Antonio Antón
Ciudadanía indignada y representación social y política
Existe una corriente social indignada, una ciudadanía activa, y es un nuevo elemento positivo y clave en el escenario sociopolítico. Se refleja en el debate público aunque esté por ver cómo se articulan la continuidad de sus procesos de expresión y movilización, su consistencia y sus consecuencias políticas. Y, particularmente, cómo se articula su representación social, qué alcance y qué combinación van a tener los dos principales movimientos sociopolíticos que, de diferentes formas y distintos momentos, han canalizado el malestar ciudadano y la indignación popular: el sindicalismo y el movimiento 15-M.
Sin embargo, esa opinión ciudadana es discordante con el comportamiento electoral, más fragmentado, y el sistema de representación política, sobre los que median otros mecanismos e inercias. En ese sentido, hay una disociación entre la esfera social y la política, aunque ambas se interrelacionan. Un campo social se consolida cuando tiene unas bases propias sólidas y sus efectos se van trasladando al campo político e institucional; no necesariamente en forma electoral, pero sí en el condicionamiento de las políticas públicas y las decisiones institucionales, es decir, en la influencia sociopolítica y la transformación del poder. Al revés, el sistema político tiende a asumir las funciones exclusivas de representación, reducir la participación ciudadana al marco electoral y utilizar su hegemonía institucional para debilitar la propia articulación asociativa de la sociedad y los movimientos sociales.
Dicho de otro modo, existe una relativa crisis de la representatividad de las élites políticas actuales. La clase política aparece en los últimos Barómetros del CIS no como la solución, sino como el tercer gran problema de la sociedad (tras el paro y las incertidumbres económicas). Por otro lado, para guiar los asuntos públicos tanto Zapatero cuanto Rajoy no llegan a tener la confianza ni de una quinta parte de la ciudadanía. Así mismo, en el Barómetro Continuo de Confianza Ciudadana elaborado por Demoscopia (ver El País, 7 de agosto de 2011), los políticos (con una puntuación de 2,6) y los partidos políticos (2,8) son las instituciones que menor confianza inspiran a los ciudadanos, seguidos de los bancos (2,9) y el actual Gobierno –socialista- del Estado (3). Por el contrario, son las instituciones que ofrecen educación, sanidad, protección social y seguridad las mejor valoradas (más de 6,5). Por último, hay que destacar como preocupante la baja puntuación dada a los sindicatos (3,3) que expresa la poca confianza que inspiran a la ciudadanía, particularmente, tras su compromiso con el acuerdo de recorte de las pensiones públicas (rechazado por la mayoría social y tal como se ve una de las instituciones que goza de mayor confianza ciudadana).
Por tanto, las decisiones de la clase política ya no pueden ampararse sólo en la legitimidad de la delegación de voto cada cuatro años sino que deben tener más en cuenta y de forma permanente la voz ciudadana. Esa débil confianza en la clase política para conducir la gestión socioeconómica no es total o general, ni afecta a todos los planos. Es evidente, aun con ambivalencias, el apoyo de la mayoría ciudadana a las política sociales, a un empleo decente y a los principales mecanismos del Estado de bienestar, así como su oposición a sus recortes (cercana al 80% respecto a algunos como prolongar la edad de jubilación), aunque hayan sido avalados por una amplia mayoría parlamentaria y del sistema político e incluso de los medios de comunicación. Por otro lado, los partidos políticos con responsabilidad institucional conservan, incluido el propio PSOE, un amplio respaldo electoral, a veces combinado con el rechazo a sus líderes o a parte sustancial de su gestión, particularmente de las diferentes formas de corrupción existentes.
