Dos aspectos vamos a tratar para acercarnos a la valoración del eje izquierda/derecha para definir la pugna sociopolítica actual y la posición de dirigentes de Podemos de sustituirlo por otros ejes (democracia/oligarquía o ciudadanía/casta)que expliquen mejor el conflicto social: las características ideológicas del electorado, particularmente el autodefinido como de izquierdas, y el significado real y simbólico del eje izquierda/derecha.

Auto-ubicación ideológica del electorado de PSOE, Podemos e Izquierda Plural

El Centro de Investigaciones Sociológicas –CIS- viene estudiando desde hace tiempo la auto-ubicación ideológica de la población sobre el eje izquierda-derecha. Utiliza una escala de 1 –extrema izquierda- a 10 –extrema derecha-. Los segmentos 1 a 4 se consideran auto-identificados como de izquierda, el 5 y el 6 de centro, y del 7 al 10 de derecha.

Para el convencimiento de ese electorado decisivo y la consecución de mayorías sociales se establecen las distintas estrategias políticas y comunicativas: el PSOE, intentando que se olvide la gestión de su cúpula gubernamental y con una retórica ‘centrada’ y ambigua; Izquierda Plural, de acuerdo con su posición en el eje, intentando hacer ver que el PSOE es de ‘derechas’ y que la alternativa es la auténtica izquierda, y Podemos que la cúpula socialista es de la casta y la alternativa es la ciudadanía y la democracia. La incógnita es la eficacia de cada discurso para conectar con la realidad de la estrategia de cada agrupamiento político, explicar la justeza o no de su discurso, enlazar con la mayoritaria cultura cívica, social y democrática, así como la credibilidad de cada formación y su liderazgo para representarla.

Significado real y simbólico del eje izquierda/derecha

Frente al eje izquierda/derecha la opción de Podemoses crear otro eje real y simbólico para expresar otra dicotomía: frente a oligarquía y casta propone democracia y ciudadanía. Veamos, primero, los efectos confusos derivados de la inclusión de la socialdemocracia en la izquierda política, ya que se generan dificultades para definir un proyecto político transformador y coherente y se diluyen sus mejores tradiciones y símbolos.

La representación política y cultural mayoritaria de la izquierda (o mejor, izquierdas, en plural), en las últimas décadas, ha sido hegemonizada por la socialdemocracia que, precisamente con su giro al Nuevo centro o Tercera vía, ha abandonado sus prioridades fundamentales de profundizar realmente en la igualdad y la democracia, particularmente en los derechos sociales, económicos y laborales. Además, con la crisis sistémica, económica, político-institucional y europea, sus aparatos gobernantes han consolidado una estrategia en dirección contraria a la justicia social y el respeto a los derechos sociolaborales, aplicando unas políticas regresivas y antisociales e incumpliendo sus contratos con la ciudadanía.

Por otra parte, históricamente se han realizado diversos intentos de conformar una izquierda nueva o auténtica, diferenciada del giro centrista de la socialdemocracia o de sus corrientes más economicistas o rígidas. En el terreno social han sido, desde los años setenta, los nuevos movimientos sociales (feminismo, ecologismo, pacifismo…) quienes han modificado, renovado y ampliado las tradiciones de la problemática social y los discursos, reivindicaciones, sistemas organizativos y reconocimientos sociales y políticos de las izquierdas (incluido los partidos verdes). En el ámbito político-electoral la propuesta de Izquierda Unidaes la reafirmación en las referencias de la izquierda democrática europea, junto con distintas inercias organizativas y discursivas.

El contenido sustantivo de forjar una mayoría social frente al poder oligárquico, basado en la participación popular contra la desigualdad y por la democracia podría ser común entre Podemos e Izquierda Plural. La diferencia sería, sobre todo, de carácter simbólico y de formas discursivas. Sin embargo, tiene implicaciones por su impacto en la valoración de las tradiciones, la adecuación de los discursos a las nuevas realidades y la legitimación de los distintos actores.

El PSOE vuelve a utilizar el rótulo de izquierda, aunque es una retórica instrumental y no supone un giro a una política diferente a la del periodo anterior. Pero en esta fase y con la cúpula y la orientación actual del PSOE, utilizar un simbolismo compartido (izquierda) no clarifica esa diferenciación. A no ser que el conjunto del PSOE y, en particular su aparato, se reconvirtiera hacia una auténtica izquierda, cosa improbable, o claramente dejara de declararse de izquierda, dejando el símbolo en manos solo de IU. Ello no impide valorar elementos comunes y llegar a acuerdos concretos o a la convergencia de posiciones parciales, como a veces ocurre entre distintas formaciones políticas en foros parlamentarios, entre los sindicatos y las organizaciones empresariales o entre otros movimientos y grupos sociales con instituciones diversas, respecto de tal o cual reivindicación o actividad. Pero el hilo conductor ahora es cómo hacer frente al cambio gubernamental, precisar los acuerdos necesarios y clarificar las posibilidades para ello, y situar el papel de esos símbolos y su contenido sustantivo.

