Carmen Heredero
Ley de Calidad de la Educación.
Un modelo educativo presidido por la segregación
(Página Abierta, nº 126, mayo de 2002)
El pasado 11 de marzo, el Ministerio de Educación presentó el Documento de Bases para una Ley de Calidad de la Educación. Por fin ha expresado por escrito los cambios que pretende realizar en la enseñanza no universitaria, así como su filosofía de la educación. Son las ideas que durante los dos últimos años, sobre todo, han ido “dejando caer” los responsables ministeriales y el mismo presidente del Gobierno (1). Nada que no esperásemos: el PP descubre su faz derechista con respecto a la educación, una educación de “excelencia” para los chicos y chicas de niveles sociales medios y altos, principalmente en los centros privados, y una formación de menor calidad en los centros públicos para los de niveles más bajos, hasta los 16 o 18 años, a la espera de su incorporación al trabajo en condiciones precarias.
Desde que el PP accedió al Gobierno, sus formulaciones en materia educativa han tenido el objetivo de prepararnos para el momento actual. Su idea machacona ha sido la del fracaso de la actual Ley, la LOGSE. Repetidamente, desde entonces, pocos años después de la aprobación de esta Ley (2), antes incluso de que se hubiera implantado en todos los niveles educativos, lo que ocurre en el presente curso, en el que se generaliza el segundo de Bachillerato, hemos venido oyéndoles hablar de los malos resultados escolares de los estudiantes de las enseñanzas anteriores a la Universidad, en realidad, de las enseñanzas medias.
Hubieran querido hacer el cambio mucho antes, pero ni Esperanza Aguirre tenía la suficiente credibilidad ni habían conseguido el consenso social necesario para ello.
Con su repetida cantinela sobre el fracaso escolar, tergiversando datos si era necesario en las comparaciones con otros sistemas educativos europeos, y explicando interesadamente los males e insuficiencias del nuestro, han conseguido ganar la batalla de los medios de comunicación y de quien ayuda a conformar el pensamiento. Se han aprovechado, además, del malestar de un sector del personal docente, debido a la nefasta aplicación que el PSOE hizo de la LOGSE. Cuentan, por último, con una ministra más consolidada. Con todo ello, y considerando que aún quedan dos años para la próxima cita electoral, tiempo suficiente para que amaine el posible temporal que se pueda generar, han entendido que éste es el momento de proponer la contrarreforma del sistema educativo.
No parten de un análisis mínimamente serio de la realidad, de la escasa financiación de la educación, muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea (UE), de la escasez de especialistas para la atención a los chicos y chicas que presentan necesidades educativas especiales, de la escasez de centros de primer ciclo de educación infantil, de la escasez de recursos materiales, de la falta de formación del profesorado para atender los nuevos problemas que presenta el alumnado, fruto de la complejidad de las nuevas situaciones sociales...
La idea de calidad del PP
Sin ese mínimo análisis, han lanzado los cambios. Los llaman “ley de calidad”. Pero veamos en qué consiste la idea de calidad de la enseñanza del PP. Nos encontraremos con algo radicalmente opuesto a una educación compensadora de las desigualdades, que pretenda la consecución de una sociedad más justa, que forme a las personas integralmente teniendo en cuenta su propia individualidad y también su necesaria participación e integración social (3).
Por el contrario, su idea de calidad contiene los siguientes aspectos:
No hay aprendizaje sin esfuerzo, una formulación suavizada de la clásica y desterrada, creíamos, “La letra con sangre entra”. En las 14 escasas páginas de su introducción al documento, la palabra esfuerzo aparece 18 veces, todas ellas para criticar al alumnado por su falta de esfuerzo, haciendo recaer en él –“son unos vagos y la actual ley se lo permite e incluso lo fomenta”– todas las culpas de su fracaso escolar, así como para definir las bases de su nuevo proyecto: la cultura del esfuerzo. En ocasiones, junto a este mágico vocablo que “salvará” a nuestros chicos y chicas del fracaso escolar y, por ende, de su fracaso en la vida, utilizan otros similares: exigencia, autodisciplina, competitividad...