Tendencias sociales ambivalentes
Existe un bloque de poder impresionante (en el ámbito estatal, europeo y mundial), pero poco legítimo, aspecto que señala su vulnerabilidad. Esa deslegitimación de gran parte de la sociedad hacia su gestión de la crisis y sus políticas regresivas, sin atender a las amplias necesidades de la sociedad, ya las está condicionando, en su alcance, generalidad y ritmo. Pero los poderosos, los mercados, tienen un gran margen de maniobra para seguir presionando en esa dirección antisocial. Sin el reequilibrio entre las fuerzas sociales, particularmente en el ámbito europeo, es difícil un cambio sustancial. En el panorama europeo y español, a corto plazo, no aparecen fuerzas sociales y políticas suficientemente consistentes para forzar un cambio profundo en la orientación de la gestión y el tipo de salida de la crisis y en la regeneración de la vida democrática y el sistema político. Es un empeño a medio plazo pero que debe contemplarse en el horizonte y ser consecuente con él en el terreno práctico y teórico. Hacer frente a ese reto conlleva una mayor participación ciudadana y la profundización democrática, una revalorización de la política, en el sentido amplio de intervención ciudadana en la cosa pública, junto con la suma y convergencia de actuaciones de las izquierdas y el tejido asociativo progresista en cada ámbito, europeo, estatal o local. Sin la activación de la ciudadanía y la expresión pública y persistente de la exigencia de rectificación de la política socioeconómica dominante, existe poco margen para la consecución de pactos equilibrados o reformas sustantivas. Las propuestas alternativas crean conciencia social y son guías para la acción práctica por un cambio más justo. Pero dependen del grado de apoyo ciudadano, de su fuerza social.
La socialdemocracia, en gran medida, ha renunciado a sus compromisos sociales, se mantiene dependiente de esas estructuras de poder, ha perdido la confianza de una parte de sus bases sociales, tiene poca credibilidad para renovar su discurso, y su futuro es incierto. Al mismo tiempo, el resto de la izquierda política aunque posee cierta representatividad electoral e institucional (sobre todo en el ámbito local) está muy fragmentada y tiene diversas inercias del pasado, limitada influencia y capacidad transformadora, y está muy condicionada por sus intereses inmediatos de conseguir resultados electorales y presencia institucional.
En ese sentido, la esfera político-institucional todavía presenta más dificultades y complejidades para proceder a su consolidación y renovación, para reflejar en el campo electoral e institucional los cambios progresistas que se van produciendo en el campo social. La cuestión abierta es cómo se configuran las nuevas representaciones y expresiones públicas. En el plano político, incluido la crisis y/o renovación de los partidos socialistas a medio plazo y la articulación del resto de la izquierda política –contando la nacionalista y la verde-. Pero, sobre todo, en el plano social, en la configuración de esa corriente social y sus expresiones organizativas, tanto en el movimiento sindical cuanto en el conjunto del tejido asociativo y los movimientos sociales, particularmente, la consolidación y la continuidad o no del movimiento 15-M tras las elecciones generales del 20-N.
Por tanto, se está produciendo un cambio y un reajuste de las formas expresivas, formas de acción, estructuras organizativas y discursos, junto con nuevas élites representativas de una ciudadanía indignada y más activa. Aparte de otras dinámicas sociales paralelas, de significado cultural y sociopolítico distinto o ambivalente, se va configurando un campo social progresista o de izquierdas, globalmente positivo, con gran conciencia colectiva y valores democráticos, solidarios y de igualdad, y bien orientado en sus objetivos generales de justicia social. Con el sedimento de toda la trayectoria progresista desde la transición democrática, su configuración específica en esta etapa está en sus comienzos y tiene todavía diversas carencias. Una, importante, es su reflejo en las instituciones políticas (o en el campo electoral). Para ello debe madurar más, afirmar su autonomía de esa esfera institucional, favorecer una mayor renovación de los propios partidos políticos progresistas y de izquierda, así como modificar el sistema institucional y electoral y las formas de participación democrática. La insuficiencia y la dificultad mayor es sobre la consistencia, continuidad y unidad de esa corriente ciudadana como fuerza social operativa (incluida la reorientación y dinamismo del movimiento sindical, la articulación del movimiento 15-M, el devenir de las izquierdas nacionalistas y el desarrollo de otros movimientos sociales, como el ecologista). Afecta a su componente sociocultural, expresivo y de articulación democrática, a su influencia en las políticas públicas y al condicionamiento del propio poder político y económico, junto con las posibilidades de configuración de nuevas élites representativas –contando con parte de las anteriores en un proceso de renovación y regeneración- con un nuevo pensamiento social más crítico.