Han adquirido mayor relevancia graves problemas sociales para la población: la cuestión social, la desigualdad socioeconómica y la involución democrática y de derechos. Y, paralelamente, la necesidad de la reafirmación ciudadana en los mejores fundamentos de la izquierda: igualdad y democracia (o libertades y no dominación), además de otros como la solidaridad y la laicidad. Se produce una paradoja. Por un lado, los valores clásicos de la izquierda democrática europea de estos dos siglos tienen más importancia y vigencia para transformar la realidad de desigualdad, empobrecimiento y subordinación, mediante la participación popular frente al establishment. Por otro lado, la marca izquierda no es clara para representarlos y fortalecerlos y ha sido instrumentalizada y anulada en el ámbito institucional por la tercera vía (o nuevo centro) socialdemócrata; o bien, ha sido asociada a otras realidades históricas del llamado socialismo real, con regímenes autoritarios con su nueva nomenclatura dominadora y sin libertades democráticas, o se vincula con discursos anquilosados y prácticas burocratizadas.

Por tanto, la contraposición ‘simbólica’ izquierda / derecha es confusa, ya que en la ‘marca’ izquierda coexisten diversas tradiciones, unas buenas y otras menos buenas. Pero lo significativo para la percepción global de la población es que últimamente la ha gestionado, sobre todo, la socialdemocracia con un discurso y una estrategia, según ellos mismos, de ‘nueva vía’ o ‘centro’. Gran parte de la población ve esa contraposición como la simple alternancia de cúpulas gobernantes, hoy con similares proyectos en las cuestiones socioeconómicas y políticas fundamentales. Ese eje no reflejaría una oposición sino una línea de consenso, sin alternativa. Se trata de ‘superar’ ese esquema que genera confusión, ya que la ‘dirección’ de la izquierda mayoritaria (socialdemocracia española y europea) ha hecho una reconversión ideológica hacia el centro social-liberal y una última gestión gubernamental e institucional, fundamentalmente, de derechas, no igualitaria y con déficit democrático. En este periodo de crisis económica y política y de consenso básico entre conservadores y socialdemócratas sobre la austeridad (flexible) y los temas de Estado, a veces puede haber mucha ‘confrontación’ mediática, incluso fuerte crispación, entre el PP y el PSOE, pero no suele obedecer a profundas diferencias estratégicas o de opciones fundamentales, hoy bastante coincidentes, sino a temas menos relevantes. Pongamos que la diferenciación pública, cuando no hay consenso de fondo, la establecen entre una élite de derechas consecuente con las políticas regresivas en todos los aspectos (que quiere aparecer de centro-derecha, como la mayoría de sus votantes) y otra cúpula de derechas (que quiere que le consideren de centro-izquierda, como se identifica su base social), consecuente también con la estrategia liberal-conservadora, cuya retórica de centro no ha tenido credibilidad, aunque la complemente con algunos aspectos de izquierda, algunos significativos, por ejemplo en el tema del aborto. Normalmente el conflicto entre ellos no se produce en ‘temas de Estado’, ni en las grandes líneas socioeconómicas o europeas. La polarización parcial, a veces, es tensa, y se instrumentaliza según las conveniencias del marketing por el aseguramiento de la legitimidad de sus aparatos respecto de sus respectivos campos electorales.

Esos giros –discursivo, al centro y ejecutivo, a la derecha- de los aparatos socialdemócratas no determina que haya que dejar de utilizarse esa expresión izquierda o que, bien acotada, sea un elemento significativo de la identificación popular. Existen amplios sectores sociales que se autodefinen de izquierdas, incluida cerca de la mitad de la base socialista y la gran mayoría de los votantes y simpatizantes de Podemos e IU/ICV. Mantienen vigentes los valores de justicia social, los derechos socio-laborales, la redistribución y la democracia. Son actitudes progresistas y de izquierda que les han llevado a la crítica a los poderosos y al apoyo a la protesta social frente a la política autoritaria de austeridad. En la sociedad todavía existen esa cultura positiva de izquierdas y suficientes energías sociales para defender la igualdad y profundizar la democracia. Ahora bien, aparte de qué política de fondo hay que desarrollar, el interrogante es qué símbolo es más útil para que se identifique la ciudadanía en su pugna político-electoral con el establishment: ¿Disputar la marca que se ha vuelto a apropiar la dirección del PSOE para camuflar su giro al centro, ahora que su marca centrista con gestión de derechas no ha dado resultados y está asociada a políticas socioeconómicas liberales sin respeto por la opinión ciudadana? ¿A quién considera la gente cuando se habla de izquierda política?.

El PSOE y sus bases sociales tienen un carácter ambivalente. Tienen componentes de izquierdas, pero lo sustantivo de su aparato, su gestión y su proyecto, político y socioeconómico, no son de izquierdas. La vocación de la nueva dirección de volver a gobernar con similares estrategias y las mismas dependencias con el establishment no augura un giro a la izquierda. Su estrategia comunicativa consiste, sobre todo, en hacer olvidar su última gestión de derechas y mantener la ambigüedad sobre una política centrada, sin diferencias sustanciales con la dominante en la Unión Europea y el consenso de la socialdemocracia con el bloque de poder encabezado por Merkel. La respuesta de la gente sobre quién o qué es izquierda, cuando menos, no es sencilla y está presa de esa ambivalencia. Se puede resolver parcialmente haciendo valer los valores en que se asienta la izquierda social y reafirmando el papel de una izquierda política consecuente y renovada.