Esta cultura del esfuerzo no es, por otra parte, ajena a la concepción de la cultura del trabajo que este Gobierno viene reflejando en su política económica y social, y que hemos tenido ocasión de oír también en las declaraciones sobre los acuerdos adoptados en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, los pasados 15, 16 y 17 de marzo en Barcelona, con relación al mercado de trabajo: todo el mundo debe tener un empleo, precario si es necesario (4), y para ello, se rebajarán las prestaciones por desempleo para que el trabajo resulte rentable (¡), la edad de jubilación se incrementará, se eliminarán los obstáculos normativos que dificultan la movilidad en el mercado laboral... De nuevo más de lo mismo.
No pretendo negar la importancia del esfuerzo, que es necesario para cualquier actividad humana, incluso para muchas actividades de ocio. El problema está en la importancia que se le da y con la que se reclama, casi como único elemento capaz de solucionar el fracaso escolar, desentendiéndose de las múltiples situaciones personales, familiares, sociales... que influyen en las personas y en sus posibilidades de desarrollo personal y de integración y promoción social, y omitiendo la estratificación social, fundamentalmente basada en criterios económicos, y su especial repercusión en los resultados académicos.
En todo caso, el PP tiene muy claro esas diferentes situaciones sociales, y lo que pretende es adaptar el sistema educativo a ellas, para reforzarlas. Así, establece un eufemístico “sistema de oportunidades” –que no debemos confundir con igualdad de oportunidades– que realmente consiste en la implantación de itinerarios (5) en los niveles de enseñanza obligatoria que, por cierto, está fracasando en los países que lo tienen (6).
Los itinerarios se oponen a la idea de comprensividad, basada en la defensa de la mayor formación básica posible para todos en la enseñanza obligatoria; el concepto de comprensividad está matizado, en nuestro actual sistema, con otro, el de diversificación, es decir, una adaptación personal en función de las características individuales, personales y sociales de cada alumno y alumna, pero partiendo de un mismo currículo.
Los itinerarios (7), que suponen una elección previa por parte del alumnado de su carrera o profesión, deben ser planteados cuando los estudiantes tengan suficiente madurez y suficientes conocimientos instrumentales para posibilitar el acierto en la elección. Por el contrario, establecidos en una edad tan temprana como la que propone el Documento de Bases, marcarán a los estudiantes antes de que tengan madurez suficiente para tener más certezas sobre sus intereses, capacidades... para decidir sobre su futuro profesional. En todo caso, debe quedar claro que no todos los estudiantes podrán elegir itinerario: a aquellos a quienes se ha colocado en un grupo de refuerzo, a los 12 años, no se les ha dado ninguna posibilidad de opción.
La segregación del alumnado
Así pues, el concepto de sistema de oportunidades del PP resulta falaz. De lo que se trata, realmente, es de segregación, lógicamente en función de los niveles sociales, culturales o económicos de las familias (8), que es otro de los aspectos que contiene la idea de calidad que maneja el PP.
Especial relevancia tienen para la segregación del alumnado dos medidas que se añaden a las ahora existentes para la admisión de alumnos y alumnas en los centros: la posibilidad de tener en cuenta el expediente académico, así como otros criterios adicionales que se correspondan a las características propias de la oferta educativa del centro. Es decir, que los centros no están obligados a ofertar todos los itinerarios posibles. Esto significará que podrá haber centros privados que sólo tengan uno o dos itinerarios, los buenos, los que conducirán al bachillerato y a la Universidad, y que elegirán al alumnado con mejor expediente académico. A los centros públicos les quedará la obligación de escolarizar a quienes no hayan sido elegidos por los centros privados y de ofertar los itinerarios con menores perspectivas de salida y, muy probablemente, a competir con otros centros públicos por la oferta de itinerarios. Por cierto, la libertad de elección de centro por parte de las familias se transforma automáticamente en libertad de los centros –privados y concertados– en la elección de su alumnado, consagrándose por ley, lo que viene siendo ya una práctica habitual (9).