Otro aspecto de esta nueva dinámica ciudadana son los resultados transformadores en la conciencia social, las condiciones de vida concretas, los equilibrios sociales y las soluciones a medio plazo. Ello, en un contexto político de probable dominio institucional de las derechas políticas (con la victoria del PP en las elecciones generales) y unas dinámicas económicas que no superen el estancamiento económico y del empleo, se subordinen a los mercados y fuercen mayores recortes sociolaborales.
En ese sentido, cabe el desarrollo de dinámicas problemáticas: ascenso del populismo y la xenofobia, conflictos interétnicos, tendencias autoritarias y derechistas, agresividad intergrupal, prevalencia del orden social y económico y miedo al cambio… Y tampoco hay que descartar evoluciones paralelas y tensas de ambos sentidos, reaccionario o progresista, de esas nuevas tendencias sociales.
En todo caso, la radiografía del sistema institucional derivado de las elecciones generales del 20-N (al igual que el 22 de mayo, con las locales y autonómicas) probablemente con una mayoría de derechas en el Parlamento es expresivo no tanto del aumento del electorado de derechas, cuanto de la desafección de una parte de la base electoral socialista, así como la fragmentación y debilidad del resto de la izquierda política, amplificada por el sistema electoral poco proporcional. El resultado puede ser una composición del parlamento y el Gobierno, legales según la normativa actual, con importante legitimidad al descansar en un amplio proceso electoral, pero sin una confianza popular mayoritaria y con el riesgo de pretender acapararla en exclusiva, para todo y durante cuatro años, en detrimento de la posición crítica de una gran parte de la ciudadanía poco representada institucionalmente. Y aquí, al igual que en otras ocasiones con la propia legitimidad de los sindicatos, adquirida a través de otros canales representativos, habrá que valorar los apoyos reales que los diferentes segmentos de la sociedad aportan a través de otras formas de representación sobre los temas más significativos y en cada momento trascendental, como con la exigencia de un referéndum para decidir la reforma constitucional. Así, junto a la derechización del sistema político, en el plano social, puede pervivir un bloque ciudadano crítico con las políticas conservadoras de ambos grandes partidos institucionales entre los que, aparte de la crispación de su pugna electoral, han coincidido en la orientación regresiva (mayor o menor) de la gestión de la crisis y en la desconsideración –poco democrática- a la amplia opinión ciudadana que ha manifestado su indignación.
En Europa (y en España), cabe una involución conservadora, autoritaria y populista y, particularmente, un repliegue nacionalista en los países centrales, el debilitamiento del modelo social europeo y de una unidad solidaria. Pero junto a esa tendencia también hay signos de la defensa ciudadana de los derechos sociolaborales y la participación democrática. La realidad es ambivalente y el sentido del devenir sigue abierto. Como dice Touraine, la crisis es el resultado de la ruptura impuesta por los financieros entre sus intereses y los del conjunto de la población; los agentes sociales, golpeados por la crisis económica y social, pueden sufrir tanto una exclusión social creciente, como ser testigos de una aceleración de la mutación cultural. Según este autor, los años venideros oscilarán entre la catástrofe y la refundación de la sociedad. Su objetivo es estudiar los factores que pesarán en un sentido u otro, y destaca la importancia de la cultura de los derechos humanos universales. Igualmente, aquí se destaca la relevancia de los derechos sociales y económicos y la participación democrática de una ciudadanía activa, la importancia de la política, como intervención de la sociedad en los asuntos públicos y la regulación de la economía, frente a la tendencia hacia la prioridad de los beneficios privados que guía la economía liberal y su independencia de la sociedad, la ética colectiva y los poderes públicos.