Refuerzo, renovación y superación de la izquierda

En relación con la izquierda se deben desarrollar tres tareas complementarias y con una relación compleja entre sí: existen componentes a reforzar, otros a renovar y algunos directamente a abandonar y superar. Hay que apoyarse en los valores democráticos e igualitarios de la izquierda social, reforzarlos y representarlos, evitando diferenciaciones artificiales o a efectos de legitimación particular. Definir los adversarios reales, el campo de los aliados y el proyecto de cambio es la tarea común de un polo alternativo a la socialdemocracia.  Igualmente, hay que renovar y reelaborar el análisis, los proyectos y las ideas fuerza, junto con nuevos esquemas analíticos y discursivos que simbolicen e interpreten el contenido fundamental de los nuevos conflictos sociopolíticos y culturales. Debemos seleccionar lo adecuado del pensamiento, la acción y los valores de las izquierdas (y otras corrientes progresistas) y rechazar lo inadecuado. Realizar la correspondiente valoración crítica de sus tradiciones más negativas, en particular y a veces, su falta de sensibilidad democrática y de respeto al pluralismo y la existencia de ciertos dogmatismos.

Por tanto, se trata de cambiar discursos, renovar representaciones y liderazgos y elaborar nuevos símbolos que expresen mejor las identidades colectivas transformadoras en un sentido igualitario y democrático. Y para ello es necesario contar con la experiencia en la lucha democrática y social, la representatividad y las mejores tradiciones culturales de las izquierdas transformadoras. Lo nuevo no puede prescindir de las mejores características de lo viejo. Elementos tradicionales en la acción democrática y de izquierdas, convenientemente renovados, son fundamentales en la nueva época. Pero habrá que superar la debilidad en el campo simbólico y discursivo para expresar claramente un proyecto político transformador y democrático, así como sus bases sociales y las alianzas, abordando el hecho de que una parte de ese sector de centro-izquierda todavía considera que la dirección socialista les representa políticamente. No obstante, la consolidación y ampliación del proyecto de cambio, se apoya, sobre todo, en esa gente de izquierda pero desborda la auto-identificación con la izquierda, su base se asienta entre la ciudadanía descontenta con el poder establecido por su estrategia regresiva y su cultura es progresista en lo social y democrática en lo político.

Hemos expuesto la polarización o dicotomía entre izquierda y derecha. Por un lado, con la crisis sistémica y la gestión autoritaria y antisocial de las élites gobernantes, incluida la socialdemocracia, se han revalorizado los temas y valores clásicos de la izquierda democrática europea: justicia social (igualdad socioeconómica y derechos sociolaborales) y democracia (libertades, participación, no-dominación). Igualmente, en el plano relacional e histórico, se ha configurado una ciudadanía indignada, de carácter popular, progresista y democrático, y junto con la movilización social de una ciudadanía activa, se ha abierto una pugna de fondo frente a la gestión regresiva de los poderosos, cuestionando su legitimidad. Por otro lado, la gran mayoría de votantes de Izquierda Plural y Podemos, así como la mitad de los del PSOE, se sitúan ideológicamente en la izquierda, es decir, comparten esos valores básicos. Finalmente, hemos señalado los problemas para la identificación de la ciudadanía con la izquierda política dada, cuando menos, la ambivalencia de la pertenencia de la socialdemocracia a ese bloque –diferenciando cúpulas de su base militante y votante-. El vocablo izquierda no es unívoco y se presta a confusión, pero dentro de las izquierdas hay experiencias, tradiciones y valores fundamentales para aportar en la nueva época. Está vigente el conflicto de gran parte de la misma con la derecha y la involución social y democrática y hay un sentido de pertenencia entre amplios sectores de la sociedad, basado en esos valores de la igualdad asociados a la izquierda. Todo ello sigue vigente, no está superado, se debe realzar y formar parte de la identificación popular.

En resumen, falta por profundizar su contenido, renovar su pensamiento, sus discursos y sus estructuras organizativas y, específicamente, reelaborar y resignificar sus signos y sus símbolos.  Pero hay que definir de otra forma los polos del conflicto social, por una parte, las capas dominantes y, por otra parte, el sujeto progresista, la ciudadanía crítica y sus principales actores, con un proyecto transformador por la igualdad y la democracia.

2. Significado de casta

La palabra casta ha tenido un fuerte impacto mediático. Le ha puesto un apelativo peyorativo a unas élites dominantes, hoy día impopulares y autoras de una gestión regresiva, política y socioeconómica. Apunta a la existencia de una minoría oligárquica que busca reforzar sus privilegios y su poder a costa de mayor desigualdad y subordinación para la mayoría de la sociedad. De ahí su relevancia pública, por un lado, por  su conexión con la deslegitimación ciudadana de los poderosos y, por otro lado, por la reacción airada de ese grupo dominante aludido ante su identificación y su descalificación.