Con la nueva ley, la privada saldrá ganando, porque este nuevo modelo educativo fomenta aún más la imagen de centro educativo privado, igual a calidad. Por el contrario, la pública seguirá devaluándose, con lo que cada vez más quedará principalmente para recoger a los chicos y chicas que fracasen, a inmigrantes... Esta previsible situación fomentará en las clases medias el interés por el acceso de sus hijos e hijas a la enseñanza privada, en su afán de procurar para ellos una educación que les ofrezca vías de salida a un futuro profesional mejor, y huyendo de unos centros públicos que pueden convertirse, en muchos casos, en guetos de marginación.
Bien es verdad que también se habla de motivación, un concepto fundamental para una educación inspirada por criterios progresistas; pero, en el caso del PP, la motivación está ligada a los itinerarios formativos: para estar motivado, que cada cual esté donde debe estar. Es decir, si un chico o una chica, a los 12 años, tiene dificultades de aprendizaje, o es inmigrante, o tiene problemas de comportamiento..., cuatro años antes de terminar su período de enseñanza obligatorio será destinado a un grupo de refuerzo, que le conducirá después a un determinado itinerario, en el mejor de los casos, y, en el peor, a no obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, sino el Certificado de Escolaridad (10).
El Documento de Bases opone comprensividad a motivación, lo cual es una gran mentira. Por el contrario, la motivación es un recurso didáctico que debe tenerse en cuenta en todo momento: tanta motivación se necesita para estudiar matemáticas como para estudiar mecánica, porque, en general, chicos y chicas no quieren estudiar, sino divertirse. Además, la motivación trasciende el ámbito educativo: es difícil que, a la edad de 12 o 14 años, los chicos y chicas estén motivados para el estudio de cualquier materia si sus hermanos mayores ya han terminado la carrera y están en paro o realizando trabajos precarios con contratos semanales, cuando tienen suerte. Y, ante este marco social de perspectivas poco halagüeñas, poca motivación va a suponer la cultura del examen (11), otra concreción de la cultura del esfuerzo de la que nos habla el Documento de Bases. Una concepción academicista de la educación que acumula obstáculos que evitarán el acceso al bachillerato y a la Universidad de un gran porcentaje de chicos y chicas de las clases más populares.
Educar para la competitividad
Un tercer aspecto. Calidad de la enseñanza significa, para el PP, que los alumnos y las alumnas se adapten a una sociedad fuertemente competitiva, sin el más mínimo cuestionamiento de esta realidad social; es decir, la competitividad es buena, hay que educar para la competitividad. Algo que va íntimamente ligado al esfuerzo que se reclama, así como a otra idea reflejada en el Documento de Bases: cada cual es responsable de su futuro. Todas ellas, muestras del más puro liberalismo (12).
Y todas ellas, muestras de los valores que esta contrarreforma educativa quiere imponer. Lo cual nos lleva a señalar un cuarto aspecto de este peculiar concepto de calidad de la enseñanza de la derecha española. Nada se dice expresamente, aunque lo anterior es suficientemente revelador, en relación con la formación en los valores para la convivencia en una sociedad democrática, nada de educación integral. Las dirigentes ministeriales, en sus declaraciones públicas sobre lo que iba a ser esta nueva ley, ya habían señalado que «la enseñanza en valores, en casa». Los nuevos decretos de enseñanzas mínimas, por otra parte, aprobados el curso pasado, también habían hecho desaparecer todos los contenidos de las llamadas materias transversales –educación para la paz, para la igualdad de los sexos, para la convivencia...