Durante el año 2010, la particular combinación de las movilizaciones sindicales (contra el plan gubernamental de recorte de las pensiones, las medidas de ajuste fiscal y la reforma laboral) y la negociación institucional (el acuerdo trienal para la negociación colectiva que certificó la moderación salarial y la fallida de la reforma laboral), no evitó el giro antisocial del Gobierno, pero sí logró suscitar un amplio apoyo ciudadano para frenarlo y defender las alternativas sindicales de rectificación, sobre todo con la huelga general del 29-S. Así mismo, consiguieron un elevado prestigio y liderazgo social entre las clases trabajadoras, reforzando su dimensión representativa y sociopolítica. A diferencia del año 2010, desde primeros del año 2011, con su apoyo al recorte de las pensiones públicas y el pacto social, la mayoría de los dirigentes de los grandes sindicatos se encuentra con una importante desafección popular. Particularmente, desde la primavera, con la consolidación del movimiento 15-M, se produce un desplazamiento en su exclusiva hegemonía, en los meses anteriores, en la representación social de las capas populares, precisamente en dos temas clave de la identidad del sindicalismo: la defensa de la democracia y la actividad frente a las consecuencias de la crisis económica. La acción sindical entra en una nueva fase. Por un lado, persisten la crisis y esas políticas liberales regresivas, con retrocesos sociolaborales y una relativa impotencia transformadora. Por otro lado, las estructuras sindicales deben recuperar su credibilidad ante la sociedad y sus propias bases sociales, ganar capacidad transformadora y contractual y reajustar su dimensión representativa ante el nuevo agente social aparecido en conflicto con el poder establecido.
Al mismo tiempo, ante la persistencia del paro masivo, la gravedad de sus consecuencias sociales, la continuidad de las políticas de ajuste y una gestión institucional dependiente del poder económico-financiero, va creciendo la indignación popular que cristaliza en las masivas manifestaciones del 15-M y se consolida durante más de un mes de acampadas y actividades de denuncia, junto con las grandes manifestaciones del 19 de junio contra el pacto por el euro y el 24 de julio contra la gestión de la crisis, o las convocadas para el 15 de octubre.
Se puede aventurar una dinámica para los próximos años con dos elementos: el probable nuevo ciclo político con hegemonía institucional de las derechas –con los resultados de las elecciones generales del 20-N-, y la persistencia de los grandes problemas socioeconómicos y de empleo. Su evolución y, sobre todo, el tercer elemento, las respuestas de la sociedad, de las diferentes corrientes y movimientos sociales, irán condicionando y definiendo el futuro. No todo está dicho, ni el poder establecido es el único que tiene la palabra. La ciudadanía activa e indignada, los grupos de izquierda y los movimientos sociales –incluido el sindicalismo- también tienen cosas que decir. La acción colectiva progresista y el pensamiento crítico son el camino a recorrer.
En todo caso, la trayectoria de estos dos años pasados de respuesta ciudadana a la crisis y sus gestores, con sus aciertos y errores, insuficiencias y virtudes, nos ha traído enseñanzas, ha configurado una dinámica sociopolítica con altibajos, avances y retrocesos, pero prometedora, y ha recorrido un camino desde el que hay que continuar caminando. El futuro está por venir, depende de lo que hagamos en el presente; la realidad social tiene distintas posibilidades de evolución y ofrece diversas oportunidades, pero este devenir es estimulante para los partidarios de un cambio social por la igualdad.
Las coyunturas críticas en la historia añaden complejidades y dificultades para la acción práctica y el pensamiento social, hacen envejecer o desplazar determinados discursos, élites, proyectos y formas sociales, pero también ofrecen, no sin esfuerzos adicionales, oportunidades y estímulos para renovarlos y crear nuevas ideas y formas expresivas que favorezcan la interpretación más adecuada de la realidad y la acción práctica más justa para cambiarla.
Distintos sistemas de representación y élites diversas
La respuesta a la complejidad y la diversidad de esa población descontenta y sus distintos niveles de implicación y posiciones ideológicas, requiere una acción y una dinámica organizativa profundamente democráticas, resolviendo bien las formas de la necesaria delegación, coordinación y representación, así como el respeto al pluralismo y la actitud integradora y unitaria.
Existe una opinión extendida en parte de la ciudadanía más activa que se expresa con la idea ‘no nos representan’, dirigida fundamentalmente a los grandes partidos de poder (PP, PSOE, CIU). No obstante, también llega a afectar, en tono diferente, al resto de la izquierda política (IU-ICV, ERC, BNG…) o a las propias estructuras sindicales. Esa idea no es cierta por lo que se refiere a millones de personas que simpatizan con ese movimiento y cuya posición es más ambivalente: apoyan sus ideas, aunque también pueden seguir afiliados a los grandes sindicatos y confiar en sus dirigentes, o votar al partido socialista (o a otros grupos más a la derecha). Se produce una combinación de actitudes entre esa expresión de indignación representada por el movimiento 15-M y la vinculación hacia la actividad defensiva de los sindicatos o con el apoyo electoral hacia opciones políticas aun con desacuerdos significativos a la gestión de sus líderes.