El concepto de casta

La utilización de la palabra casta es muy variada y afecta a cuáles son sus significados exactos, sus características y su amplitud. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, casta es un “grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc.”. Según el diccionario  de María Moliner sería un “grupo constituido por individuos de cierta clase, profesión, etc. que disfrutan de privilegios especiales o se mantienen aparte o superiores a los demás”. Según la acepción académica (y popular) sería un grupo separado o distanciado de las capas populares, con una situación privilegiada y ventajosa. Tenemos ya dos criterios de selección: por encima de las capas populares o la gente normal y corriente, y con ventajas comparativas. Es decir, serían capas altas o élites dominantes con privilegios especiales y no merecidos que abusan de su posición de poder y estatus. Pueden derivar de su colocación dominante en la economía (o la herencia) o por su posición de control de los recursos públicos que utilizan en beneficio propio (más o menos legales o corruptos).

En este caso hablamos, sobre todo, de la casta política en un doble sentido. Por un lado, a su vinculación y defensa de los intereses del poder económico-financiero –la casta financiera-gerencial-, no de la mayoría de la sociedad. Favorecen una acumulación de ventajas y poder hacia una élite dominante junto con los privilegios corporativos hacia los gestores que lo gestionan. Por otro lado, a las personas y grupos que, con una gestión corrupta o mafiosa de los recursos e instituciones públicas, obtienen beneficios ilícitos, económicos, de estatus y poder. En esa circunstancia se puede confundir con solo un comportamiento criminal o corrupto. Pero el aspecto principal es su conexión con el primer caso, con la participación y complicidad de núcleos de poder, con supuesta impunidad. Por ello existe también una responsabilidad de los altos organismos institucionales o partidarios, controladores o supervisores, así como por la falta de adecuación y aplicación estricta del sistema legislativo, judicial y penal.

Esa casta se ha conformado por unas élites dominantes mediante su gestión de políticas antipopulares, con incumplimiento o alejamiento de sus compromisos sociales y democráticos. Se ha producido durante un periodo decisivo de crisis donde la población ha visto grandes polarizaciones socioeconómicas: por un lado, agravamiento de las condiciones socioeconómicas y mayor subordinación y desconsideración hacia la mayoría de la sociedad; por otro lado, enriquecimiento sin límites, prepotencia y autoritarismo de capas dominantes. Pero ante esa ofensiva antisocial de los poderosos también se ha generado una pugna sociopolítica y cultural: la activación de una ciudadanía indignada y un amplio proceso de deslegitimación del establishment, con riesgo para la estabilidad de su estatus por lo que reacciona de forma airada. Es pues una minoría dirigente, incrustada en las altas instituciones, que impone privilegios y beneficios para los poderosos –económicos y políticos- en perjuicio de la mayoría de la ciudadanía y del interés general de la sociedad.

Por tanto, es fundamental la definición de la ‘cosa’ y ver luego cómo se nombra. Existen dos trampas posibles en la palabra casta: 1) la excesiva extensión de su contenido, porque facilita la defensa del núcleo duro, la auténtica casta, aleja a sectores significativos bajo su influencia y desacredita a los críticos; 2) no valora la ambivalencia de las élites políticas gobernantes, su distinto grado de implicación en las políticas regresivas, así como su prepotencia y duración. Una expresión afortunada en el plano mediático para esclarecer el comportamiento y la función de unas élites dirigentes antisociales y desmontar su embellecimiento, utilizada sin estas prevenciones, puede ser útil como cohesión de sectores muy convencidos, pero generar dificultades para seguir deslegitimando ante la mayoría de la sociedad a la auténtica casta, este bloque dominante.

En ese sentido conviene distinguir casta –élite u oligarquía que controla el gran poder institucional en su beneficio-, no toda corrupta aunque con un carácter antisocial e ilegítimo, de políticos corruptos o privilegiados que pueden ser de la casta o de instancias inferiores a los grandes aparatos políticos o institucionales.Tampoco se debiera referir al conjunto del sistema político, ni a todos los políticos o representantes políticos. Solo a la minoría gobernante o con una gestión institucional, con dinámicas corporativas de representación de las minorías pudientes, políticas antisociales hacia la mayoría de la población, sin tenerlas en cuenta –déficit democrático- y buscando posiciones de ventaja económica y de poder.

Para ser incluido en el concepto de casta sería necesariono solo la condición de políticos profesionales, sino su imbricación con los intereses de la oligarquía económica, su función de gestión de la austeridad antisocial y autoritaria y, todo ello, con privilegios especiales de carácter corporativo o elitista y distanciados de la población. Así, constituye un poder poco legítimo y con mucho de dominación y abuso de poder hacia la ciudadanía. Tendría similitud con el otro concepto utilizado por la dirección de Podemos: oligarquía, como grupo dirigente, dando por supuesto que en ese concepto se incluye  no solo a la casta política sino también a la minoría que posee, controla y dirige el poder económico-financiero, es decir, a la casta financiera-corporativa.