Otra falacia más, la de que la enseñanza es neutra. Aunque no nos engañemos. En la actualidad, por mucho que la LOGSE dé gran importancia, en el texto de la Ley, a la educación en valores, con declaraciones de principio como «la educación permite, en fin, avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean éstas por razones de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, tengan un origen familiar o social, se arrastren tradicionalmente o aparezcan continuamente con la dinámica de la sociedad» (13), la práctica educativa cotidiana no responde, por lo general, a estos objetivos, y las transversales no se desarrollan, salvo en contadas excepciones temporales o personales. Pero, al menos, el objetivo de una educación integral, que tenga en cuenta tanto los contenidos instrumentales como los valores, está en la letra de la Ley, y los enseñantes conscientes de su importancia pueden aplicarla. Ahora bien, con su desaparición, un grave retroceso para la consecución de una sociedad más democrática, difícilmente se va a generalizar la educación en valores como los citados. Por el contrario, si la nueva situación que se anuncia profundiza en la autoridad del profesor o director, en la segregación del alumnado, en la competitividad... ya podemos hacernos una idea de los valores que, desde esa pretendida neutralidad, se van a fomentar.
(1) Principalmente Pilar del Castillo, ministra, e Isabel Couso, secretaria general.
(2) El PP ganó el Gobierno en marzo de 1996 y la LOGSE se aprobó el 13 de septiembre de 1990.
(3) La filosofía en la que se basa la LOGSE va en ese sentido, recogida principalmente en su preámbulo, cuyos inspiradores fueron los movimientos de renovación pedagógica que agrupaban a finales de los setenta y durante la década de los ochenta a una buena parte de los enseñantes progresistas. Lo cual no significa que en la realidad de nuestro sistema educativo esta filosofía se plasme, ni muchísimo menos, entre otras razones porque ni el PSOE puso los medios necesarios para ello.
(4) El porcentaje de precarización en España puede acercarse, en los próximos años, a un 50% de la población activa.
(5) Los itinerarios formativos –agrupaciones diferenciadas en función de las materias que se han de estudiar– se plantean en el Documento Base a partir de los 14 años, en tercero de la ESO, aunque realmente empezarán a los 12, en primero, puesto que se prevé la constitución de grupos de refuerzo para “aquellos alumnos que presenten dificultades en el aprendizaje”, grupos que se constituirán teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los cursos anteriores. Los alumnos y las alumnas que formen estos grupos serán, por lo general, quienes vayan encaminados al itinerario técnico-profesional, realmente, a una Formación Profesional devaluada.
(6) Así, Alemania, Austria y parte de Holanda, que no salen muy bien parados, precisamente, en el Informe PISA 2000 (Programme for International Student Assessment) de la OECD, publicado en diciembre de 2001, sobre los resultados escolares obtenidos por los alumnos de los países miembros de esta organización, en relación con las capacidades de los estudiantes para solucionar problemas, hacer deducciones y aplicar sus conocimientos a la vida diaria. Sin embargo, en las primeras filas del ranking está Finlandia que introdujo, en 1968, un sistema educativo comprensivo de nueve años de duración (T. E., Federación de Enseñanza de CC OO, febrero de 2002).
(7) Habrá dos itinerarios en tercero de la ESO: Técnico-profesional y Científico-humanístico; y tres en cuarto de la ESO: Tecnológico, Científico y Humanístico.
(8) Otro elemento más que cooperará en la temprana segregación: de nuevo volveremos al aprendizaje de la lectura y escritura a los 3 años, quizá la mayor barbaridad, desde el punto de vista pedagógico, de las que contiene el Documento de Bases.
(9) A principios de este curso había 31.450 inmigrantes matriculados en Madrid capital, y la escuela concertada –que representa el 60% del alumnado total– acogía sólo al 35,1% de estos escolares (El País, edición de Madrid del 12 de febrero de 2002).
(10) La LOGSE, por su parte, tampoco ha resuelto adecuadamente la continuidad en el sistema de aquellos alumnos y alumnas que no obtienen el título de Graduado en Educación Secundaria.
(11) «Y para saber si se sabe lo que se ha aprendido, hacen falta pruebas, evaluación», dice el Documento de Bases.
(12) Por el contrario, la LOGSE plantea que «el objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad».
(13) Quinto párrafo del preámbulo.