Ese movimiento que ha recogido un sentir mayoritario de la ciudadanía en la expresión de su indignación, no puede totalizar la representación del conjunto de sus deseos y aspiraciones, particularmente de los otros dos planos cuya intervención está mediada por otros mecanismos, necesidades y estructuras: el sindical, y el político-electoral. Así, hace bien en considerarse un movimiento ‘social’, de carácter sociopolítico y vocación transformadora, pero ser autónomo frente a la acción electoral y las organizaciones partidistas y/o sindicales, exigiendo mayor democracia y representatividad del sistema político y siendo prudentes en su intervención directa en esos campos. En sentido más amplio, habrá que analizar cómo evolucionan esos equilibrios, partiendo del hecho nuevo relevante: la amplia crítica a la clase política, particularmente, la desafección al partido socialista por su gestión antisocial de la crisis y la constitución de una ciudadanía indignada y activa.
No obstante, esa idea impugnadora de la representatividad de la clase política, sí es expresiva de una parte más militante de ese movimiento que se fundamenta en algunos elementos. Veamos la parte menos involucrada en el poder institucional y la corresponsabilidad con los recortes sociales y más afín con ese movimiento con el que comparten una amplia base social: la izquierda política y los grandes sindicatos. Por un lado, en cierta medida, esos grupos políticos a la izquierda de la socialdemocracia han solido priorizar sus intereses político-electorales y su posición institucional –cosa lógica dentro de sus objetivos y el contexto de organizaciones especializadas-, respecto de la acción social o sindical. El problema aparece cuando, sin haber contribuido de forma decisiva al desarrollo de esos movimientos y la conformación de esa actitud social de la población, han intentado convertirlos en medios de apoyo al campo electoral propio y pretender, a veces, absorber o instrumentalizar esa función representativa autónoma del campo social o sindical y sus representantes directos.
Igualmente, algunas actuaciones de representantes de los grandes sindicatos han dado la espalda a opiniones de amplios sectores populares y han dejado un poso de frustración social. Los sindicatos conservan una gran representatividad y constituyen un freno fundamental al retroceso socioeconómico y laboral. En ese sentido, hay que evitar su deterioro y fortalecer su función reivindicativa. Pero, últimamente, su credibilidad y su prestigio, entre bases sociales de izquierdas y una parte de la gente joven, se ha deteriorado al decaer su capacidad defensiva y transformadora o acentuar los intereses corporativos de su burocracia (y también se han debilitado entre las bases sociales conservadoras por otros motivos contrarios, su actitud reivindicativa y la ofensiva mediática de las derechas, sin recuperarlos por su ‘responsabilidad institucional’ con el acuerdo social y económico).
Por otro lado, nuevas élites emergentes, vinculadas al movimiento 15-M, pugnan por confirmarse y legitimarse socialmente, prevenir su marginación y evitar su neutralización o su absorción institucional. Utilizan una crítica anti-jerárquica y anti-elitista frente a esas estructuras políticas y sindicales instaladas, y aportan un saludable ejercicio participativo y anti-burocrático. Pero deben establecer los mecanismos de relación y comunicación para rellenar también la distancia entre la parte activa (con alta participación asamblearia, deliberativa y comunicativa en las redes sociales) y los centenares de miles, incluso de millones que, en un mayor o menor grado, simpatizan con propuestas decididas por los primeros pero cuyo apoyo tampoco es incondicional, ni total o permanente. Los vínculos entre las dos partes son indirectos y condicionados por los medios de comunicación, el acontecer sociopolítico y las formas y oportunidades de las actuaciones colectivas más o menos masivas. Todo ello supone abordar también las formas de la delegación a sus representantes o portavoces y la coordinación organizativa, junto con afinar las críticas y establecer los puntos de colaboración adecuados con el resto de tejido asociativo progresista.
_________________
Antonio Antón es profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.