Los poderosos ponen el énfasis en su carácter representativo, sus vínculos con la ciudadanía y su legitimidad electoral, su función neutra e imprescindible para la gestión compleja, económica e institucional. Justifican así la continuidad o ampliación de su poder, beneficios y privilegios. Dejan en un segundo plano lo que hoy es el aspecto dominante y principal: el carácter regresivo e impopular de su gestión y la función ejecutiva y distanciada de sus representados y la ciudadanía, con abuso del poder que le da su estatus. Por tanto, hay escalas en esa limitada representatividad y responsabilidad ejecutiva frente a la mayoría de la sociedad. El acento lo ponemos en los responsables gubernamentales y de la alta administración pública, así como en los aparatos superiores de sus grandes partidos con una gestión en las altas instituciones, con apropiación de privilegios y beneficios corporativos especiales y con impacto en las desventajas y desigualdades de la población.

Por otra parte, dentro del campo crítico (Fernández-Llebrez, F.: El suelo de la izquierda se mueve. Podemos, las elecciones y más allá, en Pensamiento Crítico, julio de 2014), existen otras interpretaciones más limitadas del contenido de la palabra casta: Sí existiría y tendría una relevancia política, pero sería solo una “forma de comportamiento específico en el seno de la élite política”, no “una condición de la política actual insertada en las instituciones democráticas”; o sea, consistiría en ‘cierta “cultura directiva” que desvirtúa la democracia, pero que “no queda identificada con el conjunto del sistema”.

Desde luego, no hay que confundir casta, tal como la hemos definido, con el conjunto del sistema político. Pero esa definición solo por la cultura directiva y el comportamiento de cierta élite política, aspectos que también posee, diluye el carácter institucionalizado y de poder que tiene esa minoría gobernante y gerencial que, en estos tiempos, está imponiendo, frente a la opinión de la mayoría de la ciudadanía, una gestión antisocial y poco democrática, en perjuicio de las capas populares y en beneficio, sobre todo, de una minoría rica y elitista. Y este contenido sustantivo, grupo superior que abusa de su poder en beneficio propio o de la oligarquía y en perjuicio de la ciudadanía, es el fundamental para esclarecer, por una parte, las clases dominantes de la sociedad y, por otra parte, el proceso de deslegitimación de la mayoría popular contra esa élite poderosa.

Por tanto, esa definición de casta por una cultura directiva o comportamiento, no incorpora suficientemente ese componente institucional de la élite dirigente –política y económico-financiera- que tiene, sobre todo, un carácter de dominación, autoritarismo y desprecio a la mayoría de la gente. Las capas gobernantes actuales tienen también un carácter ambivalente. Por un lado, tienen un componente representativo de la ciudadanía, incluso gestionan actividades más o menos neutras o por el interés general de la sociedad. Pero, por otro lado, poseen un componente oligárquico, de dominación, prepotencia y antisocial. Y, en estos tiempos, esas características han configurado el rasgo principal de la mayoría de las clases gobernantes, especialmente en el sur europeo.

En definitiva, la palabra casta (política) señala a los miembros del poder institucional o gubernamental, ejecutor de las políticas de austeridad impuestas a la ciudadanía, con incumplimientos de sus compromisos sociales y democráticos, con ventajas y privilegios para la minoría poderosa y desigualdades y desventajas para la mayoría de la sociedad.

No se trata solo de acertar con el diagnóstico de las características y el sujeto de ese poder oligárquico sino, sobre todo, la cuestión crucial son las medidas y alternativas para derrotarlo, frenar sus ventajas y privilegios, neutralizar las graves consecuencias sociales por su gestión y profundizar la democracia.

Casta y clase social 

En algunos ámbitos de la izquierda, particularmente la de tradición marxista, se ha opuesto al discurso de la casta al de la clase social. Es una polarización falsa que puede estar condicionada por unos supuestos reflejos identitarios o, simplemente, de oportunidad y efectos propagandísticos, al utilizarse como bandera, la primera por portavoces de Podemos, la segunda por dirigentes de IU. El asunto es evitar los malentendidos para señalar los puntos similares sustantivos y poder reflejar una idea-fuerza común.

Con la palabra casta se pueden denominar características y situaciones diversas, y de hecho así ocurre. No obstante, tal como hemos explicado, esa palabra, y todavía más ligada a la de oligarquía como élite dirigente, ha servido para definir aspectos fundamentales de las capas dominantes, visibilizar en la sociedad su carácter impopular y regresivo y superar las interpretaciones embellecidas del poder oligárquico. Ha sabido enlazar con la extendida opinión popular del descrédito de las élites gobernantes y financieras, y darle una carga crítica y éticamente peyorativa. Es decir, en lenguaje marxista tradicional, ha definido y ‘desenmascarado’ a la clase dominante, a componentes y actuaciones fundamentales de la misma, de su dominio frente a las clases populares, subordinadas y explotadas. No tiene mucho sentido oponer a esa categoría otra como ‘clase burguesa’, hoy con poca capacidad comunicativa. Se pueden utilizar otras, también de la tradición marxista o weberiana, como clase dominante y oligarquía, con un contenido similar a la novedosa (y también clásica) casta.

