Antonio Antón
Resistencias frente a la crisis

Fragmentos de la introducción del libro Resistencias frente a la crisis. De la huelga general del 29-S al movimiento 15-M (Editorial Germania, Valencia, 2011).
(Página Abierta, 217, noviembre-diciembre de 2011).

En el marco de la persistente y profunda crisis socioeconómica, que dura ya cuatro años, y su gestión liberal-conservadora, dominante en la Unión Europea y especialmente regresiva en los países periféricos, aquí se analizan las respuestas de la sociedad a esa situación en España en los dos últimos años, 2010 y 2011.

El hilo conductor de la investigación es las opiniones, actitudes y comportamientos de la sociedad, la articulación de resistencias populares opuestas a esta gestión liberal de la crisis socioeconómica, a sus consecuencias sociales y el reparto injusto de sus costes. El hecho significativo es que, frente al bloque imponente del poder establecido, ha comenzado a expresarse en los últimos años una ciudadanía activa con mayor participación democrática y una demanda de cambio social, político y económico acorde con su opinión de mayor justicia social e igualdad (desde las movilizaciones sindicales contra el plan gubernamental de recorte de las pensiones y el proceso de la huelga general en el año 2010, hasta el movimiento 15-M en el año 2011).

Es una dinámica ciudadana expresiva del rechazo y la indignación social en España, de carácter fundamentalmente progresista y defensivo, como la de otros países mediterráneos, y paralela con varios fenómenos contradictorios –como la derechización y el comportamiento xenófobo de segmentos de la sociedad europea, la simple adaptación o competitividad individualista, o el repliegue nacionalista en países centrales–. El análisis se realiza sobre tres procesos interrelacionados.

Primero, se estudia el carácter injusto de las llamadas “reformas estructurales”, particularmente las reformas laborales y del mercado de trabajo, la reducción del gasto público social y el recorte de derechos sociales. Segundo, se explica el significado sociopolítico del giro de la política socioeconómica y laboral del Gobierno socialista, con un incremento de la desafección de una parte de sus bases sociales y un distanciamiento de la ciudadanía respecto de las élites políticas dominantes, junto con las implicaciones para la izquierda social y política. Tercero, se interpretan las respuestas de los agentes sociales más significativos, en particular las estrategias de los sindicatos y la actividad del movimiento 15-M.

La expresión de una ciudadanía activa

El hecho relevante es la expresión pública y colectiva de una ciudadanía activa, de una izquierda social o sector progresista de la sociedad que se opone al reparto desigual de las consecuencias de la crisis y a su gestión liberal-conservadora, y exige responsabilidades a sus causantes y un cambio de políticas socioeconómicas. Habrá que ver la consolidación o no de esta corriente social indignada, su influencia en el sistema político y la gestión de la crisis, y, sobre todo, la configuración de las diversas fuerzas sociales y sus formas asociativas y expresivas. Es una tendencia clara de intervención ciudadana en los asuntos públicos, es decir, en la política en sentido amplio, que condiciona la agenda, las políticas públicas y las dinámicas sociales.

Se pueden encontrar antecedentes de esta amplia movilización popular contra los grandes poderes establecidos. El más próximo es el del movimiento contra la guerra de Irak en el año 2003, que había seguido a la huelga general del año 2002 contra las reformas laborales del PP; aunque ambas campañas, con una diferencia significativa respecto a las movilizaciones actuales: entonces el partido socialista estaba en la oposición y colaboraba con ese rechazo ciudadano (y se benefició electoralmente); y ahora ha gestionado la política de recortes sociales (junto con algunas comunidades autónomas del PP), aparece con los poderosos y es uno de los blancos de la indignación popular (y ha disminuido su apoyo electoral).

