elementos y a través de los cauces con mayor credibilidad social para su capacidad expresiva e influencia transformadora. Son dinámicas emergentes, todavía falta por saber cómo van a evolucionar y si se consolidan o no. Pero son suficientemente consistentes como para hablar de un nuevo ciclo sociopolítico, una nueva fase de la protesta colectiva progresista, con novedades relevantes respecto del periodo anterior. Constituyen un nuevo estímulo para un pensamiento crítico y una acción transformadora.
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El presente texto es un extracto de la conferencia Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica, pronunciada en La Bóveda (Madrid),  el 10 de mayo de 2013.
Antonio Antón es profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.