Como hemos señalado, hay diversas expresiones similares aunque con diversos matices. Es necesario analizar las insuficiencias de cada expresión y las utilizaciones unilaterales o contraproducentes. Pero lo sustancial es la caracterización rigurosa del poder oligárquico o las capas dominantes, ponerse de acuerdo en lo relevante de su gestión y sus estrategias. Ese análisis es fundamental porque define el ‘adversario’, responsable principal de la desigualdad y la dominación, a frenar y vencer. Luego viene la capacidad para expresar el significado más adecuado a la realidad y, al mismo tiempo, de mayor impacto deslegitimador, así como que sirva para sintetizar las ideas de la gente crítica y hacer pedagogía con ella.

A nuestro parecer, los dirigentes de Podemos no confunden casta con el conjunto del sistema político o con la democracia, incluso con todos los políticos. La llamada casta o élite dominante tiene una especial relevancia en el control de los mecanismos del poder institucional y su imbricación con el poder económico-financiero. La casta política, a la que se suele referir en el ámbito mediático, unida a la casta económico-financiera tiene gran parecido con la oligarquía, palabra que también utilizan los portavoces de esa organización.

Aparte de la interconexión de altos gestores públicos con distintos lobbies privados y empresariales, son habituales las llamadas ‘puertas giratorias’ entre exdirigentes gubernamentales y altas responsabilidades en las grandes empresas o multinacionales (líderes socialistas como Schroeder, Blair o Felipe González dan prueba de ello). El resultado es que esos aparatos o capas dirigentes abusan de sus privilegios con prepotencia ante el resto de la sociedad. Algunos son directamente corruptos. Otros, para mantener su estatus ventajoso, subordinan a sus propios afiliados y cargos intermedios utilizando todos los resortes disponibles para imponer disciplina y ausencia de disidencias.

Por tanto, la cristalización de esa casta, en este contexto y con sus actuales políticas antisociales y no democráticas, supone una involución social y democrática del régimen político. Abre la necesidad de un cambio sustancial, con un proceso constituyente, con participación cívica y nuevos y legítimos representantes políticos. No es un núcleo de poder cualquiera o en otros momentos económicos expansivos o de avances sociales y democráticos. Hay que hablar de su función específica en estos momentos. Y el importante papel regresivo y antipopular de ‘esta casta’ le confiere un carácter especialmente negativo, en los planos democrático, social y ético. La solución no es cambiar una casta por otra, sino impedir esa función social de dominación antisocial, desprecio democrático y privilegios especiales. Es decir, se trata de debilitar el poder oligárquico, revalorizar el papel de la política como gestión pública de la representación de la sociedad y la subordinación de la economía, junto con la participación de la ciudadanía y el respeto a sus demandas. Se trata de profundizar en una democracia social y participativa.

Hay una fuerte pugna sociopolítica y cultural por la interpretación y la legitimidad de los distintos actores sociales y políticos, básicamente en dos campos: por un lado, el bloque de poder liberal-conservador con su política de austeridad (flexible), con el consenso de la socialdemocracia europea, y por otro lado, la ciudadanía indignada contra los recortes sociales y la actuación prepotente de los poderosos junto con la movilización popular y el ascenso de las fuerzas políticas alternativas.

En particular, las direcciones socialdemócratas tienen una responsabilidad por su gestión gubernamental regresiva. El PSOE y su medios afines continúan en la ambivalencia. El aparato socialista no se ha distanciado suficientemente del poder liberal-conservador, dominante en la Unión Europea. Su retórica actual pretende hacer creer que se diferencia de la derecha, pero en lo sustancial no ha cambiado de estrategia, evita un giro hacia la izquierda y pone el foco de atención en la crítica contra Podemos. Es dudoso que esa posición retórica consiga credibilidad ante la sociedad y le permita recuperar su base social desafecta. En caso de fracasar con esa imagen centrada, ‘su’ responsabilidad de Estado le inclinaría a reforzar los pactos con el PP y descartar una política y unos acuerdos para un cambio político realmente progresista.

En el campo crítico y alternativo, aunque con un relativo esfuerzo interpretativo, debiera ser fácil profundizar y encontrar elementos de acuerdo en el análisis de los poderosos o clase dominante y la dependencia que imponen a los grandes mecanismos económicos y políticos. Es la base para diseñar un programa alternativo al establishment y una actuación unitaria.
 

Democracia es un sistema de participación de la ciudadanía o el pueblo en los asuntos públicos. Su contrario sería dictadura, como ausencia de participación y libertades, u régimen oligárquico, como gobierno prepotente de unos pocos. La distinción democracia/oligarquía está en el ámbito de las formas o procedimientos de gobierno y en el carácter de sus instituciones públicas. Al señalar el énfasis en la democracia los portavoces de Podemos ponen el acento en un aspecto crucial: la involución democrática del régimen político actual y la necesidad de fortalecer la democracia como sistema político representativo de la población y como participación ciudadana. Se revaloriza la política para hacer frente a la oligarquía institucional y económico-financiera. Además, otro elemento no menor, dadas las acusaciones del establishment por su supuesta condición totalitaria, antipluralista, incluso liberticida y violenta, es la reafirmación en una alternativa nítidamente democrática, elevada a la categoría de eje central de su proyecto, con la aspiración de conformar las principales identidades colectivas.