No obstante, esta dinámica social está enraizada en dos elementos clave, distintivos del actual contexto, que le dan unas características específicas. Uno es la crisis socioeconómica y sus consecuencias de desigualdad social, evidentes desde el año 2008, y que sobre todo afectan a la gran precariedad laboral y el paro masivo, particularmente juvenil, al estancamiento o descenso de las trayectorias laborales y sociales y a nuevas brechas sociales. Estos aspectos existían anteriormente, pero ahora cobran una nueva dimensión y relevancia. El segundo es la gestión liberal dominante en la Unión Europea, dirigida por el bloque hegemónico conservador, y ejecutada en España por el Gobierno socialista, particularmente desde el giro de su política de carácter regresivo y antisocial en mayo de 2010, que rompe con sus compromisos sociales y su contrato con una amplia base social de izquierdas y genera una desafección ciudadana relevante hacia el PSOE; aunque, previsiblemente, la continúe e intente profundizar el PP tras las elecciones generales del 20-N.

Por tanto, existe una extendida conciencia social del carácter injusto de esa situación, rechazo popular y resistencias ciudadanas a esas políticas y exigencias de responsabilidades y garantías al poder económico y político. Todo ello expresa, en el escenario público, la importancia de la cuestión social y la relevancia de la acción por la igualdad socioeconómica y la profundización democrática, frente a las actitudes hacia el fatalismo, la idea de la inevitabilidad de esa política de ajuste duro o la ausencia de alternativas propugnadas desde el poder institucional y mediático. Serán elementos constitutivos de este proceso, impulsado y representado por dos tipos distintos y sucesivos de agentes sociales. En un primer momento, sobre todo, por el sindicalismo –a lo largo del año 2010– y en un segundo momento –tras el cese de la movilización sindical, y desde la primavera del 2011– por el movimiento 15-M, con un papel menor o más secundario de la izquierda política, los grandes sindicatos –que firman el acuerdo social y económico de febrero– y otros movimientos sociales.

Esta nueva realidad social, la deslegitimación y la oposición popular a las medidas de recortes sociales y sus gestores, es amplia y persistente. Así es observada en diversas encuestas de opinión que reflejan un rechazo de hasta más de dos tercios de la población a las medidas más impopulares (desde los barómetros del CIS de julio y octubre de 2010, tras el plan de ajuste de mayo y la reforma laboral y la huelga general, respectivamente, hasta las investigaciones recientes sobre la simpatía mayoritaria hacia el movimiento 15-M). Además de la gran legitimidad social de sus aspiraciones, esa corriente social se ha expresado de forma activa, pacífica y democrática con una amplia participación popular: desde las grandes manifestaciones sindicales de principios del año 2010 y la participación huelguística de unos cinco millones de asalariados en el 29-S, hasta los varios centenares de miles de las movilizaciones del movimiento 15-M.

Esa corriente social indignada y esa ciudadanía activa existen, y es un nuevo elemento positivo y clave en el escenario sociopolítico. No es una tendencia “pasional” (o irracional o populista). Se asienta en una conciencia colectiva, reflexiva y realista, del carácter injusto del reparto de los costes de la crisis y su gestión institucional. Las evidentes dificultades transformadoras inmediatas no han llevado al fatalismo (ni a ser “ilusos”), sino que la lucidez sobre la gravedad de la situación y la dimensión de los poderosos ha generado una mayor maduración y persistencia de esa indignación popular y esa aspiración de cambio. Por tanto, refleja valores progresistas de justicia social e igualdad y una cultura democrática y solidaria, aspectos que caracterizan a los sectores socialmente más avanzados de la sociedad.

Esta corriente popular crítica se manifiesta en el debate público, aunque esté por ver su dimensión, cómo se articulan la continuidad de sus procesos de expresión y movilización, su consistencia y sus consecuencias políticas (en el plano electoral y la renovación de las izquierdas). Y, particularmente, cómo se conforma su representación social, qué alcance y qué combinación van a tener los dos principales movimientos sociopolíticos que, de diferentes formas y distintos momentos, han canalizado el malestar ciudadano y la indignación popular: el sindicalismo y el movimiento 15-M.