A lo largo de la historia, la ausencia de respeto al pluralismo y la diversidad, así como las políticas de exclusión o marginación hacia minorías disidentes o diferentes se han pretendido justificar por la jerarquía de un supuesto bien mayor. Según qué tradiciones políticas e ideológicas ha sido en nombre de Dios, la Patria y el Estado. Igualmente, se han cometido atrocidades con el pretexto de defender al proletariado o el pueblo, incluso para el supuesto avance de la civilización, el socialismo, la democracia o los derechos humanos. La alternativa de los poderes autoritarios y grupos fundamentalistas para los disidentes u opositores es la asimilación, la rendición y el sometimiento o, bien, el aislamiento, la expulsión y la represión.

Por tanto, hay que reafirmar los criterios democráticos básicos ante la presencia de divergencias: la tolerancia, el respeto y el reconocimiento del ‘otro’, el diálogo, los procedimientos consensuados para abordar los desacuerdos y, en todo caso, la garantía de convivencia social, cultural e interétnica ante la persistencia o profundidad de las diferencias. Incluso ante oligarcas criminales o terroristas hay que respetar sus derechos humanos y las reglas del Estado de derecho. Esta doble dinámica democrática de combinar las decisiones por mayoría con el respeto a la minoría y sus derechos no siempre es bien comprendida y aplicada.

El concepto plural de pueblo

La utilización de expresiones colectivas, ciudadanía, pueblo… (en los dos sentidos, de conjunto y parte mayoritaria de la sociedad) no presupone ni conlleva necesariamente una visión intrínseca unitarista, de no reconocimiento de la diversidad o de marginación a partes minoritarias, ya sean de las élites o de capas subalternas y personas diferentes. La palabra pueblo (diccionario María Moliner) quiere decir: 1) Conjunto de los habitantes de un país (o una comunidad) o de todos los gobernados; 2) Conjunto de personas que viven modestamente de su trabajo. En esta segunda acepción sería la gente corriente o el pueblo llano, es decir, la parte de la sociedad diferenciada de las élites o la casta, significado similar al que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española-DRAE en la segunda acepción: “Población de menor categoría, o gente común y humilde de una población”. La palabra pueblo no conlleva un déficit democrático en relación a la palabra ciudadanía que es, precisamente, la que Podemos suele utilizar como referencia frente a casta en el otro polo del antagonismo. Es un exceso sin fundamento decir que el uso de esa palabra sea sinónimo de antipluralista porque pueblo remite a una unidad incompatible con el reconocimiento de sus partes constitutivas. Esta expresión, al igual que otros conceptos globales, permite la desagregación interna de los distintos individuos, habitantes o personas, así como ocurre con los diversos grupos sociales y las diferentes naciones, grupos étnicos y clases sociales.

Existen corrientes fundamentalistas o totalitarias (neofascistas, nacionalistas o comunitaristas-identitarias extremas) con una visión esencialista (organicista) que pretenden anular al sujeto individual u otros grupos diferentes. Esa posición sí es incompatible con la percepción usual de un pueblo compuesto por grupos sociales diversos, por personas autónomas y concretas con sus derechos individuales y colectivos. No obstante, es poco objetivo asociar a Podemos con esas posiciones totalitarias y antipluralistas, tal como hacen algunos portavoces de la derecha mediática.

A cualquier palabra se le puede dar un significado compacto y monolítico sin aceptar la diversidad interna de su contenido. Es el caso no solo de pueblo sino las citadas de nación, grupo étnico o clase social. Pero también de grupos pequeños como la familia o la pareja en las concepciones patriarcales, o el propio individuo, única realidad existente según el fundamentalismo individualista, postmoderno y liberal extremo. Sin embargo, deducir el supuesto déficit democrático del pensamiento de Podemos a partir del uso de la palabra pueblo como eje de su discurso frente a las élites dominantes es, cuando menos, tendencioso.

Algunas formulaciones del entorno de este partido-movimientoson de línea gruesa para reforzar el empoderamiento del pueblo o la ciudadanía y romper el monopolio del poder oligárquico. Su atrevimiento con esa tarea legítima es respondido por una ofensiva ideológica conservadora para deslegitimar los fundamentos de sus críticas y volverlas contra ellos, tal como se escucha desde los portavoces del establishment: “Podemos es el que tiene una ideología totalitaria y antidemocrática y nosotros (los poderosos) somos los demócratas, respetuosos de la libertad y los derechos humanos”.

La pugna cultural y de legitimación social es dura y compleja. La ambición del desafío al poder establecido exige afinar las críticas y evitar ideas ambiguas o que se presten a confusión. Conviene siempre precisar convenientemente los argumentos y no dar pie o facilitar campañas de tergiversación y aislamiento, sabiendo que los errores van a ser utilizados, desproporcionadamente, como ejemplos de grandes deformaciones ideológicas y de comportamientos dictatoriales, mucho más peligrosos cuando se tenga más poder institucional.

Podemos, por la democracia y el refuerzo de la ciudadanía 

Podemos ha definido y propuesto elementos básicos de un proyecto político: un adversario (casta, sistema oligárquico), una base social de apoyo (ciudadanía o pueblo –descontento-), un programa (más democracia, más derechos, economía al servicio de la gente) y una estrategia transformadora (nuevo campo electoral, movilización social y participación cívica, proceso constituyente). Hemos visto los límites e insuficiencias de cada uno de esos aspectos. Pero globalmente constituyen pilares de una alternativa al poder establecido y sus políticas regresivas y autoritarias y señalan un camino transformador. Todo ello ha sido suficiente para enlazar con el apoyo y la simpatía de una parte significativa de la ciudadanía indignada y el movimiento popular. Pero hay que profundizarlo y matizarlo para acometer las nuevas tareas que aparecen por delante: fortalecer un polo alternativo unitario, social y político, ganar representatividad y peso en las instituciones políticas y apostar por el cambio político y la transformación socioeconómica.

Dejamos al margen la valoración crítica que merece el rechazo global al conjunto de este proyecto, tachado de totalitario y extremista, venido desde el poder establecido y su aparato mediático. También se apunta a esa descalificación la dirección del partido socialista. Así, Pedro Sánchez, su Secretario General, al definir su estrategia política, insiste en desacreditar a Podemos como un grupo populista que sigue el modelo ‘venezolano’, sin libertad ni progreso y, además, ¡son aliados del PP! (con el desacuerdo de Pérez Tapias, de Izquierda Socialista, que representa al 15% del PSOE y pide un acercamiento). Ello aunque Pablo Iglesias, portavoz de Podemos, recalque que la situación latinoamericana es distinta a la española y que su objetivo fundamental es combatir a la casta y su dominio y privilegios, profundizar la democracia y ensanchar la libertad y la participación ciudadana.

Cabe citar algunas interpretaciones no equilibradas, basadas en puntos débiles o parciales, que llevan a elaborar un diagnóstico sesgado sobre Podemos. Existen análisis que ponen el acento en la inexistencia o irrelevancia de la casta, su concepción antipluralista del sujeto ciudadanía o pueblo, su inconsistencia, la inconcreción de su programa y, en fin, la falta de estrategia transformadora y el carácter mítico o formalista de su propuesta de proceso constituyente. En ese sentido, se hace abstracción del contenido sustantivo de casta, el poder establecido, regresivo, prepotente y con ventajas especiales, y se infravalora la amplitud de una ciudadanía indignada, su composición de capas populares y el impacto del movimiento de protesta social progresista. Así mismo, no se valora suficientemente que sí han definido unas ideas clave –democracia, derechos, economía al servicio del pueblo- frente al poder establecido y que sus mensajes han sido comprendidos y sus líderes aceptados por un sector significativo de la ciudadanía crítica y descontenta.

Distintas posiciones del ámbito progresista reconocen la influencia social y política de este fenómeno y el incremento de espacios de participación ciudadana, es decir, lo más evidente. Pero algunas de ellas achacan este hecho, sobre todo, a la oportunidad y el acierto en la difusión de una buena campaña comunicativa (publicitaria), con unos lemas populistas y basados en el estímulo de las emociones populares. O sea, no valoran suficientemente el proceso de conformación de la actual polarización sociopolítica entre, por un lado, élites dirigentes que aplican una política regresiva y prepotente y, por otro lado, una ciudadanía indignada, con un fuerte movimiento popular, progresista y democrático. Es la base consistente en que se ha apoyado un proyecto político-electoral cuyos componentes principales han sido realistas, transformadores y explicados con argumentos racionales, y cuyos mensajes sintéticos han conectado con la cultura cívica y han facilitado el apoyo popular a su liderazgo. La consecuencia es la infravaloración de la construcción de un polo de referencia alternativo, diferenciado de la socialdemocracia y, según los últimos datos, de similar peso representativo.

En definitiva, este nuevo proyecto político, que acaba de nacer en una coyuntura crítica, todavía es frágil y necesita maduración. Pero se asienta en una realidad de, por una parte, desigualdad y autoritarismo y, por otra parte, una amplia conciencia popular crítica y fuertes demandas ciudadanas de cambio. Permite aventurar, si acierta en el desarrollo de sus posiciones clave y la convergencia con el resto de fuerzas alternativas, que puede condicionar todo el panorama político. En particular, para evitar ambigüedades y precisar los objetivos se debería dar un paso más: clarificar lo que vale y lo que no vale del actual régimen político y las distintas izquierdas, explicar el alcance o profundidad del cambio a desarrollar con las fuerzas políticas y movimientos afines, evaluar el suficiente apoyo popular para obtener una amplia legitimidad ciudadana, elaborar un programa alternativo en el ámbito democrático (constitucional o de la arquitectura institucional, territorial y las leyes básicas del Estado) y en el plano socioeconómico y en el de la construcción europea, utilizar un discurso riguroso y promover una dinámica organizativa transparente y democrática.